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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00406-01

Fecha
5 de junio de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00406-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 23 de febrero de 2026 por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00406-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

5 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., cinco (05) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00406-01
Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Tema: Acción de tutela por mora judicial. Subtema 1: Retardo justificado. Decisión:
Confirma fallo de primera instancia - Se niega el amparo.

La Sala decide la impugnación1 interpuesta contra la sentencia proferida el 23 de
febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 22 de enero de 20262, Andrea Xiomara Morales Gonzáles, a través de
apoderado3, interpuso acción de tutela4 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá, debido a que
no se ha dictado sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-009-2024-00002-
01. Asimismo, manifiesta la accionante que ha radicado impulso procesal mediante
escritos del 09 de junio y 01 de agosto de 2025, sin haber obtenido respuesta,
situación con la que se ha vulnerado su derecho fundamental de petición.

2. Hechos

2.1.- La señora Andrea Xiomara Morales Gonzáles presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Municipio de Chiquinquirá, con el fin de que
se dejaran sin efectos la Resolución No. 0937 del 2 de octubre de 2023, que
confirmó lo resuelto en la comunicación OFI-1017-SEGOB-202329 del 12 de julio

1
Obra impugnación en el índice 22 de SAMAI, certificado 0FD4CAF9CD978EA1 2D20A8B96E060791 DD94095267B8A8E4
BE53B9F96AE59785, del expediente de primera instancia de tutela.
2
Índice 1 de SAMAI, ibíd.
3
Folio 6 del índice 2, certificado D1CBB24821A40DE7 F56C75E6AA1FC41D 47E44DF75DAF355D 30A9C21A3924F4DB,
ibíd.
4
Obra tutela en los folios 1-5, índice 2, certificado F56C75E6AA1FC41D 47E44DF75DAF355D 30A9C21A3924F4DB, ibíd.

2
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00406-01
Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

de 2023; y que se ordenara a la entidad demandada adelantar el procedimiento
administrativo respectivo para la transformación del inmueble con matrícula No.
072-1086 y cédula catastral No. 01-01- 0018-0026-000 en un bien fiscal titulable y,
como consecuencia, se le cediera a título gratuito. El medio de control se identificó
con el radicado No. 15001333300920240000200.

2.2.- El Juzgado Noveno Administrativo de Tunja, mediante sentencia del 19 de
noviembre de 2024, declaró probada la excepción de «legalidad de los actos
administrativos» demandados y negó las pretensiones de la parte actora. Contra
esta decisión, la tutelante presentó recurso de apelación.

2.3.- El referido juzgado, por medio de auto del 10 de diciembre de 2024, concedió
el recurso de apelación, el cual fue admitido por el Tribunal Administrativo de
Boyacá el 17 de febrero de 2025.

2.4.- Hasta la fecha de radicación de la tutela, no se había proferido fallo de segunda
instancia en el proceso ordinario mencionado. Además, la señora Morales Gonzáles
radicó dos impulsos procesales —a través de memoriales del 09 de junio y del 01
de agosto de 2025—, de los cuales no ha obtenido respuesta.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La tutelante considera que el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró sus
derechos fundamentales al incurrir en una “mora injustificada”, porque ha omitido
fallar en segunda instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en
el que funge como demandante. Igualmente, sostiene que el Tribunal no ha dado
respuesta a sus impulsos procesales del 09 de junio y 01 de agosto de 2025, con lo
cual vulnera su derecho fundamental de petición. Considera la accionante que las
omisiones descritas impiden la definición del conflicto jurídico, privan a las partes de
una decisión judicial oportuna y afectan el principio de seguridad jurídica.
Adicionalmente, señala que se vulnera el debido proceso, se impide un correcto
acceso a la administración de justicia y se promueve la vulneración del artículo 23
de la Constitución de 1991, a causa de la falta de respuesta a las solicitudes
radicadas.

3
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00406-01
Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“1. Primera: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia, derecho a la información y la tutela judicial efectiva
del accionante.
2. Segundo. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá que,
dentro de un término razonable y perentorio, profiera la sentencia de segunda
instancia dentro del proceso no. 15001333300920240000200.
3. Tercero: Ordenar, de manera subsidiaria, que se responda de fondo el
Memorial no. 09062025- 001 de 09 de junio de 2025, y Memorial No. 01082025-
001 de 01 de agosto del año 2025 explicando las razones de la demora, si a
ello hubiere lugar.”5 (Resaltado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1.- Mediante auto del 27 de enero de 20266, se admitió la acción de tutela y se
vinculó al Municipio de Chiquinquirá, al Juzgado Noveno Administrativo de Tunja y
a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, con el fin de que
ejercieran su derecho de defensa.

5.2.- En su contestación, el Tribunal Administrativo de Boyacá7 solicitó declarar
improcedente la acción, por no identificarse ninguna vulneración de derechos
fundamentales. En tal sentido, manifestó que el proceso de la parte actora ha
seguido su trámite procesal de forma oportuna y sin incurrir en una mora judicial
injustificada, pues se ha respetado el orden de sustanciación de los procesos de
acuerdo con la fecha de ingreso del expediente al despacho para la correspondiente
actuación, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.

Afirma que, en la actualidad, el despacho da trámite a procesos ordinarios que
ingresaron para dictar sentencia de única, primera y segunda instancia en el año
2023. Asimismo, el accionado aportó los datos estadísticos y señaló que, en
atención a la elevada demanda de justicia que afronta el Tribunal Administrativo de
Boyacá, se han implementado planes de acción con el equipo de trabajo a efectos
de enfrentar la alta carga; incluso desde la Presidencia de dicha Corporación se ha
solicitado la creación de un nuevo despacho de magistrado y de empleados que

5
Folio 4, índice 2, certificado F56C75E6AA1FC41D 47E44DF75DAF355D 30A9C21A3924F4DB, ibíd.
6
Obra auto en el índice 4, certificado 6B3A5A3D687D5382 99B20D192F563B3A 5EDFF862F25F8638
A1D5C93C5A3268DB, ibíd.
7
Obra contestación en el índice 13, certificado 3B8EF0E2B31FBF60 1D308579188D50B7 825012AC406E0DFE
D72E67B39E38FFCF, ibíd.

4
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00406-01
Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

apoyen las labores. Finalmente, el Despacho manifestó que el proceso ha seguido
su trámite de forma oportuna.

5.3.- El Juzgado Noveno Administrativo de Tunja8 remitió el expediente del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones del escrito de tutela.

5.4.- El Municipio de Chiquinquirá9 solicitó que se declare improcedente la tutela
porque los hechos y pretensiones expuestos en la solicitud de amparo no permiten
advertir una acción u omisión por parte de la entidad territorial que amenace o
vulnere los derechos fundamentales invocados por la accionante.

6. Fallo de tutela de primera instancia

El 23 de febrero de 202610, la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de
Estado negó el amparo constitucional. El despacho consideró que, si bien existe
mora judicial en el proceso de la referencia, concurren circunstancias que la
justifican. En ese sentido, precisó que el despacho 4 del Tribunal Administrativo de
Boyacá, a lo largo del año 2025, recibió por reparto una mayor carga de expedientes
por parte de la oficina judicial, tanto en asuntos ordinarios como en acciones
constitucionales, en comparación con los demás despachos de la corporación.

Adicionalmente, para el a quo se encuentra probado que el Tribunal no cuenta con
el personal suficiente para atender y evacuar con mayor celeridad los expedientes
a su cargo, razón por la cual se ha solicitado ampliar la planta de personal o crear
un nuevo despacho de magistrado para sustanciar y fallar los procesos asignados
por reparto. Asimismo, destacó que debe tenerse en cuenta la prelación de las
acciones de tutela frente a los expedientes ordinarios, lo cual dificulta evacuar con
mayor agilidad los asuntos sometidos a su conocimiento. Finalmente, la sentencia
de primera instancia consideró que la accionante debe respetar el turno para fallo,
en atención a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.

En relación con el derecho a la información, consideró el despacho que no se
observa vulneración, pues los requerimientos mencionados por la parte actora

8
Obra contestación en el índice 14, certificado 458D35D54B1909A5 43E2CE2F9E1CC558 6F4E00C46B4DFB0D
591D41C4EA8C97A9, ibíd.
9
Obra contestación en el índice 15, certificado F161C9683C8E32FB B2693EA26806661B D1F5FBE49ED3C095
923238E09A1FCB81, ibíd.
10
Obra sentencia en el índice 18, certificado F53B61C6980C3413 9894949D5E43AD21 1F92B3CC873AA5EA
5A1EE5379486E9D6, ibíd.

5
Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

hacen referencia a una actuación estrictamente judicial, cuyo proceder se encuentra
establecido en la normativa que regula el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho; por lo tanto, la solicitud debe sujetarse a los términos y etapas procesales
respectivas y no a las reglas generales del derecho de petición que rigen a la
administración.

7. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 11,
dirigido a reforzar los argumentos de la vulneración a su derecho fundamental de
petición. En el escrito argumentó que la afirmación según la cual las solicitudes
elevadas por la parte actora corresponden a una actuación estrictamente judicial y,
por ende, deben someterse exclusivamente a las etapas del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, carece de sustento jurídico en el caso concreto. Lo
anterior, en tanto las peticiones formuladas no buscan sustituir mecanismos
procesales ni introducir actuaciones probatorias, sino obtener un pronunciamiento
de la autoridad judicial frente a la mora en la decisión y la falta de respuesta a
solicitudes previamente elevadas. Por tanto, tales solicitudes son una manifestación
legítima del derecho fundamental de petición, orientadas a garantizar el acceso a la
administración de justicia y la obtención de una respuesta oportuna, máxime cuando
ha transcurrido un término considerable sin pronunciamiento judicial.

En consecuencia, no resulta jurídicamente admisible negar la aplicación del derecho
de petición bajo el argumento de la existencia de un proceso judicial, pues ello
implica desconocer su carácter autónomo, su función de control frente a la
inactividad de las autoridades, la importancia del impulso procesal y el derecho que
le asiste de presentar peticiones respetuosas y recibir contestación oportuna y
expresa.

Asimismo, la decisión impugnada incurre en violación directa a la Constitución
Política por interpretación irrazonable y restrictiva, al concluir que las solicitudes
elevadas por la parte actora no podían tramitarse a través del derecho de petición
por encontrarse en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. En efecto, la autoridad judicial desconoce el carácter fundamental del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución, al excluir su

11
Obra impugnación en el índice 22, certificado 0FD4CAF9CD978EA1 2D20A8B96E060791 DD94095267B8A8E4
BE53B9F96AE59785, ibíd.

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Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

aplicación frente a actuaciones relacionadas con autoridades judiciales, sin que
exista norma legal o constitucional que establezca tal limitación.

Sumado a lo anterior, la sentencia de primera instancia de tutela desconoce el
precedente jurisprudencial de las sentencias T-230 de 2020 y T-292 de 2022, en
materia del derecho fundamental de petición. Considera la actora que el Tribunal
omitió dar contestación clara, detallada y expresa a las peticiones y decidió
ocultarse bajo una supuesta excesiva carga laboral sin poner esto en conocimiento
de la parte actora sino hasta la notificación de la sentencia impugnada. A su juicio,
esto permite evidenciar una falta de diligencia del tribunal accionado, pues si se
hubiera dado contestación a las peticiones, la accionante tendría conocimiento de
que actualmente se debe dar una espera prudencial, pero dicha información es
desconocida para el titular de la presente acción, lo cual conlleva a la continuidad
en la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al de petición.

Finalmente, considera la señora Morales Gonzáles que se ha vulnerado su derecho
al debido proceso, puesto que dentro del expediente SAMAI no se evidencian los
documentos que conforman el expediente, son ocultos los elementos materiales
probatorios aportados por el accionado y no son visibles las piezas procesales, y
únicamente es público el auto admisorio y la sentencia.

8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 13 de abril de 202612, el a quo concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada contra el fallo proferido el 23 de febrero de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda – Subsección B.

12
Índice 26 de SAMAI, certificado 55B86895A03CD944 C3641417CBBE6D1D 883B5C78F550B1D1 B49B02FB3168AEA9,
ibíd.

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2. Problema jurídico

Debe precisarse que el problema jurídico se circunscribe exclusivamente a los
cargos propuestos en la impugnación, en particular, a aquellos dirigidos a cuestionar
la presunta vulneración del derecho fundamental de petición de la accionante,
derivada de la falta de respuesta a los escritos por ella radicados en el marco del
proceso judicial. En tal medida, el análisis de la Sala se limitará a establecer si
dichas solicitudes debían ser atendidas conforme al régimen general del derecho
de petición o si, por su naturaleza, se encontraban sometidas a las reglas propias
del trámite jurisdiccional.

3. Del derecho de petición ante las autoridades judiciales

3.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política y
en la Ley 1755 de 2015, toda persona está facultada para presentar peticiones
respetuosas ante las autoridades, en los términos y condiciones allí establecidos, y
a obtener una respuesta pronta, oportuna, de fondo, clara, precisa y congruente.

3.2.- En todo caso, la Sala reitera que la jurisprudencia ha establecido que las
peticiones ante los funcionarios judiciales se dividen en dos clases: las primeras son
aquellas de índole jurisdiccional y, por lo tanto, se regulan por las normas de tal
naturaleza; en segundo lugar, se encuentran las que no tienen relación con el
proceso y, por ende, se reglan por las disposiciones generales del derecho de
petición, establecidas en la Ley 1755 de 2015. Sobre el tema, la Corte Constitucional
ha señalado lo siguiente:

“Esta Corporación respecto a las peticiones presentadas frente actuaciones
judiciales ha sostenido que, en estos eventos, el alcance de este derecho
encuentra limitaciones, por ello, se ha especificado que deben diferenciarse las
peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales serán de dos clases: (i)
las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto;
y (ii) aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su condición, bajo
las normas generales del derecho de petición que rigen la administración, esto
es, el Código Contencioso Administrativo”13.

13
Sentencia T-311 de 2013.

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A partir de lo expuesto, cierto es que ante las autoridades judiciales se pueden
elevar peticiones; sin embargo, las que tienen que ver con asuntos relativos a los
procesos que conocen se sujetan a la ley especial que define el juicio.

En este contexto, si un funcionario desatiende un pedimento de naturaleza judicial,
puede poner en amenaza los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de los usuarios, en lugar del
estipulado en el artículo 23 Superior.

Sobre el asunto, el Tribunal Constitucional ha dicho que

“la omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las
partes o sus apoderados propias de la actividad jurisdiccional, no configura una
violación del derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y al
acceso de la administración de justicia, puesto que en la medida en que dicha
conducta desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y
razonable, implica una dilación injustificada al interior del proceso judicial la cual
está proscrita por el ordenamiento constitucional”14.

4. Análisis de la vulneración del derecho de petición en el caso concreto

4.1.- Al respecto, la accionante sostiene que se vulneró su derecho fundamental de
petición, en la medida en que no obtuvo respuesta a las solicitudes por ella
radicadas el 9 de junio y el 1 de agosto de 2025.

No obstante, advierte la Sala que, en el presente asunto, las solicitudes incoadas
se encontraban orientadas a imprimir celeridad a un proceso de naturaleza judicial,
razón por la cual no puede considerarse que la falta de respuesta por parte de la
autoridad accionada configure una vulneración del derecho consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, máxime cuando la respectiva actuación
jurisdiccional se encuentra en curso. En efecto, de conformidad con la línea
jurisprudencial reiterada sobre la materia, el derecho de petición no se transgrede
cuando se pretende emplear como mecanismo para intervenir en actuaciones
judiciales que cuentan con formas, etapas y términos específicamente regulados en
el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, la Sala no encuentra procedente analizar la presunta vulneración
del derecho de petición en los términos planteados por la actora, toda vez que las
solicitudes elevadas se inscriben en el ámbito propio de la función jurisdiccional, el

14
Sentencia T-192 de 2007.

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Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

cual se rige por las reglas del trámite procesal correspondiente, y no por el régimen
general del derecho de petición.

Con todo, si bien la desatención de solicitudes en el marco de un proceso judicial
podría, en ciertos eventos, comprometer los derechos de acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, en el presente caso no se advierte tal circunstancia.
Ello, por cuanto el proceso ha seguido su curso conforme a las etapas y términos
legalmente previstos, sin evidenciarse una paralización injustificada del trámite ni
una omisión prolongada que impida su avance o la adopción de una decisión de
fondo. En consecuencia, no se configura una afectación real al derecho de acceso
a la administración de justicia.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 23 de febrero de 2026 por la Sección
Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, de conformidad con las razones
expuestas ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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