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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00406-01

Fecha
21 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00406-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de aclaración presentada por Andrea Xiomara Morales Gonzáles por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 9 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00406-01 Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00406-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

21 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado número: 11001-03-15-000-2026-00406-01
Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá
Asunto: Niega aclaración de sentencia

La Sala resuelve la solicitud de aclaración1 presentada por Andrea Xiomara
Morales Gonzáles, a través de apoderado judicial, respecto de la sentencia de
tutela de segunda instancia del 05 de junio de 2026, proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Acción de tutela y sentencia objeto de la solicitud de aclaración

1.1.1. Andrea Xiomara Morales Gonzáles, a través de apoderado 2, interpuso
acción de tutela3 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá, debido a que no había
dictado sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-009-2024-00002-01.
Asimismo, manifestó la accionante que radicó impulsos procesales mediante
escritos del 09 de junio y 01 de agosto de 2025, sin haber obtenido respuesta,
situación con la que, a su juicio, se había vulnerado su derecho fundamental de
petición.

En ese orden, solicitó al juez constitucional la tutela de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, que se le ordenara a la parte accionada
proferir sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y

1 Obra memorial con solicitud de aclaración en el archivo digital subido a SAMAI, en el índice 13, certificado

828B56C843365DB0 53CB2297AC4D2AC7 0660BD49B05B1866 D10ACD2EE2D39F90, del expediente
de tutela de segunda instancia.
2 Obra poder a folio 6, en el archivo digital subido a SAMAI, índice 2, certificado D1CBB24821A40DE7

F56C75E6AA1FC41D 47E44DF75DAF355D 30A9C21A3924F4DB, del expediente de tutela de primera
instancia.
3 Obra tutela en los folios 1 - 5, Ibíd.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00406-01
Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles

restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-009-2024-00002-01; o,
subsidiariamente, que se diera respuesta a sus impulsos procesales y, de ser
necesario, se explicaran las razones de la demora.

1.1.2. La actuación correspondió en primera instancia a la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, autoridad judicial que dictó sentencia el
23 de febrero de 20264, en la que negó la protección de los derechos
fundamentales invocados, por considerar que, si bien existía mora judicial,
acaecían circunstancias que la justificaban. Asimismo, determinó que la
controversia no se sujetaba a las normas del derecho fundamental de petición,
pues, al tratarse de una actuación estrictamente judicial, debía sujetarse a los
términos y etapas procesales respectivos y no a las reglas generales del derecho
de petición que rigen a la Administración.

1.1.3. Inconforme con la anterior decisión, la accionante presentó impugnación5,
dirigida exclusivamente a reconsiderar la protección de su derecho de petición.
La segunda instancia correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera de
esta Corporación que, mediante sentencia del 05 de junio de 20266, confirmó la
decisión de negar el amparo del derecho fundamental de petición.

En esta instancia, el problema jurídico se circunscribió exclusivamente a los
cargos propuestos en la impugnación, es decir, a aquellos dirigidos a cuestionar
la presunta vulneración del derecho fundamental de petición de la accionante,
derivada de la falta de respuesta a los escritos por ella radicados en el marco del
proceso judicial. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
consideró que el derecho de petición no se había transgredido por cuanto las
solicitudes se dirigían a imprimir celeridad a un proceso que se encuentra en
curso, conforme a las etapas y términos legalmente previstos, sin evidenciarse
una paralización injustificada del trámite ni una omisión prolongada que impida
su avance o la adopción de una decisión de fondo. Finalmente, consideró que,
de conformidad con la línea jurisprudencial reiterada sobre la materia, el derecho

4 Obra sentencia de primera instancia en el archivo digital subido a SAMAI, en el índice 18, certificado

F53B61C6980C3413 9894949D5E43AD21 1F92B3CC873AA5EA 5A1EE5379486E9D6, Ibíd.
5 Obra impugnación en el índice 22 de SAMAI, certificado 0FD4CAF9CD978EA1 2D20A8B96E060791

DD94095267B8A8E4 BE53B9F96AE59785, del expediente de primera instancia de tutela.
6 Obra sentencia de segunda instancia en el archivo digital subido a SAMAI, en el índice índice 9, certificado

83B62903F3DA0DAA F7D225C727A4BC87 F38B15C806BF148F B5C546180FC16C77 , del expediente
de tutela de segunda instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00406-01
Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles

de petición no se transgrede cuando se pretende emplear como mecanismo para
intervenir en actuaciones judiciales que cuentan con formas, etapas y términos
específicamente regulados en el ordenamiento jurídico.

1.2. Solicitud de aclaración

1.2.1. Andrea Xiomara Morales Gonzáles presentó memorial el 21 de julio de
2026, en el que solicitó la aclaración de la anterior providencia. En concreto,
requirió que se precisaran las normas aplicables a los memoriales de impulso
procesal, los términos y deberes que rigen el pronunciamiento judicial frente a
tales actuaciones y los mecanismos previstos para obtener una respuesta
oportuna. Asimismo, solicitó que se explicaran las razones por las cuales se
otorgó el mismo tratamiento al memorial de 9 de junio de 2025 y al escrito de 1
de agosto de 2025, presentado para obtener información sobre el trámite del
primero; que se identificara el fundamento jurídico de la afirmación según la cual
el proceso había seguido su curso conforme a las etapas y términos legalmente
previstos; y que se precisara el alcance del deber de pronunciamiento judicial
respecto de los memoriales presentados dentro de un proceso, en particular si
este deriva de un régimen distinto al derecho fundamental de petición.

II.CONSIDERACIONES

2.1. De las solicitudes de adición y aclaración de sentencias de tutela

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en el auto A-031A de 2002, indicó,
citando la sentencia T-576 de 1993, que, conforme al artículo 32 del Decreto
2591 de 1991, es procedente la aclaración o adición de sentencias de segunda
instancia en sede de tutela. Esto se fundamenta en que el mencionado artículo
dispone que el juez debe remitir el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión “dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de
segunda instancia”. Este plazo de ejecutoria adquiere relevancia en el trámite de
impugnación, dado que permite a las partes solicitar la aclaración o
complementación de la sentencia de tutela.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que:

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Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles

“(…) De las normas anteriores, se deduce que las providencias quedan
ejecutoriadas después de tres días de notificadas cuando carecen de recursos,
como es el caso de las sentencias de tutela de segundo grado. Lo anterior se
explica porque, dentro del plazo de esos tres días, los interesados pueden pedir
la aclaración o complementación de la providencia, con lo cual su ejecutoria se
pospondrá hasta el momento en que, a su turno, quede ejecutoriada la
providencia que resuelva sobre la aclaración o complementación.”. Por
consiguiente, se estima que en el trámite de tutela en instancia, es posible
solicitar la adición o aclaración de la sentencia correspondiente, dentro del
plazo de los tres días del término de ejecutoria.”7.

Ahora bien, conforme a la remisión del artículo 4º del Decreto 306 de 19928 y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 285 del C.G.P., la aclaración de una
providencia procede:

“(…) Artículo 285. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que
la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de
parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero
motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la
sentencia o influyan en ella.. (…) La providencia que resuelva sobre la
aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán
interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración. (…)”
Se resalta.

Igualmente, el artículo 287 del CGP dispone:

“(…) Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre
cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria,
de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. El juez de
segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que
la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la
demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el
expediente para que dicte sentencia complementaria. Los autos solo podrán
adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte
presentada en el mismo término. Dentro del término de ejecutoria de la
providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también
la providencia principal. (…)” Se resalta.

Es importante aclarar que este instrumento no faculta al juzgador para modificar,
adicionar o revocar, total o parcialmente, el fondo de la providencia emitida. Su
propósito, por el contrario, es garantizar un acceso efectivo a la administración
de justicia y asegurar la ejecución transparente, comprensible y coherente de la

7
Corte Constitucional, Auto 204 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
8 Decreto 306 de 1992 “Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2591 de 1991”. Artículo 4°: “De los

principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la
interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de
1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no
sean contrarios a dicho decreto”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00406-01
Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles

providencia judicial en beneficio de las partes.

2.2. Antes de resolver la referida solicitud, es pertinente poner de presente que:
i) quien presentó la petición está legitimado para ello, pues fue la señora Andrea
Xiomara Morales Gonzáles, en calidad de accionante, y lo hizo respecto del
contenido de la sentencia de segunda instancia proferida el 05 de junio de 2026;
además; ii) la sentencia fue notificada el 15 de julio de 20269 y la petición fue
formulada el 21 de julio de 202610, fecha en la cual se encontraba dentro del
término de ejecutoria.

2.3. Caso en concreto.

2.3.1. En el caso bajo estudio, la Sala profirió sentencia de segunda instancia el
05 de junio de 2026, en la que se resolvió lo siguiente:

“(…) PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 23 de febrero de 2026 por la
Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, de conformidad con
las razones expuestas ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión (…)”.

2.3.2. En relación con esta decisión, la señora Morales Gonzáles solicitó su
aclaración, en el siguiente sentido:

“(…) 1. Primera: Se solicita aclarar cuál es el régimen jurídico específico al que
hace referencia la sentencia cuando afirma que los memoriales de impulso
procesal no se encuentran sometidos al derecho fundamental de petición
regulado por la Ley 1755 de 2015, sino a las normas propias del procedimiento
judicial.

En particular, respetuosamente se solicita precisar:

a) ¿Cuál es la disposición legal que regula el trámite y el deber de
pronunciamiento respecto de los memoriales de impulso procesal dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?

b) ¿Cuál es el término legal dentro del cual la autoridad judicial debe emitir un
pronunciamiento frente a dichos memoriales?

9 Obra soporte de la notificación en el archivo digital subido a SAMAI, en el índice 12, certificado
660C09C01BB29001 9700A9C88BA46213 358F4603B18A339B 1F2C3C2EC15757D2, del expediente de
tutela de segunda instancia.
10 Obra memorial con solicitud de aclaración en el archivo digital subido a SAMAI, en el índice 13, certificado

828B56C843365DB0 53CB2297AC4D2AC7 0660BD49B05B1866 D10ACD2EE2D39F90, Ibíd.

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Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles

c) ¿Cuál es el deber funcional que corresponde al juez frente a esta clase de
solicitudes cuando permanecen pendientes durante un período prolongado?

d) ¿Cuál es el mecanismo jurídico que garantiza que los memoriales de impulso
procesal reciban un pronunciamiento oportuno cuando el régimen general del
derecho de petición no resulta aplicable?

La aclaración solicitada resulta indispensable para comprender el alcance de
la regla jurídica fijada por la providencia.

2. Segunda: Se solicita aclarar las razones jurídicas por las cuales la sentencia
otorgó idéntico tratamiento procesal a los memoriales radicados el 9 de junio
de 2025 y el 1 de agosto de 2025, pese a que ambos perseguían finalidades
distintas.

En especial, se solicita precisar por qué el memorial presentado el 1 de agosto
de 2025, cuyo objeto consistió en obtener un pronunciamiento respecto del
memorial previamente radicado el 9 de junio de 2025 y conocer el estado de
dicha solicitud, fue igualmente considerado un simple memorial de impulso
procesal y no una solicitud de pronunciamiento sobre una actuación anterior.

3. Tercera: Se solicita aclarar el alcance de la afirmación contenida en la
providencia según la cual:

"...el proceso ha seguido su curso conforme a las etapas y términos legalmente
previstos..."

Concretamente, se solicita precisar:

a) ¿Cuáles son las disposiciones legales a las que hace referencia dicha
afirmación?

b) ¿Cuáles son los términos procesales concretos que la Sala consideró
aplicables al caso?

c) ¿Cuál fue el fundamento normativo utilizado para concluir que tales términos
se encontraban satisfechos respecto de los memoriales presentados por el
suscrito?

La aclaración resulta necesaria para comprender el fundamento jurídico de
dicha conclusión.

4. Cuarta: Se solicita aclarar cómo armoniza la regla jurídica establecida en la
sentencia con los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, cuando se
concluye que los memoriales de impulso procesal no se encuentran sometidos
al régimen del derecho de petición y, al mismo tiempo, la providencia no
identifica un deber jurídico específico de pronunciamiento por parte de la
autoridad judicial.

En particular, respetuosamente se solicita precisar:

a) ¿Cuál es el contenido mínimo del deber funcional que corresponde al juez
frente a memoriales que permanecen sin pronunciamiento durante un tiempo
considerable?

b) ¿Cómo se garantiza el derecho de las partes a conocer el estado de sus
solicitudes y obtener un pronunciamiento judicial cuando el régimen del
derecho de petición no resulta aplicable?

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Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles

c) ¿Cuál es el mecanismo procesal mediante el cual los sujetos procesales
pueden exigir un pronunciamiento respecto de memoriales que permanecen
pendientes, sin que ello implique alterar el trámite normal del proceso?

La aclaración de estos aspectos permitirá comprender el alcance constitucional
de la regla jurídica fijada en la providencia.

5. Quinta: Respetuosamente se solicita a la Honorable Sala precisar si la
interpretación acogida en la sentencia implica que, respecto de los memoriales
de impulso procesal presentados por las partes dentro de un proceso judicial,
no existe un deber jurídico de emitir ningún pronunciamiento mientras la
autoridad judicial continúe adelantando el trámite del expediente, o si, por el
contrario, existe un deber mínimo de información o de respuesta cuya fuente
normativa deba ser identificada.

Esta aclaración resulta indispensable para comprender el verdadero alcance
de la decisión, evitar interpretaciones contradictorias de la providencia y otorgar
certeza a los sujetos procesales acerca de la regla jurídica que gobierna la
presentación y trámite de memoriales dentro de los procesos judiciales.

a. ¿La sentencia sostiene que no existe ningún deber de pronunciamiento?,

b. ¿Sostiene que sí existe, pero deriva de un régimen jurídico distinto al derecho
de petición?” (…)”.

2.3.3. En atención al contenido de la sentencia cuya aclaración se pide, se tiene
que la Sala fue precisa al negar la protección del derecho fundamental de
petición, al considerar que este no se había transgredido por cuanto las
solicitudes se dirigían a imprimir celeridad a un proceso que se encontraba en
curso, conforme a las etapas y términos legalmente previstos, sin evidenciarse
una paralización injustificada del trámite ni una omisión prolongada que impidiera
su avance o la adopción de una decisión de fondo. Finalmente, consideró que,
de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la
Sentencia T-311 de 2013, el derecho de petición no se transgrede cuando se
pretende emplear como mecanismo para intervenir en actuaciones judiciales que
cuentan con formas, etapas y términos específicamente regulados en el
ordenamiento jurídico.

2.3.4. En la solicitud de aclaración, la parte accionante pidió: i) identificar el
régimen jurídico aplicable a los memoriales de impulso procesal y cuándo aplica
el deber de pronunciamiento de la autoridad judicial; ii) explicar las razones
jurídicas que llevaron a considerar el memorial del 1 de agosto de 2025 como
una simple solicitud de impulso procesal y no como una reiteración de una
solicitud previa; iii) determinar el sentido de la expresión “el proceso ha seguido
su curso conforme a las etapas y términos legalmente previstos”; y iv) precisar

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el alcance constitucional del deber de pronunciamiento frente a los memoriales
judiciales.

2.3.5. De conformidad con lo anterior, la solicitud de aclaración formulada por la
parte actora excede los límites previstos en el artículo 285 del Código General
del Proceso (CGP), disposición que tiene un alcance específico y se dirige
exclusivamente a disipar las dudas que ofrezcan las frases o conceptos
contenidos en la parte resolutiva de la providencia o que influyan directamente
en ella. A continuación, se explican las razones de esta conclusión.

De las aclaraciones solicitadas, se desprende que lo que realmente pretende la
parte accionante es formular una serie de consultas jurídicas. Por lo tanto, de
proceder con alguna orden adicional, se desdibujaría la finalidad de la acción de
tutela, pues el juez constitucional se excedería en su competencia al emitir un
dictamen o concepto doctrinario sobre la interpretación y aplicación del régimen
procesal administrativo.

Aunado a lo anterior, las precisiones solicitadas, particularmente las
relacionadas con la consideración del memorial de 1 de agosto de 2025 como
una actuación de impulso procesal y con el alcance constitucional del deber de
pronunciamiento respecto de los memoriales presentados dentro de las
actuaciones judiciales, no guardan relación con las determinaciones adoptadas
en la sentencia cuya aclaración se pretende. En consecuencia, no puede
concluirse que dicha providencia contenga expresiones ambiguas, conceptos
oscuros o aspectos que susciten duda y que, por ello, hagan procedente la
aclaración solicitada.

Finalmente, los interrogantes planteados por la parte accionante pretenden
reabrir la discusión de fondo sustentada en las sentencias de primera y segunda
instancia, al cuestionar la interpretación normativa adoptada por la Sala
relacionada con si los impulsos procesales se rigen o no por la Ley 1755 de 2015,
o exigir justificaciones adicionales sobre la valoración de las pruebas,
concretamente el memorial de agosto de 2025. En tal sentido, por disposición
del propio artículo 285 del CGP, “la sentencia no es revocable ni reformable por
el juez que la pronunció”, por lo que usar la aclaración para reevaluar criterios

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Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles

jurídicos atenta contra el principio de inmutabilidad de la sentencia y la seguridad
jurídica.

Ahora bien, la decisión de confirmar el fallo de primera instancia se basó en una
línea jurisprudencial clara y consolidada, conforme a la cual el derecho de
petición no constituye la vía idónea para intervenir en actuaciones judiciales
sometidas a términos y etapas específicamente regulados por el ordenamiento
jurídico. En ese contexto, el contenido de la providencia y la expresión
cuestionada por la parte actora resultan claros, precisos y comprensibles por sí
mismos, a la luz de las consideraciones expuestas en el fallo, sin que la sola
inconformidad de la accionante con las premisas normativas acogidas por la Sala
configure un “concepto oscuro o ambiguo” que haga procedente la aclaración
solicitada.

En conclusión, las inquietudes formuladas por la parte solicitante no constituyen
dudas razonables acerca de la parte resolutiva ni de los fundamentos que la
sustentan. Por el contrario, evidencian un desacuerdo con la tesis jurídica
acogida por esta Corporación y persiguen obtener un pronunciamiento adicional
sobre la interpretación y aplicación de determinadas disposiciones jurídicas. En
tales condiciones, acceder a lo solicitado excedería el ámbito propio de la
aclaración previsto en el artículo 285 del CGP y desnaturalizaría su finalidad.

2.3.6. En consecuencia, la Sala negará la solicitud de aclaración presentada por
la parte accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de aclaración presentada por Andrea Xiomara
Morales Gonzáles por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00406-01
Accionante: Andrea Xiomara Morales Gonzáles

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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