Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00414-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00414-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00414-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
27 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00414-00
Accionante: Katherine Moreno Henao
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00414-00
Accionante: Katherine Moreno Henao
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-
Subsección A
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta
de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por Katherine Moreno Henao contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Katherine Moreno Henao, en nombre propio, promovió acción de tutela con el propósito
de obtener el emparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia 1 que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Primera-Subsección A, con ocasión del fallo del 27 de noviembre
de 2025, mediante el cual se confirmó parcialmente la sentencia del 18 de julio de 2025
emitida por el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá y, en
consecuencia, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda proferida dentro
del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con
el radicado número 11001-33-35-027-2020-00138-00/01.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. Katherine Moreno Henao interpuso acción popular en contra del Distrito Capital, la
Alcaldía Mayor de Bogotá, la Defensoría del Espacio Público, la Alcaldía Local de
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 535384F1D81806DF ED54848EE5F67A0D 24DA0B3F723A33C2
D4866A3C5C47823C.
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Accionante: Katherine Moreno Henao
Usaquén y la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta, Sector Seis, P.H., con el propósito
de obtener la protección de los siguientes derechos e intereses colectivos: (i) el goce de
un ambiente sano; (ii) el goce del espacio público; (iii) la utilización y defensa de los bienes
de uso público; y (iv) la realización de edificaciones y desarrollos urbanos con sujeción a
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y con prevalencia del beneficio y la
calidad de vida de los habitantes.
Como fundamento de la acción popular, la demandante formuló las siguientes
pretensiones:
“a. Ordenar a la Alcaldía Mayor, para que a través de los entes que corresponda,
Alcaldía de la Localidad de Usaquén y/o el Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público, DADEP, haga efectiva no solo la Recuperación de la
CALLE 189, CARRERA 20A, también las zonas verdes. Confiriéndose un término
perentorio.
b. Que se le ordene a la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta Sector Seis Nit #
900.409.073 1, la restitución de las vías CALLE 189 y CARRERA 20 A, espacios
públicos cerrados, confiriéndose un término perentorio.
c. Que se le ordene a la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta Sector Seis Nit t#
900.409.073 1, la reconstrucción de los andenes en las vías CALLE 189 y CARRERA
20 A, porque estos desaparecieron, confiriéndose un término perentorio.
d. Que se le imponga a la mencionada Unidad Inmobiliaria, LAS MULTAS O
SANCIONES a que hubiese lugar.
e. Que se ordene la cancelación del Registro que se hizo por parte de la Alcaldía de
la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta Sector Seis Nit # 900.409.073-1, como si se
tratare de una Propiedad Horizontal, no solo por ser abiertamente inconstitucional,
sino por cuanto que, ese fue el medio que le permitió privatizar o cerrar las vías y
espacio público CALLE189 y CARRERA 20 A.
f. Que se anulen los actos, que permitieron la privatización de los espacios públicos
mencionados, o la escritura 1350 del 19 de octubre de 2010”2.
2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Veintisiete Administrativo del
Circuito de Bogotá bajo el radicado número 11001-33-35-027-2020-00138-00, autoridad
judicial que, mediante sentencia del 18 de julio de 2025 resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR fundada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva del Departamento Administrativo Distrital de Defensoría del Espacio
Público y, por lo tanto, desvincularlo de la presente acción popular.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho e interés colectivo al goce del espacio público de
la señora Katherine Moreno Henao, quebrantado por las omisiones de la Alcaldía
Mayor de Bogotá y la Alcaldía Local de Usaquén.
TERCERO: ORDENAR al Alcalde Mayor de Bogotá y al Alcalde Local de Usaquén
que en el término de tres (3) meses, contado a partir del día siguiente a la presente
sentencia, impulsen y ejecuten las decisiones adoptadas en las actuaciones
administrativas policivas encaminadas a la restitución del espacio público del sector
ubicado en la calle 189 con la carrera 20A de la Localidad de Usaquén en Bogotá.
CUARTO: CONSTITUIR el Comité de Verificación para que efectúe el seguimiento
de la presente sentencia, el cual estará integrado por el Alcalde Mayor de Bogotá o
su delegado, quien lo dirigirá, el Alcalde Local de Usaquén o su delegado y la señora
Katherine Moreno Henao, en calidad de accionante.
2 Ibid.
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Accionante: Katherine Moreno Henao
QUINTO: NEGAR las pretensiones de la demanda popular relacionadas con la
protección del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, la reconstrucción de
andenes, la cancelación del registro de la personería jurídica a la Unidad Inmobiliaria
Cerrada Maranta Sector Seis y la imposición de multas y sanciones a dicha
copropiedad.
SEXTO: EXHORTAR al Alcalde Mayor de Bogotá y al Alcalde Local de Usaquén para
que en un término razonable realice las gestiones administrativas y presupuestales
con el fin de obtener los recursos necesarios para ejecutar las obras civiles a que
haya lugar en el sector ubicado en la calle 189 con la carrera 20A de la Localidad de
Usaquén para restablecer el derecho colectivo al goce del espacio público de que
trata la presente acción popular, todo de conformidad con el Plan de Ordenamiento
Territorial del Distrito Capital de Bogotá
SÉPTIMO: ABSTENERSE de condenar en costas de esta instancia a las partes”3.
2.3. Inconformes con la anterior decisión, la parte actora y el Distrito Capital, Alcaldía
Local de Usaquén, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público,
interpusieron recurso de apelación.
2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección A,
mediante sentencia del 27 de noviembre de 2025 confirmó parcialmente la decisión de
primera instancia y resolvió:
PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de 18 de julio de 2025
proferida por el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá. En
consecuencia, los ordenamientos de dicha sentencia serán los siguientes.
“PRIMERO.- NEGAR la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.
SEGUNDO.- AMPARAR el derecho e interés colectivo al goce del espacio
público quebrantado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Local de
Usaquén y la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta, Sector Seis, P.H.
TERCERO.- ORDENAR al Alcalde Mayor de Bogotá y al Alcalde Local de
Usaquén que en el término de tres (3) meses, contado a partir del día siguiente
al de la ejecutoria de la presente sentencia ejecuten las decisiones adoptadas
en las actuaciones administrativas policivas encaminadas a la restitución del
espacio público del sector ubicado en la calle 189 con la carrera 20A de la
Localidad de Usaquén en Bogotá.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de la sentencia se concede un término
de quince (15) días, contado desde el día siguiente al de la ejecutoria de la
presente sentencia, para que las entidades distritales alleguen con destino al
juzgado un plan de trabajo con acciones y plazos de cumplimiento de la
presente sentencia.
El mismo término se concede a la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta, Sector
Seis, P.H., para que allegue con destino al juzgado un informe sobre el
cumplimiento de las órdenes impartidas en la decisión adoptada por la
Inspección 1 B Distrital de Policía de Usaquén (ocupación de espacio público),
confirmada por la Resolución No. 435 de 2023.
CUARTO.- CONSTITUIR un Comité de Verificación de la presente sentencia
integrado por el Alcalde Mayor de Bogotá o su delegado, quien lo dirigirá, el
3 Ibid.
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Accionante: Katherine Moreno Henao
Alcalde Local de Usaquén o su delegado y la señora Katherine Moreno Henao,
en calidad de accionante.
QUINTO.- NEGAR las pretensiones de la demanda de acción popular
relacionadas con la protección del derecho colectivo al goce de un ambiente
sano, la reconstrucción de andenes, la cancelación del registro de la personería
jurídica a la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta, Sector Seis, P.H., y la
imposición de multas y sanciones a dicha copropiedad.
SEXTO.- EXHORTAR al Alcalde Mayor de Bogotá y al Alcalde Local de
Usaquén para que en un término razonable realicen las gestiones
administrativas y presupuestales a fin de obtener los recursos necesarios para
ejecutar las obras civiles a que haya lugar en el sector ubicado en la calle 189
con la carrera 20A de la Localidad de Usaquén a fin de restablecer el derecho
colectivo al goce del espacio público de que trata la presente acción popular, de
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital.
SÉPTIMO.- ABSTENERSE de condenar en costas de primera instancia a las
partes (…)”4.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia 5. En consecuencia, pidió dejar sin efectos la
sentencia proferida el 27 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Primera y, en su lugar, ordenar a dicha corporación que emita
una nueva decisión en la que valore integralmente los argumentos expuestos en la
solicitud de amparo.
Adicionalmente, solicitó que se ordene a la Alcaldía Local de Usaquén cancelar el registro
de la Unidad Inmobiliaria Cerrada a que hace referencia la Resolución No. 435 del 8 de
noviembre de 2023.
Como sustento de sus pretensiones, afirmó que la providencia cuestionada incurrió en
los siguientes defectos:
(i) Defecto fáctico, por omisión en la valoración de pruebas que calificó como
determinantes, entre ellas, escrituras públicas, certificaciones catastrales y la Resolución
435/2023, circunstancia que, a su juicio, conllevó a conclusiones equivocadas respecto
de la legalidad de la Unidad Inmobiliaria Cerrada.
(ii) Defecto sustantivo, por desconocimiento de la sentencia C-265 de 2002 y del artículo
64 de la Ley 675 de 2001, al considerar que se aplicaron disposiciones previamente
declaradas inexequibles y se negó la excepción de inconstitucionalidad propuesta.
(iii) Falta de congruencia y motivación suficiente, al haberse negado la cancelación del
registro, a pesar de encontrarse acreditadas las irregularidades y la afectación del
espacio público.
4 Ibid.
5 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 535384F1D81806DF ED54848EE5F67A0D 24DA0B3F723A33C2
D4866A3C5C47823C.
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(iv) Vía de hecho, en tanto la providencia se habría apartado abiertamente de la
Constitución y de la ley, para perpetuar, en sus términos, una situación contraria al orden
público y a los derechos colectivos invocados.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 26 de enero de 20266 el Despacho de la magistrada ponente admitió
la acción de tutela; vinculó como terceros con interés al Juzgado Veintisiete
Administrativo del Circuito de Bogotá, al Distrito Capital de Bogotá Alcaldía Mayor de
Bogotá, a la Alcaldía Local de Usaquén, al Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público y a la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta Sector 6, P.H.; requirió a
la autoridad judicial accionada para que allegara copia del expediente objeto de amparo;
requirió a la actora para que diera cumplimiento a los previsto en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991 (juramento); además ordenó la notificación a las partes y suspendió los
términos.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. La Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca7 allegó copia del expediente del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos identificado con el radicado número 11001-33-35-027-
2020-00138-00/01. Adicionalmente compartió el vínculo digital de acceso.
4.2. Katherine Moreno Henao 8 allegó escrito a través del cual dio cumplimiento al
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y manifestó bajo la gravedad de juramento que no
había presentado otra acción constitucional por los mismos hechos y pretensiones.
4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección A9
se opuso a las pretensiones de amparo solicitado, al considerar que no se incurrió en
irregularidad procesal alguna, y no se acreditó la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la accionante.
Precisó que la decisión cuestionada se sustentó, esencialmente, en dos consideraciones:
de una parte, que el registro de existencia de la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta,
Sector Seis, P.H., constituida bajo el régimen de propiedad horizontal, goza de
presunción de legalidad; y, de otra, que la declaratoria de vulneración del derecho
colectivo al espacio público atribuida a dicha unidad inmobiliaria no comporta, per se, la
cancelación de su registro como propiedad horizontal.
6 Índice 00006 del aplicativo SAMAI, certificado 7CC3AD3F7C798E0C CA8E5425133DC2DB 6F09D1208A490913
336FA5FA5EE6081E.
7 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, certificado 8E495D25E82BDEAF DACD1CED897864EA 9914F2A109170554
04F107DD38582003.
8
Índice 00012 del aplicativo SAMAI, certificado 47E94CFD5A265199 F212D85891B71B92 0FED3AE35AD183C1
651C2297C026B5FC.
9 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 60B19FF414DBF7C5 F773C985754F5E57 066B471D907CC64A
77DB254B72EAA9E3.
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Accionante: Katherine Moreno Henao
En consecuencia, sostuvo que la sentencia fue adoptada con fundamento en el material
probatorio obrante en el expediente y en aplicación razonada del marco normativo
pertinente, sin que pueda predicarse la configuración de los defectos alegados en sede
de tutela.
Sostuvo, además, que en lo atinente al presunto desconocimiento de la sentencia C-265
de 2002 de la Corte Constitucional, su aplicación no resultaba procedente en el marco de
la acción popular objeto de estudio, por cuanto los supuestos fácticos y jurídicos
examinados en dicha providencia no eran equiparables al caso concreto.
Finalmente, señaló que la declaratoria de vulneración del derecho colectivo al goce del
espacio público no genera, de manera automática o consecuencial, la nulidad de un acto
administrativo que se encuentra amparado por la presunción de legalidad, pues esta solo
puede desvirtuarse mediante los mecanismos y procedimientos establecidos en el
ordenamiento jurídico.
4.4. La Alcaldía Mayor de Bogotá-Unidad Administrativa Especial Catastro 10 solicitó
declarar la improcedencia de la acción, en la medida en que no existen acciones u
omisiones atribuibles en su nombre. Adicionalmente, afirmó que carece de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que no es la entidad competente para emitir el
pronunciamiento solicitado por la accionante.
4.5. La Unidad Inmobiliaria Cerrada Marantá Sector Seis – Propiedad Horizontal11
se opuso a las pretensiones de amparo, bajo el argumento de que no le asiste razón a la
parte actora, dado que en que enumeró los derechos que consideró vulnerados de
manera indiscriminada y sin sustento fáctico o legal.
Adicionalmente sostuvo que la “constructora Urbanizadora Capellanía Mazuera & Cía.
Ltda., desarrollo el proyecto urbanístico Maranta Sector Seis, comenzando ventas en
1985, como una urbanización. Los propietarios iniciales se organizaron en una asociación
para administrar los recursos para el mantenimiento de los bienes comunes. Luego se
creó la UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA MARANTÁ SECTOR SEIS - PROPIEDAD
HORIZONTAL, y no se ha convertido en Propiedad Horizontal como lo manifiesta la
accionante en su total desconocimiento por no decir otra cosa de la Ley 675 de 2001, la
UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA MARANTÁ SECTOR SEIS - PROPIEDAD
HORIZONTA, se acogió al Régimen de Propiedad Horizontal a través de la precitada ley
y normas concordantes”12.
4.6. La Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Jurídica Distrital13 solicitó declarar la
improcedencia de la acción, en la medida en que no existen acciones u omisiones
atribuibles en su nombre. Adicionalmente, afirmó que carece de legitimación en la causa
10 Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado 6AF01B41C0BDBF33 F9C99BE1171B6822 92A4551490E11CD4
AEE6280539E054F7.
11 Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado 17D0AFBF2C7C1BBE C9107F6626797DED E37012AC1E747785
E01E8BE5FABA373C.
12 Ibid.
13 Índice 00017 del aplicativo SAMAI, certificado 262E888DA7433429 54973FF2826CFEAA 28B86D55AFF4A145
B7345DAF9F002C84.
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Accionante: Katherine Moreno Henao
por pasiva, toda vez que no es la entidad competente para emitir el pronunciamiento
solicitado por la accionante.
4.7. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 14 pidió
que se declarara la improcedencia de la acción dado que, conforme a lo establecido en
el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, no se encontraban demostrados hechos, acciones
u omisiones con los cuales se hayan vulnerado los derechos fundamentales aducidos por
la tutelante o que exista inminente peligro.
Adicionalmente, sostuvo que no tenía legitimación en la causa por pasiva, toda vez que
no estaba llamada a responder por los hechos que dieron origen a la solicitud de amparo.
Esto en la medida en que las pretensiones de la acción no se enmarcan dentro de las
competencias de la entidad.
4.8. La Alcaldía Local de Usaquén-Secretaría Distrital de Gobierno 15 solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se configuró
vulneración alguna de derechos fundamentales y que, además, carece de legitimación
en la causa por pasiva dentro del presente trámite constitucional.
En consecuencia, pidió su desvinculación del proceso, al estimar que no le es atribuible
la conducta que la accionante reputa lesiva de sus garantías
4.9. Los demás sujetos procesales guardaron silencio a pesar de haber sido notificados
en debida forma.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Katherine Moreno Henao es la titular de las garantías constitucionales que afirma fueron
vulneradas en su condición de accionante dentro del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos identificado con el radicado número 11001-33-35-027-
2020-00138-00/01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección A fue la autoridad que
14
Índice 00018 del aplicativo SAMAI, certificado 3866314B74271B12 CE11DA5834ACB4F2 E1DB8F4606F3A5CB
A37460F0F512F3CF.
15 Índice 00019 del aplicativo SAMAI, certificado 64521F7ED945DDD3 795E5573D3F9DD40 5EFEB9061DFC2519
F328DAA243FBD90B.
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Accionante: Katherine Moreno Henao
profirió la decisión del 18 de julio de 2025 que, según la tutelante, vulneró sus derechos
fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200516 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 17 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 18.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
18 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artícu lo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Accionante: Katherine Moreno Henao
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”19.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 20.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
19 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
20 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico; y iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 21.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, conforme las razones que se exponen a continuación:
5.1. La parte actora cuestiona en esencia que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección A incurrió en (i) defecto
fáctico por la omisión en la valoración de pruebas determinantes (escrituras,
certificaciones catastrales, Resolución 435/2023), lo que llevó a conclusiones erradas
sobre la legalidad de la Unidad Inmobiliaria Cerrada; (ii) defecto sustantivo por el
desconocimiento de la sentencia C-265 de 2002 y del artículo 64 de la Ley 675, al aplicar
normas inexequibles y negar la excepción de inconstitucionalidad; (iii) falta de
congruencia y motivación suficiente en la negativa de cancelar el registro, pese a la
acreditación de irregularidades y vulneración del espacio público; y (iv) vía de hecho,
porque se aparta de la Constitución y la ley “perpetuando una situación contraria al orden
público y a los derechos colectivos” 22.
5.2. Pues bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Primera-Subsección A se advierte que, en la sentencia del 27 de
noviembre de 2025, se arribó a las siguientes conclusiones:
“El segundo argumento de inconformidad de la parte actora en relación con la
sentencia de primera instancia consiste en que las pretensiones relacionadas con la
imposición de sanciones, la reconstrucción de andenes y la cancelación del registro
fueron negadas por el juzgado sin un análisis integral del expediente No.
2017223490106545E de la Inspección 1B, que declaró que la Unidad Inmobiliaria
Cerrada Maranta, Sector 6, es un cerramiento de vías y espacios públicos.
Adujo la parte actora que tampoco se valoró la Resolución No. 8 de noviembre de
2023, proferida por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público.
21 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
22 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 535384F1D81806DF ED54848EE5F67A0D 24DA0B3F723A33C2
D4866A3C5C47823C.
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La Sala observa que en el ordenamiento quinto de la sentencia de primera instancia
se resolvió.
“QUINTO: NEGAR las pretensiones de la demanda popular relacionadas con la
protección del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, la reconstrucción de
andenes, la cancelación del registro de la personería jurídica a la Unidad Inmobiliaria
Cerrada Maranta Sector Seis y la imposición de multas y sanciones a dicha
copropiedad.”.
El juez de primera instancia, consideró lo siguiente sobre el particular.
“En cuanto al derecho colectivo al goce de un ambiente sano no se evidencia su
trasgresión, pues la accionante no justificó con suficiencia en qué forma las
autoridades accionadas conculcaron esa prerrogativa constitucional ni aportó los
elementos probatorios requeridos para inferir su quebrantamiento, por lo que se
negará su salvaguarda. Se desestimará el pedimento de ordenar a la Unidad
Inmobiliaria Cerrada Maranta Sector Seis PH que reconstruya los andenes de la calle
189 y carrera 20A, toda vez que al plenario no se arrimó evidencia alguna que permita
concluir que esa copropiedad haya demolido, desmantelado o reformado tales
elementos urbanísticos, pero se exhortará a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la
Alcaldía Local de Usaquén para que en el marco de sus competencias realicen las
gestiones administrativas y presupuestales con el fin de obtener los recursos
necesarios que permitan la ejecución de las obras civiles requeridas en la calle 189
con la carrera 20A para recuperar tales bienes de uso público, de conformidad con el
Plan de Ordenamiento Territorial.
Tampoco se accederá a la pretensión de “cancelación del registro que se hizo por
parte de la Alcaldía de la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta Sector Seis”, toda vez
que tal actuación administrativa puede ser controvertida a través de la respectiva
acción judicial y ante el juez competente, pues se recuerda que en principio la acción
popular no es el medio idóneo para implorar ese tipo de súplicas, en la medida que
usurparía las competencias atribuidas al juez natural.” 23.
La autoridad judicial accionada puso de presente que confirmaría el ordinal quinto de la
sentencia de primera instancia con base en las siguientes razones:
“Al plenario fue aportado el Expediente 2017223490106546E de la Inspección Uno
(1) B Distrital de Policía de Usaquén (ocupación de espacio público) y la Resolución
No. 435 de 2023, expedida en segunda instancia por el Departamento Administrativo
de la Defensoría del Espacio Público.
Tanto en primera como en segunda instancia se declaró infractor y se impuso medida
correctiva en contra de la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta, Sector Seis, P.H.,
ubicada en la calle 189 # 20-18, como responsable por la transgresión del artículo
135 literal A) numeral 3 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Se impartieron las siguientes órdenes, las cuales debían cumplirse en un término de
sesenta (60) días hábiles, contado desde la ejecutoria de la decisión de primera
instancia.
23 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 535384F1D81806DF ED54848EE5F67A0D 24DA0B3F723A33C2
D4866A3C5C47823C.
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La decisión adoptada por las entidades distritales, previamente aludidas, guardan
relación con el derecho colectivo al goce del espacio público, el cual fue amparado
por el juez de primera instancia”24.
En este punto, el ad quem popular puso de presente que en el recurso de apelación la
parte actora consideró que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta la decisión
adoptada por la Inspección 1 B Distrital de Policía de Usaquén y la Resolución No. 435
de 2023 y que, por ello, negó la protección del derecho colectivo al goce de un ambiente
sano.
Al respecto, la autoridad judicial consideró que no compartía esa apreciación por los
siguientes motivos:
“Como se indicó en párrafos anteriores, las decisiones adoptadas por la Inspección 1
B Distrital de Policía de Usaquén y el Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público en el marco del expediente 2017223490106546E tienen plena
relación con el derecho colectivo al goce del espacio público.
Por lo tanto, con los actos aludidos no se prueba la vulneración del derecho colectivo
al goce de un ambiente sano, como lo pretende la parte actora.
Así mismo, no obra prueba en el expediente que demuestre la vulneración de tal
derecho colectivo.
En lo que tiene que ver con la reconstrucción de los andenes, el Tribunal comparte la
apreciación del juez de primera instancia en cuanto no encontró evidencia que permita
concluir que esa copropiedad haya demolido, desmantelado o reformado tales
elementos urbanísticos.
24 Ibid.
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Por lo tanto, no hay lugar a acceder a la solicitud consistente en ordenar la
reconstrucción de andenes.
Finalmente, el juez de primera instancia negó la solicitud de cancelación del registro
de la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta, Sector Seis, P.H., pues considera que
impartir tal orden no es propia del juez de la acción popular.
Al respecto, la Sala encuentra que dentro del expediente obra la certificación de
inscripción de la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta, Sector Seis, P.H., Propiedad
Horizontal, como se observa a continuación.
En relación con esta certificación, la Sala considera que la misma da cuenta de la
existencia de un acto de registro que goza de presunción de legalidad; y no hay en el
expediente elementos suficientes que permitan concluir sobre la procedencia de la
cancelación del registro de que se trata.
La circunstancia de que se haya destacado la existencia de un espacio público,
reivindicado mediante la presente sentencia, es una cuestión independiente del
carácter de propiedad horizontal del mencionado conjunto de viviendas.
En tal sentido, se comparte la decisión adoptada por el juez de primera instancia en
el ordenamiento quinto del fallo de primera instancia y, en consecuencia, se
confirmará el mismo”25.
5.3. Se advierte entonces que el órgano colegiado concluyó que, respecto a la
cancelación del registro de la Unidad Inmobiliaria Cerrada – Sector Seis P.H., esta no era
posible en la medida en que impartir tal orden no era propia de la acción popular.
Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.
25 Ibid.
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Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitu cional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración 26.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y
eleve su argumentación a rango constitucional.
5.4. Ahora bien, en cuanto a la indebida valoración probatoria, esta Sala pone de presente
que la parte actora indicó que no se valoraron las escrituras públicas 1350 y 1517 y la
Resolución 436 del 8 de noviembre de 2023 emitida por el DADEP, sin embargo, se pone
de presente que la accionante simplemente reiteró los argumentos expuestos en el
trámite de la acción popular, sin explicar la incidencia de ese material probatorio en el
marco de una acción de esa naturaleza.
Mucho menos tuvo en cuenta que la autoridad judicial le indicó que la solicitud de la
cancelación del registro de la Unidad Inmobiliaria Cerrada no era del resorte del juez de
la acción popular, debido a que tal actuación administrativa gozaba de legalidad y debía
ser discutida a través de los mecanismos adecuados, sumado a que no había en el
expediente elementos suficientes que permitieran concluir la procedencia de la
cancelación.
Lo expuesto resulta suficiente para que la Sala se releve del análisis de este cargo, en la
medida en que la solicitante no desarrolló sus argumentos en función del defecto fáctico
invocado, pues su reparo se circunscribió en repetir sus argumentos expuestos ante el
juez popular a pesar de ya haber obtenido una respuesta al respecto.
5.5. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala advierte que, si bien
la parte actora identificó la providencia que consideró que no fue aplicada por la autoridad
accionada, lo cierto es que no señaló con claridad cual fue la regla fijada, que se ajustaba
al caso concreto.
Tal circunstancia hace que el cargo carezca de relevancia constitucional, en la medida
en que la carencia argumentativa del escrito no permite un estudio de fondo del asunto,
dado que no es del resorte del juez de tutela inmiscuirse en asuntos que atañen a la
autonomía del juez del proceso ordinario, porque esto invadiría su órbita y propendería
al mal uso de esta acción constitucional.
26 Sentencia SU-215 de 2022.
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5.6. A partir de lo anterior, para la Sala resulta diáfano que la parte actora pretende
imponer su interpretación normativa y jurisprudencial sobre las consideraciones
expuestas por la autoridad enjuiciada, así como su discrepancia frente a la decisión
adoptada y, de esta manera, continuar con el debate surtido en el trámite del proceso
primigenio, sin que haya demostrado la violación de los derechos fundamentales para los
que pidió su protección.
Si bien, parte actora, adujo que se configuraron varios defectos, lo cierto es que sus
argumentos se limitan a reparos de mera legalidad que no tiene la suficiente entidad para
permitir que el juez constitucional entre a revisar el asunto de fondo.
5.7. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por
la parte actora está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de la
acción popular, toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio
desarrollados en el marco del proceso aludido, sin esbozar las razones concretas por las
cuales los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados con la providencia
atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que, como ya se dijo,
la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como
lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia
adicional a lo ya surtido.
Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo con
el análisis probatorio realizado por la autoridad cuestionada no habilita para que el juez
constitucional interfiera en la apreciación realizada por la autoridad judi cial, en tanto no
se vislumbra que los argumentos de la solicitud de amparo sean de carácter
constitucional, sino que, se insiste, pretenden reabrir un debate que ya fue zanjado por
el juez de instancia.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 27, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 28.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por lo que procederá a declarar su improcedencia.
27 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
28 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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Accionante: Katherine Moreno Henao
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Katherine
Moreno Henao contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-
Subsección A por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF
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