Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00414-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00414-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00414-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., nueve (09) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00414-01
Accionante: Katherine Moreno Henao
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de protección de los derechos e intereses colectivos. Goce
del espacio público / CONFIRMA IMPROCEDENCIA – No cumple el presupuesto de
relevancia constitucional. Reproches tienen como fin emplear la tutela como una
instancia adicional al proceso ordinario y carecen de la suficiente carga
argumentativa
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 27 de febrero de 2026 por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la
acción de tutela.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 22 de enero de 2026, la señora Katherine Moreno Henao promovió acción de
tutela contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 27 de noviembre de 2025,
emitida dentro del proceso de protección de los derechos e intereses colectivos1 que
instauró contra el Distrito Capital y otros 2 , en particular, la negativa frente a la
cancelación de registro de la Unidad Inmobiliaria demandada en el proceso. Dicho
asunto tenía por objeto obtener la protección de los derechos colectivos al goce del
espacio público y de un ambiente sano, con el fin de que se restituyera el espacio
público del sector ubicado en la calle 189 con la carrera 20A de la Localidad de
1 Expediente 11001-33-35-027-2020-00138-00.
2 Alcaldía mayor de Bogotá, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, alcaldía local de
Usaquén y la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta, Sector Seis, P. H.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00414-01
Accionante: Katherine Moreno Henao
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Usaquén en Bogotá, se reconstruyeran andenes, se le cancelara el registro de la
personería jurídica a dicha unidad inmobiliaria y se le impusieran las multas y
sanciones a que hubiere lugar.
3.
En la providencia acusada se confirmó parcialmente3 la decisión judicial de 18 de
julio de 2025 del Juzgado Veintisiete Administrativo de Bogotá, que accedió de
manera parcial 4 a las pretensiones de la demanda. Se determinó que (i) el
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público tiene relación
directa con el objeto de la acción popular; (ii) las acciones y omisiones en que
incurrieron las entidades demandadas se relacionan con la transgresión al derecho
colectivo al goce del espacio público, mas no al de un ambiente sano y no obra
prueba en el expediente que compruebe su afectación; (iii) no se demostró que la
copropiedad haya demolido, desmantelado o reformado los andenes que se
solicitaron reconstruir; y (iv) no le corresponde al juez de la acción popular disponer
la cancelación del registro de la unidad inmobiliaria demandada.
4.
También señaló que la orden a las entidades distritales tiene fundamento en su
omisión en el ejercicio de las facultades legales conferidas para recuperar el espacio
público ocupado indebidamente por el particular, en este caso, por la unidad
inmobiliaria. Pese a que se han adelantado gestiones para ese fin, no han sido
suficientes. Asimismo, no se desconoce que quien vulnera el derecho colectivo al
goce del espacio público por acción (realizar cerramientos y no cumplir con la orden
impartida en la Resolución 435 de 2023) es la unidad inmobiliaria demandada.
5.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto fáctico, pues se omitió valorar
las escrituras 1350 y 1517 y la resolución 435 de 8 de noviembre de 2023 del
Departamento Administrativo Distrital para la Defensa del Espacio Público, que dan
cuenta que la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta Sector Seis no cumple los
requisitos legales, puesto que carece de licencia de la respectiva curaduría, no define
bienes comunes ni privados y se constituyó para apropiarse de espacio público.
6.
De igual modo, se ignoró la respuesta del subgerente de Catastro Distrital, que
prueba la incongruencia entre los inmuebles que conforman la unidad inmobiliaria y
los que se vincularon en las aludidas escrituras. Es decir, se describen inmuebles
distintos. Ello implica que la unidad inmobiliaria a la que se refiere la Resolución 435
3 Para negar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público e incluir a la Unidad Inmobiliaria demandada, con el fin de que allegara informe
sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas en la decisión adoptada por la Inspección 1 B Distrital de Policía
de Usaquén (ocupación de espacio público), confirmada con Resolución 435 de 2023.
4 Declaró fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento Administrativo
Distrital de Defensoría del Espacio Público; amparó el derecho e interés colectivo al goce del espacio público;
ordenó que el alcalde de Bogotá y el alcalde local de Usaquén adelantaran las actuaciones indispensables para
la restitución del espacio público del sector ubicado en la calle 189 con carrera 20A de la localidad de Usaquén;
constituyó el comité de verificación para que efectúe el seguimiento de la sentencia; y negó las súplicas
relacionadas con la protección del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, la reconstrucción de andenes,
la cancelación del registro de la personería jurídica a la Unidad Inmobiliaria Cerrada Maranta Sector Seis y la
imposición de multas y sanciones a dicha propiedad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00414-01
Accionante: Katherine Moreno Henao
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
es distinta a aquella a la que alude la certificación de la entidad distrital de catastro.
Pese a ello se negó la cancelación del registro irregular.
7.
De igual modo, se configuró en defecto sustantivo, en tanto se inobservó el
artículo 64 de la Ley 675 de 2001 y se incumplió la sentencia C-265 de 2002 de la
Corte Constitucional, que prohíbe la constitución de unidades inmobiliarias cerradas
para apropiarse de vías y espacios públicos.
8.
Asimismo, acaeció defecto “adjetivo” porque se evidencia falta de congruencia
y motivación suficiente en la negativa de cancelar el registro, pese a la acreditación
de irregularidades y vulneración del derecho al espacio público.
9.
También se constituyó una “vía de hecho”, en la medida en que la providencia
se aparta de la Constitución y la ley perpetuando una situación contraria al orden
público y a los derechos colectivos.
B. Sentencia de primera instancia
10.
Mediante sentencia de 27 de febrero de 2026, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el trámite constitucional, al no
superar el presupuesto de relevancia constitucional. Se determinó que el debate
planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez natural de la
causa. No se evidencia que la decisión acusada haya sido dictada en forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan transgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.
11.
En cuanto a la indebida valoración probatoria, se reiteraron los argumentos
expuestos en el trámite de la acción popular, consistente en la omisión de examinar
las escrituras públicas 1350 y 1517, así como la resolución 435 de 8 de noviembre
de 2023 emitida por el DADEP, sin explicar la incidencia de ese material probatorio
en el marco de una acción de esa naturaleza.
12.
La parte actora no tuvo en cuenta que la autoridad accionada le indicó que la
cancelación del registro de la unidad inmobiliaria no era del resorte del juez de la
acción popular, debido a que tal actuación administrativa gozaba de legalidad y debía
ser discutida a través de los mecanismos adecuados, sumado a que no había en el
expediente elementos suficientes que permitieran concluir la procedencia de la
cancelación.
13.
En cuanto a la desatención de la sentencia C-265 de 2002, no se señaló con
claridad cuál fue la regla fijada que se ajustaba al caso concreto, lo cual denota una
carencia argumentativa en ese aspecto.
3
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14.
En conclusión, aunque se invocaron varios defectos, la motivación planteada se
fundamenta en reparos de mera legalidad que no tienen la suficiente entidad para
permitir que el juez constitucional entre a revisar el asunto de fondo.
C. La impugnación
15.
La parte actora adujo que el asunto planteado tiene relevancia constitucional. Se
denuncia que autoridades administrativas y judiciales validan en la práctica la
vigencia de una disposición legal expulsada del ordenamiento jurídico, esto es, el
inciso tercero del artículo 64 de la Ley 675 de 2001, declarado inexequible por la
sentencia C-265 de 2002.
16.
La anterior discusión ha sido reconocida como problemática constitucional en auto
587 de 2019, que se refiere expresamente a una solicitud de cumplimiento de la
aludida sentencia C-265 y a la acusación de desconocimiento de esa inexequibilidad
por parte de la alcaldía local de Usaquén, en un contexto de inscripción/registro y
privatización de vías y espacios públicos.
17.
Además, se desconoce que la afectación en ese caso no es meramente
económica y privada, sino que se controvierten temas relacionados con vías y
espacios públicos.
18.
Advirtió que se señaló expresamente que las pruebas dejadas de valorar
evidencian irregularidad de la unidad inmobiliaria cerrada y su relación con
apropiación/cerramiento de espacio público.
19.
La omisión de ordenar la cancelación del registro de la unidad inmobiliaria cerrada
no es una simple determinación procesal o de competencia, sino que implica la
validación indirecta de una norma inexequible, la perpetuación de una situación
abiertamente inconstitucional, la transformación de una inconstitucionalidad en una
“realidad jurídica aparente” y omisión del deber constitucional de hacer efectiva la
supremacía de la Constitución.
20.
En la acción popular se demostró que la unidad inmobiliaria cerró vías y espacios
públicos, como lo indica la Resolución 435 de 2023 y, aun así, se mantiene el registro
que le da la apariencia de legalidad. Situación que reproduce la conducta que la
Corte Constitucional proscribió.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
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21.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19915.
E. Análisis del caso concreto
22.
La Sala no encuentra que la argumentación desplegada por la tutelante sea
suficiente para tener por satisfecho el presupuesto de relevancia constitucional,
motivo por el cual se confirmará la sentencia impugnada, por las razones que se
exponen a continuación.
23.
Aunque la parte actora invocó algunas causales específicas de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial, los argumentos están dirigidos a que se acoja la
tesis que pregona sobre la manera de decidir lo referente a la solicitud de cancelación
de registro que formuló en el trámite de la acción popular. Ello, por resultarle contrario
a sus intereses el modo en que zanjó esa cuestión la autoridad judicial accionada.
24.
La parte actora advirtió que se omitió valorar las escrituras 1350 y 1517 y la
resolución 435 de 8 de noviembre de 2023 del Departamento Administrativo Distrital
para la Defensa del Espacio Público, que dan cuenta de las irregularidades en el
registro de la unidad inmobiliaria demandada en la acción popular y, con ello, la
procedencia de su cancelación.
25.
La Sala advierte que el anterior reproche más que dirigirse a acreditar la
configuración de un defecto fáctico, tiene como propósito insistir en la imposición del
grado de certeza que se le debió otorgar al mencionado material probatorio, pues
ello fue planteado en el recurso de apelación que interpuso contra el fallo de primera
instancia de la acción popular, sin que se haya destinado razonamiento alguno a
desvirtuar la valoración que sobre aquel efectuó el Tribunal accionado, máxime
cuando, en todo caso, este indicó que para lograr dicha cancelación se debía acudir
al mecanismo idóneo para tal propósito, en la medida en que ello escapaba de la
órbita de competencia del juez de la acción popular.
26.
La autoridad judicial accionada precisó que obraba en el plenario certificación
emitida por el alcalde local de Usaquén, en la que constaba la existencia de un acto
de registro que goza de presunción de legalidad y no reposan elementos suficientes
que permitan concluir sobre la procedencia de la cancelación del registro de que se
trata. En ese sentido, indicó que compartía la determinación del juez de primer grado,
en cuanto a que la orden de cancelar aquel registro no era propia del juez de la
acción popular.
27.
El hecho de que la autoridad judicial no le haya otorgado a los aludidos medios de
convicción el valor probatorio defendido por la parte actora, no implica per se la
5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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configuración de defecto fáctico. Se explicó la razón por la cual no era posible
acceder a la solicitud de cancelación de registro, esto es, que dicho acto de registro
gozaba de presunción de legalidad, por tanto el análisis de si aquel estaba conforme
al ordenamiento jurídico desbordaba la competencia del juez.
28.
Para la Sala la anterior conclusión probatoria no involucra arbitrariedad o capricho
alguno. Aunque el motivo principal de negar la cancelación del registro recae en la
falta de competencia del juez, lo cierto es que la accionante tampoco desvirtuó la
afirmación de la autoridad accionada, según la cual no existían en el expediente
elementos suficientes para soportar la procedencia de dicha cancelación. Si bien
invoca la omisión de examinar dos escrituras y un acto administrativo, no pone de
presente de manera puntual, por qué tales elementos tenían la potencialidad de que
se accediera a su petición, máxime cuando se indicó que aquel gozaba de
presunción de legalidad.
29.
Para acreditar la presunta omisión en la valoración probatoria alegada, no basta
con exponer que no se consideraron unas particularidades que demostraban las
pruebas que no fueron examinadas, pese a que obraban en el expediente. Para tal
efecto, es indispensable acreditar en ese escenario la configuración de algún tipo de
arbitrariedad, la inobservancia de los postulados de la sana crítica o que las
situaciones que no se tuvieron en cuenta tenían la potencialidad de influir de manera
directa en el sentido de la decisión a adoptar sobre el litigio, lo cual no se comprobó
en este asunto constitucional. Ello, por cuanto al juez de tutela le está vedado
arrogarse la competencia de efectuar un ejercicio valorativo sobre los elementos de
convicción o imponer un grado de certeza sobre los mismos, como si se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.
30. Para esta Sala, el hecho de que el Tribunal no se haya referido de manera
expresa a los documentos aludidos por la parte actora para decidir lo atinente a la
viabilidad para cancelar el registro de la Unidad Inmobiliaria accionada, lejos de
comportar defecto fáctico, materializa la autonomía judicial de la que están
revestidas las autoridades judiciales para zanjar las controversias puestas en su
conocimiento, puesto que la autoridad judicial se basó en su falta de competencia
para abordar ese asunto, por ende, no resultaba indispensable estudiar tal
documentación.
31.
En tal sentido, acceder a lo pretendido implicaría invadir la órbita de competencia
del juez natural, como si este escenario constitucional hubiera sido instituido como
una tercera instancia, en el que se valore de nuevo el material probatorio recaudado
para arribar a una conclusión que defina la controversia. Es decir, se avalaría que se
efectúe en sede de tutela un juicio de corrección, pese a que en este escenario se
debe desarrollar uno de validez.
32.
Por otro lado, la tutelante alega, bajo la configuración de defecto sustantivo, que
se inobservaron el artículo 64 de la Ley 675 de 2001 y la sentencia C-265 de 2002
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de la Corte Constitucional, que prohíbe la constitución de unidades inmobiliarias
cerradas para apropiarse de vías y espacios públicos.
33.
Sobre el particular, la Sala considera que la parte actora no despliega la suficiente
carga argumentativa para demostrar la configuración de la mencionada causal
específica de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial en la decisión
judicial censurada. Se limita a invocar una norma y una sentencia presuntamente
desatendidas, sin que se desarrolle la razón por la cual ello transgrede sus derechos
fundamentales.
34.
Tal planteamiento se encamina a que el juez de la acción popular realice un
examen de legalidad a un acto de registro para que se determine su conformidad
con el ordenamiento jurídico, pese a que esa autoridad judicial le señaló que ello
desbordaba su competencia. Además, la parte actora no explica de qué modo la
vigencia del registro de la unidad inmobiliaria demandada impacta de manera
negativa los derechos colectivos cuya salvaguarda pretendía en ese asunto.
35.
Por otro lado, la parte actora alega falta de congruencia y motivación suficiente en
la negativa de cancelar el registro, pero no expone en qué consisten esas falencias.
Solamente indica que se adoptó esa decisión, pese a que se acreditaron
irregularidades y vulneración del espacio público, sin considerar lo que la autoridad
judicial concluyó sobre el particular, es decir, que carecía de competencia para tal
orden, lo cual para la Sala constituye una motivación suficiente y razonable.
36.
Del mismo modo, la parte actora no expone de qué modo el registro de la unidad
inmobiliaria quebrantó el derecho colectivo al espacio público, máxime cuando la
autoridad judicial accedió a su amparo y, de hecho, le ordenó a aquella que informara
sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas en la decisión adoptada por la
Inspección 1 B Distrital de Policía de Usaquén (ocupación de espacio público),
confirmada por la resolución 435 de 2023.
37.
Con base en lo anterior, tampoco se evidencia la suficiente carga argumentativa
en el reproche relativo a que la decisión judicial se aparta de la Constitución y la ley,
al perpetuar una situación contraria al orden público y a los derechos colectivos. La
parte actora se limitó a efectuar dicha afirmación sin desarrollo argumentativo alguno.
Además, como se expuso con antelación, no se indicó en qué sentido la vigencia del
registro tenía la potencialidad de afectar algún derecho colectivo, en particular, el del
goce al espacio público, cuando precisamente sobre este recayó la protección
constitucional otorgada por la autoridad judicial accionada.
38.
Así las cosas, para la Sala las conclusiones a las que arribó el Tribunal accionado
no denotan arbitrariedad alguna ni comportan transgresión a preceptos superiores,
por el contrario, contaron con la debida sustentación normativa, jurisprudencial y
respaldo probatorio.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00414-01
Accionante: Katherine Moreno Henao
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
39.
Por tanto, el hecho de que no se haya zanjado la controversia de manera favorable
a la tutelante, no involucra la afectación constitucional alegada ni la faculta para que
acuda a este mecanismo judicial para imponer el criterio que defiende. No basta para
tal efecto invocar unas causales específicas de procedibilidad de la tutela y derechos
fundamentales que se estiman vulnerados y expresar un desacuerdo con la decisión
judicial atacada.
40.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente el trámite constitucional, al no superarse el requisito de relevancia
constitucional.
41.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, que declaró improcedente
la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Ausente con excusa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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