Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00416-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00416-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00416-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00416-00
Demandante YARLIDIS SARMIENTO DE LA CRUZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN ORAL A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto procedimental
absoluto. Adecuación del medio de control. La subsidiariedad:
medio de control en trámite.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Yarlidis Sarmiento de la Cruz, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 22 de enero de 20261 la señora Yarlidis Sarmiento de la Cruz, actuando por
conducto de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Sala de
Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico, por considerar que el auto
del 19 de enero de 2026, proferido por esa autoridad judicial en el proceso 08001-
33-33-005-2025-00221-00/02, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
«1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia de la parte accionante.
2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico dejar
sin efectos las actuaciones surtidas en segunda instancia, en cuanto dispuso la
adecuación del medio de control, y disponer que el proceso continúe su trámite bajo el
medio de control de reparación directa, conforme a las pretensiones y hechos planteados
en la demanda inicial.».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 1° de octubre de 2025, la señora Yarlidis Sarmiento de la Cruz interpuso
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la ESE
Hospital de Luruaco alegando «la falta de protección, custodia y conservación de
documentos por parte de la E.S.E. Hospital de Luruaco, circunstancia que dio lugar a la
terminación del contrato de la tutelante».
En el acápite de «fundamentos de la responsabilidad» de la demanda de reparación
directa, se indicó que: «el actuar negligente de la entidad contratante [...] frustró la
ejecución efectiva del contrato, privando a la actora de su legítima expectativa de generar
1
Samai, índice 2.
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Página 3 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
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Demandante: Yarlidis Sarmiento de la Cruz
ingresos mediante la prestación de los servicios contratados, conforme a los honorarios
pactados. En consecuencia, se produce un daño real, concreto y antijurídico, representado en
la pérdida de oportunidad contractual»3.
2.2. El asunto fue asignado al conocimiento del Juzgado Quinto Administrativo de
Barranquilla que, en auto del 15 de octubre de 2025, rechazó de plano la
demanda por considerar que operó la caducidad del medio de control. Esta
decisión fue recurrida en reposición y en subsidio apelación por la parte actora.
2.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en auto del 4 de noviembre de 2025,
declaró la nulidad de la providencia que concedió el recurso de apelación y
ordenó al juzgado que resolviera el recurso de reposición formulado por la
demandante.
2.4. En auto del 9 de diciembre de 2025, el juez decidió no reponer la decisión de
caducidad de la acción, por lo que concedió el recurso de apelación y ordenó
la remisión del expediente al superior para lo de su cargo.
2.5. En auto del 19 de enero de 2026, el ad quem declaró la nulidad de lo actuado
a partir del auto del 15 de octubre de 2025 que rechazó la demanda y ordenó
adecuar la demanda al medio de control de controversias contractuales.
Como fundamento de esta determinación indicó que la discusión planteada en
la demanda se enmarca en una controversia de naturaleza contractual, pues
el daño cuya indemnización se pretende deriva directamente del alegado
desconocimiento o incumplimiento de un contrato estatal, presuntamente
celebrado el 2 de enero de 2023 entre la demandante y la entidad demandada,
así como de las consecuencias económicas asociadas a la imposibilidad de
su ejecución.
Se extracta el siguiente aparte de la providencia:
«En efecto, el núcleo del reproche formulado por la demandante gira en torno a la existencia
del contrato, su ejecución inicial, la posterior imposibilidad de continuar desarrollándolo y el no
pago de los honorarios pactados, aspectos que se relacionan de manera inmediata con la
relación jurídica contractual y con los efectos derivados de su eventual desconocimiento por
parte de la entidad demandada, lo cual, conforme al diseño del CPACA, debe ventilarse a
través del medio de control de controversias contractuales previsto en el artículo 141 (…)».
Aclaró que no desconoce que el caso tiene particularidades como la alegada
omisión de publicación del contrato en el SECOP, pero estimó que
precisamente se trata de circunstancias que se subsumen en el ámbito del
incumplimiento contractual comoquiera que con fundamento en ellas la entidad
desconoce la existencia de la relación contractual.
Finalmente, advirtió que existe otro proceso con las mismas partes que cursa
en el Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla bajo la radicación 08001-
33-33-010-2023 00360-00, circunstancia que debía ser considerada por el a
quo al momento de adoptar las decisiones correspondientes.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante alega la concreción de un defecto procedimental en el auto del
19 de enero de 2026, porque estima que la orden de adecuar el medio de control al
de controversias contractuales desconoce el marco de la litis propuesta.
Resaltó que las pretensiones de la demanda no se orientan a la ejecución,
incumplimiento, liquidación o declaratoria de un contrato estatal ni al reconocimiento
de las prestaciones de este derivado, sino que estructura la responsabilidad
extracontractual derivada de la omisión en el cumplimiento del deber de
3
Expediente digitalizado del proceso ordinario nro. 08001333300520250022100, archivo denominado «01 Demanda
Reparación Directa», página 6.
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Demandante: Yarlidis Sarmiento de la Cruz
conservación y custodia de documentos públicos. Dijo que este error de la
Administración le causó un daño consistente la afectación de su experiencia laboral,
la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato y la terminación del vínculo
contractual como efecto del defectuoso funcionamiento de la administración. Así,
estima que los perjuicios reclamados no derivan de prestaciones contractuales, sino
de daños autónomos derivados de una falla en el servicio.
Agregó que, aunque el artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA) faculta al juez para adecuar la demanda,
en este caso el medio de control de reparación directa era el idóneo de acuerdo con
los hechos y pretensiones de la demanda, por lo que el tribunal accionado desbordó
sus facultades al emitir el auto del 19 de enero de 2026.
Como fundamento de su solicitud, relacionó la sentencia del 14 de julio de 2023,
emitida en el proceso 25000-23-26-000-2012-00835-01 (53300), por el magistrado
Fredy Ibarra Martínez, en la que según indica, se precisó que el medio de control
de reparación directa es adecuado cuando el perjuicio que se reclama deriva de una
actuación u omisión administrativa autónoma, aunque los hechos se desarrollen en
un entorno contractual. Recordó que el extravío o pérdida de documentos puede
generar responsabilidad patrimonial del Estado, ya sea por el defectuoso
funcionamiento de la administración o por el incumplimiento del deber legal de
archivo.4
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 2 de enero de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela interpuesta por Yarlidis Sarmiento de la Cruz, quien actúa a través
de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral A. Además, vinculó, en calidad de tercero con interés, al
Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla, a quien también ofició para que
remitiera en medio digital el expediente del proceso ordinario 08001-33-33-005-
2025-00221 00/02.
4.2. El Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla remitió el enlace para
acceder al expediente digitalizado del proceso ordinario 08001-33-33-005-
2025-00221-00.
4.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, por
conducto de la magistrada ponente de la providencia cuestionada, expresó
que del escrito de la demanda, que calificó como confuso, se desprendía que
la responsabilidad cuya declaratoria pretendía derivaba de los perjuicios que
le fueron causados como consecuencia del desconocimiento del contrato de
prestación de servicios, así como por la omisión de la ESE demandada en el
cumplimiento de su deber de conservación documental y publicación del
contrato, circunstancias que en consideración de la actora se tradujeron en la
pérdida de la oportunidad de recibir el pago de los honorarios pactados en el
contrato. En ese contexto, precisó en el auto acusado que el debate en
realidad se enmarcaba en una controversia de naturaleza contractual.
Consideró pues que en el auto acusado se expusieron las razones suficientes
por las que se concluyó que la demanda de la parte actora debía tramitarse
bajo el medio de control de controversias contractuales.
En todo caso, con la advertencia de que existe otro proceso fundado en los
mismos hechos y entre las mismas partes que fue adecuado al medio de
control de controversias contractuales dentro del que podría incluirse la
reparación del daño aquí alegado (radicación 08001-33-33-010-2023 00360-00), sin
que sea admisible acudir a un medio de control diferente para ventilar
4
«Consejo de Estado, sentencia del 11 de octubre de 2021, proceso rad. 73001-23-31-000-2011-00358-01 (44538)»
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pretensiones que tienen la misma fuente del daño y que podrían derivar una
doble indemnización.
Agregó que en el escrito de demanda la propia parte estructuró la imputación
en la existencia del contrato, su frustrada ejecución y la omisión de pago de
los honorarios pactados.
En esa vía reclamó como perjuicios 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes (SMMV) a título de daño moral y el pago del valor del contrato por la
suma de $17.160.000. De esta manera, estima evidente que el origen del
perjuicio alegado es la relación contractual, su existencia y ejecución, lo que,
reitera, es propio del medio de control de controversias contractuales.
Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6
y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional8 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
5
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
6
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
7
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
8
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra una
providencia judicial, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si la acción de tutela
supera el examen general de procedibilidad.
En caso de superar dicho examen, el problema jurídico se concentrará en establecer
si la Sala Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en defecto
procedimental al proferir la providencia del 19 de enero de 2026 en el proceso
ordinario 08001-33-33-005-2025-00221 00/02.
4. Análisis del presupuesto de la subsidiariedad cuando la acción de tutela
se interpone contra un auto interlocutorio de un proceso en curso
4.1. Dada su naturaleza subsidiaria, la acción de tutela sólo puede utilizarse
cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos
fundamentales. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el
interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía
a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
No obstante lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha precisado que bajo
ciertas circunstancias el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela
puede llegar a tener algunas excepciones.
En efecto, en Sentencia SU-263 de 20159 precisó que eso puede ocurrir «(i)
Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y eficaces
para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando tales medios de
defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de
protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales y (iii) Cuando
el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad,
personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas,
etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de
tutela.»10
4.2. Ahora bien, al estudiar el requisito de subsidiariedad en materia de tutela
contra providencias judiciales, pueden presentarse dos escenarios: (i) que el
proceso judicial haya concluido o (ii) que aún se encuentre en curso, como
ocurre en este caso. En principio, cuando el proceso está en trámite, la
intervención del juez de tutela es aún más restrictiva en virtud del principio de
subsidiariedad, según el cual la tutela no es un mecanismo alternativo ni
paralelo a los medios ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico11.
La Corte Constitucional12 ha manifestado que las razones que explican esta
procedencia excepcionalísima, en el caso de los actos interlocutorios cuando
el proceso está en curso, son las siguientes: (i) que no se trata de providencias
judiciales definitivas; (ii) los sujetos procesales tienen la posibilidad de
controvertir las decisiones a través de los mecanismos que disponga la ley
para tal fin; además (iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final.
Por lo anterior, procederá de manera excepcionalísima la acción de tutela,
aunque el proceso judicial esté en curso, cuando: la protección de los
derechos presuntamente conculcados no se pueda procurar a través de otros
medios de defensa y se hubieren ejercido los recursos ordinarios procedentes
contra la decisión que se ataca; cuando a pesar de existir otros mecanismos
de defensa judicial estos no son idóneos; y/o cuando la protección
constitucional es urgente para evitar la configuración de un perjuicio
9
Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012 de 2003.
10
Corte Constitucional. Sentencia SU- 263 de 2015.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-126 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-511 de 2020. M.P. Richard S. Ramírez Grisales.
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irremediable. Adicionalmente, cuando se alega una irregularidad procesal, es
necesario que la decisión cuestionada sea determinante en el proceso y con
potencialidad de trasgredir los derechos fundamentales de las partes e
intervinientes.
En efecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia SU388 de 2021, indicó:
«(…) uno de los escenarios en los cuales podría resultar procedente la acción de tutela
interpuesta contra autos interlocutorios de procesos en curso, se da cuando la decisión
cuestionada es de una manifiesta importancia de cara al trámite judicial en curso y, por tanto,
tiene una naturaleza determinante dentro del mismo, con la potencialidad de trasgredir
derechos fundamentales de las personas involucradas.»
4.3. Recuérdese que, a juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo del
Atlántico vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia al emitir el auto del 19 de enero de 2026 en el
que declaró la nulidad de lo actuado en el proceso de reparación directa y
ordenó la adecuación del medio de control al de controversias contractuales
atendiendo al análisis de los hechos y pretensiones del escrito de demanda.
Esta Sala observa que en la providencia cuestionada se indicó que la demanda
no corresponde al medio de control de reparación directa, sino que se trata de
un litigio de naturaleza contractual, comoquiera que el daño reclamado deriva
del alegado incumplimiento del contrato celebrado el 2 de enero de 2023 entre
la actora y la ESE Hospital de Luruaco y de la omisión en el pago de los
honorarios pactados. Por ello, declaró que el asunto debía tramitarse a través
del medio de control de controversias contractuales.
Asimismo, en la providencia se señaló que, aunque la demanda fue
presentada en ejercicio de un medio de control inidóneo, le correspondía al
juez adecuar el medio de control en aplicación del artículo 171 del CPACA y,
ante esa omisión, declaró la nulidad de lo actuado y ordenó el a quo dar al
proceso el trámite que corresponde, dada la naturaleza contractual del litigio.
Finalmente, indicó que existe otro proceso identificado con la radicación 08001-
33-33-010-2023 00360-00, con supuestos similares que debería ser considerado
por el juez para evaluar una posible acumulación.
Conforme a lo anterior, en el histórico de actuaciones del proceso de primera
instancia se observa que el 3 de febrero de 202613 se emitió auto de obedecer
y cumplir lo dispuesto por el superior en el auto acusado. Posteriormente, el
juzgado emitió proveído del 10 de febrero14 en el que ofició al Juzgado 10°
Administrativo del Circuito de Barranquilla para que de manera urgente
informara la etapa procesal del asunto con radicado 08001-33-33-010-2023-
00360-00, que cursa en ese despacho y que remitiera el enlace para acceder
al expediente digital a efectos de surtir la corroboración sugerida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
4.4. En ese contexto, la Sección estima que la acción de tutela de la referencia no
supera el requisito de subsidiariedad, pues cuestiona una providencia judicial
proferida dentro de un proceso que aún se encuentra en curso, escenario en
el cual el actor dispone de las etapas propias del procedimiento contencioso
administrativo para ejercer plenamente su derecho al debido proceso. En tal
sentido, la intervención del juez constitucional resultaría prematura y supondría
una intromisión indebida en la órbita de competencia del juez natural de la
causa, cuando el trámite apenas está en una fase inicial.
Adicionalmente, no se advierte la concreción de un perjuicio irremediable que
comprometa la vulneración de los derechos fundamentales de la señora
Sarmiento de la Cruz y que justifique la intervención del juez de tutela en un
13
Samai para juzgados administrativos, proceso nro. 08001333300520250022100, índice 15.
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Samai para juzgados administrativos, proceso nro. 08001333300520250022100, índice 17.
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proceso judicial en curso, máxime cuando en el escrito de amparo no se
expone argumento alguno encaminado a demostrar su existencia.
Se observa además, que la accionante ha promovido dos procesos ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo contra la misma autoridad y con
fundamento en similares supuestos fácticos, en los que solicitó los mismos
conceptos indemnizatorios.
En el proceso objeto de análisis reclamó, por concepto de perjuicio material,
la suma de $17.160.000, correspondiente al valor del contrato que no fue
posible ejecutar, así como 100 SMLMV por daño moral15. A su vez, en el medio
de control con radicado 08001-33-33-010-2023-00360-00 (advertido en el auto
acusado) iniciado como nulidad y restablecimiento del derecho y posteriormente
adecuado al de controversias contractuales se presentaron pretensiones
sustancialmente idénticas 16 : $17.160.000, por daño material derivado del
«contrato de prestación de servicios profesionales» y de 100 SMLMV por daño moral.
Así las cosas, no se evidencia la concreción de un perjuicio irremediable, pues
actualmente cursan dos procesos ordinarios (cuya eventual acumulación está
pendiente de análisis) en los cuales la demandante puede controvertir la
responsabilidad del Estado por los perjuicios alegados.
En consecuencia, la adecuación del medio de control no comporta un perjuicio
inminente ni irremediable, dado que la accionante conserva la posibilidad de
procurar la protección de sus derechos fundamentales y la indemnización
pretendida dentro del trámite ordinario en curso.
Sobre las características del perjuicio irremediable, la Corte Constitucional, en
la sentencia T-149 de 2022, señaló que: «(i) debe ser inminente, es decir, que se trate
de una amenaza que está por suceder prontamente;(ii) debe ser grave, esto es, que el daño
o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii)
las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable deben ser urgentes; y (iv)
la acción de tutela debe ser impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad».
Para esta Sección no se acreditó circunstancia de urgencia, inminencia, o
gravedad que dé cuenta de la concreción de un perjuicio irremediable que
haga necesaria la intervención del juez constitucional, por lo que se declarará
la improcedencia de la acción de tutela por incumplir el presupuesto de
subsidiariedad.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de la acción de tutela de
la referencia, por no satisfacer a cabalidad los requisitos generales de procedencia
de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales, concretamente el
de la subsidiariedad, por encontrarse el respectivo medio de control en trámite.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Yarlidis Sarmiento de la Cruz, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
15
Página 7 de la demanda. Expediente digitalizado del proceso ordinario nro. 08001333300520250022102
16
Samai para juzgados administrativos, proceso nro. 08-001-33-33-010-2023-00360-00, índice 5 (páginas 28 y 29).
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Demandante: Yarlidis Sarmiento de la Cruz
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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