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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00416-01

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00416-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de marzo de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00416-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

8 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00416-01
Accionante: YARLIDIS SARMIENTO DE LA CRUZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela – Improcedencia por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad – Proceso ordinario en curso.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de impugnación promovido por Yarlidis Sarmiento de la
Cruz contra la sentencia del 5 de marzo de 2026, mediante la cual la Sección Cuarta
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, por falta del
cumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y
el Acuerdo 080 de 2019.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 22 de enero de 20261, a través de apoderado judicial, la señora Yarlidis
Sarmiento de la Cruz presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia.

Hechos relevantes

2. El 1º de octubre de 2025, la parte actora, por conducto de apoderado judicial,
promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa2 contra
la E.S.E. Hospital de Luruaco (Atlántico), por la presunta omisión en los deberes de
protección, custodia y conservación de documentos. En consecuencia, solicitó que
se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad, y se le
condene al pago de perjuicios materiales y morales, incluidos los derivados de la

1
Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
viernes, 23 de enero de 2026 con secuencia: 579”.
2
Proceso identificado bajo el radicado: 08001-33-33-005-2025-00221-00/01/02.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00416-01
Accionante: Yarlidis Sarmiento de la Cruz
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

afectación a bienes constitucionalmente protegidos, debidamente actualizados
conforme al índice de precios al consumidor, así como al pago de costas3.
3. A través de auto del 15 de octubre de 20254, el Juzgado Quinto (5º) Administrativo
de Barranquilla rechazó de plano la demanda por considerar configurada la
caducidad del medio de control. Frente a la anterior decisión, la actora del proceso
ordinario interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación5.

4. El recurso de apelación fue asignado al Tribunal Administrativo del Atlántico que,
en la providencia del 4 de noviembre de 20256, declaró la nulidad del auto de 27 de
octubre de 2025 mediante el cual se concedió el recurso de apelación y ordenó al
juzgado de origen que, dentro del término legal, subsanara las irregularidades
advertidas y emitiera el pronunciamiento de fondo respecto del recurso de
reposición formulado por la parte actora.

5. Por medio de auto del 9 de diciembre de 20257, el juzgado resolvió no reponer el
auto del 15 de octubre de 2025, por lo que concedió ante el Tribunal Administrativo
del Atlántico el recurso de apelación contra el auto del 15 de octubre de 2025, por
medio del cual se rechazó de plano la demanda por caducidad del medio de control
de reparación directa.

6. Mediante auto del 19 de enero de 20268, el Tribunal Administrativo del Atlántico
declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto del 15 de octubre de 2025, mediante
el cual el Juzgado Quinto (5) Administrativo de Barranquilla rechazó de plano la
demanda de reparación directa, y ordenó adecuarla al medio de control de
controversias contractuales previsto en el artículo 141 del CPACA, conforme a la
naturaleza del litigio, los hechos y las pretensiones formuladas. En consecuencia,
dispuso devolver el expediente al juzgado de origen.

7. El Tribunal consideró que la controversia no correspondía al medio de control de
reparación directa, sino a una disputa de carácter contractual, dado que el daño
alegado se deriva del presunto incumplimiento del contrato celebrado el 2 de enero
de 2023 entre la demandante y la E.S.E. Hospital de Luruaco, particularmente por
la imposibilidad de su ejecución y el no pago de los honorarios pactados. Precisó
que aspectos como la no publicación del contrato en el SECOP se enmarcan en el
incumplimiento contractual y sustentan la reclamación de perjuicios, propia de este
medio de control. En tal sentido, concluyó que la falta de adecuación de la demanda

3
Índice electrónico 02 de SAMAI del Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla.
1Radicacionoae_DemandaReparacionDir(.pdf) NroActua 2. proceso identificado bajo el radicado
08001-33-33-005-2025-00221-00.
4
Índice electrónico 03 de SAMAI del Juzgado Quinto (05) Administrativo de Barranquilla.
3Autorechazade_CaducidadRechazadePl(.pdf) NroActua 3.
5
Índice electrónico 05 de SAMAI del Juzgado Quinto (05) Administrativo de Barranquilla.
6
Índice electrónico 02 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Atlántico.
1Autodecide_autodecid_00520250022101Ordena(.pdf) NroActua 2. Proceso identificado bajo el
radicado: 08001333300520250022101.
7
Índice electrónico 011 de SAMAI del Juzgado Quinto (05) Administrativo de Barranquilla.
7Autoniegarepo_NoReponeConcedeApela(.pdf) NroActua 11. Proceso identificado bajo el radicado:
08001333300520250022100.
8
Índice electrónico 03 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Atlántico.
2Autodecideape_recurso_00520250022102Nulida(.pdf) NroActua 3. Proceso identificado bajo el
radicado 08001333300520250022102.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00416-01
Accionante: Yarlidis Sarmiento de la Cruz
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

constituía una irregularidad procesal que afectaba el debido trámite del proceso, lo
que hacía procedente la nulidad.

8. Finalmente, advirtió la existencia de otro proceso con supuestos similares entre
las mismas partes, lo cual deberá ser valorado por el juzgado de origen para efectos
de una eventual acumulación.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La parte tutelante sostuvo que el Tribunal Administrativo incurrió en un defecto
procedimental al proferir el auto del 19 de enero de 2026, mediante el cual ordenó
la adecuación de la demanda al medio de control de controversias contractuales,
pese a que las pretensiones formuladas no se orientan a la declaratoria, ejecución
o incumplimiento de un contrato estatal, conforme al artículo 141 del CPACA.

10. Afirmó que la demanda se fundamenta en la responsabilidad extracontractual
del Estado, derivada de la omisión en el deber legal de custodia y conservación de
documentos públicos, previsto en la Ley 594 de 2000. En su criterio, el daño alegado
—consistente en la pérdida de documentos, la afectación de su experiencia laboral
y la terminación del vínculo contractual— no proviene de un incumplimiento
contractual, sino de una falla del servicio administrativo, lo que hace procedente el
medio de control de reparación directa, en los términos del artículo 140 del CPACA
y del artículo 90 de la Constitución Política. En ese contexto, señaló que la facultad
de adecuación prevista en el artículo 171 del CPACA no resulta aplicable, en tanto
la acción ejercida era jurídicamente idónea, por lo que su aplicación desborda el
marco legal y altera su derecho de acceso a la administración de justicia.

11. Finalmente, expresó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado,
la elección del medio de control depende de la naturaleza del daño y su causa, no
de la mera existencia de una relación contractual. En consecuencia, consideró que
la decisión del Tribunal configura un defecto procedimental que vulnera sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

Pretensiones

12. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, la actora formuló las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la parte accionante. 2. Como consecuencia de lo
anterior, ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico dejar sin efectos las
actuaciones surtidas en segunda instancia, en cuanto dispuso la adecuación del
medio de control, y disponer que el proceso continúe su trámite bajo el medio
de control de reparación directa, conforme a las pretensiones y hechos
planteados en la demanda inicial”9.

9
Índice electrónico 02 de SAMAI. 4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00416-01
Accionante: Yarlidis Sarmiento de la Cruz
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Trámite en primera instancia

13. Mediante auto del 27 de enero de 202610, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado admitió la presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar al
Tribunal Administrativo del Atlántico, así como en calidad de tercero con interés,
dispuso comunicar al Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla (autoridad que
conoce en primera instancia en el proceso 08001-33-33-005-2025-00221-00/01),
remitiéndose copia de la demanda y de los anexos.

Intervenciones

14. El Juzgado Quinto (05) Administrativo de Barranquilla11 allegó el enlace del
expediente identificado bajo el radicado 08001-33-33-005-2025-00221-00.

15. El Tribunal Administrativo del Atlántico12 sostuvo que no se vulneraron los
derechos fundamentales invocados, pues la decisión de adecuar la demanda al
medio de control de controversias contractuales estuvo debidamente
fundamentada.

16. Indicó que, contrario a lo afirmado por la accionante, la demanda no planteaba
de manera clara una responsabilidad extracontractual. Por el contrario, de los
hechos y pretensiones —aunque expuestos de forma confusa— se desprendía que
el daño alegado provenía del presunto incumplimiento del contrato de prestación de
servicios suscrito con la E.S.E. Hospital de Luruaco, así como de la omisión en sus
deberes de conservación y publicación documental, lo que habría generado la
pérdida de oportunidad de recibir los honorarios pactados.

17. En ese contexto, el Tribunal precisó que la controversia no correspondía al
medio de control de reparación directa, sino a una de naturaleza contractual, dado
que el perjuicio reclamado se derivaba directamente de la existencia, ejecución y
eventual incumplimiento del contrato estatal celebrado el 2 de enero de 2023.

18. Asimismo, advirtió la existencia de otro proceso en curso ante el Juzgado
Décimo Administrativo de Barranquilla, en el que se ventilan los mismos hechos
bajo el medio de control de controversias contractuales, escenario en el cual podía
reclamarse la indemnización pretendida, evitando así el riesgo de una doble
reparación.

19. Finalmente, reiteró que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
procedencia del medio de control no depende de la elección del demandante, sino
del origen del daño y de la finalidad de las pretensiones. En este caso, ambos
elementos se encontraban claramente vinculados a la relación contractual, lo que
justificaba la adecuación realizada.

10
Índice electrónico 04 de SAMAI. 5Autoqueadmite_520260041600YARLIDIS(.pdf) NroActua 4.
11
Índice electrónico 011 de SAMAI. 6_MemorialWeb_Otro-REMISIONEXPEDIENTE(.pdf) NroActua
11.
12
Índice 013 de SAMAI. 14_MemorialWeb_Respuesta-InformeTutela000202(.pdf) NroActua 13.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00416-01
Accionante: Yarlidis Sarmiento de la Cruz
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

20. En virtud de lo anterior, se solicitó declarar improcedente la acción de tutela, por
cuanto no se configuran los presupuestos establecidos por la jurisprudencia para su
procedencia contra providencias judiciales.

Sentencia de primera instancia13

21. Mediante Sentencia del 5 de marzo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de
subsidiariedad. Consideró que la solicitud cuestiona una providencia judicial dictada
dentro de un proceso aún en curso, en el cual la accionante dispone de los
mecanismos propios del trámite contencioso administrativo para ejercer su derecho
al debido proceso, por lo que la intervención del juez constitucional resultaría
prematura e implicaría una indebida intromisión en la competencia del juez natural.

22. Asimismo, la Sección advirtió que no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara la intervención excepcional del juez de tutela, pues no
se expusieron argumentos dirigidos a demostrar su configuración. Por el contrario,
evidenció que la accionante ha promovido dos procesos ordinarios contra la misma
autoridad demandada, con pretensiones sustancialmente idénticas —relativas al
reconocimiento de perjuicios materiales por $17.160.000 y morales por 100
SMLMV—, lo que demuestra que cuenta con vías judiciales idóneas para
controvertir la responsabilidad estatal.

23. En ese contexto, concluyó que la adecuación del medio de control no configura
un daño inminente, grave o urgente, y que la accionante puede obtener la protección
de sus derechos y la indemnización pretendida dentro de los procesos ordinarios en
curso, incluso susceptibles de acumulación. En consecuencia, al no acreditarse los
presupuestos del perjuicio irremediable —inminencia, gravedad, urgencia e
impostergabilidad—, se declaró la improcedencia de la acción de tutela.

Impugnación14

24. La tutelante manifestó que la sentencia impugnada incurrió en un error
sustancial y procedimental, al aplicar de manera incorrecta el principio de
subsidiariedad. Señaló que no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial
idóneo ni eficaz para controvertir la decisión que ordenó adecuar la demanda, por
cuanto esta fue proferida en segunda instancia al resolver el recurso de apelación,
lo que agotó la vía ordinaria e impide la interposición de recursos adicionales. En
consecuencia, sostuvo que la acción de tutela sí cumple con el requisito de
subsidiariedad.

25. Además, indicó que la decisión cuestionada desconoce la naturaleza de las
pretensiones formuladas, pues la demanda de reparación directa se dirigía a
obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados por la pérdida de

13
Índice electrónico 017 de SAMAI. 25Sentenciadepr_20250026300PROYECTOF(.pdf) NroActua
17.
14
Índice electrónico 022 de SAMAI. 19_MemorialWeb_Alegatos-impugnciontutelaY(.pdf) NroActua
22.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00416-01
Accionante: Yarlidis Sarmiento de la Cruz
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

documentos que la entidad tenía el deber de custodiar, situación que derivó en la
terminación del contrato e impidió acreditar su experiencia laboral.

26. Agregó que, si bien promovió previamente un medio de control de controversias
contractuales, sus pretensiones fueron negadas precisamente por la ausencia de
los documentos extraviados bajo custodia de la entidad. A su juicio, esta
circunstancia fundamenta la actual reclamación por defectuoso funcionamiento de
la administración, en tanto la pérdida documental le generó un perjuicio directo e
impidió el ejercicio efectivo de sus derechos.

27. Finalmente, afirmó que la providencia impugnada desconoce las
particularidades del caso concreto y aplica de manera restrictiva el principio de
subsidiariedad, lo que vulnera su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Por ello, solicitó revocar la decisión impugnada y, en su
lugar, conceder el amparo solicitado.

CONSIDERACIONES

Competencia

28. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

29. La Sala debe determinar, en primer lugar, si la acción de tutela satisface el
requisito general de subsidiariedad cuando se dirige contra un auto interlocutorio
proferido dentro de un proceso judicial en curso. Solo en caso de responder
afirmativamente la anterior incógnita, en segundo lugar, examinará si el Tribunal
Administrativo del Atlántico vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia.

30. Para abordar el estudio de los problemas jurídicos planteados, la Sala
desarrollará la siguiente ruta de análisis: (i) reiterará la jurisprudencia relativa al
principio de subsidiariedad como exigencia de procedibilidad de la acción de tutela;
(ii) examinará la aplicación del principio de subsidiariedad en casos en los que el
proceso judicial se encuentra en curso y se debían agotar los mecanismos
ordinarios para oponerse al proceso judicial; y (iii) realizará el análisis del caso
concreto.

Principio de Subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de
Tutela

31. La jurisprudencia constitucional ha manifestado, que la acción de tutela es un
mecanismo excepcional para proteger derechos fundamentales. Su finalidad es
brindar una respuesta inmediata y eficaz cuando dichos derechos resultan

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00416-01
Accionante: Yarlidis Sarmiento de la Cruz
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

vulnerados o amenazados. Sin embargo, esta herramienta sólo puede utilizarse en
situaciones específicas, toda vez que no reemplaza los procesos judiciales
ordinarios15.

32. En efecto, la tutela tiene un carácter subsidiario y residual, lo que significa que
sólo procede cuando no existe otro medio judicial de defensa, o cuando a pesar de
existir, estos no sean lo suficientemente eficaces para evitar un perjuicio
irremediable. Así lo establece el artículo 86 de la Constitución, al indicar que este
mecanismo de amparo constitucional sólo es procedente si no hay otro mecanismo
judicial disponible, o si se usa como una medida temporal para prevenir un daño
irreparable.

33. Por esta razón, la tutela no puede utilizarse como una vía adicional o
complementaria de los procesos ya previstos por la ley. Tampoco está diseñada
para reabrir debates ya resueltos por otras jurisdicciones, ni para evadir los recursos
o etapas propias de los procesos ordinarios. En otras palabras, la acción de tutela
no sustituye los mecanismos judiciales establecidos, ni puede convertirse en una
herramienta para reabrir discusiones que ya fueron decididas por los jueces
competentes16.

Improcedencia de la tutela por subsidiariedad en procesos judiciales en curso

34. La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela no puede
emplearse como un mecanismo alternativo o concurrente para resolver
controversias jurídicas que deben ventilarse dentro del proceso ordinario, mientras
este aún se encuentra en curso. Solo en caso de un perjuicio irremediable procede
una intervención excepcional del juez constitucional. Incluso una vez finalizado el
proceso, resulta necesario interponer y agotar los recursos previstos por el
ordenamiento jurídico antes de acudir a esta vía excepcional17.

35. En ese sentido, la Corte ha identificado tres situaciones específicas que hacen
improcedente la acción de tutela18. En particular, cuando: “i) el asunto está en
trámite; ii) el actor no ha agotado los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios para oponerse al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso
de amparo constitucional para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear
los recursos previstos en el ordenamiento jurídico”19.

36. En definitiva, cuando el ordenamiento jurídico ofrece mecanismos adecuados
de defensa, y el proceso judicial se encuentra activo o ha culminado sin que la parte
interesada los haya utilizado, la tutela no puede fungir como atajo para corregir
errores procesales ni para reabrir oportunidades perdidas. El juez constitucional, en
armonía con el principio de subsidiariedad, debe preservar la autonomía de las

15
Sentencias SU-712 de 2013 y T-022 de 2017.
16
Sentencias SU-037 de 2009, T-565 de 2009 y T-520 de 2010.
17
Sentencia T-335 de 2018.
18
Sentencia T-016 de 2022.
19
Ibid.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00416-01
Accionante: Yarlidis Sarmiento de la Cruz
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

jurisdicciones ordinarias y evitar que la tutela se transforme en una vía paralela que
desdibuje las reglas del debido proceso.

Análisis del caso concreto

37. La parte actora cuestionó por vía de tutela el auto del 19 de enero de 2026,
mediante el cual el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de lo
actuado en el proceso de reparación directa y ordenó adecuar la demanda al medio
de control de controversias contractuales. Para el Tribunal, de los hechos y
pretensiones se desprendía que el daño reclamado tenía origen en el presunto
incumplimiento del contrato celebrado entre la accionante y la ESE Hospital de
Luruaco, así como en el no pago de los honorarios pactados, por lo que
correspondía aplicar el artículo 171 del CPACA y dar al proceso el trámite adecuado.
Además, advirtió la existencia de otro proceso con supuestos fácticos similares,
para que el juez de origen valorara una eventual acumulación.

38. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; y, en segundo
lugar, verificará el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

39. La señora Yarlidis Sarmiento de la Cruz cuenta con legitimación en la causa por
activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya
vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada
por la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, providencia
que, según afirma, transgredió sus garantías constitucionales.

40. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, autoridad judicial que emitió la providencia a la que se
les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales reclamados por la
accionante.

Subsidiariedad

41. La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad, por cuanto la controversia planteada por la parte actora se origina
en el marco de un proceso judicial que actualmente se encuentra en curso,
escenario natural en el que puede hacer valer sus pretensiones y controvertir las
actuaciones adoptadas por la autoridad judicial accionada.

42. En efecto, en el proceso de primera instancia se advierte que, el 3 de febrero de
202620, se profirió auto mediante el cual se dispuso a obedecer y cumplir lo
ordenado por el superior en la providencia cuestionada. Posteriormente, mediante
proveído del 10 de febrero del presente año21, el juzgado ofició al Juzgado Décimo

20
Índice electrónico 015 de SAMAI del Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla.
8Autoobedezcase_ObedezcaseDeclaraNul(.pdf) NroActua 15.
21
Índice electrónico 017 de SAMAI del Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla.
.9Autorequiere_RequiereJuzg08001333(.pdf) NroActua 17.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00416-01
Accionante: Yarlidis Sarmiento de la Cruz
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

(10) Administrativo del Circuito de Barranquilla para que informara, con carácter
urgente, la etapa procesal del asunto radicado 08001-33-33-010-2023-00360-00 y
remitiera el enlace de acceso al expediente digital, con el fin de verificar la eventual
acumulación sugerida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

43. En ese contexto, la Sección concluye que la acción de tutela no satisface el
requisito de subsidiariedad, por cuanto controvierte una providencia judicial dictada
dentro de un proceso aún en curso, en el que la actora dispone de los mecanismos
propios del trámite contencioso administrativo para ejercer su derecho al debido
proceso. En consecuencia, la intervención del juez constitucional resultaría
prematura e implicaría una indebida intromisión en la competencia del juez natural,
máxime cuando el proceso se encuentra en etapa inicial.

44. Además, se advierte que la accionante promovió dos procesos ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo contra la misma autoridad, con
fundamento en supuestos fácticos similares y con pretensiones indemnizatorias
coincidentes, lo que evidencia la existencia de escenarios judiciales ordinarios
activos. En el proceso objeto de estudio reclamó22, por concepto de perjuicio
material, la suma de $17.160.000, correspondiente al valor del contrato que no pudo
ejecutarse, así como 100 SMLMV por daño moral. De igual forma, en el proceso
identificado con radicado 08001-33-33-010-2023-00360-0023 —inicialmente
tramitado como nulidad y restablecimiento del derecho y luego adecuado al medio
de control de controversias contractuales— formuló pretensiones sustancialmente
iguales: $17.160.000 por daño material derivado del contrato de prestación de
servicios profesionales y 100 SMLMV por perjuicios morales.

45. Por otro lado, la Sala no advierte la configuración de un perjuicio irremediable
que habilite la intervención del juez constitucional. Conforme a la jurisprudencia
constitucional, para que se configure un perjuicio irremediable que justifique la
intervención transitoria del juez de tutela, deben concurrir los siguientes
elementos24: (i) inminencia, esto es, que el daño esté próximo a ocurrir y exista un
grado considerable de certeza sobre su materialización; (ii) gravedad, en cuanto
implique un detrimento serio sobre un bien jurídico relevante; (iii) urgencia,
entendida como la necesidad de adoptar medidas inmediatas para evitar la
consumación del daño; y (iv) la impostergabilidad de la protección, es decir, que no
exista otro mecanismo oportuno y eficaz que permita conjurar la afectación de
derechos fundamentales.

46. En primer lugar, no se evidencia un daño inminente, pues la controversia se
encuentra siendo tramitada dentro de un proceso judicial en curso, en el cual la
accionante puede hacer valer sus derechos y controvertir las decisiones adoptadas,
sin que exista una amenaza próxima y cierta de afectación irreparable. En segundo
lugar, tampoco se configura un perjuicio de carácter grave, en la medida en que las

22
Índice electrónico 02 de SAMAI del Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla.
1Radicacionoae_DemandaReparacionDir(.pdf) NroActua 2. proceso identificado bajo el radicado
08001-33-33-005-2025-00221-00.
23
Índice electrónico 05 de SAMAI del Juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla.
3AGREGARMEMORIA_01PDF(.pdf) NroActua 5.
24
Corte Constitucional, Sentencia SU-179 de 2021.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00416-01
Accionante: Yarlidis Sarmiento de la Cruz
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

pretensiones de la actora son de naturaleza eminentemente económica —
reconocimiento de perjuicios materiales y morales—, las cuales pueden ser
resueltas y, en su caso, reparadas a través de los mecanismos ordinarios previstos
en la jurisdicción contencioso-administrativa.

47. En tercer lugar, no se acredita la urgencia de adoptar medidas inmediatas, ya
que el proceso continúa su curso y no se evidencia la necesidad de una intervención
inmediata del juez constitucional para evitar la consumación de un daño.
Finalmente, tampoco se cumple el requisito de impostergabilidad, dado que la
accionante cuenta con medios judiciales idóneos y eficaces dentro del trámite
ordinario, incluso con la posibilidad de que los procesos en curso sean acumulados,
lo que permite una decisión integral sobre las pretensiones formuladas. En
consecuencia, al no demostrarse la concurrencia de estos presupuestos, no se
configura un perjuicio irremediable que justifique la intervención excepcional del juez
de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de marzo de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

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