Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00420-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00420-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00420-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00420-00
Accionante: Diana Lucero Arbeláez Trujillo y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela1 presentada por los señores Diana Lucero Arbeláez Trujillo, Federico
Arbeláez Gaviria, María Claudia Aguirre Arbeláez, Leónidas Aguirre Arbeláez,
Patricia Elena Aguirre Arbeláez, Eliana María Aguirre Arbeláez, María Cristina
Arbeláez Arbeláez, Sandra Milena Arbeláez Giraldo, Alba Inés Giraldo de Arbeláez,
María Del Socorro Arbeláez Arbeláez, María Clemencia Arbeláez Arbeláez, Adriana
María Arbeláez Arbeláez, Rubén Darío Arbeláez Arbeláez, Mary Arbeláez Arbeláez,
Luz Eugenia Arbeláez Arbeláez y Sergio Arbeláez Arbeláez, quienes actúan por
conducto de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, ocurrida con ocasión de la
providencia del 17 de septiembre de 20252, al interior del medio de control de
reparación directa con radicado 66001-23-31-000 2011-00020-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela se colige que el señor Carlos Julián Arbeláez Arbeláez
(q.e.p.d) era propietario del predio “Los Alpes”, ubicado en la zona rural de Santa
Rosa de Cabal (Risaralda) y se vio inmerso desde el año 2003 en un conflicto
territorial y económico relacionado con el aprovechamiento de afloramientos de
aguas termales, intereses que involucraban a particulares vinculados a la empresa
Operagro Ltda.
3. La parte actora manifestó que desde el año 2004, el señor Arbeláez Arbeláez y
otros moradores del sector3, comenzaron a ser amenazados de manera reiterada
por hombres encapuchados y armados, quienes exigían el abandono de los predios,
hechos que señalaron, fueron denunciados formalmente ante la Policía Nacional, la
1
Acción de tutela presentada el 23 de enero de 2026.
2
Índice 29 del aplicativo SAMAI, exp. 66001-23-31-000 2011-00020-01
3
Entre ellos los señores Dorangel Pino Gómez, Sigifredo López López y Walter de Jesús Román Aricapa
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Acción De Tutela
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Accionante: Diana Lucía Arbeláez Trujillo y otros
Fiscalía General de la Nación y otras autoridades administrativas locales.
4. Los accionantes indicaron que el 28 de junio de 2004, el señor Arbeláez denunció
ante la Fiscalía 30 Seccional de Santa Rosa de Cabal amenazas directas proferidas
por sujetos armados y que posteriormente, el 26 de enero de 2004 y el 25 de julio de
2004, informó la presencia de hombres con armas dentro de su predio y disparos
intimidatorios, sin que se dispusiera esquema alguno de protección personal.
5. Sostuvieron que entre los años 2005 y 2006, el Corregidor José Orlando Cardona
Restrepo elevó múltiples oficios a la Policía Nacional, al D.A.S., a la Fiscalía y a
autoridades municipales, alertando sobre la grave situación de orden público, la
existencia de presión armada, el riesgo para testigos, funcionarios y para la vida del
señor Arbeláez Arbeláez, solicitando intervención y protección estatal inmediata.
6. Expusieron que el 30 de septiembre de 2006, fue asesinado el señor Dorangel
Pino Gómez, testigo clave del conflicto y denunciante de amenazas previas; hechos
que fueron puestos en conocimiento de las autoridades y que incrementaron
objetivamente el nivel de riesgo del señor Carlos Julián Arbeláez Arbeláez, quien el
13 de octubre de 2006 solicitó formalmente la intervención del Defensor Regional del
Pueblo de Risaralda.
7. La parte accionante indicó que, en atención a su solicitud, el 23 de octubre de
2006, el Defensor del Pueblo solicitó a la Policía Nacional la evaluación del nivel de
riesgo del señor Arbeláez Arbeláez; pero sostuvieron que, sin embargo, el 10 de
noviembre de 2006, la Policía elaboró un formato4, en sentir de los actores, carente
de motivación, sin un análisis integral del contexto, sin acto administrativo ni
notificación, concluyendo de forma infundada un riesgo ordinario.
8. Los actores señalaron que el 11 de diciembre de 2006, el señor Carlos Julián
Arbeláez Arbeláez (q.e.p.d) fue víctima de un atentado sicarial, hecho que dio lugar
a la apertura de investigación penal por tentativa de homicidio por parte de la Fiscalía
30 Seccional de Santa Rosa de Cabal, actuación que posteriormente fue archivada
mediante resolución inhibitoria, sin que se activara programa alguno de protección ni
se ordenara la reevaluación del riesgo5.
9. Finalmente, narraron que el señor Carlos Julián Arbeláez Arbeláez fue asesinado,
consumándose el riesgo grave y extraordinario que había sido conocido, advertido y
reiteradamente puesto en conocimiento de la Policía Nacional y de la Fiscalía
General de la Nación, sin que estas autoridades desplegaran una actuación diligente,
coordinada y proporcional para proteger su vida.
10. En consideración a lo anterior, en el año 2010, los familiares del señor Arbeláez
Arbeláez promovieron una acción en ejercicio del medio de control de reparación
directa6 contra la Nación-Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para que
4
Haciendo referencia al documento denominado por la institución policial como evaluación técnica del nivel del riesgo.
5
Afirmaron al respecto que, pese a las denuncias, asesinatos de testigos, desplazamientos, incendios y solicitudes de
protección del Corregidor y el Defensor del Pueblo, la Policía solo dio recomendaciones generales y la Fiscalía omitió realizar
los estudios de riesgo correspondientes. Adicionalmente, indicaron que tras el atentado tampoco hubo reevaluación ni
esquemas reales de protección, dejando al señor Arbeláez Arbeláez en extrema vulnerabilidad frente a continuas amenazas
armadas.
6
Bajo el radicado núm. 66001-23-31-000-2011-00020-00. El expediente completo puede ser visualizado en el índice 13 del
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se les declarara patrimonialmente responsables por la muerte del señor Carlos Julián
Arbeláez.
11. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 28 de febrero
de 2023, negó las pretensiones de la demanda7, decisión que luego de apelada8 por
la parte actora, fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, en sentencia del 17 de septiembre de 20259, notificada el 23 de
octubre de 2025.
2.2. Fundamento jurídico
12. La parte accionante sostuvo que la providencia judicial cuestionada vulneró
en su sentir de manera directa el derecho fundamental al debido proceso, en tanto
la autoridad judicial resolvió el litigio desconociendo el principio de congruencia,
al apartarse del marco fáctico y jurídico delimitado en la demanda, omitir hechos
jurídicamente determinantes que fueron expresa y reiteradamente planteados en ella
y decidir con base en una reconstrucción parcial e incompleta del caso.
13. Según los accionantes, dicha vulneración se materializó a través de un defecto
fáctico negativo, al prescindirse de pruebas determinantes que daban cuenta del
riesgo extraordinario conocido por las autoridades y de su posterior materialización
en el homicidio del señor Carlos Julián Arbeláez Arbeláez, circunstancia que, a juicio
de los tutelantes, debía orientar de manera necesaria la valoración ex post de la
actuación estatal.
14. De manera conexa, afirmaron que la transgresión del debido proceso
comprometió también el derecho fundamental de acceso efectivo a la administración
de justicia, en la medida en que la decisión judicial habría desatendido el núcleo del
debate propuesto, privando a los demandantes de una respuesta judicial
coherente, integral y ajustada a los cargos formulados.
aplicativo SAMAI de la presente acción.
7
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al concluir que, si bien la muerte del señor Carlos Julián Arbeláez Arbeláez
constituyó un daño antijurídico, no se acreditó su imputación a la Nación-Policía Nacional ni a la Fiscalía General de la Nación,
por no configurarse la falla del servicio. Consideró que las entidades demandadas actuaron dentro de sus competencias
legales, que no se probó una omisión relevante en el deber de protección ni la existencia de un nexo causal entre la actuación
estatal y el homicidio, por lo cual descartó la responsabilidad patrimonial del Estado.
8
En el recurso de apelación, la parte demandante replanteó el debate probatorio, cuestionó la valoración efectuada en primera
instancia y sostuvo que de las pruebas recaudadas se desprendía que las autoridades demandadas tenían conocimiento cierto,
previo y reiterado de las amenazas que pesaban sobre Carlos Julián Arbeláez Arbeláez, derivadas del conflicto de tierras que
sostenía con terceros, lo cual configuraba un riesgo real, concreto y previsible para su vida. En ese contexto, afirmó que la
Policía Nacional incurrió en falla del servicio al realizar una valoración deficiente e incompleta del nivel de riesgo, pues omitió
considerar un atentado previo contra la víctima y no ponderó adecuadamente el entorno de hostigamientos, presencia de
hombres armados y violencia asociada al litigio de tierras, lo que condujo a la adopción de medidas insuficientes e ineficaces
para garantizar su seguridad. Finalmente, adujo que la Fiscalía General de la Nación incumplió su deber legal de protección a
víctimas y testigos, al no activar los mecanismos del Programa de Protección pese a conocer, por razón de las denuncias
penales, la situación de riesgo en que se encontraba la víctima, omisión que en el sentir de la parte actora permitió la
materialización del daño antijurídico mediante un homicidio de carácter sicarial.
9
El ad quem confirmó la sentencia apelada al reiterar que, aunque la muerte del señor Arbeláez Arbeláez constituyó un daño
antijurídico, no se acreditó su imputación al Estado, pues la Policía Nacional conoció la situación, calificó el riesgo como
ordinario y adoptó las medidas previstas en la normativa vigente, sin que se probara la existencia de amenazas nuevas,
concretas o actuales que exigieran reforzar la protección ni que el estudio de riesgo fuera defectuoso. Asimismo, concluyó que
la Fiscalía General de la Nación actuó dentro de sus competencias, tramitó las denuncias presentadas y no omitió deber alguno
de protección, al no acreditarse un riesgo derivado de la intervención de la víctima en procesos penales que activara el
Programa de Protección. En consecuencia, confirmó la negativa de las pretensiones y se abstuvo de imponer costas.
Finalmente, se colige que ambas instancias coincidieron en que el homicidio fue ejecutado por un tercero ajeno al Estado,
resultado que no era previsible ni evitable con la información disponible, razón por la cual dicho hecho rompió el nexo
causal, al no demostrarse una omisión estatal determinante ni una posición de garante incumplida.
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15. Finalmente, sostuvo que la afectación al debido proceso adquiere una
dimensión constitucional reforzada por su estrecha relación con los derechos a la
vida y a la seguridad personal, dado que la omisión estatal alegada, que adujo fue
validada por la providencia cuestionada, se encuentra vinculada con la pérdida de la
vida de la víctima, lo que impone un estándar estricto de congruencia y motivación
judicial.
2.3. Pretensiones
16. Con fundamento en lo anterior, los accionantes solicitaron lo que se cita:
«(…) Se ruega al Juez de amparo Constitucional, amparar los derechos
fundamentales de protección, debido proceso y acceso a la administración de
justicia, por haber incurrido el accionado en las causales de procedibilidad
enlistadas y demostradas, ordenando en consecuencia proferir nueva
sentencia, declaratoria de responsabilidad, principalmente por no haber sido
evaluado el riesgo por la Policía Nacional ni por la Fiscalía General de la
Nación.» (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
17. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 26 de enero
de 202610 a través del cual se ordenó notificar como accionado al Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C y al Tribunal Administrativo de Risaralda, a la
Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación
como terceros interesados en el resultado del proceso.
18. Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
para lo de su competencia y se reconoció personería al apoderado de la parte actora.
2.4.1. La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado11 solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplían los
requisitos generales de procedibilidad, en particular el de relevancia constitucional,
dado que los accionantes pretendían reabrir el debate probatorio y jurídico ya
resuelto en sede ordinaria, convirtiendo el amparo en una tercera instancia.
19. De manera subsidiaria, sostuvo que no se configuró ningún defecto específico
de los previstos por la jurisprudencia constitucional, pues la sentencia del 17 de
septiembre de 2025 se fundamentó en un análisis integral, razonable y motivado de
los hechos, las pruebas y la normativa vigente.
20. Adicionalmente, precisó con relación a la Policía Nacional, que la autoridad
judicial sí verificó que esta realizó la evaluación del nivel de riesgo, la cual fue
calificada como ordinaria, y que adoptó las medidas de protección previstas para ese
nivel, sin que se acreditaran amenazas nuevas, concretas o actuales que impusieran
un deber de reevaluación o refuerzo del esquema de seguridad, mientras que con
respecto a la Fiscalía General de la Nación, concluyó que tramitó las denuncias
presentadas por la víctima y no se probó la existencia de amenazas directas
derivadas de su condición de denunciante o interviniente penal que activaran el
programa especial de protección, por lo cual consideró que no se configuró omisión
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alguna imputable a dicha entidad.
21. Finalmente, reiteró que la providencia cuestionada no vulneró derechos
fundamentales, se ajustó al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, y que los reproches de los accionantes obedecían a su inconformidad con la
decisión adversa, razón suficiente para negar el amparo constitucional.
2.4.2. La Fiscalía General de la Nación12 solicitó declarar la improcedencia del
amparo y su falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no existió
vínculo de causalidad entre su actuación y los derechos fundamentales alegados,
toda vez que la providencia cuestionada fue proferida por una autoridad judicial.
22. Asimismo, sostuvo que la tutela incumplía los requisitos de procedibilidad, en
especial el de relevancia constitucional, al pretender reabrir un debate probatorio y
jurídico ya resuelto en sede ordinaria, convirtiendo el mecanismo en una tercera
instancia contra una sentencia dictada por una Alta Corte.
23. Finalmente, afirmó que la decisión reprochada fue debidamente motivada, de
forma congruente y razonable, sin que se configurara defecto alguno en ella ni
vulneración del debido proceso, razón por la cual reiteró la solicitud de declarar
improcedente la acción de tutela.
2.4.3. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional13 sostuvo que la acción
de tutela era improcedente, al no configurarse un perjuicio irremediable ni existir
ningún defecto en la providencia que ameritara su estudio, así como por pretender
reabrir un debate probatorio y jurídico ya resuelto en sede ordinaria.
2.4.4. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
24. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
25. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, con ocasión
de la providencia del 17 de septiembre de 202514, que confirmó la sentencia del 28
de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó
las pretensiones de la demanda, al interior del medio de control de reparación directa
con radicado 66001-23-31-000 2011-00020-00/01 incurrió en un defecto fáctico y con
este trasgredió el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la señora Diana Lucía Arbeláez Trujillo y otros.
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26. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia, en particular el de subsidiariedad.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
27. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
28. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
29. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
30. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
3.3.1. Del requisito de subsidiariedad
31. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
2591 de 1991.
32. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
33. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
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recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia15.
34. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el
cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.
4. Análisis del caso concreto
35. En primer lugar, es preciso señalar que la acción de tutela se dirigió contra la
providencia judicial de cierre del proceso de reparación directa con radicado 66001-
23-31-000 2011-00020-00/01, de fecha 17 de septiembre de 202516, proferida por la
Sección Tercera, Subsección C de esta corporación, que confirmó la decisión del a
quo de negar las pretensiones de la demanda.
36. Asimismo, la Sala advierte que, pese a que la parte actora alegó un defecto
fáctico, en realidad el eje central de su inconformidad no se concretó en una
vulneración autónoma e inmediata de derechos fundamentales, sino en el
cuestionamiento de la coherencia entre lo pedido, lo probado y lo decidido en la
providencia judicial, bajo la afirmación de una supuesta transgresión del principio de
congruencia.
37. En consecuencia, el reproche formulado por la parte actora no se dirige a
demostrar la existencia de una actuación judicial arbitraria, irrazonable o carente de
motivación, sino que se limitó a cuestionar la forma como la autoridad judicial
interpretó el ordenamiento, valoró el acervo probatorio y estructuró la decisión. Se
trata, entonces, de un reproche dirigido a la estructura decisional de la sentencia y
no a una irregularidad de índole constitucional.
38. Por consiguiente, tal inconformidad revela un desacuerdo con el sentido del
pronunciamiento judicial, propio del debate ordinario, y no la configuración de una
vulneración directa de derechos fundamentales susceptible de ser reparada por vía
de tutela.
39. En ese entendido, el principio de congruencia exige que el juez se mantenga
dentro del marco fijado por las partes y por la litis, razón por la que su eventual
desconocimiento constituye un vicio de la sentencia que pertenece al ámbito de la
legalidad procesal y cuya corrección corresponde al juez natural mediante los
mecanismos previstos en la ley.
15
En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno
de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el
artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las
disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de
cada una de las jurisdicciones».
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40. En este contexto, el artículo 250 del CPACA establece el recurso
extraordinario de revisión como instrumento idóneo para impugnar fallos
ejecutoriados cuando se alegan vicios estructurales de la sentencia, incluidas las
nulidades originadas en la incongruencia de la decisión. Dicho recurso constituye,
por mandato legislativo, el mecanismo específico para examinar los cargos que aquí
formula el actor.
41. Por lo expuesto, esta Sala considera que la presente acción de tutela es
improcedente, porque la controversia aquí planteada encuadra dentro de los
supuestos del numeral 5.° del artículo 250 del CPACA el cual consagra la
procedencia del recurso extraordinario de revisión por falta de congruencia como una
causal de nulidad de la sentencia17, que es precisamente el argumento que sustentó
la solicitud de amparo.
42. Así las cosas, el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, establece lo
siguiente:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.»
43. Es de advertir que en el presente asunto no se acreditó la amenaza inminente
de los derechos fundamentales de los cuales la parte actora pide su protección, ni
tampoco se encuentra que el amparo deba concederse de manera urgente, toda vez
que lo debatido es estrictamente jurídico y guarda relación con la validez procesal de
una sentencia ejecutoriada, materia que no compromete un riesgo inmediato o
irremediable que habilite la actuación del juez constitucional.
44. Aunado a lo anterior, en el caso concreto, la sentencia del Consejo de Estado
se encuentra ejecutoriada y revestida de cosa juzgada, presupuesto que habilita la
interposición del recurso extraordinario de revisión. No obstante, la parte actora no
acreditó haber promovido este mecanismo ni explicó por qué sería ineficaz para
corregir la incongruencia reprochada en esta sede constitucional.
45. Por lo expuesto, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de
los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de
sus derechos.
46. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional18 ha sido clara en reiterar que
las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que
el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus
17 Al respecto, se pronunció esta corporación en la providencia del 26 de agosto de 2021, seguida bajo el radicado 11001-03-25-000-2017-
00852-00(4598-17), MP William Hernández Gómez, citando la sentencia del 29 de septiembre de 2015 dictada por la Sección Tercera,
Subsección B, radicado: 2002-02456-01 (35824). “(...)” la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación se presenta ante la
carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, o cuando
se basa en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas. “(...)”
18
Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.
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derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como
vía preferente o instancia judicial adicional de protección.
47. De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio
irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo cuando la parte accionante
no ha hecho uso de los medios de defensa judicial que son idóneos y efectivos para
obtener el amparo de sus derechos, razón por la cual se rechazará por improcedente
la presente acción de tutela.
48. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente, pues, se reitera,
dentro de las facultades del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las
herramientas judiciales idóneas para obtener la protección iusfundamental
quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se convertiría
irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de amparar un
derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones que le encomendó la Carta a los jueces constitucionales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela que interpuso la señora Diana
Lucero Arbeláez Trujillo y otros19 por conducto de apoderado, por las razones
expuestas en la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada la presente decisión, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
19
Federico Arbeláez Gaviria, María Claudia Aguirre Arbeláez, Leónidas Aguirre Arbeláez, Patricia Elena Aguirre Arbeláez,
Eliana María Aguirre Arbeláez, María Cristina Arbeláez Arbeláez, Sandra Milena Arbeláez Giraldo, Alba Inés Giraldo de
Arbeláez, María Del Socorro Arbeláez Arbeláez, María Clemencia Arbeláez Arbeláez, Adriana María Arbeláez Arbeláez, Rubén
Darío Arbeláez Arbeláez, Mary Arbeláez Arbeláez, Luz Eugenia Arbeláez Arbeláez y Sergio Arbeláez Arbeláez
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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