Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00422-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00422-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00422-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
19 de febrero de 2026
Demandante: Noira Nidia Garzón Ortega
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00422-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00422-00
Demandante: NOIRA NIDIA GARZÓN ORTEGA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Improcedente por no superar
el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Noira Nidia Garzón Ortega, en nombre propio, inició acción de tutela1
contra el Tribunal Administrativo del Cauca2 y el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito Judicial de Popayán en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción, a la igualdad, a la
seguridad social y de acceso a la administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión
de la sentencia del 4 de diciembre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo
del Cauca, por medio de la cual, se confirmó la providencia del 26 de enero de
2024, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán que, negó las pretensiones en el medio de control de nulidad y
1
Acción de tutela promovida el 23 de enero de 2026, por medio del buzón web del aplicativo de
Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2
La Sala se encuentra conformada por los magistrados: Naun Mirawal Muñoz Muñoz; David
Fernando Ramírez Fajardo y, Jairo Restrepo Cáceres.
1
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Demandante: Noira Nidia Garzón Ortega
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
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restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 19001-33-33-007-2020-
00112-00/01, iniciado contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag),
Fiduprevisora S.A., departamento del Cauca.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, el accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…] se ORDENE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, con ponencia
del MAGISTRADO PONENTE: Dr. NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ, que en un
término de quince (15) días calendario, a partir de la notificación del fallo de tutela
que emita el CONSEJO DE ESTADO, expida una nueva sentencia en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicación No. 190013333007-
2020-00112-01, presentada por la señora NOIRA NIDIA GARZÓN ORTEGA
contra la NACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPARTAMENTO DEL
CAUCA- Y FOMAG, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la
presente acción de tutela3.
1.3. Hechos
La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
La señora Noira Nidia Garzón Ortega contrajo matrimonio con el señor Jorge
Eliécer Martínez Muñoz el 10 de febrero de 1979, quien en vida prestó sus
servicios como docente oficial entre el 16 de septiembre de 1975 y el 3 de mayo
de 1993, fecha en que falleció a causa de sus actividades sindicales y militancia
en la Unión Patriótica.
Para el momento de su deceso, el señor Martínez Muñoz se encontraba vinculado
al Fomag, habiendo acumulado un total de 17 años, 7 meses y 16 días de servicio.
La señora Garzón Ortega solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente ante la Secretaría de Educación Departamental del Cauca en
aplicación al principio de igualdad y favorabilidad en materia pensional en
concordancia con lo señalado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 13 de la Ley 797 de 20034. No obstante, mediante Resolución 302
del 14 de febrero de 2012, la entidad resolvió de forma desfavorable su petición.
3
Transcripción literal que puede contener errores.
4
ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: <Expresiones "compañera o compañero
permanente" y "compañero o compañera permanente" en letra itálica CONDICIONALMENTE
exequibles>
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes:
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En consecuencia, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fomag, departamento del Cauca, con el fin de que se estudiara la legalidad de los
actos administrativos y se reconociera el beneficio económico.
En primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán en providencia del 26 de enero de 2024, negó las pretensiones al
considerar que la norma aplicable para el asunto era el Decreto 224 de 1972,
atendiendo a la fecha de deceso del señor Jorge Eliécer Martínez Muñoz, la cual
tenía como requisito haber prestado sus servicios de docente por 18 años para el
momento de la solicitud.
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital
con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años
continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya
procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una
duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener
su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a)
y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia simultánea en los
últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o
compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la
esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal
pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una
cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con
el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento
del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados
para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento
de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y, los hijos
inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones
de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el
artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este;
e) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del
causante si dependían económicamente de éste.
PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el
hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.
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Razón por la que, al encontrar que el educador no había cumplido el tiempo
requerido para el momento de su muerte, explicó que no era posible el
reconocimiento de la pensión a favor de la señora Garzón Ortega.
Asimismo, indicó que, de acuerdo con el criterio establecido por el Consejo de
Estado no era posible la aplicación de la Ley 100 de 1993 por favorabilidad, en
atención a que la situación jurídica no se había causado durante la vigencia de la
norma.
El Tribunal Administrativo del Cauca en sentencia del 4 de diciembre de 2025,
confirmó lo resuelto por el a quo, tras considerar que, si bien no era posible aplicar
por favorabilidad la Ley 100 de 1993, lo cierto es que analizó el caso de cara a
decisiones de la Corte Constitucional en las que se estableció que era posible
flexibilizar los presupuestos normativos ante un flagrante compromiso de las
prerrogativas iusfundamentales de quienes buscan amparo de subsistencia y
mínimo vital.
A pesar de ello, encontró que la señora Garzón Ortega a la fecha contaba con una
pensión gracia a cargo de la UGPP y otra de jubilación a cargo del magisterio. Por
lo que, no existía un riesgo actual ni grave que permitiera flexibilizar los requisitos,
máxime cuando habían transcurrido alrededor de 27 años después del deceso de
su exesposo para solicitar el reconocimiento de la prestación.
Dicho proveído fue notificado electrónicamente el 16 de diciembre de 2025.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora manifestó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron
que durante los 27 años que le tomó presentar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión
de sobreviviente, tuvo que afrontar situaciones trágicas como la muerte de sus dos
hijos y su condición de víctima sobreviviente de su excónyuge integrante de la
Unión Patriótica y líder sindical docente.
Además, adujo que la petición de la prestación no estaba sometida a plazo o
caducidad, como para desestimarla solamente por el paso del tiempo, así como
tampoco la condición de demostrar la dependencia económica del solicitante-
beneficiario se encontraba dispuesta en el Decreto 224 de 1972 o la Ley 100 de
1993.
A su vez, advirtió que la cuestión debatida poseía una evidente relevancia
constitucional, dado que se centraba en la vulneración sistemática al debido
proceso derivada de la exigibilidad de requisitos adicionales a la acreditación de
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cónyuge sobreviviente en aras de proceder al reconocimiento y pago de la pensión
en aplicación de la Ley 100 de 1993 de manera retrospectiva.
En consecuencia, citó extensos apartes de sentencias tanto del Consejo de
Estado5 como de la Corte Constitucional6 que, además de revisar el concepto de
retroactividad y retrospectividad, trataban situaciones jurídicas y fácticas
referentes al reconocimiento de la pensión de sobreviviente cuando el fallecimiento
del causante se hubiere producido antes de que entrara en vigor la Ley 100 de
1993.
1.5. Admisión de la tutela
Por medio de auto del 27 de enero de 2026, la Magistrada Ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante7 y, como parte demandada,
a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Cauca8 y al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán9.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional10, Fomag11,
Fiduprevisora S.A.12, y al departamento del Cauca13.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, M.P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila, 01.11.12, Rad. 13001-23-31-000-2005-02358-01; M.P Luis
Rafael Vergara Quintero, Sentencia 19.05.12, Rad. 76001-23-31-000-2007-00515-01; M.P. César
Palomino Cortés, Sentencia 17.11.17, Rad. 19001-23-33-000-2014-00295-01.
6
T-415 de 2017; T 355-95, C 444-97, T 439-00; T-017/22; T-440 de 2024; T-564 de 2015.
7
Índice 7 de Samai. La notificación fue enviada a los buzones web: dejuridicasas@gmail.com y
noigar@hotmail.com.
8
Índice 7 de Samai. Notificación realizada a los siguientes correos electrónicos:
nmunozmu@cendoj.ramajudicial.gov.co stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co;
stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co; stadmincau@notificacionesrj.gov.co;
tadmin02cau@notificacionesrj.gov.co; jrestrecac@cendoj.ramajudicial.gov.co;
stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co; dramiref@cendoj.ramajudicial.gov.co;
stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co;
9
Índice 7 de Samai. La notificación fue enviada al correo:
j07admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co.
10
Índice 7 de Samai. Notificación enviada a: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.
11
Índice 7 de Samai. Notificación remitida a: tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co y
notjudicial@fiduprevisora.com.co.
12
Índice 7 de Samai. Notificación realizada a: notjudicial@fiduprevisora.com.co.
13
Índice 7 de Samai. La notificación fue enviada al buzón: notificaciones@cauca.gov.co.
5
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1.6.1. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán
Por medio de informe rendido el 29 de enero de 2026, la directora del Despacho
comentó las actuaciones sucedidas al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y afirmó que el juzgado realizó las actuaciones
pertinentes conforme a derecho sin desconocer garantía fundamental alguna, por
lo que solicitó que se declarara la improcedencia del mecanismo constitucional,
ante la evidente búsqueda de una tercera instancia para reabrir el debate
probatorio.
1.6.2. La Nación, Ministerio de Educación Nacional
En memorial del 30 de enero del año en curso, la profesional especializada de la
Oficina Asesora Jurídica de la entidad indicó la ausencia de relevancia
constitucional de la acción tutelar y pidió su desvinculación del trámite ante la falta
de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.3. Gobernación del Cauca
En documento del 3 de febrero de 2026, la secretaria de Despacho de la Secretaría
de Educación y Cultura argumentó la falta de legitimación en la causa por pasiva
del ente territorial, en atención a que no había dictado la decisión reprochada y,
por el contrario, se encontraba de acuerdo con el contenido de esta.
Por lo tanto, solicitó su desvinculación y la declaratoria de improcedente, ante la
acción u omisión que vulnerara derecho alguno.
1.6.4. Pese a que el Tribunal Administrativo del Cauca, el Fomag y la
Fiduprevisora S.A. fueron debidamente notificados, guardaron silencio.
II.CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Noira Nidia Garzón Ortega contra el Tribunal
Administrativo del Cauca14, de conformidad con lo establecido en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
14
Si bien la parte actora dirigió sus reproches contra las autoridades judiciales de primer y segundo
grado, se debe indicar que únicamente se estudiará la sentencia del 4 de diciembre de 2025, en
atención a que fue la que concluyó el medio de control.
6
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2.2. Solicitud de desvinculación
La Nación, Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Cauca
solicitaron su desvinculación del presente trámite, pues a su juicio, se configura la
falta de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, dichas peticiones serán
denegadas, en atención a que les asiste un interés en las resultas de este trámite
por haber sido entidades demandadas al interior del medio de control ordinario.
2.3. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo del Cauca vulneró las garantías invocadas por
la señora Noira Nidia Garzón Ortega con ocasión del fallo del 4 de diciembre
de 2025, al no reconocerle la pensión de sobreviviente?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, en caso de
encontrarlos superados; (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201215
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema16 y declaró su
procedencia.17
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
16
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
17
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
7
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Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202218.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
18
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
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de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal19 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico20; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional21.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal22”. En este
19
Sentencia SU-573 de 2019.
20
Sentencia SU-103 de 2022.
21
Sentencia SU-103 de 2022.
22
Sentencia SU-103 de 2022.
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orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales23”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto24, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal25. (Resaltado de la Sala)
2.6. Caso concreto
Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite la Sala colige que la acción de
tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de
relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores.
Desde la perspectiva de la accionante, el Tribunal Administrativo del Cauca
incurrió en desconocimiento del precedente al proferir la sentencia del 4 de
diciembre de 2025 al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con radicado 19001-33-33-007-2020-00112-01.
La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta el
precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en lo referente al
reconocimiento de la pensión de sobreviviente cuando el fallecimiento del
causante se hubiere producido antes de que entrara en vigor la Ley 100 de 1993
y la aplicación retrospectiva en aquellos casos.
Respecto al yerro argumentado por la tutelante, se advierte que no tiene la entidad
o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales,
ya que lo pretendido por la actora es que se dirima un asunto de mera legalidad
que deviene de un inconformismo con la interpretación realizada por el juez de
instancia.
Aunado a ello, se echa de menos la identificación de la regla de derecho
determinada en cada una de las providencias referenciadas como desconocidas,
23
Sentencia SU-128 de 2021.
24
Sentencia SU-573 de 2019.
25
Ibid.
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Demandante: Noira Nidia Garzón Ortega
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00422-00
y, adicionalmente, si bien trajo extensos apartes de ellas, no puso de presente la
forma en que la situación jurídica y fáctica de cada caso concreto era similar al
suyo y por qué debía aplicarse de forma idéntica.
Se advierte que, tras la revisión de la sentencia controvertida, no se evidencia
prima facie una vulneración de los derechos fundamentales por parte de la
autoridad judicial accionada, la cual apoyó su decisión en el marco legal y
jurisprudencial aplicable, igualmente, soportó sus conclusiones en la valoración
razonable del acervo probatorio, como se evidencia a continuación.
Para empezar, el tribunal accionado indicó que para la fecha de fallecimiento del
señor Martínez Muñoz, se encontraba vigente el Decreto Ley 224 de 1972, el cual
sostenía que los beneficiarios de los docentes de instituciones educativas públicas
tenían derecho al reconocimiento y pago de una pensión, siempre y cuando el
causante hubiese laborado en planteles oficiales por 18 años continuos o
discontinuos.
Revisadas las condiciones del docente, no se halló que cumpliera con el
mencionado requisito, puesto que solo acreditó un poco más de 17 años.
Asimismo, se analizó la posibilidad de adaptar lo consagrado en la Ley 100 de
1993 en virtud del principio de favorabilidad, sin embargo, se atendió a lo
establecido en la jurisprudencia del Consejo de Estado, conforme a la cual solo
podía aplicarse si la normativa estaba vigente para el momento del deceso.
Por lo tanto, la autoridad judicial accionada verificó la postura constitucional en
torno al tema, frente a lo cual encontró que era posible flexibilizar los requisitos,
únicamente con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los
demandantes, como el mínimo vital.
No obstante, al momento de revisar las condiciones de la señora Garzón Ortega
encontró que contaba con una pensión gracia a cargo de la UGPP y otra de
jubilación a cargo del ministerio. Asimismo, señaló que la solicitud del beneficio
económico se había dado 27 años después del fallecimiento de su exesposo,
aspecto que no hacía evidente el riesgo actual o grave de las garantías mínimas
de la actora.
Por lo anterior, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela revista necesariamente relevancia constitucional. La competencia de este
se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal, o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.
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En este sentido, la pretensión de la accionante es improcedente por cuanto refleja
un inconformismo con las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial
accionada, lo cual, per se, no implica una trasgresión de los derechos
fundamentales. Es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión
a la cual arribó el fallador de instancia, en ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría
una sustitución arbitraria del juez natural.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación realizadas por la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Cauca.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por
la señora Noira Nidia Garzón Ortega, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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