Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00422-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00422-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00422-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00422-01
Accionante: Noira Nidia Garzón Ortega
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia del
19 de febrero de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
SÍNTESIS1
La accionante cuestiona la sentencia del 4 de diciembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se confirmó la sentencia del 26
de enero de 2024 del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán, que
le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge
sobreviviente del docente Jorge Eliécer Martínez Muñoz. Se confirma la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la demanda de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 23 de enero de 2026, la señora Noira Nidia Garzón Ortega presentó demanda
en ejercicio de la acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
contradicción, igualdad, seguridad social y acceso a la administración de justicia,
con ocasión de las sentencias de primera instancia del 26 de enero de 2024 y de
segunda instancia del 4 de diciembre de 2025, que negaron el reconocimiento de la
pensión de sobreviviente en su condición de cónyuge del señor Jorge Eliécer
Martínez Muñoz.
1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Pensión de sobrevivientes / Nulidad y
restablecimiento del derecho / Confirma / Improcedencia / Relevancia constitucional.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00422-01
Accionante: Noira Nidia Garzón Ortega
Se confirma la decisión de primera instancia
2. La accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):
“(…) PRIMERA. - Que se protejan los DEBIDO PROCESO JUDICIAL, EL
DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y DEFENSA, el DERECHO A LA IGUALDAD, y
el ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de la suscrita señora NOIRA
NIDIA GARZÓN ORTEGA, mayor de edad, identificada con la C.C. No. 25.479.041
expedida en LA SIERRA – CAUCA, vulnerados con las providencias judiciales
emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, con ponencia del
MAGISTRADO PONENTE: Dr. NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ mediante
SENTENCIA TA-DES002-ORD--161--2025 del cuatro (04) de diciembre de dos mil
veinticinco (2025). Referencia: Medio de control de nulidad Número único de
radicación: 190013333007-2020-00112-01 notificada por correo electrónico de
fecha 16 de diciembre de 2025, y providencia del JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN-CAUCA, Sentencia N.º 009 de
fecha veintiséis (26) de enero de dos mil veinticuatro (2024), notificada por correo
electrónico el día referido, Referencia: Medio de control de nulidad, Número único
de radicación: 190013333007 2020 00112 00.
SEGUNDA.- Que a como consecuencia de lo anterior, se ORDENE AL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, con ponencia del MAGISTRADO PONENTE: Dr.
NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ, que en un término de quince (15) días
calendario, a partir de la notificación del fallo de tutela que emita el CONSEJO DE
ESTADO, expida una nueva sentencia en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho bajo radicación No. 190013333007-2020-00112-01, presentada por la
señora NOIRA NIDIA GARZÓN ORTEGA contra la NACIÓN MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA- Y FOMAG, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la presente acción de tutela.
B. Hechos
3. El 10 de febrero de 1979, la señora Noira Nidia Garzón Ortega contrajo matrimonio
con el señor Jorge Eliécer Martínez Muñoz, quien se desempeñó como docente
oficial desde el 16 de septiembre de 1975, afiliado al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio. El 3 de mayo de 1993, el causante falleció tras acumular
un tiempo de servicios de 17 años, 7 meses y 16 días.
4. El 27 de julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso
Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia, reconoció al señor
Martínez Muñoz como víctima de ejecución extrajudicial, circunstancia que, en
criterio de la accionante, justifica un trato diferenciado en el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, pues el causante no pudo completar el tiempo mínimo
de 18 años exigido por el Decreto 224 de 1972.
5. En su condición de única beneficiaria del causante, la demandante solicitó ante la
Secretaría de Educación del Cauca el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes o pensión post mortem. Sin embargo, mediante Resolución núm. 302
del 14 de febrero de 2012, dicha entidad negó la prestación.
6. El 24 de agosto de 2020, la señora Noira Nidia Garzón Ortega presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
Departamento del Cauca, mediante la cual solicitó la nulidad de la Resolución núm.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00422-01
Accionante: Noira Nidia Garzón Ortega
Se confirma la decisión de primera instancia
302 del 14 de febrero de 2012 expedida por la Secretaría de Educación del Cauca
y, a título de restablecimiento, el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes en cuantía del 100% desde el 3 de mayo de 1993, con los
incrementos a que hubiere lugar.
7. Mediante sentencia del 26 de enero de 2024, el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Popayán negó las pretensiones de la demanda, dado que el Decreto
224 de 1972, vigente al momento del fallecimiento del causante, exigía 18 años de
servicio docente para acceder a la pensión, requisito que el señor Jorge Eliécer
Martínez Muñoz no acreditó. Asimismo, descartó la aplicación de la Ley 100 de 1993
por favorabilidad, toda vez que la situación jurídica del causante no se consolidó
bajo su vigencia.
8. Inconforme con el fallo, la parte demandante interpuso recurso de apelación.
Mediante sentencia del 4 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca
confirmó la decisión de primera instancia con fundamento en que, si bien la
jurisprudencia constitucional admite flexibilizar los requisitos pensionales ante una
afectación flagrante del mínimo vital, tal posibilidad no resultaba procedente en el
caso concreto, pues la señora Garzón Ortega era titular de una pensión gracia a
cargo de la UGPP y de una pensión de jubilación a cargo del magisterio; a lo que
se sumaba que habían transcurrido aproximadamente 27 años desde el
fallecimiento de su cónyuge sin que hubiera reclamado la prestación.
C. Fundamentos de la vulneración
9. La accionante sostiene que la sentencia del 4 de diciembre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cauca, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, e incurrió en las
siguientes irregularidades:
9.1. Desconoció el precedente constitucional sobre la aplicación retrospectiva de la
Ley 100 de 1993, fijado en las sentencias T-564 de 2015, T-525 de 2017, T-415 de
2017 y T-017 de 2022, conforme al cual procede la aplicación retrospectiva de dicha
ley al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes cuando el causante cotizó por
más de 15 años al sistema de seguridad social, aunque su muerte haya ocurrido
antes de la entrada en vigencia de la norma.
9.2. Exigió un requisito no previsto en la ley, la dependencia económica del cónyuge
sobreviviente respecto del causante, para acceder a la pensión de sobrevivientes,
configurando un defecto sustantivo, pues ni el Decreto 224 de 1972 ni la Ley 100 de
1993 contemplan dicha exigencia.
9.3. Desestimó la mora en la solicitud de la pensión con fundamento en la ausencia
de un "riesgo actual o grave", sin considerar que el reconocimiento de la pensión
post mortem no está sometido a plazo o caducidad, y desconociendo las
circunstancias particulares de la accionante como víctima sobreviviente del
genocidio de la Unión Patriótica.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00422-01
Accionante: Noira Nidia Garzón Ortega
Se confirma la decisión de primera instancia
9.4. Aplicó el test de procedencia con criterios que no son idóneos ni conducentes
para establecer el grado de vulnerabilidad socioeconómica de la solicitante, y omitió
decretar prueba de oficio sobre la existencia de situaciones similares dentro del
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, afectando el principio de igualdad.
D. Trámite procesal
10. Mediante auto del 27 de enero de 20262, el despacho ponente3 de la Sección
Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al
Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Popayán, y vincular como tercero con interés, a la Nación, al Ministerio
de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), a la Fiduprevisora S.A., y al Departamento del Cauca.
E. Oposiciones e intervenciones
11. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán 4 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela porque lo que busca la accionante es reabrir el
debate probatorio ya surtido. Además, indicó que actuó conforme a derecho al
proferir la sentencia del 26 de enero de 2024, que negó las pretensiones de la
demanda, dado que la norma aplicable era el Decreto 224 de 1972, vigente para la
fecha del fallecimiento del docente, sin acreditarse el requisito de 18 años de
servicios allí exigido, ni resultar aplicable retroactivamente la Ley 100 de 1993;
decisión confirmada por el Tribunal Administrativo del Cauca.
12. El Departamento del Cauca 5 solicitó su desvinculación del proceso con
fundamento en que el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los
docentes corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
administrado por la Fiduprevisora S.A., conforme a la Ley 91 de 1989 y los Decretos
2831 de 2005 y 1272 de 2018, en tanto la Secretaría de Educación Departamental
actúa únicamente como simple facilitadora o delegataria en la expedición de los
actos administrativos. Propuso, en consecuencia, las excepciones de inexistencia
de la obligación a su cargo, falta de legitimación en la causa por pasiva y falta de
integración del litisconsorcio necesario.
13. La Nación – Ministerio de Educación Nacional6 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela y su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
porque no es competente para reconocer ni pagar las prestaciones sociales de los
docentes, función que corresponde a las entidades territoriales certificadas a través
de sus secretarías de educación. Además, señaló que la providencia cuestionada
2 Índice 4 de Samai del expediente de primera instancia.
3 Magistrado Ponente: Dra. Gloria María Gómez Montoya.
4 Índice 12 de Samai del expediente de primera instancia.
5 Índice 19 de Samai del expediente de primera instancia.
6 Índice 17 de Samai del expediente de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00422-01
Accionante: Noira Nidia Garzón Ortega
Se confirma la decisión de primera instancia
fue adoptada por el Tribunal Administrativo del Cauca en ejercicio legítimo y
autónomo de su función jurisdiccional, sin que se acredite la configuración de alguno
de los defectos que habilitan la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales,
ni la relevancia constitucional exigida, al tratarse de una controversia de naturaleza
estrictamente económica y de mera legalidad.
14. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora
S.A. no rindieron informe dentro de la presente acción de tutela.
F. Decisión impugnada
15. Mediante sentencia del 19 de febrero de 20267, la Sección Quinta del Consejo
de Estado negó las solicitudes de desvinculación de la Nación - Ministerio de
Educación Nacional y el Departamento del Cauca, por haber sido parte demandada
en el medio de control ordinario, y declaró improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito de relevancia constitucional, por las siguientes razones:
15.1. La accionante alegó que el tribunal accionado desconoció el precedente de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado en materia de pensión de
sobreviviente cuando el fallecimiento del causante ocurrió antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993; no obstante, el reproche se reduce a una
inconformidad con la interpretación adoptada por el juez de instancia, sin que la
accionante hubiera identificado la regla de derecho de cada providencia citada ni
demostrado la analogía fáctica entre aquellos casos y el suyo, lo que impide tener
por configurado el desconocimiento del precedente alegado.
15.2. La revisión de la sentencia cuestionada no revela vulneración de derechos
fundamentales, pues el tribunal verificó que a la fecha del fallecimiento del señor
Martínez Muñoz regía el Decreto Ley 224 de 1972, que exigía 18 años de servicio,
requisito que el causante no satisfizo al acreditar poco más de 17; descartó la
aplicación favorable de la Ley 100 de 1993 por no haber estado vigente al momento
del deceso; y, pese a examinar la posibilidad de flexibilizar los requisitos en clave
constitucional, encontró que la accionante contaba con pensión gracia y pensión de
jubilación, y que la solicitud se formuló 27 años después del fallecimiento, lo que
excluía todo riesgo actual o grave sobre su mínimo vital.
15.3. La simple inconformidad con una decisión judicial, aun acompañada de la
invocación de derechos fundamentales, no confiere relevancia constitucional al
asunto, pues la competencia del juez de tutela se circunscribe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no al examen de controversias de
naturaleza legal ni a corregir la interpretación adoptada por el juez natural, so pena
de convertir este mecanismo en una instancia adicional y sustituirlo arbitrariamente.
16. En ese sentido, resolvió:
7 Índice 19 de Samai del expediente de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00422-01
Accionante: Noira Nidia Garzón Ortega
Se confirma la decisión de primera instancia
“PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación realizadas por la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Cauca.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la
señora Noira Nidia Garzón Ortega, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia. (…)”.
G. Impugnación
17. En escrito radicado el 24 de febrero de 20268, la parte accionante impugnó la
sentencia del 19 de febrero de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, con fundamento en que:
17.1. El asunto sí reviste relevancia constitucional, por cuanto el debate planteado
persigue la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, la
igualdad, la seguridad social y el acceso a la administración de justicia, en tanto las
decisiones judiciales cuestionadas impusieron barreras irrazonables que impidieron
el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, lo que constituye una afectación
desproporcionada de naturaleza constitucional y no una controversia de mera
legalidad.
17.2. La mora de aproximadamente 27 años en formular la solicitud no puede erigirse
en criterio suficiente para negar la prestación, por cuanto en materia pensional no
opera la caducidad ni la prescripción respecto de derechos de tracto sucesivo, y en
todo caso existió justa causa en la tardanza, derivada del asesinato del causante
por su condición de líder sindical e integrante de la Unión Patriótica, la muerte
posterior de dos hijos de la accionante y su condición de víctima sobreviviente.
17.3. El tribunal accionado incorporó requisitos no previstos en el Decreto 224 de
1972 ni en la Ley 100 de 1993, al exigir la demostración de dependencia económica
del beneficiario respecto del causante y la acreditación de una actuación diligente
en la reclamación administrativa y judicial, condiciones ajenas al marco normativo
aplicable y contrarias al principio de legalidad.
17.4. La Corte Constitucional ha establecido que cuando el causante acredita más de
quince años de servicio al Estado procede la aplicación retrospectiva de la Ley 100
de 1993, lineamiento que el Tribunal Administrativo del Cauca omitió aplicar al
privilegiar aspectos formales sobre la justicia material, y que la Sección Quinta del
Consejo de Estado dejó de examinar al calificar el asunto como una simple
inconformidad con la interpretación del juez de instancia.
17.5. En la sentencia de tutela impugnada se incurre en defecto sustantivo al aplicar
un estándar ordinario centrado en los aspectos formales del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin abordar de fondo la cuestión constitucional
planteada en torno a la procedencia de la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de
8 Índice 25 de Samai del expediente de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00422-01
Accionante: Noira Nidia Garzón Ortega
Se confirma la decisión de primera instancia
1993 cuando el causante acredita más de 15 años de servicios al Estado, con lo
cual trasladó indebidamente a la accionante la carga de superar las exigencias
formales, desconociendo la obligación del juez constitucional de garantizar la justicia
material.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
18. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de tutela interpuesta por la señora Noira Nidia Garzón
Ortega contra el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de
2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
I. Decisión objeto de estudio
19. Si bien la accionante cuestiona la sentencia del 26 de enero de 2024, proferida
por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán y la sentencia del 4
de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el análisis
del presente caso se centrará sobre esta última, al ser la que confirmó la negación
de las pretensiones en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
y con la cual se agotó la controversia en sede ordinaria.
J. Sentido de la decisión
20. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó la desvinculación
de la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Cauca, por
no haber sido objeto de impugnación, y declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, dado que la controversia
se limita a cuestionar la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo del
Cauca respecto de la normativa y jurisprudencia aplicable al reconocimiento de la
pensión de sobreviviente, asunto que corresponden al ámbito de la legalidad y no
evidencian una vulneración autónoma de derechos fundamentales que justifique la
intervención del juez de tutela. En ese sentido y por razones metodológicas, en esta
providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de
procedencia9.
9 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de
evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y
extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00422-01
Accionante: Noira Nidia Garzón Ortega
Se confirma la decisión de primera instancia
K. El requisito de relevancia constitucional
21. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra
providencias judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger
los derechos fundamentales10. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección de la decisión cuestionada11, con el fin de impedir “que el mecanismo
de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley
que dieron origen a la controversia judicial”.
22. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra
providencia judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir
el debate del proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte
Constitucional estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente
relevancia constitucional. De esta manera, se busca evitar que el juez
constitucional se involucre en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones12.
23. En la sentencia SU-215 de 202213, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser
trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política
o para la determinación del alcance de un derecho fundamental;
ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela
como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente
legales y la solicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales;
iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia
judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la
sola referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la
relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental; y el examen de la acción
de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y
f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
11 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021,
M.P. Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
12 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-
210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de
2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00422-01
Accionante: Noira Nidia Garzón Ortega
Se confirma la decisión de primera instancia
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales.
24. Para la Corte Constitucional14, el requisito de relevancia constitucional comporta
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
25. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales
que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el
sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional”15.
L. La falta de relevancia constitucional en el caso concreto
26. La demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
pues la controversia planteada se reduce a la inconformidad de la accionante con
la interpretación que realizó el Tribunal Administrativo del Cauca sobre el marco
normativo y jurisprudencial aplicable al reconocimiento de la pensión de
sobreviviente solicitada, asunto que corresponde al ámbito de la legalidad y no
evidencia una vulneración autónoma de derechos fundamentales que justifique la
intervención excepcional del juez constitucional.
27. La accionante sostiene que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente constitucional sobre la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993,
exigió requisitos no previstos en la ley como la dependencia económica del
cónyuge sobreviviente, desestimó indebidamente la tardanza en la solicitud sin
considerar sus circunstancias particulares como víctima del genocidio de la Unión
Patriótica, y omitió decretar pruebas de oficio sobre situaciones similares dentro
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
28. Del examen del expediente se advierte que, mediante sentencia del 26 de enero
de 2024, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán negó las
pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que la norma aplicable era el
Decreto 224 de 1972, vigente al momento del fallecimiento del causante (3 de
mayo de 1993), el cual exigía un mínimo de 18 años de servicios continuos o
discontinuos para el reconocimiento de la pensión post mortem, requisito que el
señor Jorge Eliécer Martínez Muñoz no acreditó, pues solo registraba 17 años, 7
14 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
15 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00422-01
Accionante: Noira Nidia Garzón Ortega
Se confirma la decisión de primera instancia
meses y 3 días de servicios. Descartó igualmente la aplicación de la Ley 100 de
1993 por favorabilidad, toda vez que dicha normativa entró en vigor el 1 de abril de
1994, con posterioridad al deceso del causante, de manera que el derecho se
consolidó bajo el régimen anterior, conforme al criterio jurisprudencial del Consejo
de Estado.
29. La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, quien sostuvo que, si bien el causante falleció antes de la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993, la situación jurídica de la señora Garzón Ortega no
puede entenderse consolidada, dado que sus efectos se extienden hasta el
presente. Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en
particular las sentencias T-564 de 2015 y T-116 de 2016, y en pronunciamientos
del Consejo de Estado, argumentó que el régimen general resulta más favorable
que el especial previsto en el Decreto 224 de 1972, pues mientras este exige 18
años de servicios continuos o discontinuos, aquel solo requiere 50 semanas
cotizadas en los tres años anteriores al fallecimiento, requisito que el causante sí
acreditó. Al respecto, precisó que:
“(…) Ahora bien, con la expedición de la Ley 100 de 1993, y sin extinguir las normas
especiales existentes en la materia, se estableció dentro del Régimen General de
Seguridad Social la denominada «pensión de sobrevivientes» que prevé, además
de la sustitución de la pensión ya percibida o consolidada por el trabajador fallecido,
el reconocimiento de dicha prestación para sus beneficiarios pese a no haber
logrado el estatus pensional al momento del fallecimiento, siempre y cuando hubiese
efectuado un mínimo de cotizaciones establecido por el legislador.
La finalidad de dicha prestación es garantizar a los sobrevivientes del pensionado o
afiliado fallecido la disposición de unos recursos para su digno sostenimiento, de tal
forma que su deceso no signifique una ruptura que afecte la subsistencia del núcleo
familiar más próximo del causante.
(…)
Conforme a las anteriores disposiciones, tienen derecho a la pensión de
sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que
este se encontrara registrado en el sistema y hubiere cotizado por lo menos 50
semanas al momento de la muerte.
En lo que tiene que ver con los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, el
Artículo 47 de la Ley 100 de 1993 dispone que lo son: de manera vitalicia el cónyuge
o la compañera o compañero permanente supérstite; los hijos menores de 18 años;
los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años que se encuentren incapacitados
para trabajar por razón de sus estudios y que dependan económicamente del
causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependen
económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez.
La citada disposición prevé que, en caso de faltar el cónyuge, compañero o
compañera permanente e hijos con derecho, son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes los padres del causante si dependían económicamente de la persona
fallecida. Y a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos
con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían
económicamente de éste.
Quiere decir lo anterior, que el régimen general de pensiones previsto en la Ley 100
de 1993, en lo que tiene que ver con la pensión de sobrevivientes, es más favorable
que el régimen especial contemplado en el Decreto 224 de 1972, pues mientras este
último prevé como requisito para acceder a la prestación un tiempo de servicios de
18 años, la Ley 100 de 1993, contentiva del régimen general, tan solo exige 50
semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior a la muerte del causante,
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00422-01
Accionante: Noira Nidia Garzón Ortega
Se confirma la decisión de primera instancia
resultando de esta manera más beneficioso.
● De la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes.
Si bien es cierto en principio le asiste razón al despacho de primera instancia al
señalar que no es posible dar aplicación a la Ley 100 de 1993 de forma retroactiva
para situaciones que no se encontraban consolidadas al momento de entrar en
vigencia la referida normatividad. También es cierto que por interpretación
jurisprudencial de las altas Cortes de la Ley 100 de 1993, es posible aplicar las
disposiciones normativas de la referida ley en materia de pensión de sobrevivientes
en virtud de los principios de favorabilidad, igualdad y retrospectividad, posición que
se mantiene vigente al día de hoy, y que por ende resulta de aplicación forzosa al
caso bajo análisis como pasa a exponerse.
(…)
Este fenómeno de la retrospectividad según la Corte Constitucional ha sido
considerado como una limitante a la retrospectividad, asociando su propósito a la
satisfacción de los principios de equidad e igualdad en las situaciones jurídicas de
los asociados y la superación de barreras marcadamente discriminatorias y lesivas
al valor de la justicia.
Desde esta perspectiva si bien la muerte del entonces docente JORGE ELIECER
MARTINEZ MUÑOZ, ocurrió antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993, la
familia que es el sentido último de la seguridad social desde la perspectiva de la
pensión de sobrevivientes continúa vigente.
En ese orden de ideas y atendiendo el criterio propuesto por la Corte Constitucional,
se impone concluir que la situación de la señora NOIRA NIDIA GARZÓN ORTEGA,
actualmente se encuentra surtiendo efectos jurídicos en su calidad de cónyuge
supérstite del causante JORGE ELIECER MARTINEZ MUÑOZ, que aspiraba a un
ingreso económico legítimo como era la pensión de sobrevivientes, la cual no puede
cercenarse sólo porque su viudez acaeció antes de la Ley que se pide aplicar.
De allí que sea la Corte Constitucional la que destaca la solidaridad de quien cotizó
para reconocer la prestación que, en el fondo, permite tener una subsistencia digna
a él y/o a su familia, permanece actual y para ello, la alternativa de justicia es una
lectura de la situación jurídica a la Luz del principio de favorabilidad, bajo postulados
de equidad.
En tal sentido, se reitera que conforme al Certificado de matrimonio de entre JORGE
ELIECER MARTINEZ MUÑOZ y NOIRA NIDIA GARZON ORTEGA, celebrado el 10
de febrero de 1979, mi poderdante cumple con el requisito de la convivencia, y al
ser la cónyuge sobreviviente le asiste el derecho al reconocimiento solicitado
(Negrillas y mayúsculas del texto original).
30. El Tribunal accionado examinó y desestimó estos argumentos con fundamento
en que la situación jurídica de la demandante se consolidó al momento del
fallecimiento del causante, ocurrido el 3 de mayo de 1993, antes de la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993, razón por la cual la norma aplicable era el Decreto
224 de 1972, cuyos requisitos de tiempo de servicios no fueron satisfechos. Añadió
que el principio de favorabilidad no resultaba aplicable en el caso concreto, pues
este solo opera cuando dos o más normas se encuentran vigentes de manera
simultánea, condición que no se verificaba, y que las sentencias del Consejo de
Estado citadas por el apelante correspondían a eventos en que el fallecimiento del
causante ocurrió en vigencia plena del régimen general, supuesto distinto al que
se examina.
31. Asimismo, si bien reconoció que la jurisprudencia constitucional admite
flexibilizar los presupuestos normativos ante un flagrante compromiso del mínimo
vital, estimó que tal posibilidad no era procedente, pues la señora Garzón Ortega
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00422-01
Accionante: Noira Nidia Garzón Ortega
Se confirma la decisión de primera instancia
era titular de una pensión gracia a cargo de la UGPP y de una pensión de jubilación
a cargo del magisterio, y entre el fallecimiento del causante y la presentación de la
demanda habían transcurrido aproximadamente 27 años, circunstancias que
descartaban un riesgo actual y grave sobre sus condiciones mínimas de
subsistencia. Sobre el particular, sostuvo que:
“(…) De acuerdo con esto, los beneficiarios de los docentes de instituciones
educativas públicas, tenían derecho al reconocimiento y pago de una
pensión, siempre y cuando el causante hubiese laborado en planteles
oficiales por 18 años continuos o discontinuos. En este orden de ideas,
inicialmente la Sala evidencia que bajo este instrumento en el que se
consolidó la situación jurídica fallecimiento- y según el tiempo de servicios
prestado por el señor Jorge Eliécer, no alcanzó tal mínimo temporal y por
ende, a sus beneficiarios no les asiste el derecho de hacerse con la
prestación buscada, tal y como lo afirmó la A quo.
De otro lado, sobre el asunto objeto de controversia, desde el 2013, la
Sección Segunda del Consejo de Estado, rectificó su postura respecto de la
aplicación retrospectiva del régimen general de pensiones en virtud de los
anteriores principios y concluyó que la ley aplicable es la vigente al momento
en que se causa el derecho; que en caso de la pensión de sobrevivientes, es
la fecha en que se produjo el deceso (…)
(…)
Luego, la Sección manifestó que la posibilidad de exigir la aplicación de la
Ley 100 de 1993, en los términos señalados en el artículo 288, citado ante el
cotejo con lo indicado en normas anteriores a su vigencia, requiere que el
derecho reclamado con base en la normativa anterior se hubiere consolidado
en vigencia de la Ley 100 de 1993; es decir, que esta última estuviera rigiendo
en el caso concreto.
Por esto, la Alta Corporación acordó que no es posible aplicar por
favorabilidad la Ley 100 a situaciones consolidades antes de su entrada a
regir, pues para el efecto, debe tenerse en cuenta la normativa vigente para
la fecha en que se produjeron los hechos génesis de la consolidación del
derecho pensional perseguido, porque esto desconocería el principio de
irretroactividad de la ley derivado de la Ley 153 de 1887.
Y en consecuencia, según la postura que emana del Consejo de Estado, no
es posible acceder al petitum de la alzada, pues tal línea jurisprudencial
pacífica asumida en pleno por la Sección Segunda, se constituye como
precedente vertical que, en este caso, obliga a este Tribunal a seguir su
derrotero, el cual, de cualquier forma, ha sido acogido por esta Corporación
en otras oportunidades.
Ahora, en el recurso de apelación, la parte demandante trajo a colación
diversas providencias de la Corte Constitucional. No obstante, una vez
verificadas y valoradas en su conjunto, la Sala concluye que tratan de
descripciones fácticas diferentes, con una incidencia sustancial en lo
pretendido por el apelante.
(…)
L o cierto es que la jurisprudencia constitucional reseñada por el demandante
coincide en que, si bien es ajustada a Derecho la postura adoptada por el
Consejo de Estado desde el 2013, es posible flexibilizar presupuestos
normativos ante un flagrante compromiso de las prerrogativas ius
fundamentales de quienes buscan amparo de subsistencia y mínimo vital,
como consecuencia de la partida de quien en vida les proveía los medios
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00422-01
Accionante: Noira Nidia Garzón Ortega
Se confirma la decisión de primera instancia
para su sostenimiento.
(…)
Por esto, la Sala afirma que aunque se adhiere a los criterios flexibilizadores
que incorpora la Corte Constitucional en casos donde una interpretación
rigurosa de la ley, desemboca en el quebranto de las garantías y derechos
de los solicitantes, como el mínimo vital y subsistencia, y por ello se debe
buscar conjurar la falta repentina de ingresos económicos y mitigar el riesgo
de condiciones particulares de vulnerabilidad a través del reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes, el presente caso no está llamado a ser resuelto
por tal vía.
Lo anterior, porque en el caso de autos, ni siquiera se expuso alguna
circunstancia que comprometiera las garantías mínimas de sostenibilidad y
supervivencia de la señora Garzón Ortega, pues lo cierto es que, si bien esta
cuenta con 66 años, según lo probado en el proceso, incluida su declaración
extra procesal, a la fecha la demandante cuenta con una pensión de
jubilación a cargo del magisterio y otra graciosa a cargo de la UGPP, según
la consulta ciudadana arrojada por el Registro Único de Afiliados – Sistema
Integral de Información de la Protección Social.
Además de lo anterior, tal y como se estudió en una de las providencias
constitucionales reseñadas por el apelante, mientras que la fecha de
fallecimiento de su exesposo fue en el año 1993, la solicitud de pensión post
mortem no fue sino hasta el 2012, y, a su vez, la presentación de la demanda
fue 27 años después al deceso, por lo que se concluye -en palabras de la
Corte-, que no se generó un riesgo actual ni grave, desestimándose los
reparos del apelante, según los cuales, el riesgo que pretende cubrir esta
prestación, continúa vigente. (…)”.
32. En esos términos, resulta claro para la Sala que los reparos formulados por vía
de tutela corresponden a los mismos argumentos planteados en el recurso de
apelación, los cuales fueron examinados y desestimados por el Tribunal
Administrativo del Cauca con fundamento en el marco normativo y jurisprudencial
aplicable, lo que pone de manifiesto que la accionante pretende utilizar este
mecanismo como una instancia adicional para obtener una decisión favorable que
no obtuvo en sede ordinaria.
33. Así las cosas, se declarará la improcedencia de la acción, pues el asunto no
plantea una cuestión de naturaleza fundamental que justifique la intervención
excepcional del juez de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 19 de febrero de
2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00422-01
Accionante: Noira Nidia Garzón Ortega
Se confirma la decisión de primera instancia
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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