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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00423-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00423-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que declaró improcedente la acción constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00423-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00423-01
Demandante: JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ALTÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN ORAL SECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma sentencia de
primera instancia que declaró la improcedencia de la acción
de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia del 16 de febrero de 2026, en virtud de la cual, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B declaró improcedente el mecanismo por no
satisfacer los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

El señor José Dario Forero Fernández, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral
Sección B, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la propiedad
privada y libertad económica. Así mismo, la aplicación del principio de seguridad
jurídica.

En criterio de la parte actora, la vulneración de sus garantías constitucionales se
materializó con ocasión de la sentencia del 10 de octubre de 2025 mediante la cual,
la autoridad judicial accionada revocó el proveído de primera instancia que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y

1 Índice 002 de Samai. La tutela se radicó el 23 de enero de 2026 a la que se le asignó la secuencia

interna número 596.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Dario Forero Fernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral Sección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00423-01

restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-001-2024-00181-00/02,
para en su lugar, negarlas.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
2. Se declare que la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en una
vía de hecho por desconocimiento del precedente sobre caducidad de la facultad
sancionatoria, conforme a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, y se deje en firme la sentencia de primera instancia que acogió dicho
precedente.

3. Se revoque y se deje sin efectos la sentencia del 19 de enero de 2026 y, en su
lugar, se disponga que recobre plenos efectos la sentencia proferida el 17 de julio de
2025 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, la cual
declaró la nulidad del acto administrativo sancionatorio por caducidad, como
mecanismo idóneo de restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados. 2

Como medida provisional solicitó lo siguiente:

4. […] se ordene la suspensión inmediata de los efectos de la resolución
sancionatoria No. 0446 del 14 de marzo de 2023 de EPA BARRANQUILLA VERDE,
en especial el cobro de la multa, intereses, reportes negativos, embargos u otras
medidas, mientras se decide de fondo esta tutela.

[…]

Adicionalmente, solicito al juez constitucional impartir una orden clara a la EPA
BARRANQUILLA VERDE, para suspender inmediatamente cualquier actuación de
cobro, reporte o medida restrictiva derivada de la Resolución No. 0446, hasta tanto
se resuelva esta acción de tutela, en virtud del principio de favorabilidad en materia
sancionatoria ambiental, y de la protección reforzada que otorga el proceso de
reorganización empresarial conforme a la Ley 1116 de 2006 y a los precedentes T-
456 de 2013, T-225 de 2013 y T-179 de 2003.

5. Se solicita también que, de concederse la tutela, se remita copia del fallo a EPA
Barranquilla Verde y al Tribunal Administrativo del Atlántico como garantía de no
repetición y control constitucional del principio de legalidad sancionatoria.

Asimismo, solicito que se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación
y a la Superintendencia de Sociedades, como garantes del respeto a la legalidad y
a la función administrativa conforme al artículo 209 de la Constitución.3

2 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.
3 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.

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Demandante: José Dario Forero Fernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral Sección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00423-01

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor José Dario Forero Fernández, actuando a través de apoderada judicial,
promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y el Establecimiento Público
Ambiental Barranquilla Verde -en adelante EPA Barranquilla Verde- con el fin de
que se estudiara la legalidad de las resoluciones 0446 del 14 de marzo de 20234 y
0189 del 1° de febrero de 20245 a través de las cuales se impuso una sanción
ambiental al actor.

El proceso se asignó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla que, mediante sentencia del 1° de agosto de 2025 declaró la nulos los
actos administrativos cuestionados, dado que en el proceso ambiental sancionatorio
la entidad: (i) omitió adelantar la etapa de indagación preliminar contenida en el
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 siendo obligatoria en los procedimientos
sancionatorios de naturaleza administrativa, lo que vulneró el derecho fundamental
al debido proceso del actor; (ii) la acción sancionatoria había caducado cuando se
impuso la amonestación comoquiera que el hecho generador de esta ocurrió el 28
de febrero de 2019, por lo que, los 3 años para ejercer la facultad sancionatoria
fenecían el 1° de marzo de 2022, como lo dispone el 52 de la Ley 1437 de 2011, no
obstante, la Resolución 0446 de 2023 se comunicó al actor el 30 de marzo de 2023,
por tanto, fuera del término legal.

La parte demandada apeló la decisión anterior, y el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B6 a través del proveído del 10 de octubre
de 2025 revocó lo decidido por el a quo, y negó las súplicas del referido medio de
control.

Como sustento, señaló que la autoridad ambiental abrió la investigación
administrativa de carácter ambiental en auto 1359 del 1° de septiembre de 2021 por
la presunta violación a la norma ambiental, al efectuar la inscripción en el «Registro
de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos» de manera extemporánea,
disponiéndose además la formulación del pliego de cargos. En dicha providencia se
concedió al señor Forero Fernández el término de 10 días para que presentara el
escrito con los descargos y aportara o solicitara pruebas, como en efecto lo hizo, de
manera que consideró garantizado el derecho de defensa y contradicción.

4 Por medio de la cual EPA Barranquilla Verde sancionó al señor José Darío Forero Fernández con

una multa de 170.34 UVT equivalente a $6.473.736 por incumplimiento de las obligaciones
contempladas en los artículos 2 y 5 de la Resolución 1362 de 2007, por solicitar de forma
extemporánea la inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos y por
la no actualización de la información de los periodos de balance 2011, 2012, 2017, 2018 y 2019.
5 Por medio de la cual resolvió no reponer la Resolución 0446 del 14 de marzo de 2023 y confirmó

el contenido de la misma.
6 Providencia suscrita por los magistrados, Oscar Wilches Donado, Luis Eduardo Cerra Jiménez y

Ángel Hernández Cano.

3
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Demandante: José Dario Forero Fernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral Sección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00423-01

En cuanto a la caducidad de la facultad sancionatoria, señaló que la caducidad en
materia ambiental se encuentra consagrada en el artículo 107 de la Ley 1333 de
2009 cuyo término es de 20 años desde que ocurrió el hecho u omisión y, si la
infracción es de tracto sucesivo, desde el último día en que se generó lo anterior.
Por otro lado, hizo referencia a que, el límite temporal consagrado en el artículo 38
del CCA -hoy 528 del CPACA- se refiere al trámite del procedimiento sancionatorio,
es decir, una vez iniciado, la autoridad ambiental debe concluirlo dentro de los 3
años siguiente, so pena de caducidad de la facultad sancionatoria.

Para el caso concreto, señaló que, comoquiera que el actor incumplió de manera
continuada la obligación de registrar los generadores de residuos peligrosos
teniendo en cuenta que inscribió el establecimiento de comercio en enero de 2009,
pero registró lo referente a los residuos el 28 de febrero de 2019, la caducidad se
contabiliza desde que cesó la conducta.

El anterior proveído se notificó a las partes el 22 de enero de 20269

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante señaló que la providencia cuestionada vulneró las garantías
fundamentales al incurrir en los siguientes defectos:

7 ARTÍCULO 10. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. La acción sancionatoria ambiental caduca a los 20 años de

haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción. Si se tratara de un hecho u omisión sucesivos,
el término empezará a correr desde el último día en que se haya generado el hecho o la omisión. Mientras las
condiciones de violación de las normas o generadoras del daño persistan, podrá la acción interponerse en
cualquier tiempo.
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 18 de la Ley 2387 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:>
Una vez iniciado el procedimiento sancionatorio ambiental, dentro del término de caducidad previsto en el
presente artículo, el procedimiento no podrá extenderse más allá de cinco (5) años.
La autoridad podrá, mediante resolución motivada, prorrogar hasta por otro término igual la duración del
procedimiento sancionatorio ambiental cuando la complejidad del caso o del acervo probatorio lo haga
necesario.
Al año de la entrada en vigencia del presente parágrafo, será de obligatorio cumplimiento por las autoridades
ambientales formular un plan de descongestión de los procesos sancionatorios ambientales que lleven más de
15 años y estén próximos a cumplir 20 años desde la iniciación del procedimiento. Los procesos en el plan de
descongestión se deberán resolver en 3 años.
El plan de descongestión del que trata el presente parágrafo deberá ser presentado por el director general para
conocimiento del consejo directivo de su Corporación y publicado en el sitio web de la autoridad ambiental
salvaguardando aquellos datos personales protegidos por la Ley 1581 de 2012 de habeas data.
El incumplimiento del plan de descongestión constituirá falta disciplinaria en los términos del numeral 1 del
artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, o el que lo derogue o sustituya.
8 Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que

tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u
omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe
haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos,
los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a
partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta
disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y
disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en
que cesó la infracción y/o la ejecución.
La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partir de la fecha
de la ejecutoria.
9 Índice 014 del proceso ordinario 08001333300120240018102.

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Demandante: José Dario Forero Fernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral Sección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00423-01

(i) Desconocimiento del precedente en materia de caducidad que contempla un
plazo de 3 años para ejercer la facultad sancionatoria y el debido proceso
administrativo dispuesto en las siguientes sentencias.

Del Consejo de Estado refirió las providencias: del 23 de julio de 2020, Rad: 2015-
00237-00; del 22 de febrero de 2018, Rad: 11001-03-24-000-2013-00212-00; del 10
de noviembre de 2016, Rad. 25000-23-41-000-2013-01106-01; del de mayo de
2017, Rad. 76001-23-31-000-2012-00189-01; 13 de febrero de 2020, Rad. 05001-
23-33-000-2015-00886-01; del 3 de diciembre de 2015, Rad. 05001-23-33-000-
2010-00916-01; y Rad. 25000-23-24-000-2011-00114-01; del 11 de mayo de 2020,
Rad. 1001-03-24-000-2016-00159-00; del 18 de febrero de 2021, Rad: 11001-03-
24-000-2018-00207-00; del 4 de diciembre de 2021, Rad. 11001-03-24-000-2019-
00191-00; del 25 de marzo de 2021, Rad. 11001-03-24-000-2016-00148-00. En las
que, en su sentir, se determinó que la caducidad de la acción sancionatoria en
materia ambiental es de obligatorio cumplimiento por ser de orden público y que
esta debe computarse desde que la administración tiene conocimiento del hecho.

De la Corte Constitucional señaló las sentencias: T-102 de 2014; T-205 de 2021; T-
156 de 2013; C-244 de 1996; T-539 de 2014; T-1036 de 2008; SU-1184 de 2001 y
T-102 de 2018; T-292 de 2006; SU-640 de 1998; C-836 de 2001; C-104 de 2009;
SU-960 de 2022; T-292 de 2006; SU-640 de 1998; en las que, a su juicio, se
estableció el principio de legalidad en sanciones administrativas y la sentencia T-
367 de 2016 que dispone la carga de la prueba en este tipo de procesos atendiendo
la buena fe del administrado.

(ii) Fáctico: porque el tribunal omitió el análisis de pruebas documentales
importantes, tales como: las actas de seguimiento y visitas técnicas de EPA
Barranquilla Verde, en las que constan los requerimientos contradictorios que le
hicieron al actor, además de los oficios que el accionante envío a la autoridad
ambiental pidiendo la ampliación de los plazos del proceso administrativo
sancionatorio.

Aunado a que, no se advirtió la falta de prueba que demostrara que el accionante
afectó al medio ambiente, por lo que consideró que no podía haber sido sancionado,
pues, a decir de la Corte Constitucional, en la sentencia T-539 de 2014, «el Estado
no puede sancionar a un ciudadano cuando ha contribuido a la supuesta omisión».

(iii) Sustantivo: por desconocer la caducidad de la potestad sancionatoria
contemplada en el «artículo 9» de la Ley 1333 de 2009. En ese orden, EPA
Barranquilla Verde sancionó al tutelante a título de «infracción ambiental» por un
incumplimiento que era «puramente procedimental» como la entrega tardía del
informe final, situación que ni siquiera afecta al medio ambiente. Sobre este asunto
señaló que se infringe el principio de culpabilidad en materia sancionatoria
administrativa máxime porque no se configuró por su parte un daño al medio
ambiente.

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Además, refirió que «el tribunal ignoró que el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011
señala que la administración cuenta con un término de 1 año para ejercer la facultad
sancionatoria desde que tuvo conocimiento de la ocurrencia del hecho, motivo por
el cual, el juzgado de primera instancia declaró configurada la caducidad de tal
acción, argumentos que se omitieron por el ad quem, y se limitó a revocar la decisión
sin desvirtuar la caducidad ya declarada».

(iv) Procedimental: porque en el procedimiento administrativo sancionatorio se le
imputaron cargos desde la apertura de la investigación, sin agotar previamente la
etapa de indagación preliminar y «sin audiencia»; actuaciones que, según su
criterio, no se podían acumular porque ello contraría el debido proceso y el principio
de tipicidad, por tanto, concluyó que la sanción fue arbitraria e ilegal.

Por otro lado, explicó que se vulneraron sus derechos fundamentales a la propiedad
privada y a la buena fe, por la carga económica que le impuso la administración con
la sanción en su contra. Citó las sentencias T-043 de 2011 y T-198 de 2017 de la
Corte Constitucional. Además. Indicó que se desconocieron los principios de
favorabilidad y pro homine del derecho sancionatorio ambiental porque fue objeto
de una sanción sin sustento probatorio de la existencia del daño ambiental.

Finalmente, afirmó que, de la sanción que le impuso EPA Barranquilla Verde le
genera perjuicios graves porque su empresa se encuentra en el proceso de
reorganización empresarial desde 2012 bajo el expediente número 73641 ante la
Superintendencia de Sociedades, lo que hace inane la imposición de multas sin
base legal, aunado a que el cobro coactivo afecta la continuidad de su actividad
económica y afecta su mínimo vital pues limita su capacidad de operar. Relacionó
el artículo 20 de la Ley 1116 de 200610 y las sentencias T-082 de 2016; T-456 de
2013 y T-279 de 2016 de la Corte Constitucional.

10 Artículo 20. Nuevos procesos de ejecución y procesos de ejecución en curso. A partir de la fecha

de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que
hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser
incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión,
las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos de calificación y graduación y las medidas
cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso, quien determinará si la
medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso, atendiendo
la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad
operacional, debidamente motivada.
El Juez o funcionario competente declarará de plano la nulidad de las actuaciones surtidas en
contravención a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no tendrá recurso alguno.
El promotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar individual o conjuntamente la
nulidad del proceso al juez competente, para lo cual bastará aportar copia del certificado de la
Cámara de Comercio, en el que conste la inscripción del aviso de inicio del proceso, o de la
providencia de apertura. El Juez o funcionario que incumpla lo dispuesto en los incisos anteriores
incurrirá en causal de mala conducta.

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1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 26 de enero de 202611, la Magistrada Ponente del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B admitió la solicitud de amparo, ordenó la
notificación a la parte accionante12 y como accionados, a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B13.

Asimismo, ordenó vincular como terceros con interés en el resultado del proceso al
Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla14 [a quo del proceso ordinario],
al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla15 y al EPA Barranquilla
Verde16 [extremo pasivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho]

Además, negó la medida provisional pedida por la parte actora.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla17

La titular del despacho hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y señaló que no se configura la
vulneración de los derechos fundamentales del actor contra esta judicatura.

Además, remitió el vínculo de acceso al expediente electrónico.

1.6.2. Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla18

La entidad pidió ser desvinculada del presente trámite por carecer de legitimación
en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que las pretensiones se dirigen contra
la sentencia proferida por el tribunal accionado, sin participación alguna por parte
de esta autoridad, máxime porque los actos demandados en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho se expidieron por EPA Barranquilla Verde, la cual
tiene personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, técnica, y un
patrimonio propio e independiente, en el que no tiene injerencia alguna el Distrito de
Barranquilla.

11 Índice 004 de Samai de primera instancia.
12Índice 006 de Samai. La notificación fue realizada a: jdforero@yahoo.com.
13 Índice 006 de Samai. La notificación fue realizada a: sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co y

prestaatl@cendoj.ramajudicial.gov.co.
14 Índice 006 de Samai. La notificación fue realizada a: adm01bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co.
15 Índice 006 de Samai. La notificación fue realizada a: ventanillaunica@barranquilla.gov.co;

notijudiciales@barranquilla.gov.co y atencionalciudadano@barranquilla.gov.co.
16 Índice 006 de Samai. La notificación fue realizada a: notificaciones@barranquillaverde.gov.co y

direccion@barranquillaverde.gov.co.
17 Índice 010 de Samai.
18 Índice 012 de Samai.

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1.6.3. EPA Barranquilla Verde19

El apoderado de la autoridad ambiental hizo un recuento de lo acontecido en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y a continuación pidió
que se declare improcedente el amparo por carecer de relevancia constitucional, o,
en su defecto, que se niegue el amparo, comoquiera que el actor pretende usar esta
acción para reabrir el debate ya zanjado y constituir una tercera instancia, con el fin
de controvertir la sentencia del tribunal, decisión que goza de presunción de
legalidad y se encuentra ejecutoriada, por lo que está amparada bajo el principio de
autonomía judicial y hace tránsito a cosa juzgada.

Además, refirió que, la Resolución 0446 del 14 de marzo de 2023, que fue
cuestionada en el proceso ordinario, se expidió en cumplimiento de la Ley 1333 de
2009 y con respeto del debido proceso administrativo sancionatorio, no obstante,
dados los hechos, se impuso una multa al actor por no cumplir con la obligación de
presentar el informe de cumplimiento ambiental del contrato 006 de 2015.

Finalmente, explicó que la alegada reorganización empresarial no le resulta
aplicable al accionante pues el acto administrativo referido no ordenó el cobro
coactivo, sino que se trata de una sanción administrativa. Además, el artículo 20 de
la Ley 1116 de 2006 -que citó la parte actora- se refiere a procesos ejecutivos, no a
procedimientos sancionatorios ambientales.

1.6.4. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B
guardó silencio, pese a que fue debidamente notificado.

1.7. Sentencia de primera instancia20

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B dictó sentencia el 16 de
febrero de 2026 en la que declaró improcedente el amparo por no superar los
requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad. Asimismo, negó la solicitud
de desvinculación elevada por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.

El a quo constitucional examinó las providencias del Consejo de Estado y del Corte
Constitucional que invocó como desconocidas el actor en el escrito de tutela,
alegando que, en estas se establecía que la caducidad de la acción sancionatoria
era de 3 años, además, que en el procedimiento promovido por la autoridad
ambiental debía agotarse la etapa de indagación preliminar antes de formularse los
cargos en su contra, siendo imposible unificarlas en un solo auto.

Sin embargo, el juez de tutela encontró que las fechas de las sentencias que refirió
el accionante de los procesos del Consejo de Estado no coinciden con las fechas

19 Índice 013 de Samai.
20 Índice 024 de Samai.

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de los fallos que realmente han sido proferidos en cada expediente, aunado a que,
«de todos los fallos citados, ninguno aborda las temáticas que afirmó el accionante,
y menos, contienen los párrafos específicos que consignó respecto de algunas
providencias». Situación que se replica frente a las sentencias de la Corte
Constitucional, «puesto que al revisar cada una de estas, se corroboró que abordan
temas ajenos al proceso sancionatorio ambiental, al punto que no se comprende su
pertinencia o relación con el caso concreto».

Concluyó que, aunque lo referido sería suficiente para declarar la improcedencia
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, decidió resaltar que la
sentencia acusada explicó de forma suficiente que el artículo 10 de la Ley 1333 de
2009 prevé que la acción sancionatoria ambiental caduca en 20 años,
contabilizados desde que cesa el hecho u omisión generadora de la infracción, por
lo que no era aplicable el artículo 52 del CPACA que contempla un término de 3
años para promover en tiempo este mecanismo, porque parte de una regulación
distinta a la contenida en la norma especial en materia ambiental.

Por tanto, indicó que, aunque el actor alega que la indagación preliminar no se
adelantó en debida forma, lo cierto es que ese cargo se analizó por el tribunal, que
consideró que en todo el procedimiento se garantizaron los derechos de defensa y
contradicción del actor, tanto que este presentó descargos, presentó y pidió pruebas
ante la autoridad ambiental que finalmente lo sancionó.

En consecuencia, advirtió que al asunto bajo examen no cumple con el requisito de
relevancia constitucional porque carecen de carga argumentativa.

Finalmente, los alegatos con los que sustenta el defecto fáctico y el perjuicio
irremediable derivado del proceso de reorganización empresarial no se planearon
en el escrito de nulidad y restablecimiento del derecho, ni fueron objeto de análisis
por el juez de primera o segunda instancia, por lo que este cargo no supera el
requisito de subsidiariedad.

La sentencia de primera instancia se notificó a las partes e intervinientes de forma
personal mediante correo electrónico el 25 de marzo de 202621.

1.8. Impugnación22

El actor impugnó la decisión del a quo y solicitó que se revoque la sentencia de
primera instancia y en su lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados
y se deje sin efectos la sentencia del tribunal accionado.

21 Índice 029 de Samai.
22 Índice 030 de Samai. La sentencia se notificó el 25 de marzo de 2026 a través de correo electrónico

y el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el mismo día, por lo que fue oportuna su
interposición. El recurso se concedió en auto del 15 de abril de 2026.

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Por un lado, señaló que, el juez de tutela realizó un análisis incompleto de los cargos
que se plantearon en la tutela y privilegió consideraciones formales sobre un
verdadero examen material de la vulneración de sus derechos fundamentales.

Por otro lado, reiteró que la providencia enjuiciada incurrió en los defectos sustantivo
y desconocimiento del precedente judicial. En cuanto al primero señaló que se
omitió el análisis material de la norma y jurisprudencia aplicable al caso y, frente al
segundo, manifestó que se desatendieron las pautas establecidas por el Consejo
de Estado en la sentencia emitida el 15 de agosto de 2019 en el proceso de
radicado: 08001-23-31-000-2011-01455-01 relativa a la ilegalidad de fusionar el
acto de apertura de la investigación con el de formulación de cargos en el
procedimiento ambiental sancionatorio, proveído que, en su sentir, no se examinó
por el juez de tutela.

Explicó que EPA Barranquilla Verde, en el auto 1359 de 2021 dio apertura a la
investigación y formuló cargos contra el demandante, lo que, a juicio de la referida
providencia, es ilegal, por lo que, se vulneró su derecho al debido proceso

Además, agregó que no se examinó la mora judicial prolongada que afectó el trámite
del proceso ordinario, por dilaciones previas, traslados de los expedientes entre
despacho, y otras cosas, sumado a que la decisión proferida dentro de este
mecanismo constitucional no se emitió dentro del término legal, lo que incrementa
la carga que debe soportar y trasgrede su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Por lo que pidió que se estudie de fondo su caso y
además, se analice la mora judicial referida.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la impugnación formulada por la
parte accionante, conforme con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de
2024.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 16
de febrero de 2026 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, a efectos de lo anterior, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

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• ¿El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B
transgredió las garantías invocadas por la parte actora, al proferir la
providencia del 10 de octubre de 2025 dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 08001-33-33-001-
2024-00181-00/02?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) las
generalidades de los defectos alegados y, (iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 23
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 24 y declaró su
procedencia.25

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
24 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
25 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1 Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202226 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal27 (Énfasis de la
Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse

26 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
27 Sentencia SU-573 de 2019.

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exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico28; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional29.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal30”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales31”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto32, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal33.
(Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

La parte actora cuestiona la providencia del 10 de octubre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B que revocó la
decisión del 1° de agosto de 2025 proferida por el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Barranquilla, en la que había accedido parcialmente a las
súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con
el radicado 08001-33-33-001-2024-00181-00/02, para, en su lugar, negarlas.

En primera instancia, el a quo constitucional declaró improcedente el mecanismo
por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

28 Sentencia SU-103 de 2022.
29 Sentencia SU-103 de 2022.
30 Sentencia SU-103 de 2022.
31 Sentencia SU-128 de 2021.
32 Sentencia SU-573 de 2019.
33 Ibid.

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Frente al primero señaló que, al examinar las providencias en las que sustentó el
defecto del desconocimiento del precedente judicial advirtió que abordaban
temáticas diferentes a las señaladas por el actor y completamente ajenas al proceso
sancionatorio ambiental, por lo que no existía relación alguna con el caso objeto de
estudio, por tanto, consideró que este presupuesto no superaba la carga
argumentativa, al igual que los yerros que denominó como sustantivo y
procedimental, toda vez que se dirigían a cuestionar la decisión del tribunal sin
exponer razones que denotaran la vulneración de las garantías invocadas.

En lo referente al yerro fáctico y a la presunta causación de un perjuicio irremediable
derivado de la multa que le impuso EPA Barranquilla Verde porque afectan el
proceso de reorganización empresarial al que se sometió el accionante desde el
año 2012, el juez de tutela consideró que estos argumentos no superaban el
requisito de subsidiaridad comoquiera que no fueron planteados en el proceso
ordinario.

Sin embargo, el tutelante impugnó la decisión anterior y reiteró que el proveído
enjuiciado incurría en el defecto sustantivo porque desatendía la norma y
jurisprudencia aplicable al caso y porque desconoció el precedente al omitir la
sentencia del 15 de agosto de 2019 del Consejo de Estado, Rad. 08001-23-31-000-
2011-01455-01, en la que, a su juicio, se dispuso que era ilegal «fusionar el acto de
apertura de la investigación con el de formulación de cargos en el procedimiento
ambiental sancionatorio», tal como ocurrió en su caso en el auto 1359 de 2021.

Además, alegó que no se tuvo en cuenta la mora judicial prolongada en la que
incurrió el fallador del proceso ordinario y el juez constitucional porque emitió el fallo
de tutela fuera del término consagrado en la ley. Estos reproches no serán objeto
de pronunciamiento por la Sala, toda vez que, a través del presente asunto pretende
ventilar aspectos nuevos o situaciones jurídicas que no planteó al momento de
controvertir la sentencia proferida por el ad quem, por lo que no fueron examinados
por el juez de tutela de primera instancia, ni se conocieron por los demás sujetos
intervinientes.

En lo que atañe a los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente34, la
Sección advierte que, el mismo argumento referente a la «imposibilidad de fusionar»
el auto de apertura de la investigación, con el de formulación de cargos se expuso
por la actora en el proceso ordinario, cuya inconformidad se resolvió por la autoridad
judicial accionada en el fallo cuestionado, indicando que «la etapa de investigación
dentro del trámite administrativo sancionatorio ambiental es facultativa y se debe
practicar en aquellos casos que existen dudas acerca de la infracción ambiental, por
consiguiente, si hay una clara, evidente y flagrante violación normativa la autoridad
ambiental tiene la potestad de iniciar el trámite y formular los cargos

34 Dentro del proceso de radicado: 08001-23-31-000-2011-01455-01.

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correspondientes». Lo anterior, con sustento en los principios de celeridad,
economía y eficacia administrativa.

Sin embargo, la parte actora reiteró en este mecanismo constitucional los mismos
argumentos que ya fueron objeto de análisis por el tribunal, por lo que es claro que
pretende usar la tutela como una instancia adicional para reabrir un debate que ya
fue objeto de pronunciamiento por el juez natural, en el marco de su autonomía e
independencia judicial.

Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado busca mutar el amparo constitucional en una instancia adicional
y reabrir un debate ya zanjado por el juez contencioso, conforme las etapas que
para tal efecto estableció el legislador.

Conforme lo expuesto, se confirmará la sentencia del 16 de febrero de 2026
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que declaró
improcedente el mecanismo por no superar los requisitos de procedibilidad de
relevancia constitucional y subsidiariedad.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de febrero de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que declaró improcedente la
acción constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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