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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00425-01

Fecha
5 de junio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00425-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de marzo de 2026 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela que interpuso el Municipio de Neiva en contra del Tribunal Administrativo del Huila y el señor Benjamín Lasso Conde, por no superar el requisito de inmediatez, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00425-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

5 de junio de 2026

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00425-01
Demandante: Municipio de Neiva

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00425-01
Accionante: Municipio de Neiva
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo.
Requisitos generales y especiales de procedencia. Inmediatez – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
del 13 de marzo de 2026, proferida por la Sección Tercera, Subsección A, del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 23 de enero de 2026, el municipio de Neiva, por conducto de apoderado judicial1,
interpuso acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, en
conexidad con los principios de prevalencia del derecho sustancial y protección del
patrimonio público, los cuales estimó vulnerados por el señor Benjamin Lasso Conde,
así como del Tribunal Administrativo del Huila al proferir la sentencia del 17 de junio
de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 41001-33-33-003-2017-00115-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 2:

2.1. El 6 de mayo de 2016, el señor Benjamín Lasso Conde se vio involucrado en un
accidente de tránsito en la ciudad de Neiva, cuando se movilizaba en la motocicleta
de placas EJH55D. En dicha oportunidad, el agente de tránsito César Augusto

1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 1AA94DCB3390C011 9182CCC3C6543983

18E55E47BDFA9D87 177621F4A33F7B40.
2 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 208BA6871717DF39 C1EFE5606EBE3299

723FA29977CB4B11 ECFE7FA27FCBE93B.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00425-01
Demandante: Municipio de Neiva

Puentes Castañeda le impuso el comparendo No. 41001000000000356376 por
presuntamente conducir bajo el influjo del alcohol, sin que previamente se hubiera
practicado una prueba de alcoholemia que acreditara tal circunstancia.

2.2. Posteriormente, la Secretaría de Movilidad de Neiva ordenó la suspensión
provisional de la licencia de conducción del señor Benjamín Lasso Conde. En
consecuencia, este solicitó la realización de una audiencia ante la Inspección de
Tránsito.

Luego de surtirse el procedimiento correspondiente, la Secretaría de Movilidad de
Neiva expidió la Resolución núm. 45 del 1.º de junio de 2016, mediante la cual declaró
responsable al señor Benjamín Lasso Conde y ordenó la suspensión de su licencia
de conducción por diez (10) años, así como la realización de acciones comunitarias.

2.3. Con el propósito de controvertir dicha decisión, el señor Lasso Conde interpuso
recurso de apelación contra la Resolución núm. 45 del 1.º de junio de 2016, el cual
fue resuelto de manera desfavorable por el Secretario de Movilidad de Neiva
mediante la Resolución núm. 20 del 23 de septiembre de 2016.

2.4. El señor Benjamín Lasso Conde promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Neiva, con
el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones núm. 45 del 1.º de junio de 2016 y
núm. 20 del 23 de septiembre de 2016. Como consecuencia de ello, solicitó el
reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados a él y a su familia, incluidos los
perjuicios materiales en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, así
como los daños morales correspondientes.

2.5. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral de
Neiva, bajo el radicado núm. 41001-33-33-003-2017-00115-00 autoridad que,
mediante sentencia del 8 de junio de 2020 declaró la nulidad de los actos
administrativos contenidos en las Resoluciones No. 045 del 1 de junio de 2016 y No.
20 del 23 de septiembre de 2016. Asimismo, como restablecimiento del derecho,
condenó al Municipio de Neiva al pago de $47.518.847 pesos por concepto de lucro
cesante de la suma y de $221.098 pesos por concepto de daño emergente en favor
del señor Benjamín Lasso Conde.

2.6. Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila mediante
sentencia del 17 de junio de 2025, en la que confirmó la decisión de primera instancia.
No obstante, el magistrado Ramiro Aponte Pino presentó un salvamento de voto en
el que expuso que, si bien se encuentra de acuerdo con la declaratoria de nulidad de
los actos administrativos demandados, se aparta de la decisión de indemnizar los
perjuicios del demandante, en tanto, a su juicio, en el expediente obran una serie de
pruebas que permiten inferir que el señor Lasso Conde condujo bajo los efectos del
alcohol y se estaría beneficiando de su propia negligencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00425-01
Demandante: Municipio de Neiva

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud 3

3.1. La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, en conexidad con los principios
de prevalencia del derecho sustancial y protección del patrimonio público. En
consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia proferida el 17 de junio de 2025
por el Tribunal Administrativo del Huila, notificada el 27 de junio del mi smo año.

De manera subsidiaria, solicitó ordenar a dicha corporación judicial que profiera una
sentencia de reemplazo en la que, de conformidad con los argumentos expuestos en
el salvamento de voto, declare la nulidad de los actos administrativos demandados y
niegue el restablecimiento del derecho, al considerar configurada la culpa exclusiva
del accionante dentro del proceso ordinario.

3.2. Sostuvo que la acción de tutela cumple la totalidad de los requisitos generales
de procedencia. En relación con la inmediatez, afirmó que el amparo fue promovido
dentro de un término razonable.

Además, indicó que la vulneración de los derechos fundamentales del municipio de
Neiva no se produjo de manera instantánea con la ejecutoria del fallo cuestionado,
sino que se ha materializado progresivamente como consecuencia de la ejecución
de la sentencia, la cual, a su juicio, incurrió en defectos fáctico y sustantivo.

Asimismo, señaló que la afectación de los derechos al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia permanece vigente, toda vez que la condena impuesta
mediante la sentencia de segunda instancia no ha sido pagada en su totalidad, de
modo que sus efectos patrimoniales se continúan produciendo.

3.3. Para sustentar la solicitud de amparo, alegó la configuración de los defectos
fáctico y sustantivo, derivados del desconocimiento del principio de reparación
integral y de la culpa exclusiva de la víctima.

Al respecto, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Huila omitió valorar las
pruebas obrantes en el expediente que permitirían inferir que el señor Benjamín
Lasso Conde conducía bajo el influjo del alcohol. En particular, afirmó que no fueron
debidamente apreciados su comportamiento, el aliento percibido por el agente de
tránsito y el registro audiovisual obtenido durante el procedimiento.

Adicionalmente, manifestó que, tal como lo señaló el magistrado disidente en su
salvamento de voto, la nulidad del acto administrativo por la falta de calibración
reciente del alcoholímetro no desvirtúa la realidad material de los hechos, por lo que
quien puso en riesgo la seguridad vial no debería resultar beneficiado con una
indemnización a cargo del erario.

Finalmente, indicó que la autoridad judicial accionada se apartó, sin motivación
suficiente, de precedentes del Consejo de Estado en los cuales se ha sostenido que,

3 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 208BA6871717DF39 C1EFE5606EBE3299

723FA29977CB4B11 ECFE7FA27FCBE93B.

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Demandante: Municipio de Neiva

en determinados eventos, pese a declararse la nulidad de un acto administrativo por
vicios de forma o procedimiento, no procede el reconocimiento de perjuicios.

Con fundamento en lo anterior, afirmó que los daños alegados por el señor Lasso
Conde, relacionados con la pérdida de su empleo y de sus ingresos laborales, no
fueron consecuencia de la actuación de la Secretaría de Movilidad de Neiva, sino de
su propia conducta.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 30 de enero de 20264, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ofició al Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Neiva para que remitiera copia del expediente
correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 41001-33-33-003-2017-00115-00/01 y negó la
medida provisional solicitada por la parte accionante.

Efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes intervenciones:

4.1. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Neiva 5 remitió copia
del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 41001-33-33-003-2017-00115-00.

4.2. El Tribunal Administrativo de Huila allegó copia digital del expediente del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 6. En relación con los argumentos
expuestos por la parte actora, señaló que7 el señor Benjamín Lasso Conde promovió
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
al considerar vulnerado su derecho al debido proceso por la indebida valoración
probatoria y la interpretación errónea de las normas que regulan las etapas previstas
en la Resolución 1844 de 2015.

Asimismo, indicó que en la providencia cuestionada se efectuó un análisis detallado
del marco normativo aplicable al procedimiento técnico para la medición de
alcoholemia mediante aire espirado, particularmente del Código Nacional de
Tránsito, la Ley 1696 de 2013 y la Resolución 1844 de 2015 del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Igualmente, sostuvo que, a partir de la valoración de las pruebas practicadas dentro
del proceso, se constató la vulneración del derecho fundamental al debido proceso
del demandante.

4 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado B87049A8A9AD946E A348B94C275F668A

DC6AB8C8971EFABE 4ADF2F77EBE989E9.
5 Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado B998EDDE16D87098
CABB099C2AD2E97E 37EAFA21F3CD1949 FD674BBFB79FD443 .
6 Índice 00014 del expediente digital de primera instancia, certificado C14C9668B7739173 9C9A7AEE8E2FCA7E

07C15B5894D0C1F0 25F2B12088D524B6.
7 Índice 00014 del expediente digital de primera instancia, certificado 815A958571EAE78A 73262B25CA5BFE92

55F4EDC250F7B7A7 562EA03AB1905DBD.

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Demandante: Municipio de Neiva

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 13 de marzo
de 20268, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se cumplió
el requisito de inmediatez ni de relevancia constitucional.

Para tal efecto, precisó que la providencia cuestionada fue notificada a las partes
mediante mensaje de datos el 27 de junio de 2025, mientras que la acción
constitucional fue radicada el 23 de enero de 2026, esto es, una vez transcurrido un
lapso superior a seis (6) meses entre ambos eventos, incluso si el cómputo se
efectuara a partir de la ejecutoria de la decisión.

La Sala reiteró que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de
tutela debe promoverse dentro de un término razonable y que únicamente
circunstancias excepcionales permiten flexibilizar el análisis de dicho requisito. Sin
embargo, advirtió que en el caso concreto no se acreditó ninguna situación que
justificara la presentación tardía de la solicitud de amparo.

Asimismo, reconoció que el término de seis (6) meses venció durante la vacancia
judicial, razón por la cual la acción podía interponerse hasta el 13 de enero de 2026.
No obstante, observó que la demanda constitucional fue presentada con
posterioridad a dicha fecha.

De igual forma, sostuvo que no era de recibo el argumento según el cual la
vulneración alegada tendría carácter actual y permanente, pues la actuación que el
accionante considera lesiva de sus derechos fundamentales se concretó con la
expedición de la providencia judicial cuestionada.

Igualmente, consideró que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional,
en tanto el accionante pretendía utilizar este mecanismo excepcional como una
instancia adicional para obtener una valoración probatoria y una interpretación
normativa acordes con su postura. Adicionalmente, destacó que la sentencia
proferida por la autoridad judicial accionada valoró de manera suficiente, motivada y
razonable los hechos objeto de controversia.

En ese sentido, señaló que el tribunal analizó las irregularidades que afectaron las
garantías procesales del señor Lasso Conde, especialmente la relacionada con la
obligación de practicar la prueba de alcoholemia antes de la imposición del
comparendo, de conformidad con lo previsto en la Resolución 1844 de 2015.

Por último, concluyó que no se acreditaron circunstancias excepcionales que
justificaran la tardanza en la interposición de la acción ni la existencia de un perjuicio
irremediable, razón por la cual declaró improcedente el amparo solicitado.

8 Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado B3FC02FB7BDCC070
796BF67A7AA7CB44 91EAF452D440DFFB FCAF3A32261D46BD .

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00425-01
Demandante: Municipio de Neiva

Por otra parte, el magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez presentó aclaración de
voto. Si bien manifestó compartir la decisión adoptada por la Subsección, expresó
reparos frente al análisis efectuado respecto del requisito de inmediatez, por
considerar que fue abordado de manera similar a la figura de la caducidad.

No obstante, precisó que coincidía con la conclusión relativa al incumplimiento de
dicho requisito, pues, contrario a lo sostenido por la parte actora, la presunta
vulneración de derechos no tenía carácter actual ni continuado y la acción de tutela
pudo haberse promovido desde el momento en que se profirió la sentencia del
Tribunal Administrativo del Huila.

6. Impugnación

La parte accionante presentó escrito de impugnación9 contra la decisión de primera
instancia y sostuvo que la vulneración del derecho fundamental al debido proceso
del municipio de Neiva tiene carácter actual y continuado, por lo que resulta
procedente flexibilizar la exigencia jurisprudencial relativa al requisito de inmediatez
y efectuar un pronunciamiento de fondo.

Asimismo, señaló que, aunque la acción de tutela fue presentada luego de
transcurridos más de seis (6) meses desde la notificación de la sentencia
cuestionada, dicho lapso no puede analizarse de manera rígida, en tanto este término
es de origen jurisprudencial y, por ende, debe admitir excepciones, en especial si se
está afectando el erario público, tal como sucede en las condenas contra el Estado.

Igualmente, solicitó que el juez de segunda instancia realice un juicio de
razonabilidad, pues, a su criterio, no puede suprimirse la posibilidad de proteger el
patrimonio público por el solo hecho de haberse promovido tardíamente la acción de
tutela.

En ese contexto, afirmó que el incumplimiento del término jurisprudencial resulta
insignificante frente a la magnitud del error fáctico que, en su criterio, cometió el
Tribunal Administrativo del Huila.

De igual forma, reiteró que la afectación patrimonial tiene carácter continuo, pues no
se agotó con la ejecutoria de la sentencia, sino que persiste mientras subsista la
obligación económica derivada de la condena judicial, la cual aún no ha sido
satisfecha.

Adicionalmente, alegó que el municipio debe atender de manera permanente una
elevada carga de procesos judiciales, circunstancia que, a su juicio, justifica el tiempo
transcurrido hasta la presentación de la acción de tutela.

9 Índice 00023 del expediente digital de primera instancia, certificado BE2639AF03C6795E B3EEE11F487095EF

64B0E75DC7891779 12381C4166A7238D.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00425-01
Demandante: Municipio de Neiva

Por último, sostuvo que se cumple el requisito de relevancia constitucional, en tanto
se permitiría que se premie la propia culpa del demandante dentro del proceso
ordinario y que se otorgue prevalencia a una formalidad, la vigencia de la calibración
del alcohosensor, sobre la realidad material que, según afirma, se encuentra
acreditada mediante otros elementos probatorios, tales como videos y testimonios.

Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia proferida el 13 de marzo
de 2026 y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales que considera
vulnerados y dejar sin efectos la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Huila.

Mediante auto del 13 de abril de 202610, el magistrado ponente de la Sección Tercera,
Subsección A, del Consejo de Estado concedió la impugnación interpuesta.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque el
municipio de Neiva es el titular de los derechos fundamentales que afirma
vulneradas, en su condición de parte demandada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 41001-33-33-003-
2017-00115-00/01.

2.2. De igual forma se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto el Tribunal Administrativo del Huila fue la autoridad judicial que profirió la
providencia que puso fin al referido proceso y que, según la parte actora, vulneró sus
derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 13 de marzo de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo por no superar los requisitos
de inmediatez y de relevancia constitucional.

10 Índice 00027 del expediente digital de primera instancia, certificado 4F9EAE24D541DE2B
EE09B8EA415B99C4 B39AA7A18E875B27 B733A2A3607E8185
.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00425-01
Demandante: Municipio de Neiva

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas proceden
si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter
general, que habilitan la interposición de la tutela 12 y otros de carácter específico, que
tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 13.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.

4.1. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la
premisa de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos
fundamentales.

11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el
evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
13 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material
o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexis tentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo
a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de
sus postulados.
13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00425-01
Demandante: Municipio de Neiva

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta
como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica
que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 15, según las
condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose de
acciones de tutela contra providencias judiciales, la garantía de los principios que
dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad 16, al punto que la Corte
Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6)
meses17.

El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias
fácticas que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las
siguientes variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante
una situación excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en
mención:

“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos
de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
15 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente

sentido:
“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de
caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La
razonabilidad de este plazo está determ inada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en
cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si
bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera
afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable,
impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales
de terceros, o que desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un elemento determinante para la
realización de la justicia, por lo que este requisito debe ser más exigente. Así, cuando el objeto de la tutela es
una providencia judicial precisó la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito se abordara con laxitud, la
firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia constitucional”.
16 Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos:

“la Corte ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el
análisis de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa
juzgada, pues ´la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´.
En otras palabras, ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las
decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin
límite de tiempo… En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos
y cual el alcance de [e]stos, con lo cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de
justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme
inestabilidad jurídica´”. || Sobre este punto, ver también las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009
de 2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
17
Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han
definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este
criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la
que, explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de
la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001 -03-15-000-2012-02201-01). Léase también
en las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible
a partir de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la
ya mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de
2013 y T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y
autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la soli citud fue presentada dentro de un plazo razonable
y proporcional, toda vez que, “(…) en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la
tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razon able para ejercer la
acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00425-01
Demandante: Municipio de Neiva

en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto
de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual (…)” 18.

La jurisprudencia constitucional, ha establecido que el requisito de inmediatez se
supera cuando “[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración”19. Respecto a este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el
término razonable que define la inmediatez que es “[…] un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente”20.

En este escenario, el examen del requisito de inmediatez en el trámite de tutela en
contra de providencias judiciales goza de cierta certeza para efectos de determinar
el hecho generador de la posible afectación iusfundamental, que se deriva de la
misma seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales.

Como se expuso, la jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la
eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene
conocimiento de esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trámite en que
se perfecciona su notificación y ejecutoria.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la solicitud de tutela, por incumplimiento del requisito de inmediatez,
por las razones que se exponen a continuación:

5.1. En el caso concreto, la parte actora cuestionó la sentencia proferida el 17 de
junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se confirmó
la decisión de primera instancia que declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y condenó al municipio de Neiva al pago de los perjuicios ocasionados
al señor Benjamín Lasso Conde, por concepto de lucro cesante y daño emergente.

Lo anterior, por cuanto el tribunal consideró acreditada la vulneración del derecho al
debido proceso del señor Lasso Conde, al evidenciar una irregularidad sustancial en
el procedimiento de práctica de la prueba de alcoholemia, toda vez que esta se
realizó con posterioridad a la imposición del comparendo, en contravía de lo
dispuesto en la Resolución núm. 1844 de 2015. Dicha circunstancia desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.

18 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la

Corte Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158
de 2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
19 Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
20 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de

2014.Resaltado fuera del texto original.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00425-01
Demandante: Municipio de Neiva

5.2. De la revisión de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario, la Sala advierte
que la providencia proferida el 17 de junio de 202521 se notificó mediante mensaje
de datos el 27 de junio de 2025, según consta en la anotación núm. 00023 registrada
en el aplicativo SAMAI de la segunda instancia del proceso ordinario, y cobró
ejecutoria el 7 de julio de 2025.

En consecuencia, el término de seis (6) meses, considerado razonable por la
jurisprudencia constitucional para la interposición de la acción de tutela, venció el 7
de enero de 2026. Ahora, debido a que la vacancia judicial concluyó el sábado 10 de
enero de 2026 y que el lunes 12 de enero de 2026 fue día festivo, se entiende que el
término en el que la parte actora debió radicar la acción de tutela venció el 13 de
enero de 2026. No obstante, la solicitud de tutela fue presentada hasta el 23 de enero
de ese mismo año, cuando dicho término ya había sido superado, razón por la cual
no se satisface el requisito de inmediatez.

5.3. En este punto es preciso indicar que, la parte accionante tampoco presentó
argumentos que correspondan a aquellas situaciones que la jurisprudencia
constitucional ha previsto para flexibilizar el requisito de inmediatez y que requieran
la intervención del juez para evitar un perjuicio irremediable, ni que excusen su
inactividad interponer la acción de manera oportuna, lo que impide el estudio de
fondo de los cuestionamientos que expuso en el escrito de tutela.

Bajo este panorama, no se advierten circunstancias que permitan flexibilizar el
término, ni se acreditó desconocimiento de la notificación de la providencia
cuestionada que hubiera dificultado la presentación oportuna de la acción.

En consecuencia, la acción de tutela fue presentada por fuera del plazo que la
jurisprudencia constitucional ha considerado razonable, sin que se hubiera aportado
prueba alguna que permitiera justificar la extemporaneidad, lo cual impide adelantar
el estudio de fondo de los reproches formulados.

5.4. Por las razones expuestas, la Sala procederá a confirmar la decisión proferida
en primera instancia por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que declaró improcedente el amparo por no cumplir con el requisito de
inmediatez.

21 Índice 00021 del aplicativo SAMAI de proceso ordinario radicado 18C1A554471F0377 15137C86AC057BF2

332A0B5E7F31B9A5 E0E1554D190861D9.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00425-01
Demandante: Municipio de Neiva

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de marzo de 2026 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela que interpuso el Municipio de Neiva en contra del
Tribunal Administrativo del Huila y el señor Benjamín Lasso Conde, por no superar
el requisito de inmediatez, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

MCMM

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