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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00429-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00429-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR carencia actual de objeto por hecho superado, de conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00429-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00429-00
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Accionados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros

Tema: Acción de tutela por presunta vulneración del derecho de petición

Decisión: Declarar carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por el señor Wilson Fernando Muñoz Espitia, quien actúa en
nombre propio contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial – Dirección Unidad de Talento Humano, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de petición, igualdad y al principio de
confianza legítima, ocurrida con la supuesta omisión en la contestación de la
petición elevada el 16 de diciembre de 2025, a través del memorando
DEAJUIFM25-1176.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El 16 de diciembre de 2025, el señor Wilson Fernando Muñoz Espitia, en calidad
de director de la unidad de infraestructura física de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, solicitó ante la Dirección de la Unidad de Talento Humano
información relacionada con el servidor judicial Andrés Mauricio Rojas Gordillo, a
saber: cargo desempeñado, acto administrativo de nombramiento y su fecha de
expedición, nombre y cargo de su jefe inmediato, acto administrativo de
nombramiento en el Comité de Convivencia y su fecha de expedición, nombre y
cargo de quien lo designó, fecha, asunto, nombre de servidores judiciales
denunciados y su respectivo cargo.

3. Sin embargo, manifestó que la entidad accionada no había emitido respuesta de
su solicitud a la fecha de interposición de la acción de tutela de referencia.

2.2. Fundamento jurídico

4. La parte accionante afirmó que la entidad accionada vulneró sus derechos

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Acción De Tutela
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Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia

fundamentales de petición, a la igualdad y al principio de confianza legítima, al omitir
responder la solicitud elevada el 16 de diciembre de 2025.

2.3. Pretensiones

5. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«PRIMERA: Se solicita respetuosamente a ustedes señores Magistrados,
AMPARAR los derechos fundamentales de PETICIÓN e IGUALDAD, y el criterio
de CONFIANZA LEGITIMA de acuerdo con lo planteado en el presente escrito.

SEGUNDA: Se le ordene a los ACCIONADOS, dar respuesta a la petición
realizada en el término de (48) horas siguientes a la notificación del fallo y de la
forma ampliamente unificada expuesta por la Corte Constitucional para tales
efectos.

TERCERA: Se solicita respetuosamente que su despacho realice
pronunciamiento sobre la vulneración de los derechos fundamentales de
PETICIÓN e IGUALDAD, aun cuando se produzca la carencia del objeto». (Sic
en toda la cita)

2.4. Intervenciones

6. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 26 de enero de 2026, a través
del cual se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Unidad de Talento Humano como
accionados y al señor Andrés Mauricio Rojas Gordillo como tercero interesado en
el resultado del proceso.

7. El Consejo Superior de la Judicatura adujo que no cuenta con legitimación en
la causa por pasiva, toda vez que el actor no dirigió la acción de tutela en su contra.
En consecuencia, solicitó su desvinculación del presente asunto.

8. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial señaló que la solicitud
elevada por el actor se contestó de manera clara, congruente y de fondo el 22 de
enero de 2026. Por lo tanto, solicitó que se declare carencia actual de objeto por
hecho superado.

9. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

10. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 20191 demás normas
concordantes.

1 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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Acción De Tutela
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Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia

3.2. Cuestión previa

11. Si bien el Consejo Superior de la Judicatura afirmó que carece de legitimación en
la causa por pasiva, en la medida en que la petición elevada el 16 de diciembre de
2025 fue presentada directamente ante la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, lo cierto es que esta última se encuentra adscrita y depende funcionalmente
de aquella, por lo que sí cuenta con interés en el resultado del proceso. En
consecuencia, se negará su solicitud de desvinculación.

3.3. Problema jurídico

12. El problema jurídico se circunscribe en determinar si la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial vulneró los derechos fundamentales de petición, a la
igualdad y al principio de confianza legítima del señor Wilson Fernando Muñoz
Espitia, al omitir responder la solicitud elevada el 16 de diciembre de 2025.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

13. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, fue creada para
proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando
estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado,
siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer
valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

14. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

3.5. De la carencia actual de objeto por hecho superado

15. En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes
términos:

«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86
de la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el
objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata
y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades

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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00429-00
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia

públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados
en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece
el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera
expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes
que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con
sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y
procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la
decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto
resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción»2

16. Así las cosas, se tiene que el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho
superado opera cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y
al momento de proferir la decisión judicial, desaparece la situación que genera la
presunta conculcación de los derechos fundamentales invocados, situación que le
impide al juez de tutela adoptar cualquier medida dirigida a proteger las garantías
constitucionales del accionante, pues nada contrariaría más la lógica, que proferir
una orden frente a una circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente,
o contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias diferentes
a la del juez constitucional.

17. Sin embargo, aunque las pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren
que, en apariencia, el hecho generador de la acción ha sido superado, resulta
imperativo que el juez de tutela examine si en el fondo persisten circunstancias que
ocasionen la vulneración de los derechos fundamentales, de acuerdo con la
interpretación en derecho del caso concreto y su posible superación.

3.6. Caso concreto

18. La parte accionante afirmó que la entidad accionada vulneró sus derechos
fundamentales de petición, a la igualdad y al principio de confianza legítima, al
omitir responder la solicitud elevada el 16 de diciembre de 2025.

19. De conformidad con las piezas procesales que reposan en el expediente digital
y la información consignada en el aplicativo SAMAI, se observa que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Talento Humano, rindió informe
en los siguientes términos:

«Ahora bien, para contestar el referido derecho de petición, el director de la
Unidad de Talento Humano de la DEAJ, mediante Memorando DEAJRHM26-41
de 22 de enero de 2026, atendió de manera clara, congruente y de fondo el
derecho de petición presentado por el actor. La respuesta fue debidamente
comunicada y notificada al accionante el 27 de enero de 2026.

2 Corte Constitucional, sentencia T-919 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia

Adicionalmente, el secretario del Comité de Convivencia Laboral de la DEAJ, a
través de correo de 27 de enero de 2025, atendió el numeral 3 del referido
presentado por el accionante en el mencionado memorando.

(…)

Preciado lo anterior, se tiene que mi representada ya respondió de fondo, de
manera completa y congruente la aludida petición, de allí que los supuestos
fácticos y jurídicos que sustentan la presente acción de tutela en lo que concierne
a la DEAJ desaparecieron con la expedición del Memorando DEAJRHM26-41 de
22 de enero de 2026 y el correo de 27 de enero de la misma anualidad, emitido
por el director de la Unidad de Talento Humano de la DEAJ y el secretario del
Comité de Convivencia Laboral de la DEAJ, respectivamente, razón por la cual,
se configura el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho
superado».

20. Con el fin de verificar la información suministrada por la entidad accionada, esta
Subsección examinó los documentos aportados por la misma y encontró lo
siguiente:

21. En efecto, la entidad accionada mediante memorando DEAJRHM26-41 de 22
de enero de 2026 indicó los cargos desempeñados por el señor Rojas Gordillo
desde el 2022, los actos administrativos de nombramiento, su fecha de expedición,
así como el nombre y cargo de sus jefes inmediatos.

22. De igual forma, se tiene que, a través del memorando previamente mencionado
le indicó al actor que la información solicitada en el numeral 2° se encuentra
contenida en la Resolución 3776 del 8 de febrero de 2024, expedida por la directora
de la entidad accionada.

23. También, se observa que el comité de convivencia laboral de la entidad, por
medio del correo del 27 de enero de 2026 respondió el numeral 3° de la petición,
mencionando fecha, asunto, nombre y cargo de servidores judiciales denunciados,
así como los integrantes que conocieron y adelantaron la queja.

24. Las contestaciones brindadas por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial se remitieron el 27 de enero de 2026 a la dirección electrónica
wmuñoze@deaj.ramajudicial.gov.co.

25. Así las cosas, esta Sala estima que entre la fecha de interposición de la acción
de tutela de referencia y el momento en que se analiza el caso concreto para
proferir la decisión judicial en primera instancia, se satisfizo la pretensión del señor
Muñoz Espitia, toda vez que la entidad accionada emitió una respuesta clara,
precisa y de fondo a la solicitud presentada el 16 de diciembre de 2025.

26. Además, no se observa que persistan circunstancias que ocasionen la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante. En
consecuencia, la Sala advierte que se declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado.

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Acción De Tutela
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Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia

27. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

I. FALLA

PRIMERO: DECLARAR carencia actual de objeto por hecho superado, de
conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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