Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00430-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00430-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00430-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00430-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
11 de marzo de 2026
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 6
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., once (11) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00430-00
Solicitante: NIDIA ESPERANZA MÁRQUEZ MONROY
Congresista: JOSÉ JAIME USCÁTEGUI PASTRANA– Representante a la
Cámara – Bogotá
SENTENCIA
La Sala procede a resolver, en primera instancia, la solicitud de pérdida de
investidura presentada por la señora Nidia Esperanza Márquez Monroy contra el
representante a la Cámara por la Circunscripción de Bogotá, para el período 2022-
2026, José Jaime Uscátegui Pastrana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
184 de la Constitución Política y la Ley 1881 de 2018.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud
1. La señora Nidia Esperanza Márquez Monroy, actuando en nombre propio, en
ejercicio del medio de control de pérdida de investidura previsto en el artículo 143
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y
regulado por la Ley 1881 de 2018, solicitó despojar de la investidura al representante
a la Cámara por la Circunscripción de Bogotá, para el período 2022-2026, José
Jaime Uscátegui Pastrana, por haber infringido, a su juicio, la causal la prevista en
el numeral 1 del artículo 1831, en concordancia con el numeral 52 del artículo 179 de
la Constitución Política.
2. Como pretensión formuló lo siguiente:
1 «Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de
intereses. (…)».
2 «Artículo 179. No podrán ser congresistas:
(…).
5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de
consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o
política».
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
Dar inicio al trámite correspondiente a un PROCESO DE PÉRDIDA DE
INVESTIDURA en contra de la curul ocupada por:
1. El Honorable Representante a la Cámara, JOSÉ JAIME USCÁTEGUI
PASTRANA, elegido en las elecciones parlamentarias desarrolladas a principio del
año 2022, como parte de la LISTA ABIERTA que el PARTIDO CENTRO
DEMOCRÁTICO inscribió para la Circunscripción de Bogotá.
1.2. Hechos
3. La solicitante indicó que el representante a la Cámara fue elegido con 32.572 votos
en las elecciones del 13 de marzo de 2022 por lista abierta que inscribió el partido
Centro Democrático.
4. Señaló que el señor Julián Uscátegui Pastrana, hermano del congresista, fue elegido
edil de la localidad de Usaquén en las elecciones territoriales del 27 de octubre de
2019, con una votación de 3.707 votos, y posteriormente concejal de Bogotá en los
comicios del 29 de octubre de 2023, con 18.640 votos, en ambos casos por listas
abiertas inscritas por el Partido Centro Democrático.
5. Afirmó que entre el representante a la Cámara y el concejal existe vínculo de
consanguinidad, circunstancia que, a su juicio, resulta relevante para efectos del
análisis de la causal de inhabilidad invocada.
1.2.1. Causal de pérdida de investidura alegada y argumentos que justifican la
solicitud
6. Manifestó que el congresista incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el
numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política y en el numeral 5 del artículo
179 de la Constitución Política, la cual se presentó en 2 momentos:
7. El 20 de julio de 2022, cuando el demandado tomó posesión como representante a
la Cámara, mientras su pariente, en segundo grado de consanguinidad (hermano)
ejercía como edil de la Junta Administradora Local de Usaquén, es decir, que a su
juicio, el congresista «(…) estaba incurso en la inhabilidad, dada la PRE
EXISTENCIA DE LA CAUSAL, referida a que, desde dos años y medio antes, su
hermano menor ejercía “autoridad política" en Bogotá, es decir, se presentó el hecho
real, o situación material (…)».
8. Posteriormente, con la elección del señor Julián Uscátegui Pastrana como concejal
de Bogotá en las elecciones de 29 de octubre de 2023 y su posesión en dicho cargo,
lo que da lugar a una inhabilidad o causal sobreviniente, en la medida que la curul
en la Cámara de Representantes como la del Concejo de Bogotá comportan el
ejercicio de autoridad política dentro de la misma circunscripción electoral.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
1.3. Oposición del representante a la cámara
9. El señor José Jaime Uscátegui Pastrana, en nombre propio, presentó escrito de
oposición a la solicitud de pérdida de investidura el 16 de febrero de 20263, mediante
el cual manifestó su desacuerdo con la prosperidad de las pretensiones formuladas.
10. En su pronunciamiento, indicó que no desconoce la existencia del vínculo de
consanguinidad con el señor Julián Uscátegui Pastrana; no obstante, sostuvo que
dicha circunstancia no configura la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5 del
artículo 179 de la Constitución Política, en la medida en que: i) el cargo de concejal
no implica el ejercicio de autoridad civil o política, elemento estructural exigido por la
norma constitucional; y ii) con el concejal Julián Uscátegui Pastrana se «(…)
configura un parentesco de segundo grado de consanguinidad (…)», diferente al
exigido en la normativa.
11. Expuso que la pérdida de investidura constituye una sanción jurisdiccional de
carácter excepcional y de interpretación restrictiva, sujeta a los principios de
legalidad, tipicidad estricta y debido proceso, razón por la cual, las causales deben
verificarse plenamente en todos sus elementos estructurales, sin que resulte
admisible su aplicación por analogía o interpretación extensiva.
1.4. Actuación procesal
12. Mediante auto de 26 de enero de 20264 se inadmitió la solicitud de pérdida de
investidura.
13. El 30 de enero5 siguiente, oportunamente, la solicitante subsanó la demanda y
mediante auto del 5 de febrero de 20266, se admitió la solicitud de pérdida de
investidura y se ordenaron las notificaciones correspondientes.
14. Asimismo, mediante auto de 18 de febrero de 20267, se decretaron como pruebas
aquellas que reunían los requisitos legales, se negaron las que no y se informó a la
solicitante, al congresista y al Ministerio público que en firme la referida decisión se
procedería a citar a audiencia pública.
15. Con auto de 2 de marzo de 2026, se resolvió el recurso de reposición interpuesto
por el congresista, en el cual se determinó no reponer el auto indicado anteriormente,
toda vez que «(…) las solicitudes probatorias presentadas por el congresista no
cumplen con los requisitos legales para su decreto (…)» y se fijó fecha y hora para
llevar a cabo la audiencia pública de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881
3 Índice 22 de Samai.
4 Índice 4 de Samai.
5 Índice 9 de Samai.
6 Índice 11 de Samai.
7 Índice 24 de Samai.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
de 2018 dentro de este asunto.
1.5. Audiencia pública
16. El 9 de marzo de 2026 tuvo lugar la audiencia pública8, con la participación de la
actora, la procuradora séptima delegada para el Consejo de Estado, el congresista.
Las intervenciones se llevaron a cabo en el siguiente orden:
1.5.1. Nidia Esperanza Márquez Monroy
17. La solicitante actuó en nombre propio y reiteró la causal de pérdida de investidura y
los argumentos expuestos en el inscrito inicial de su solicitud.
18. Insistió que se presentó la inhabilidad en tanto el representante a la Cámara por la
circunscripción de Bogotá y su pariente en segundo grado de consanguinidad, en su
condición de concejal de Bogotá, comportan el ejercicio de autoridad política dentro
de la misma circunscripción electoral.
19. Manifestó que a partir de la diligencia quedaba pendiente de la decisión y de la hoja
de ruta a seguir, es decir, si el fallo era favorable acudiría a las autoridades
competentes para su cumplimiento y en caso contrario, haría uso del instrumento
jurídico correspondiente.
20. Finalmente, presentó el documento que fue leído en audiencia e indicó que allegaría
escrito complementario9.
1.5.2. Ministerio Público
21. Esa agencia consideró10 que las pretensiones de la solicitante deben ser
desestimadas en consideración a lo siguiente:
22. Expuso que, si bien se encuentra demostrada la calidad del congresista, el vínculo
de consanguinidad con su pariente y la circunscripción territorial, prevista en el
numeral 5 del artículo 179 de la Constitución, también lo es que, no se probó el
elemento objetivo de la causal invocada dado que conforme a lo dispuesto en los
artículos 122 y 123 ibidem, la sentencia C-715 de 1998 y los pronunciamientos de la
Sección Quinta de esta corporación11, los ediles y concejales son servidores
públicos, pero no funcionarios.
23. En ese orden de ideas, sostuvo que no resulta aplicable el supuesto normativo
8 Índice 47 de Samai.
9 Índices 45 y 46 de Samai.
10 Índice 50 de Samai.
11 Los cuales no identificó.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
consagrado en la causal y en tal sentido, pidió que no se decretara la pérdida de
investidura.
24. Agregó que presentaría por escrito su intervención.
1.5.3. José Jaime Uscátegui Pastrana
25. Intervino en nombre propio y se refirió a los argumentos expuestos en su escrito de
contestación, para insistir en que su actuar se ha ajustado a la Constitución y la ley.
26. Argumentó que es cierto que su hermano fue edil y luego concejal, pero que dichas
elecciones no ocurrieron en el mismo momento, ni en la misma corporación.
27. Destacó que le parece valioso que los ciudadanos ejerzan los mecanismos que
tienen a su alcance para aclarar cualquier situación que necesite revisión, sin
embargo, en su caso queda claro que no hay ninguna inhabilidad y que ha actuado
de forma transparente.
28. Pidió que se negara la solicitud de pérdida de investidura, pues no ha incurrido en la
causal invocada y precisó que no aportaría documento adicional de sus alegatos.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
29. La Sala Especial de Decisión No. 6 es competente para conocer de la solicitud de
pérdida de investidura, en primera instancia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18412 y 237 numeral 513 de la Constitución Política en concordancia con los
artículos 2 de la Ley 1881 de 201814, 37 numeral 715 de la Ley 270 de 1996 y el
12 Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con
la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud
formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
13 Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: (…)
5. Conocer de los casos sobre pérdida de la investidura de los congresistas, de conformidad con esta
Constitución y la ley.
14 Artículo 2. Las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado
conocerán en primera instancia de la pérdida de investidura de los Congresistas a solicitud de la
Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas
en la Constitución. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo será competente para decidir el
recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia, sin la participación de los magistrados
que decidieron el fallo recurrido.
PARÁGRAFO. El Consejo de Estado conformará Salas Especiales de Decisión de Pérdida de
Investidura, las cuales estarán conformadas por 5 Magistrados, uno por cada sección.
15 Artículo 37. DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales: (…)
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
numeral 6 del artículo 11116 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
2.2. De la calidad del congresista y la oportunidad de la solicitud de pérdida de
investidura
30. El señor José Jaime Uscátegui Pastrana fue elegido representante a la Cámara por
la Circunscripción de Bogotá para el período 2022-2026 por el partido Centro
Democrático, en las elecciones celebradas el 13 de marzo de 2022, y fue declarada
por el Consejo Nacional Electoral a través del formulario E-26 CAM de 13 de marzo
de 202217.
31. Para efectos de contabilizar la caducidad establecida en el artículo 6 de la Ley 1881
de 2018, los hechos generadores que presuntamente configuran la causal de
pérdida de investidura son los siguientes:
32. La solicitante invocó como causal la prevista en el numeral 118 del artículo 183, en
concordancia con el numeral 519 del artículo 179 de la Constitución Política.
33. Lo anterior, en consideración a que el pariente en segundo grado de consanguinidad
(hermano) del congresista, el señor Julián Uscátegui Pastrana fue elegido en primer
lugar, como edil de la Localidad de Usaquén, para el período 2020-2023, y
posteriormente, como concejal de Bogotá, para el período 2024-2027, cargos en los
cuales, a juicio de la solicitante, se ejerce autoridad política en la misma
circunscripción.
34. De acuerdo con la jurisprudencia de la corporación, para el análisis del término de
caducidad de esta casual, el ejercicio de autoridad debe ejercerse «desde el día de
la inscripción de la candidatura al cargo de elección popular y hasta la fecha en la
que efectivamente se declare la elección del candidato»20.
7. Conocer de los casos de la pérdida de investidura de los Congresistas, de conformidad con la
Constitución y la ley. Las sentencias que ordenen la pérdida de la investidura deberán ser aprobadas
por los miembros de la Sala Plena y por las causales establecidas taxativamente en la Constitución
16 Artículo 111. FUNCIONES DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La
Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones:(…)
6. Conocer de la pérdida de investidura de los congresistas, de conformidad con el procedimiento
establecido en la ley.
17 índice 2 de Samai.
18 «Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de
intereses. (…)».
19 «Artículo 179. No podrán ser congresistas:
(…).
5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de
consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o
política».
20 Esto es así, porque el ejercicio de autoridad civil o política debe entenderse configurado
razonablemente dentro del término de las elecciones, es decir, durante el término que dure la
campaña y hasta que se declare la elección respectiva. En efecto, la campaña electoral para cualquier
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
35. Así las cosas, conforme con el calendario electoral y la Resolución 2098 de 12 de
marzo de 2021, el plazo máximo de inscripción para las elecciones 2022-2026 fue
el 13 de diciembre de 2021 y la elección se declaró el 13 de marzo de 2022, razón
por la cual, el término de los 5 años de años previsto en la norma no ha transcurrido.
36. En este contexto y según consta en el expediente la solicitud de pérdida de
investidura fue radicada por la señora Nidia Esperanza Márquez Monroy el 23 de
enero de 2026, de acuerdo con la anotación 2 de Samai, por lo que es claro que fue
presentada de forma oportuna, esto es, dentro del término de los 5 años
consagrados en el artículo 6 de la Ley 1881 de 201821.
2.3. Problema jurídico
37. Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si se configura el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1 del artículo
183 de la Constitución Política, por presunta violación al régimen de inhabilidades
establecida en el numeral 5 del artículo 179 ibidem, es decir, «5. Quienes tengan
vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de
consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan
autoridad civil o política.» en tanto su pariente en segundo grado de consanguinidad
(hermano), presuntamente, ejercía cargos de autoridad política en el momento de la
inscripción para ser representante a la Cámara.
38. En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa, se deberá
evaluar si el representante a la Cámara por la Circunscripción de Bogotá, José Jaime
Uscátegui Pastrana actuó con dolo o culpa grave para así establecer si se encuentra
o no acreditado el elemento subjetivo al que se refiere el artículo 1 de la Ley 1881
de 2018, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019.
39. La Sala abordará el estudio de las consideraciones con los siguientes temas: i) el
marco normativo y jurisprudencial de la pérdida de investidura; ii) el principio de
interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura; iii) el marco
normativo y jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura por violación del
interesado comienza desde el momento mismo en el que se realiza la inscripción de la candidatura
ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues es ahí y no antes ni después, cuando la sociedad
tiene certeza de que aquel se convierte en candidato dentro de la pugna por la conformación del
poder público. De la misma forma, las “elecciones” terminan con la expedición del acto de elección,
pues es mediante aquel que el candidato se despoja de dicha calidad y se convierte en miembro de
una corporación pública, lo cual en el caso que nos ocupa significa que el candidato se convierte en
“congresista” electo y por ello se puede dar plena aplicación a las disposiciones contenidas en el
tenor del artículo 179 Constitucional. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Quinta. M.P. Alberto Yepes Barreiro (E). Sentencia de unificación. Radicado 11001-03-28-
000-2014-00034-00 del 26 de marzo de 2015.
21 Artículo 6°. La demanda deberá presentarse dentro del término de cinco (5) años contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida de investidura, so
pena de que opere la caducidad.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
régimen de inhabilidades previsto en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución
Política.; y iv) el análisis del caso concreto.
2.4. Del marco normativo y jurisprudencial de la pérdida de investidura
40. La pérdida de investidura se encuentra prevista en los artículos 183 y 184 de la
Constitución Política; 14322 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y en las leyes 1881 de 2018 y 2003 de 2019; se
caracteriza por ser una figura de rango constitucional que fue creada inicialmente
con el fin de separar a los congresistas de su condición cuando se encuentren
incursos en las causales específicas y taxativas señaladas en la Constitución
Política.
41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación ha considerado
que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a un proceso de
carácter jurisdiccional y sancionatorio23 de propósito ético, con consecuencias
políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los miembros de
corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia, la pérdida de
parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la protección y la
preservación del principio de representación y de la dignidad en el ejercicio del cargo
que confiere el voto popular.
42. El propósito de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del cargo público
de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos sobre sus
representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio, al
interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que comportan
la defraudación del principio de representación.
43. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado24 puso de
presente que, atendiendo la especial naturaleza de la pérdida de investidura, esta
acción tiene las siguientes características:
i) Constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción
de carácter jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que los
miembros de las corporaciones públicas de elección popular deben observar
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostentan.
ii) Es una sanción de carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla
22 Ley 1437. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara
correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá
demandar la pérdida de investidura de congresistas.
23 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, radicado (SU) 11001-03-15000- 2014-03886-00, M.P.
Alberto Yepes Barreiro.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 29 de agosto de
2017, M.P. Milton Chaves García, radicado 110010315000201601700-00.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
es atribuida exclusivamente al Consejo de Estado.
iii) Es la sanción más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida
en una corporación pública de elección popular, porque implica la separación
inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa corporación
y, por expresa disposición de la propia Constitución Política, la inhabilidad
permanente para serlo de nuevo en el futuro.
iv) Los procesos de pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos
fundamentales previstos en la Constitución como el de ser elegido.
44. En esa misma orientación, la Corte Constitucional25 considera que la pérdida de
investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
45. En el proceso de pérdida de investidura, por su carácter sancionador, se deben
aplicar, «con las modulaciones especiales que son necesarias para la realización de
sus fines constitucionales»26, las garantías constitucionales del debido proceso, en
particular, en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad y de interpretación restrictiva de las causales.
46. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en el
marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera
como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, una vez verificada la
configuración del elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento
subjetivo27, en los términos del artículo 1 de la Ley 1881, modificado por el artículo
4 de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019 y determinar si el congresista actuó
con dolo o culpa grave.
47. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la pérdida
de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que el juez debe
realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta aplicación de los
principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento en ello, determinar si
la conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma que establece como
consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se configura o no el elemento
subjetivo28 .
25 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016. MP. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
26 Ibidem nota inmediatamente anterior.
27 En criterio de la Corte Constitucional «[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se
presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que
desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]».
28 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este
proceso sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
2.5. El principio de interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura
48. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha
considerado que, en virtud de la naturaleza sancionatoria de la pérdida de
investidura, se exige la aplicación estricta de ciertas garantías dentro de las cuales
se encuentra que las normas aplicables para que se configuren las causales son de
aplicación restrictiva29; lo anterior en atención a que las prohibiciones, en tanto
limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal;
y, en consecuencia, la tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es
rígida y taxativa y su aplicación es restrictiva, de manera que se excluye la analogía
y la interpretación extensiva.
49. En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de 21 de
julio de 201530, consideró que dentro de los procesos de pérdida de investidura son
aplicables diversas garantías, entre las cuales resulta relevante «(…) destacar la
atinente a que las causales de pérdida de investidura de los congresistas deban ser
concebidas como de derecho estricto, de orden público y de interpretación
restrictiva, pues no puede perderse de vista que la pérdida de investidura es una
sanción que impide al afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en el
futuro y a perpetuidad (…)».
50. La Corte Constitucional en la sentencia SU-515 de 1 de agosto de 201331 consideró
que, dado el carácter sancionatorio del proceso de pérdida de investidura, la entidad
del castigo, así como los contenidos constitucionales que se encuentran en juego, a
él le son aplicables la totalidad de garantías del debido proceso sancionatorio, dentro
de las cuales tiene una importancia categórica los principios de reserva legal,
taxatividad y favorabilidad. Asimismo, consideró que estas causales «(…) son de
orden público, de interpretación restrictiva y “que no cabe su aplicación por analogía
ni por extensión”, ya que tienen por consecuencia una sanción “que impide al
afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en el futuro y a perpetuidad
(…)» y reiteró que «(…) el legislador está obligado a describir la conducta o
comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa
posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea
porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación
de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la
culpa.
29 Ver: i) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; número único de
radicación: 110010315000201200059-00, sentencia de 21 de julio de 2015. M.P. doctora María
Claudia Rojas Lasso; y ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera; número único de radicación: 230012333004201500489-01; M.P. doctor Guillermo Vargas
Ayala
30 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; número único de radicación:
110010315000201200059-00, sentencia de 21 de julio de 2015. M.P. doctora María Claudia Rojas
Lasso
31 Corte Constitucional, sentencia SU 515 de 1 de agosto de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
prohibición que da lugar a sanción (…)».
2.6. Del marco normativo y jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 179 de la
Constitución Política
51. Las causales para que los congresistas pierdan su investidura, dada la alta dignidad,
se encuentra prevista en una norma especial de la Constitución, esto es, el artículo
183 que dispone que los senadores y representantes a la Cámara pueden ser
despojados de su investidura, entre otros, por: «(…) 1. Violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses (…)».
52. A su vez, el artículo 179 de la Constitución Política determina el listado de
inhabilidades para los congresistas. Específicamente, el numeral 5 dispone:
No podrán ser congresistas:
(…)
5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios
que ejerzan autoridad civil o política.
(…)
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Lo dispuesto en el numeral 8 del presente artículo no
se aplicará a quienes hubiesen renunciado con anterioridad a la vigencia del
presente Acto Legislativo. Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se
refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba
efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de
inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en estas
disposiciones. Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción
nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad
consignada en el numeral 5. (Modificado por Acto Legislativo 1/2003. Fue incluido
Inciso 8).
53. Ahora bien, para que la misma se configure, es necesario que se encuentre
demostrado que el congresista:
54. Tenga vínculo de matrimonio o de unión permanente o tengan parentesco en los
grados previstos en la norma con un funcionario público;
55. Sobre este punto, especialmente en lo que refiere a la expresión «en tercer grado
de consanguinidad», el Consejo de Estado32 concluyó que, aunque en la norma
constitucional solo se hace referencia, expresamente, al tercer grado de
consanguinidad, debe entenderse que esta incluye también el primer y segundo
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de enero de
1998, exp. AC-5397, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
grados33.
56. A su vez, que en tales cargos ejerció autoridad civil o política en la circunscripción
en donde debía realizarse la elección respectiva34.
57. Para establecer qué se entiende por autoridad civil o política debe tenerse en cuenta
lo dispuesto en los artículos 188 y 189 de la Ley 136 de 1994, a saber:
Artículo 188. AUTORIDAD CIVIL. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se
entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un
empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:
1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta
Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con
facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.
2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por sí o por
delegación.
3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.
Artículo 189. AUTORIDAD POLÍTICA. Es la que ejerce el alcalde como jefe del
municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento
administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la
autoridad política.
Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos
señalados en este artículo.
58. Esta corporación35, al hacer referencia a la autoridad civil y política, ha precisado lo
siguiente:
En relación con el artículo 188 de la Ley 136 de 1994 y el concepto de autoridad
civil, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de 11 de febrero de 200836,
atendiendo a las normas antes trascritas, señaló que esta: a) no implica el ejercicio
de autoridad militar, b) consiste en la potestad de mando, de imposición, de dirección
que se ejerce sobre la generalidad de las personas, y c) se expresa en competencias
reglamentarias, de designación y remoción de empleados, en potestades
correccionales o disciplinarias o de control que comporte poder de decisión sobre los
33 Crf. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 30 de enero de 2019, radicación, 11001-03-
28-000-2018-000109-00 M.P. Alberto Yepes Barreiro.
34 En sentencia del 2 de mayo de 2018, en cuanto al factor territorial de la inhabilidad en comento
señalo: «el vínculo de que trata dicha disposición recae sobre personas que ejerzan autoridad civil o
política en una entidad del orden departamental por la cual se surte la elección, o con aquéllas que
ejerzan esta misma autoridad en una entidad del orden municipal, siempre y cuando este último haga
parte del departamento por el cual aspira a ser congresista». M.P. William Hernández Gómez,
radicado 11001-03-15-000-2015-00110- 00(REV-PI).
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Décima Especial de
Decisión M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veinte (2020).
Radicación número: 11001-03-15-000-2020-00061-00(PI).
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 11 de febrero de
2008. Radicado 11001-03-15-0002007-00287-00.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
actos o sobre las personas controladas.
La sentencias de Sala Plena de 16 de noviembre de 201137 y 10 de julio de 2012
concretaron el término de autoridad civil a una especie de la autoridad pública –como
lo es la jurisdiccional, la política, la militar, la administrativa, entre otras-, que consiste
en el ejercicio de actos de poder y mando, que se desarrollan mediante típicos actos
de autoridad, así como a través de la definición de la orientación de una organización
pública, y de sus objetivos y tareas, la cual ejerce un servidor público o un particular
que cumple función pública. A su vez, indicaron que el poder se expresa tanto sobre
los ciudadanos y la comunidad en general - expresión exógena de la autoridad civil
• como al interior de la organización estatal - expresión endógena de la autoridad
civil-. También, señalaron que la autoridad civil se expresa a través de la toma de
decisiones, o su injerencia efectiva en ellas, o en la ejecución de estas.
Por otra parte la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia de 7 de
febrero de 201938, elaboró una línea jurisprudencial en torno a lo que a lo largo de
los años el Consejo de Estado ha entendido por autoridad civil y concluyó que esta
“no se agota en los eventos regulados en la Ley 136 de 1994, sino que puede
entenderse como la facultad que tiene el funcionario público de desempeñar actos
de poder, control o dirección sobre los ciudadanos o los bienes del Estado a través
del cual no solo cumple la función pública que le fue encomendada, sino que
determina el obrar mismo del Estado. En otras palabras, la autoridad civil se entiende
como aquella potestad de dirección o mando que tiene determinado servidor público
sobre los civiles o particulares, la cual puede hacer cumplir incluso recurriendo a la
coacción, esto es, incluso contra la voluntad de los mismos, y que es diametralmente
distinta a la autoridad administrativa”.
En relación con el artículo 189 de la Ley 136 de 1994, el Consejo de Estado en la
Sección Quinta39 y la Sala Plena Contenciosa Administrativa, ha señalado que el
término autoridad política contenido en éste sirve como referente conceptual sobre
ésta especie o clase de autoridad, siendo definido como la capacidad para “presentar
proyectos de Ley y sancionarlos, manejar las relaciones con los otros poderes y con
otros Estados, gestionar, trazar y apalancar el rumbo de la Nación”40, y también se
ha dicho que es “la que ejercen los que ‘gobiernan y mandan ejecutar las leyes’, es
la que ejerce quien tiene el poder de decidir, con un alcance de obligatoriedad y con
el fin de alcanzar metas de carácter general y de beneficio común, al menos
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de noviembre
de 2011. Radicado 11001-03-15-000-2011-00515-00(PI), M.P. María Elizabeth García González,
demandado: Libardo Enrique García Guerrero.
38 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 7 febrero de 2019, exp. 11001-03-28-000-2018-
00048-00, 11001-03-28-000-2018-00017-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro, demandado: Néstor
Leonardo Rico Rico (Representante a la Cámara de Cundinamarca). Posición retomada en la
sentencia de Consejo de Estado, Sección Quinta, de 30 mayo de 2019, exp. 11001-03-28-000-2018-
00091-00, 11001-03-28-000-2018-00601-00, M.P. Rocío Araujo Oñate, demandado: Horacio José
Serpa Moncada (Senador de la República).
39 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 7 febrero de 2019, exp. 11001-03-28-000-2018-
00048-00, 11001-03-28-000-2018-00017-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro, demandado: Néstor
Leonardo Rico (Representante a la Cámara de Cundinamarca). Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 30 mayo de 2019. Radicado 11001-03-28-000-2018-00091-00, 11001-03-28-000-2018-
00601-00, M.P. Rocío Araujo Oñate, demandado: Horacio José Serpa Moncada (Senador de la
República).
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de junio de 1998.
Radicado AC–5779, M.P Germán Rodríguez Villamizar.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
teóricamente”41 […]»
59. También es necesario que se configure el elemento temporal, frente al cual esta
corporación, ha dicho que comprende «desde el día de la inscripción de la
candidatura al cargo de elección popular y hasta la fecha en la que efectivamente se
declare la elección del candidato»42 es decir, las funciones del pariente que dan lugar
a la inhabilidad, que impliquen el ejercicio de autoridad civil o política, hayan sido
ostentadas entre el momento de la inscripción del candidato a la contienda electoral
hasta la declaratoria de la elección.
2.7. Análisis del caso concreto
60. La solicitante indicó que el congresista incurrió en la causal de inhabilidad prevista
en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política y en el numeral 5 del
artículo 179 de la Constitución Política, toda vez que su pariente, en segundo grado
de consanguinidad (hermano), ejerció autoridad política en la circunscripción en
donde debía realizarse la elección respectiva en 2 momentos: i) en la fecha que tomó
posesión del cargo como congresista (20 de julio de 2022) mientras que su pariente
ejercía como edil de la Junta Administradora Local de Usaquén; y ii) con
posterioridad a esa fecha, cuando su mismo pariente se posesionó como concejal
de Bogotá, generándose una inhabilidad sobreviniente.
61. Por su parte, el congresista sostuvo que no se configuró el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura, toda vez que, sin desconocer el grado de
consanguinidad con su pariente (hermano): i) el cargo de concejal no implica el
ejercicio de autoridad civil o política, elemento estructural exigido por la norma
constitucional; y ii) porque con el pariente concejal Julián Uscátegui Pastrana se «
(…) configura un parentesco de segundo grado de consanguinidad (…)», distinta a
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 22 de enero de
2008. Radicado 11001-03 -15-000-2007-00163-00(PI), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren,
demandado: Ciro Antonio Rodríguez Pinzón.
42 Esto es así, porque el ejercicio de autoridad civil o política debe entenderse configurado
razonablemente dentro del término de las elecciones, es decir, durante el término que dure la
campaña y hasta que se declare la elección respectiva. En efecto, la campaña electoral para cualquier
interesado comienza desde el momento mismo en el que se realiza la inscripción de la candidatura
ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues es ahí y no antes ni después, cuando la sociedad
tiene certeza de que aquel se convierte en candidato dentro de la pugna por la conformación del
poder público. De la misma forma, las “elecciones” terminan con la expedición del acto de elección,
pues es mediante aquel que el candidato se despoja de dicha calidad y se convierte en miembro de
una corporación pública, lo cual en el caso que nos ocupa significa que el candidato se convierte en
“congresista” electo y por ello se puede dar plena aplicación a las disposiciones contenidas en el
tenor del artículo 179 Constitucional. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Quinta. M.P. Alberto Yepes Barreiro (E). Sentencia de unificación. Radicado 11001-03-28-
000-2014-00034-00 del 26 de marzo de 2015. Esta tesis, fue acogida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de la Corporación –en sede de pérdida de investidura-, a través de
sentencia de 29 de enero de 2019 42, en la que se expuso que la referida inhabilidad existe desde el
momento de la inscripción de la candidatura de quien pretende ser electo congresista hasta la
elección, y precisó que «la regla unificada tendrá aplicación a partir del próximo proceso electoral que
se lleve a cabo para elegir Congresistas».
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
la que exige la normativa.
62. Atendiendo a lo expuesto anteriormente, la Sala Especial de Decisión procederá al
análisis de cada uno de los supuestos para la configuración del elemento objetivo
de las causales de pérdida de investidura invocadas por la solicitante, partiendo de
que se encuentra probada la calidad de congresista del señor José Jaime Uscátegui
Pastrana y el parentesco, en segundo grado de consanguinidad (hermano) con el
señor Julián Uscátegui Pastrana, lo cual no fue objeto de contradicción.
63. Asimismo, conforme se indicó en acápites anteriores, y contrario a lo señalado por
el congresista, para la configuración de esta causal, como lo ha considerado esta
corporación, el vínculo de parentesco incluye el primer y segundo grado de
consanguinidad, lo cual, se reitera, se cumple en el presente asunto.
64. Determinado lo anterior, para establecer si el pariente del congresista ejerció
autoridad política en la circunscripción en donde debía realizarse la elección
respectiva, es preciso dividir el estudio, en la siguiente manera:
2.7.1. Ejercicio como edil del pariente en segundo grado de consanguinidad
65. Se encuentra probado en el expediente que el señor Julián Uscátegui Pastrana fue
elegido edil de la Junta Administradora Local de Usaquén para el periodo 2020-2023,
según consta en el formulario E-26JAL43, así:
43 Índice 2 de Samai, archivo denominado «4ED_PERDIDADEINVESTIDURA(.pdf) NroActua 2».
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
66. Igualmente, está acreditado que al momento de la inscripción del señor José Jaime
Uscátegui Pastrana como candidato a la Cámara de Representantes para el 2022-
2026, su pariente, en segundo grado de consanguinidad (hermano) ejercía el
referido cargo de elección popular, esto es, edil de la Junta Administradora Local de
Usaquén.
67. Ahora bien, aun cuando en el expediente no obra el formulario E-6 correspondiente
a la inscripción del congresista demandado, de conformidad con el calendario
electoral y la Resolución 2098 de 12 de marzo de 2021 «por la cual se fija el
calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República que se
realizarán el 13 de marzo de 2022» expedida por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, se tiene probado que el plazo máximo de inscripción para las elecciones
del congreso para el cuatrienio 2022-2026 fue el 13 de diciembre de 2021 y que la
elección del congresista, se declaró el 13 de marzo de 2022, como consta en el
formulario E-26 CAM44 de la misma fecha, posesionándose el 20 de julio de la misma
anualidad.
68. En relación con la naturaleza jurídica de las juntas administradoras locales, debe
recordarse que estas son órganos colegiados de carácter público, que no se
conciben como un órgano legislativo, integrados por ediles elegidos popularmente,
cuyo período coincide con el del alcalde respectivo. Asimismo, las decisiones de las
JAL se materializan en decisiones de la corporación y no a título individual de los
ediles que la integran. Sus funciones se encuentran previstas a nivel constitucional
en el artículo 318 de la Constitución Política que indica:
1. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo
económico y social y de obras públicas.
2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o
corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos.
3. Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales,
departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos
planes de inversión.
4. Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal.
5. Ejercer las funciones que les deleguen el concejo y otras autoridades locales. Las
asambleas departamentales podrán organizar juntas administradoras para el
cumplimiento de las funciones que les señale el acto de su creación en el territorio
que este mismo determine.
69. Para el Distrito Capital de Bogotá, en el artículo 69 del Decreto Ley 1421 de 1993,
norma que dispone:
1. Adoptar el Plan de Desarrollo Local en concordancia con el plan general de
desarrollo económico y social de obras públicas y el plan general de ordenamiento
físico del distrito, previa audiencia de las organizaciones sociales, cívicas y populares
de la localidad.
44 Índice 2 de Samai, archivo denominado «4ED_PERDIDADEINVESTIDURA(.pdf) NroActua 2»
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios distritales en su localidad y las
inversiones que en ella se realicen con recursos públicos.
3. Presentar proyectos de inversión ante las autoridades Nacionales y Distritales
encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión.
4. Aprobar el presupuesto anual del respectivo fondo de desarrollo, previo concepto
favorable del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal y de conformidad con
los programas y proyectos del plan de desarrollo local.
El ochenta por ciento (80%) de las apropiaciones no podrá ser inferior al monto de
dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales y el veinte por ciento (20%)
restante de las apropiaciones no podrá ser inferior al monto de doscientos (200)
salarios mínimos mensuales legales. No podrán hacer apropiaciones para la
iniciación de nuevas obras mientras no estén terminadas las que se hubieren iniciado
en la respectiva localidad para el mismo servicio.
5. Cumplir las funciones que, en materia de servicios públicos, construcción de obras
y ejercicio de atribuciones administrativas les asigne la ley y les deleguen las
autoridades nacionales y distritales.
6. Preservar y hacer respetar el espacio público. en virtud de esta atribución podrán
reglamentar su uso para la realización de actos culturales, deportivos, recreacionales
o de mercados temporales y ordenar el cobro de derechos por tal concepto, que el
respectivo Fondo de Desarrollo destinará al mejoramiento del espacio público de la
localidad, de acuerdo con los parámetros que fije el Concejo Distrital.
7. Promover la participación y veeduría ciudadana y comunitaria en el manejo y
control de los asuntos públicos.
8. Presentar al Concejo Distrital proyectos de acuerdo relacionados con la localidad
que no sean de la iniciativa privativa del Alcalde Mayor.
9. Vigilar la ejecución de los contratos en la localidad y formular ante las autoridades
competentes las recomendaciones que estimen convenientes para el mejor
desarrollo de esos contratos. En ejercicio de esta función los ediles podrán solicitar
y obtener los informes y demás documentos que requieran.
10. Promover las campañas necesarias para la protección y recuperación de los
recursos y del medio ambiente en la localidad.
11. Solicitar informes a las autoridades locales, quienes deben expedirlos dentro de
los diez (10) días siguientes. Su omisión injustificada constituye causal de mala
conducta.
12. Participar en la elaboración del plan general de desarrollo económico, social y de
obras públicas.
13. Ejercer la veeduría que proceda sobre los elementos, maquinaria y demás bienes
que la administración distrital destine a la localidad.
14. Las Juntas Administradoras Locales podrán citar, una vez cada seis (6) meses
al Alcalde Local correspondiente.
Los cuestionarios para las sesiones de seguimiento a la gestión e inversión local
deberán hacerse con anticipación no menor de cinco (5) días hábiles y formularse
en cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al
cuestionario, el cual deberá estar precedido de la motivación de la citación y
encabezar el orden del día de la sesión. El funcionario citado deberá radicar en la
secretaria de la JAL la respuesta al cuestionario, dentro del tercer día hábil siguiente
al recibo de la citación.
15. Gestionar ante la Alcaldía Local correspondiente las iniciativas de la comunidad
con respecto a asuntos de gestión pública y desarrollo local. A su vez, coordinarán
con las instancias de participación local para contribuir al fortalecimiento de la gestión
local que permita identificar la solución de problemas.
16. Coordinar con las instancias de participación local para contribuir al
fortalecimiento de la gestión local mediante la disposición de información pertinente
que permita identificar soluciones a problemas relacionados con la gestión local del
desarrollo.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
17. Presentar anualmente una rendición de cuentas sobre la asistencia de sus
corporados, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses
particulares, proyectos, partidas e inversiones públicas que hayan gestionado, así
como cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos.
18. Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la ley y los decretos
de! alcalde mayor.
70. La Corte Constitucional, mediante sentencia C- 715 de 199845, sobre la naturaleza
del cargo, consideró «(…) que si bien es verdad que los ediles de las Juntas
Administradoras Locales, como integrantes de estas Corporaciones Públicas son
servidores públicos conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución
Nacional, no tienen, sin embargo, la categoría de empleados públicos, a los que se
refiere el artículo 122 de la Carta Política, pues estos últimos son vinculados por una
relación legal o reglamentaria, al paso que aquellos ostentan su investidura en virtud
de una elección popular, aun cuando tienen en común que, unos y otros están al
servicio del Estado y de la comunidad (…)».
71. En este contexto, la Sala precisa que el cargo de edil no se subsume dentro de los
supuestos fácticos ni jurídicos del artículo 189 de la Ley 136 de 1994 que define
autoridad política como «la que ejerce el alcalde como jefe del municipio. Del
mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento administrativo,
como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la autoridad política».
72. De igual manera, las funciones descritas anteriormente no comportan el ejercicio de
autoridad política, en la medida que los ediles: i) supervisan la ejecución de
proyectos locales; ii) controlan la gestión de las alcaldías; iii) vigilan la prestación de
servicios, la inversión de los recursos y la ejecución de proyectos de su localidad; y
iv) formulan iniciativas para el desarrollo local.
73. De este modo, en los términos señalados por esta corporación46, las funciones de
los ediles no comportan el ejercicio de autoridad política, toda vez que no tienen la
capacidad para «presentar proyectos de Ley y sancionarlos, manejar las relaciones
con los otros poderes y con otros Estados, gestionar, trazar y apalancar el rumbo de
la Nación47, y también se ha dicho que es “la que ejercen los que ‘gobiernan y
mandan ejecutar las leyes’, es la que ejerce quien tiene el poder de decidir, con un
alcance de obligatoriedad y con el fin de alcanzar metas de carácter general y de
beneficio común, al menos teóricamente».
74. Adicionalmente, porque para efectos de la configuración de la causal de inhabilidad
prevista en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política, no resulta
suficiente la acreditación de la sola calidad de edil del pariente del congresista dentro
45 Corte Constitucional, sentencia C- 715 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de junio de 1998.
Radicado AC–5779, M.P Germán Rodríguez Villamizar.
47 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de junio de 1998.
Radicado AC–5779, M.P Germán Rodríguez Villamizar.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
del período relevante en consideración al análisis expuesto anteriormente. En
atención a la naturaleza sancionatoria del proceso de pérdida de investidura y al
principio de interpretación restrictiva que gobierna esta materia, es indispensable
demostrar de manera concreta y específica que, en el ejercicio de dicho cargo, el
pariente desplegó funciones que comportaran el ejercicio efectivo de autoridad civil
o política, en los términos constitucionales y legales aplicables.
75. En este punto, es pertinente reiterar que el artículo 5 de la Ley 1881 de 2018 exige
que toda solicitud de pérdida de investidura contenga la invocación de la causal y su
debida explicación, lo cual implica la identificación precisa de los hechos y de las
funciones que, a juicio de la solicitante, configuran el ejercicio de autoridad. Tal
exigencia, como lo ha señalado la Corte Constitucional48, garantiza el derecho de
defensa y contradicción del sujeto pasivo de la acción y delimita el ámbito de decisión
del juez, a quien no le es dado suplir las omisiones fácticas o probatorias de la parte
actora.
76. En el presente asunto, si bien se encuentra demostrado que el hermano del
representante a la Cámara ejercía el cargo de edil en la Junta Administradora Local
de Usaquén durante el período inhabilitante, tal circunstancia, por sí sola, no permite
estructurar la causal invocada. Ello, en la medida en que el desempeño del cargo de
edil, que se desarrolla en el marco de un órgano colegiado, no implica per se el
ejercicio de autoridad política conforme al estudio efectuado en líneas anteriores y,
en el caso concreto, tampoco se acreditó cuáles funciones específicas habría
desempeñado el referido pariente que implicaran el ejercicio de autoridad política en
los términos exigidos por el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política.
77. En consecuencia, la ausencia de precisión fáctica y probatoria sobre este aspecto
impide tener por acreditado dicho presupuesto esencial de la causal, razón por la
cual no se configura el elemento objetivo de la pérdida de investidura y el cargo no
está llamado a prosperar.
2.7.2. Ejercicio como concejal del pariente en segundo grado de
consanguinidad
78. La solicitante adujo que, con posterioridad, el pariente en segundo grado de
consanguinidad (hermano) del congresista fue elegido concejal de Bogotá en las
elecciones del 29 de octubre de 2023 y se posesionó en dicho cargo, lo que da lugar
a una inhabilidad o causal sobreviniente.
79. Para el efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado49, respecto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, consideró:
48
Corte Constitucional, sentencia C- 237 de 22 de marzo de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
49 Sentencia de 14 de octubre de 2020, radicado 11001031500020200006101, M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
«La Constitución Política de 1991 consagró un régimen de inhabilidades e
incompatibilidades con respecto a los congresistas. Frente al primero, se establecen
los casos en los cuales una persona que pretende ostentar dicha calidad, no puede
ser elegido cuando ocurra alguna de las circunstancias dispuestas en el artículo 179
ibidem y, respecto al segundo, esto es, en lo concerniente a las incompatibilidades,
el artículo 180 de la Carta hace relación a los impedimentos por parte de los
miembros del Congreso durante el tiempo en que ostentan esta condición, siendo
estos supuestos los que generan la pérdida de la investidura en caso de
configurarse».
80. Asimismo, esta corporación ha determinado que el constituyente previó una serie de
inhabilidades basadas en actos o situaciones que afectan el interés general y, por
ende, impiden la elección del congresista o la invalidan. Precisamente, las normas
que prevén las causales de inhabilidad, en tanto que limitan el acceso a la función
pública, son de interpretación restrictiva, esto es, no pueden ser aplicadas por
extensión o analogía50.
81. En el caso concreto, se encuentra probado que el señor Julián Uscátegui Pastrana
fue elegido concejal del Distrito Capital de Bogotá, para el período constitucional
2024-2027, como consta en el formulario E-26 CON de 29 de octubre de 202351, así:
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 11 Especial de Decisión de Pérdida
de Investidura, sentencia de 10 de marzo de 2025, M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño, radicado
11001-03-15-000-2024-06310-00.
51 Índice 2 de Samai, archivo denominado «4ED_PERDIDADEINVESTIDURA(.pdf) NroActua 2».
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
82. Dicha elección se realizó con posterioridad a la inscripción y a la declaratoria de la
elección del congresista que, se reitera, se realizó el 13 de marzo de 2022, según el
formulario E-26 CAM de la misma fecha52.
83. En tal virtud, se advierte que la inhabilidad invocada por la solicitante encuentra
limitada su aplicación para el acceso al desempeño del cargo, lo que se materializa,
para el caso sub examine, desde la inscripción y la posesión del mismo, no siendo
procedente pretender su aplicación a un momento posterior, como ocurre en el
presente asunto (inhabilidad sobreviniente), toda vez que la posesión de su pariente
como concejal ocurrió cuando el congresista se encontraba en ejercicio de la labor
congresional, lo cual desvirtúa la configuración del elemento objetivo de la causal.
84. Por lo expuesto anteriormente y atendiendo a que no se encuentra probado el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de
inhabilidades, la Sala se releva de efectuar el estudio del elemento subjetivo y
denegará la solicitud de pérdida de investidura promovida contra el representante a
la Cámara por la circunscripción de Bogotá, José Jaime Uscátegui Pastrana, y así
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 6, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: NEGAR la solicitud de pérdida de investidura presentada en contra del
representante a la Cámara por la Circunscripción de Bogotá, José Jaime Uscátegui
Pastrana, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: ADVERTIR que contra la presente providencia procede el recurso de
apelación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018.
Tercero: En firme este proveído, ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Magistrado Magistrado
52 Índice 2 de Samai, archivo denominado «4ED_PERDIDADEINVESTIDURA(.pdf) NroActua 2».
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00430-00
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Magistrada Magistrado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.