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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00435-01

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00435-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00435-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00435-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
(FOMAG)

TESIS: CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL REQUISITO DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE LEGAL Y ECONÓMICO. SANCIÓN
MORATORIA POR EL PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS. REITERACIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 17 de abril de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00435-01
Actor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
(FOMAG)

I.1.- La Solicitud

La NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL2 -

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

(FOMAG)3, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de

la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al

debido proceso, a la igualdad y al principio de legalidad del gasto y

responsabilidad fiscal, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO

TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE

RIOHACHA4 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA

GUAJIRA5, al haber proferido, respectivamente, las providencias de

19 de noviembre de 2024 y 29 de octubre de 2025, dentro del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con

el número único de radicación 2023-00523-01.

I.2. Hechos

Indicó que el 22 de junio de 2021 la señora SULINA MERCEDES

ACOSTA ROMERO radicó ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA6 la solicitud de

2
En adelante MINISTERIO.
3
En adelante FOMAG.
4
En adelante JUZGADO.
5
En adelante TRIBUNAL.
6
En adelante SECRETARÍA.

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3

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Actor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
(FOMAG)

reconocimiento y pago de las cesantías, entidad que con

posterioridad expidió la Resolución núm. 0965 de 24 de agosto7, así

como el acto administrativo núm. 1444 de 20 de diciembre de 20228,

mediante los cuales le reconoció la prestación solicitada. No

obstante, dicho pago se realizó hasta el 1o. de febrero de 2023, esto

es, fuera del término legal establecido, lo que dio lugar a un período

de mora de 552 días.

Precisó que, debido a dicha tardanza, el 30 de agosto de 2023 la

señora ACOSTA ROMERO solicitó el reconocimiento y pago de la

sanción moratoria correspondiente; no obstante, sus pretensiones

fueron negadas de manera ficta por configuración del silencio

administrativo negativo.

Expuso que ante esa situación, la señora ACOSTA ROMERO

presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual

fue repartida al JUZGADO con el radicado número 2023-00523-00,

con el fin de que se declarara la existencia y nulidad del acto ficto o

presunto derivado del silencio negativo configurado frente a la

petición presentada el 30 de agosto de 2023. Asimismo, solicitó, a

7
Por la cual se ordena y reconoce el pago de una cesantía parcial para liberación del gravamen.
8
Por la cual se aclara la Resolución núm. 0965 de fecha agosto 24 de 2022 donde se reconoce y
ordena el pago de una cesantía parcial para liberación de gravamen.

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(FOMAG)

título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago

indexado de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 20069.

Refirió que el JUZGADO en sentencia de 19 de noviembre de 2024,

accedió a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, declaró

la nulidad del acto ficto demandado y le ordenó a la SECRETARÍA,

al MINISTERIO, al FOMAG y a LA FIDUPREVISORA S.A.,

reconocer y pagar la sanción moratoria derivada del pago tardío de

las cesantías parciales reconocidas.

Adujo que, inconforme con la anterior decisión, LA

FIDUPREVISORA S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue

desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 29 de

octubre de 2025, modificó la providencia apelada.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en defecto sustantivo, por cuanto, en su criterio,

aplicaron una normativa inexistente a la sanción moratoria causada

9
Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación.

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(FOMAG)

en el año 2023, pues no hay disposición alguna que le autorice a

pagarla luego de la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 201910.

Resaltó que además de desconocer que la mora en el reconocimiento

de las cesantías era consecuencia directa de la SECRETARÍA, le

trasladaron dicha obligación, sin que interfiriera en dicho trámite.

I.4. Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende que:

“[…] 1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, defensa y contradicción, igualdad, principio de legalidad del
gasto público y responsabilidad fiscal de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG, que se consideran vulnerados por las
providencias judiciales demandadas.

2. Que se deje sin efectos la Sentencia proferida el diecinueve (19) de
noviembre de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Riohacha, dentro del radicado 44 001 33 40 003 2023
00523 00, mediante la cual se condenó compartidamente al FOMAG
al pago de la sanción moratoria por cesantías.

3. Que se deje sin efectos la Sentencia proferida el veintinueve (29)
de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que
modificó la condena y resolvió el pago únicamente en contra del
FOMAG por concepto de sanción moratoria en el mismo proceso.

4. Que, en consecuencia, se ordene dictar nueva providencia en la que
se observe y aplique de manera estricta lo dispuesto en el artículo 57
de la Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 324 de la Ley 2294

10
Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la
equidad.

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(FOMAG)

de 2023, reconociendo que la responsabilidad por el pago de la
sanción moratoria corresponde exclusivamente a la entidad territorial
que expide tardíamente el acto administrativo de reconocimiento de
cesantías, y no al FOMAG.

5. Que se exhorte a los despachos judiciales accionados para que, en
futuros casos análogos, armonicen sus decisiones con la normatividad
vigente y la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, evitando imponer al FOMAG obligaciones
prohibidas por la ley y carentes de apropiación presupuestal. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO luego de realizar un recuento de las

actuaciones, indicó que la acción de tutela es improcedente por no

cumplir con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la

entidad accionante pretende reabrir un debate ya resuelto, con el fin

de obtener una tercera valoración jurídica favorable a sus intereses.

I.5.2.- El TRIBUNAL afirmó que la decisión cuestionada se sustentó

en el material probatorio obrante dentro del proceso ordinario,

además que tuvo como fundamento lo dispuesto en la sentencia de

unificación CE-SUJ2-012-18 de 18 de julio de 201811 y la Ley 1955

de 2019.

Asimismo, señaló que la acción de tutela no incurre en ninguno de

11
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B. M.P. Sandra Lisseth Ibarra Velez, núm. 2014-
00580-01.

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los defectos alegados, razón por la cual es improcedente.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 17 de abril de 2026,

declaró improcedente el amparo solicitado. Resaltó que el actor

pretende utilizar el mecanismo constitucional como una instancia

adicional con el fin de que prevalezca su interpretación sobre la

acogida por el TRIBUNAL, que encontró acreditado que el acto

administrativo de reconocimiento de las cesantías fue expedido el 24

de agosto de 2022, razón por la que no estuvo ajustado a término,

pues el 22 de junio de 2021 se radicó la solicitud tendiente a su

reconocimiento y pago, de tal modo que los 15 días hábiles con los

que contaba el ente territorial para expedir el acto administrativo de

reconocimiento de las cesantías vencía el 14 de julio de ese año.

Además, que en virtud de la asunción temporal del servicio educativo

adoptada mediante la Resolución núm. 0459 de 201712, la parte

actora era la responsable del pago a favor de la entonces

demandante.

12
Por la cual se ordena la asunción temporal de la competencia del sector educativo en el departamento
de La Guajira y en los municipios de Riohacha, Maicao y Uribia.

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Finalmente, señaló que no basta con manifestar inconformidades

respecto de las decisiones judiciales, ya que de esa forma la discusión

queda restringida a asuntos de mera legalidad que no transcienden

al plano constitucional.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en

el escrito introductorio.

Afirmó que es necesario que se realice un análisis integral de las

normas que regulan la responsabilidad por el reconocimiento y pago

de la sanción moratoria de cesantías de los docentes afiliados al

FOMAG, en especial del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, en lo que

tiene que ver con la asunción temporal del servicio en el

departamento de La Guajira valorando las actuaciones atribuibles al

MINISTERIO y a la SECRETARÍA.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de

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sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente

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en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 19 de noviembre de 2024 y

29 de octubre de 2025, proferidas por el JUZGADO y el

TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2023-00523-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales del actor, pues a su juicio, no realizaron un

análisis integral de las normas que regulan la responsabilidad del

reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías de

los docentes afiliados al FOMAG.

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada omitió estudiar el

alcance del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 frente a las

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consecuencias derivadas de la asunción temporal del servicio

educativo en el departamento de La Guajira, trasladando la

responsabilidad por la sanción moratoria al FOMAG sin realizar un

análisis suficiente sobre la incidencia específica de las actuaciones de

cada una de las entidades intervinientes en la generación de la mora.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA de esta Corporación que, a través de

providencia de 17 de abril de 2026, declaró improcedente la solicitud

de amparo, luego de considerar que incumplía con el requisito

general de relevancia constitucional, habida cuenta que la

controversia examinada buscaba reabrir un debate que ya había sido

zanjado, además que con la acción de tutela no podía desconocerse

la autonomía e independencia del juez ordinario.

La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y

solicitó que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos

plasmados en el escrito introductorio. Además, insistió en que no se

valoró a profundidad sobre quien recaía la responsabilidad de la

sanción moratoria con fundamento en la medida de intervención

temporal vigente para la fecha de la solicitud prestacional, ni se

estudió la incidencia de las actuaciones de cada una de las entidades

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intervinientes en la generación de la mora.

En este punto se advierte que si bien en la acción de tutela se solicita

dejar sin efecto tanto la providencia de 19 de noviembre de 2024

proferida por el JUZGADO, como la de 29 de octubre de 2025

proferida por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis

de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

frente a la decisión de segunda instancia, toda vez que fue esta la

que dio por terminado el proceso.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en el defecto alegado.

En ese orden, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

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En este punto, la Sala advierte que la finalidad de la parte actora con

la solicitud de amparo de la referencia es controvertir la decisión

judicial mediante la cual se le atribuyó la responsabilidad por el pago

de la sanción moratoria.

Cabe señalar que sobre el incumplimiento del requisito de relevancia

constitucional en los asuntos en que se discuten providencias

judiciales en las que se resolvió sobre la procedencia de la sanción

moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, la Corte

Constitucional en la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 201913,

sostuvo lo siguiente:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro que
en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia
constitucional. Los accionantes consideran que, con las
sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la
pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,
prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de
1998. En esa medida, adujeron que las providencias impugnadas
incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los
pronunciamientos de la Corte Constitucional y Consejo de
Estado, según los cuales tenían derecho al pago de la penalidad
reclamada.

13
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes
T7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido

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(FOMAG)

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa con
la presunta afectación de un derecho fundamental, y (iii)
busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario,
por cuanto no se advierte prima facie una actuación
arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.

[…]

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho
al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no
corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a
una penalidad para el empleador que no las consigna al
fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,
es un reconocimiento de fuente legal con carácter
netamente patrimonial, que no amerita la intervención
del juez de tutela […]”.

De lo anterior se desprende que los argumentos relacionados con la

procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las

cesantías no pueden acreditar vulneración de derecho fundamental

alguno, sino que corresponden a inconformidades de mera legalidad,

que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la

intervención del juez de tutela.

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(FOMAG)

Dicha posición fue reiterada por esta Sección mediante sentencia de

15 de julio de 202114, que declaró la improcedencia de la acción de

tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional,

en un asunto en el que se pretendía dejar sin efectos unas

providencias judiciales que denegaron el reconocimiento de una

sanción moratoria por el no pago oportuno de unas cesantías.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional 15, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».16

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: BOLIVIA MERCEDES PACHECO
GONZÁLEZ. M.P. Oswaldo Giraldo López
15
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
16
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación17, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [18]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [19].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [20].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa

17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[18] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[19] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[20] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [21].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la

[21] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [22]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [23].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [24]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose

[22] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[23] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[24] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,

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desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala constata que lo planteado

en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia

constitucional, en los términos señalados en la jurisprudencia

constitucional aquí analizada, que haga imperiosa la intervención del

juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración de los

derechos fundamentales invocados por el actor.

En efecto, se advierte que lo pretendido por la parte actora con la

presente solicitud es controvertir la decisión judicial por medio de la

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cual se reconoció y ordenó el pago de la sanción moratoria por el

retardo en el pago oportuno de unas cesantías, lo cual conforme con

el criterio establecido por la Corte Constitucional y reiterado por esta

Sala, anteriormente expuesto, no cumple con el requisito general de

relevancia constitucional por tratarse de un asunto meramente

económico, sobre el cual versan inconformidades de mera legalidad

que no ameritan la intervención del juez de tutela.

Ahora bien, la Sala advierte que los argumentos que invoca la parte

actora como fundamento de la presunta vulneración de los derechos

deprecados, fueron objeto de pronunciamiento por el TRIBUNAL

mediante sentencia de 29 de octubre de 2025, en la que dijo lo

siguiente:

“[…] 2.1 Fundamentos de derecho

• Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
parciales y definitivas del docente

Según el artículo 1 de la ley 244 de 1995 modificada por el
artículo 4 de la ley 1071 de 2006, la entidad empleadora o
aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las
cesantías tiene quince (15) días hábiles para emitir la resolución
de liquidación de cesantías (definitivas o parciales) después de
recibir a solicitud, siempre que se cumplan todos los requisitos
legales. La entidad pública encargada del pago tiene un máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados desde que la
resolución de liquidación queda en, para pagar las cesantías
(artículo 2 de la ley 244 de 1995, modificado por el artículo 5 de
la ley 1071 de 2006).

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Si hay retraso en el pago, la entidad debe pagar al beneficiario
un día de salario por cada día de retraso, hasta que se realice el
pago. Solo es necesario demostrar que no se pagó en el plazo
establecido.

El Consejo de Estado en sentencia de unificación de 18 de julio
de 20181, determinó que los docentes oficiales, como servidores
públicos, están sujetos a la ley 244 de 1995 y sus normas
complementarias en cuanto a sanción por mora en el pago de
las cesantías. Así mismo, definió los plazos que se deben tener
en cuenta para establecer la procedencia de la sanción, bajo las
siguientes reglas:

• Si el acto que reconoce las cesantías (definitivas o parciales)
se emite fuera del plazo legal o no se emite, la sanción
moratoria comienza 70 días hábiles después de que se
radique la solicitud de reconocimiento. Este plazo se
desglosa así:

✓ 15 días para emitir la resolución.
✓ 10 días para que el acto quede en firme.
✓ 45 días para realizar el pago.

• Además, el acto que reconoce la cesantía debe notificarse al
interesado según las condiciones del CPACA. Una vez se
verifica la notificación, empieza a contar el plazo de firmeza
del acto. Si el acto no se notificó, se debe considerar el plazo
que la ley establece para que la entidad intente notificarlo
personalmente, es decir:

✓ 5 días para citar al solicitante a recibir la notificación.
✓ 5 días para esperar que comparezca.
✓ 1 día para entregarle el aviso.
✓ 1 día más para completar la notificación por este medio.

Si el solicitante renuncia a los plazos de notificación y
firmeza, el acto se considera firme desde el día en que lo
manifieste. En ninguno de estos casos, los plazos de
notificación se contarán en contra del empleador para la
sanción moratoria.

• Cuando se interpone un recurso, la firmeza del acto
comienza 1 día después de que se notifique la resolución del
recurso. Si el recurso no se resuelve, los 45 días para el pago
de la cesantía comienzan 15 días después de interpuesto.

• Para las cesantías definitivas, el salario base para calcular la
sanción moratoria será el salario básico vigente en la fecha

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de retiro del servidor público. Para las cesantías parciales, se
tomará en cuenta el salario básico vigente al momento de la
mora, sin que varíe por el tiempo transcurrido.

• No procede la indexación de la sanción moratoria por pago
tardío de las cesantías, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA. Esta sentencia de unificación tiene
efectos retrospectivos y, por ende, es aplicable de manera
obligatoria a los trámites pendientes de resolver en sede
gubernativa y judicial.

• Entidad responsable del reconocimiento y pago de la
sanción moratoria.

En cuanto a la entidad responsable del pago de esta prestación,
la ley 962 de 2005, en su artículo 56, establece que las
prestaciones sociales de los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, incluidas las
cesantías parciales o definitivas, deben ser reconocidas y
pagadas por dicho fondo. Esto se hace previa aprobación del acto
de reconocimiento por parte de quien administra los recursos de
este patrimonio autónomo, actualmente Fiduprevisora S.A.; acto
que es elaborado por la secretaría de educación del ente
territorial al que esté afiliado el docente.

El decreto 2831 de 2005 estableció plazos específicos tanto para
las secretarías de educación de los entes territoriales como para
la sociedad fiduciaria que administra el FOMAG, con el fin de
asumir sus responsabilidades en el reconocimiento y pago de las
cesantías de los docentes oficiales. Sin embargo, el Consejo de
Estado en la mencionada sentencia de unificación de 18 de julio
de 2018, determinó que esta norma reglamentaria no era
compatible con la ley 1071 de 2006, ya que establecía plazos
más amplios que los señalados en esta ley para decidir sobre el
reconocimiento y pago de esta prestación económica. Por ello,
decidió inaplicar ese decreto reglamentario en virtud de la
«excepción de ilegalidad» prevista en el artículo 148 del
C.P.A.C.A.

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1272 de
2018, en el que dispuso términos a las secretarías de educación
y al FOMAG – representado por la entidad fiduciaria – para
tramitar las solicitudes de reconocimiento y pago de cesantías
parciales y definitivas de los docentes oficiales, teniendo en
cuenta los plazos establecidos en la Ley 1071 de 2006, así:

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• Las solicitudes de cesantías serán resueltas en el término de
15 días, durante el cual, i) la entidad territorial deberá
elaborar el proyecto de acto administrativo dentro de los 5
días siguientes a la radicación de la petición y remitirlo a la
sociedad fiduciaria para su revisión; ii) la entidad fiduciaria
contará con 5 días para pronunciarse sobre la aprobación del
proyecto y devolverlo a la entidad territorial, y; iii) recibido
el proyecto con aprobación o desaprobación, la entidad
territorial deberá expedir el acto administrativo dentro de los
5 días siguientes.

• Corresponde a las entidades territoriales notificar el acto
administrativo y remitirlo inmediatamente a la entidad
fiduciaria una vez ejecutoriado.

• La entidad fiduciaria deberá realizar el pago de las cesantías
reconocidas dentro de los 45 días hábiles siguientes a la
notificación de la resolución.

En todo caso, según esta norma, el pago de la sanción moratoria
por el incumplimiento de los plazos mencionados correspondía
al FOMAG, el cual podía eventualmente ejercer las acciones
correspondientes en contra de las entidades territoriales
certificadas en educación por el incumplimiento de los términos
previstos en la Ley 1071 de 2006.

Dicha circunstancia fue modificada por el parágrafo del artículo
57 de la Ley 1955 de 2019, al establecer que “La entidad
territorial será responsable del pago de la sanción por mora en
el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago
extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento
de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud
de pago de cesantías por parte de la Secretaria de Educación
territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio”.

El parágrafo transitorio de la misma norma dispuso que el
FOMAG pagará las sanciones por mora causadas hasta diciembre
de 2019 por medio de títulos de tesorería emitidos por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; pero este término se
extendió a diciembre de 2022, con la modificación del artículo
324 de la ley 2294 de 2023, como lo explicó el Consejo de
Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 28 de
julio de 2023.

Teniendo en cuenta esta última modificación normativa, el
Consejo de Estado precisó en reciente pronunciamiento que

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“cuando el trámite de reconocimiento de cesantías se da antes
de la Ley 1955 de 2019, es la Nación–Ministerio de Educación
Nacional, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, la entidad obligada del
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el
desembolso tardío de las cesantías de los docentes, sin
responsabilidad alguna del ente territorial, pues su eventual
responsabilidad surgió desde la entrada en vigencia de la Ley
1955 de 2019.”

(…)

2.3 Resolución del recurso de apelación

Dado que en los recursos de apelación no se discute la ocurrencia
de la sanción moratoria ni su cálculo, el análisis se centrará en
determinar quién es la entidad responsable de pagar la condena
impuesta.

En ese entendido, advierte la Sala que, para la fecha en que se
solicitó el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías (22 de
junio de 2021), se encontraba vigente la ley 1955 de 2019, que
entró a regir a partir del 25 de mayo de ese año.

Entonces, como se indicó, para determinar a quién corresponde
la responsabilidad por la mora que se reclama, debe atenderse
lo previsto en el parágrafo del artículo 57 de la ley 1955 de 2019,
analizando si la conducta desarrollada por la entidad territorial
cumplió con los requisitos establecidos por el legislador; de ser
así, la responsabilidad se transfiere al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Para el trámite del reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías, se debe seguir lo establecido en el decreto 1272 de
2018, las disposiciones contempladas el decreto 942 del 1º de
junio de 2022 y, la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, entraron
en vigencia con posterioridad a la fecha en comento, por lo
tanto, no resultan aplicables a este caso.

En este entendido, se procede a verificar el cumplimiento de los
plazos legales, así:

• La parte demandante solicitó las cesantías el 22 de junio de
2021.

• La entidad demandada tenía quince (15) días hábiles para
expedir la resolución de reconocimiento (artículo 4 de la ley
1071 de 2006), los cuales vencían el 14 de julio de 2021.

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• El término de ejecutoria de la resolución es de diez (10) días
hábiles (artículos 76 y 87 de la ley 1437 de 2011) que
vencían el 29 de julio de 2021.
-
• Ejecutoriada la decisión, la entidad demandada contaba con
cuarenta y cinco (45) días hábiles para realizar el pago de
las cesantías (artículo 2 de la ley 244 de 1995, modificado
por el artículo 5 de la ley 1071 de 2006), esto es, hasta el 1
de octubre de 2021.

• Cumpliendo con el plazo de la expedición del acto de
reconocimiento de las cesantías, el ente territorial emitió
resolución en fecha 24 de agosto de 2022.
-
• A su vez, el pago se realizó el 1 de febrero de 2023, cuando
la entidad demandada puso el dinero a disposición en el
banco.
-
En virtud de lo expuesto, este despacho concluye que la sanción
moratoria corre desde el 2 de octubre de 2021 hasta el 31 de
enero de 2023.

En consecuencia, está acreditado que, la entidad territorial tenía
plazo para la expedición del acto hasta 14 de julio de 2021,
emitiéndolo el 24 de agosto de 2022, esto es, por fuera del
término con el que contaba para ello, por lo que se impone
concluir que la mora generada es atribuible al ente territorial, al
incumplirse el término de Ley para efectuar dicho
reconocimiento.

A su vez, se advierte que, producto del requerimiento probatorio
que realizara el a quo, obra en el expediente a folio 631 hoja de
revisión en la que consta que, el ente territorial remitió el acto
de reconocimiento ejecutoriado a Fomag solo hasta el día 13
septiembre de 2022, por lo tanto, los 45 días con los que contaba
el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para efectuar el
pago de la prestación reconocida fenecían el 18 de noviembre de
2022, poniendo a disposición de la interesada los dineros
reconocidos el 1 de febrero de 2023, esto es, por fuera del
término con el que contaba para ello.

Lo anterior, permite concluir que, tanto el ente territorial como
el FOMAG desconocieron los términos legales, sin embargo, pese
al incumplimiento de los plazos por parte del ente territorial, es
necesario precisar que, mediante Resolución 0459 del 21 de
febrero de 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

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asumió temporalmente la competencia del sector educativo en
el departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha, y los
municipios Maicao y Uribia. Esta medida fue prorrogada por dos
años mediante la Resolución 0624 de febrero de 2020, vigente
hasta el 15 de agosto de 202111. También se designó a María
Elena Ruiz Guarín como administradora temporal a través de la
Resolución 0127565 del 31 de diciembre de 2019.

En ese sentido, durante este período, la administración temporal
era la responsable de garantizar el debido y normal
funcionamiento de dicho sector en los entes territoriales objeto
de intervención, lo que incluye la expedición oportuna de los
actos administrativos de reconocimiento pensional de los
docentes oficiales.

El Tribunal, en sentencias del 25 de septiembre de 2024,
inicialmente determinó que los entes territoriales debían asumir
la sanción por mora en el pago de cesantías de los docentes, a
pesar de haberse causado en vigencia de la medida correctiva
de asunción temporal de competencias, al considerar que ello no
lo desliga de su calidad de empleador y, por tanto, de la
obligación de atender de forma oportuna el pago del auxilio de
cesantías. Se destacó que, en todo caso, cuenta con la
posibilidad de acudir al medio de control de repetición en los
términos señalados en el artículo 90 constitucional y en la Ley
678 de 2001.

Sin embargo, la Sala rectificó esta postura en sentencia del
30 de octubre de 202414, estableciendo que cuando la sanción
moratoria por pago tardío de las cesantías de los docentes, sea
generada como consecuencia del incumplimiento de los plazos
previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de
cesantías por parte del ente territorial al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Parágrafo artículo 57 de la
ley 1955 de 2019), durante el término de la medida correctiva
(21 de febrero de 2017 al 15 de agosto de 2021), el responsable
del pago es la Nación – Ministerio de Educación, quien fungía
como responsable del sector educativo en el departamento de
La Guajira, distrito de Riohacha, municipios de Maicao y Uribia,
por ser a quien asistía la obligación de atender de manera
oportuna el pedido de reconocimiento prestacional de los
docentes oficiales.

En estos casos, la Nación – Ministerio de Educación podrá acudir
al medio de control de repetición en los términos señalados en
el artículo 90 constitucional y en la Ley 678 de 2001.

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Se aclara que, desde la entrada en vigencia de la ley 1955 de
2019 (25 de mayo de 2019), el departamento de La Guajira, el
distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia serán
responsables del pago de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías de los docentes oficiales, cuando se hubiere
causado por el incumplimiento de los términos para el
reconocimiento prestacional, y con posterioridad a la fecha de
terminación de la medida de asunción temporal del sector
educativo en cabeza del Ministerio de Educación Nacional (16 de
agosto de 2021).

Subsumiendo las anteriores consideraciones al caso concreto, se
tiene que, la parte actora solicitó el reconocimiento de las
cesantías el día 22 de junio de 2021, fecha para la cual se
encontraba vigente la medida de asunción temporal del servicio
educativo adoptada mediante la Resolución 0459 de 21 de
febrero de 2017 y levantada el 16 de agosto de 2021. Así las
cosas, el responsable del pago de la condena en cuestión es la
Nación – Ministerio de Educación Nacional, entidad que se
encontraba a cargo de la competencia del sector educativo en el
departamento de La Guajira, el Distrito de Riohacha y los
municipios de Maicao y Uribia, en virtud de la medida correctiva
de asunción temporal mencionada; entidad que hace parte del
extremo pasivo del proceso de la referencia y tuvo la
oportunidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa.

En tales condiciones, se impone modificar la decisión de primera
instancia en el sentido de indicar que i) La mora generada es
atribuible únicamente a la Nación – Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fiduprevisora S.A., por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente providencia. […]”.

De los apartes transcritos, la Sala observa que el TRIBUNAL arribó

a la conclusión de que el responsable del pago de la condena en

cuestión era el MINISTERIO, el cual se encontraba a cargo de la

competencia del sector educativo en el departamento de La Guajira,

el Distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia, en virtud

de la medida correctiva de asunción temporal ya mencionada.

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Asimismo, que al encontrarse como responsable del sector educativo

en dicho período cuando se encontraba vigente la Resolución núm.

0459 de 21 de febrero de 2017, le asistía la obligación de atender de

manera oportuna la solicitud de reconocimiento prestacional de los

docentes oficiales, lo que incluía la expedición oportuna de los actos

administrativos de reconocimiento prestacional.

Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo

planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto

de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la

jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la

intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible

vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte

actora.

En efecto, se evidencia que lo pretendido es crear una instancia

adicional trayendo argumentos que ya fueron suficientemente

debatidos por el juez natural del litigio.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

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actora, sino una divergencia que obedece a un debate de mera

legalidad, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena

de otorgar a la acción de tutela el carácter de una tercera instancia

o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de

paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Además, cabe señalar que, esta Sección25, al igual que las secciones

Tercera, Cuarta y Quinta de esta Corporación26, ha venido reiterando,

de manera pacífica, que los conflictos en materia de tutela

relacionados con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria

están asociados a controversias de índole meramente legal y

económica, por lo que no cumplen con el citado requisito general de

25
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-
000-2021-01425-01; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01;
de 7 de abril de 2022 expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00.

26
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 17 de marzo de 2022 expediente número 11001-03-
15-000-2022-01048-00; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01482-
01; de 8 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-2021-02351-00; de 20 de mayo de 2021
expediente número 11001-03-15-000-2021-01836-00.

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procedibilidad.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión de

primera instancia que declaró improcedente el amparo por no

cumplir el requisito general de la relevancia constitucional y así se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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