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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00440-00

Fecha
23 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00440-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar improcedente, por no superar el requisito de inmediatez, la solicitud de tutela presentada por Nohemy del Socorro Amariles y otros en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00440-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

23 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00440-00
Demandantes: Nohemy del Socorro Amariles y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por
desplazamiento forzado / Inmediatez
Decisión: Declarar improcedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Nohemy del Socorro Amariles y otros, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Nohemy del Socorro Amariles y otros promovieron solicitud de tutela con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales a la «DIGNIDAD HUMANA, A LA
VIDA, A LA IGUALDAD, DERECHOS DE LOS NIÑOS, MUJERES CABEZA DE FAMILIA,
DISCAPACITADOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, A LA REPARACIÓN
INTEGRAL, VERDAD, JUSTICIA Y GARANTIAS DE NO REPETICIÓN, AL DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ASOCIACIÓN, DERECHOS
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, A LA INTEGRIDAD PERSONAL, A LA
SEGURIDAD PERSONAL, A LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN POR EL TERRITORIO
NACIONAL, A LA ALIMENTACIÓN MÍNIMA, A LA EDUCACIÓN, A LA VIVIENDA DIGNA, A
LA PAZ AL MÍNIMO VITAL Y MÓVIL, A LA FIJACIÓN DEL DOMICILIO, A LA FAMILIA, AL
TRABAJO, AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
CONFIANZA LEGITIMA, PRINCIPIO PROHOMINE Y PRINCIPIO PRO DANMATO» [sic],
los cuales consideraron vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 9
de noviembre de 2020 y el 18 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, respectivamente,
en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado
05001233300020150115700/01.

1Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «22ED_ACCIONDETUTELA(.pdf) NroActua 2(.pdf)
NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00440-00
Demandantes: Nohemy del Socorro Amariles y otros

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron demanda
en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército y Policía Nacional,
con la finalidad de que se les declarara responsables por los perjuicios ocasionados
por los daños a la vida y a la integridad personal, y el desplazamiento forzado
provocado por la «masacre de Segovia» ocurrida el 11 de noviembre de 1988.

2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en providencia del 9 de noviembre de
2020 declaró probada la caducidad del medio de control y se inhibió para resolver de
fondo al considerar que para la misma fecha en que se produjeron los fallecimientos,
las lesionados y el desplazamiento ya se tenía conocimiento de que el Estado podría
estar involucrado en esos hechos ya fuera por acción o por omisión. En contra de
esta decisión interpusieron recurso de apelación.

2.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en providencia del 18
de junio de 2025 confirmó la decisión del a quo, al considerar que la demanda se
promovió por fuera del término legalmente establecido, pues «los demandantes sabían
desde el 11 de noviembre de 1988 cuando ocurrieron los hechos conocidos como la
“masacre de Segovia”, de la posible omisión y/o participación de agentes del Estado, hechos
a partir de los cuales habrían sido víctimas de desplazamiento forzado, […]» [sic].

2.4. Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales al incurrir en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al
desconocer que el medio de control de reparación directa tenía como finalidad la
búsqueda de la verdad, la reparación integral y la garantía de no repetición, pues
aplicó normas procedimentales y la nueva postura jurisprudencial contenida en la
sentencia SU del 29 de enero de 2020, pese a que atentaba contra sus garantías,
pues la demanda se presentó ante la existencia de una postura jurisprudencial
diferente, tan es así que la misma excepción había sido resuelta desde la audiencia
inicial celebrada el 14 de abril de 2016.

2.5. En defecto fáctico por la no valoración del material probatorio allegado al
plenario que demostraba que los núcleos familiares habían sido víctima del crimen
de lesa humanidad de desplazamiento forzado, situación que era de público y notorio
conocimiento para las entidades demandas cuyos deberes y obligaciones eran la
protección de la vida, honra y bienes de las personas, máxime, cuando se trataba de
zonas de alta conflictividad, donde debían ejercer una posición de garante
institucional reforzada.

2.6. Lo anterior por cuanto se desconocieron los elementos de prueba de las
entidades municipales y departamentales como la Defensoría del Pueblo, referentes
a las alertas tempranas donde se advertían las masivas violaciones de derechos
humanos que se estaban presentando en esta región del país, por el dominio
presencial y poder que ejercían los grupos armados al margen de la ley en el
municipio de Segovia.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00440-00
Demandantes: Nohemy del Socorro Amariles y otros

2.7. En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional2
mediante el cual se declaró el «estado de cosas inconstitucional» por la existencia
de una vulneración masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales
de las personas en situación de desplazamiento forzado, y se ordenó al conjunto de
entidades competentes adoptar medidas integrales, oportunas y eficaces para
superar dicha anormalidad.

2.8. De la jurisprudencia del Consejo de Estado3 mediante la cual se ha declarado
la responsabilidad del Estado por graves y sistemáticas violaciones de derechos
humanos en el contexto del conflicto armado, particularmente frente al fenómeno
generalizado de violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales,
así como por casos de desplazamiento forzado. En dichas decisiones, además, se
han precisado las obligaciones estatales en materia de prevención, protección y
garantía de derechos, la definición de persona desplazada y los presupuestos para
su configuración, y los criterios para atribuir responsabilidad al Estado por actos
violentos cometidos por terceros.

2.9. Se debió aplicar la regla de caducidad fijada por la sentencia SU-254 de 2013,
más no la del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, en atención a la época en
que se radicó la demanda.

2.10. En violación directa de la Constitución Política ante la denegación del acceso
a la administración de justicia y al debido proceso mediante fallos inhibitorios
injustificados.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:

«[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la DIGNIDAD HUMANA, A LA
VIDA, A LA IGUALDAD, DERECHOS DE LOS NIÑOS, MUJERES CABEZA DE FAMILIA,
DISCAPACITADOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, A LA REPARACIÓN
INTEGRAL, VERDAD, JUSTICIA Y GARANTIAS DE NO REPETICIÓN, AL
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ASOCIACIÓN,
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, A LA INTEGRIDAD
PERSONAL, A LA SEGURIDAD PERSONAL, A LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN POR
EL TERRITORIO NACIONAL, A LA ALIMENTACIÓN MÍNIMA, A LA EDUCACIÓN, A LA
VIVIENDA DIGNA, A LA PAZ AL MÍNIMO VITAL Y MÓVIL, A LA FIJACIÓN DEL
DOMICILIO, A LA FAMILIA, AL TRABAJO, AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CONFIANZA LEGITIMA, PRINCIPIO PROHOMINE Y
PRINCIPIO PRO DANMATO, consagrados en el preámbulo y en los artículos 2, 11, 13,
16, 25, 29, 42, 51, y 229 de la Constitución Política, en los Tratados y Convenciones
Internacionales suscritas y ratificados por Colombia, que conforman el Bloque de
Constitucionalidad y el flagrante desconocimiento del PRECEDENTE JURISRUDENCIAL
de obligatorio acatamiento, vulneraciones que se presentaron dentro de las providencias
judiciales: (i) Sentencia de primera instancia de fecha 09 de noviembre de 2020 proferida

2 Al respecto citó: i) T-025 de 2004; ii) SU 254 de 2013; iii) T-004/2025.
3 Al respecto citó: Sección Tercera, Subsección B de fecha 31 de agosto de 2017, MP Ramiro Pazos

Guerrero, radicado (41187); Sección Tercera- Subsección B, MP Danilo Rojas Betancourth, del 3 de
mayo de 2013, expediente (32274); Sección Tercera, Subsección B, MP Carlos Alberto Vargas
Bautista, dentro del radicado 250002336000-2016-01314-00.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00440-00
Demandantes: Nohemy del Socorro Amariles y otros

por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIASALA PRIMERA DE ORALIDAD-
M.P. DR. JORGE IVAN DUQUE GUTIERREZ y, (ii) Sentencia de segunda instancia de
fecha 18 de junio de 2025 proferida por el H. CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “C” M.P. DR.
NICOLAS YEPES CORRALES.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO JURIDICO en su
integridad la providencias judiciales: (i) Sentencia de primera instancia de fecha 09 de
noviembre de 2020 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA- SALA
PRIMERA DE ORALIDAD- M.P. DR. JORGE IVAN DUQUE GUTIERREZ, mediante la
cual declaró la prosperidad de la excepción de caducidad de la acción, y se declaró
inhibida para estudiar de fondo las demás pretensiones del escrito de la demanda inicial
y, (ii) Sentencia de segunda instancia de fecha 18 de junio de 2025 proferida por el H.
CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN
TERCERA- SUBSECCIÓN “C” M.P. DR. NICOLAS YEPES CORRALES, mediante la cual
confirmó la sentencia del 09 de noviembre de 2020.

TERCERO: Dentro del término de ley, ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO-SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN “C” M.P.
DR. NICLAS YEPES CORRALES, dictar una nueva sentencia de segunda instancia que
tenga en la cuenta y por ser de obligatorio cumplimiento aplique: la Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder (ONU,
1993), los Principios relativos a la impunidad (ONU, 1997); El derecho a la restitución,
indemnización, rehabilitación de las víctimas de violaciones graves a las normas de DDHH
y DIH (ONU, 2000); los Principios para la lucha contra la impunidad (ONU, 2005); el
artículo 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos; el artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el párrafo 5 del artículo 5º del Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
relativas al derecho efectivo a obtener reparación, Declaración Universal de los Derechos
Humanos, jurisprudencia de la H. Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, Ley
489 de 1998, artículo 1614 del Código Civil; Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos (ley 74 de 1.968). Convención Americana sobre Derechos Humanos (ley 16 de
1.972). Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional,
Estatuto de Roma (Ley 742 DE 2002) Convención sobre los derechos del niño, Ley 12 de
1991, Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales Ley 74 de 1968.
Ley 387 de 1997 y su desarrollo normativo; Decreto 2957 de 1997, Decreto 173 de 1998,
Decreto 182 de 1998, Decreto 290 de 1999, Decreto 1547 de 1999, Decreto 2569 de 2000,
Decreto 2007 de 2001, Decreto 2562 de 2001, Decreto 2131 de 2003 Julio 30, Decreto
2284 de 2003 Agosto 11; jurisprudencia de los Sistemas Europeo e Interamericano de
Derechos Humanos, respectivamente, todos reconocidos por vía jurisprudencial por parte
de la Corte Constitucional; los preceptos de la Constitución: “1. El principio de dignidad
humana (Art.1° CP), 2. El deber de las autoridades de proteger los derechos de todos los
residentes en Colombia (Art. 2° CP), 3. Las garantías del debido proceso judicial y
administrativo (art. 29, CP), 4. La cláusula general de responsabilidad del Estado por los
daños antijurídicos que causen los servidores con dolo o culpa grave (art. 29, CP), 5. La
consagración de los derechos de las víctimas como derechos de rango constitucional (Art.
250 núm. 6 y 7 CP), 6. La integración del bloque de constitucionalidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP), 7. El
derecho a acceder a la justicia (art. 229 CP), 8. El Artículo Transitorio 66, (Artículo 1 del
Acto legislativo 01 del 31 de julio de 2012), que contempla el deber de adoptar
instrumentos de justicia transicional que garanticen en el mayor nivel posible, los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y establece que en cualquier caso
se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y
la reparación de las víctimas”.163; las sentencias de la H. Corte Constitucional T-025 de
2004; sentencia SU 254-2013; sentencia SU 655-2017; sentencia SU 611 de 2017, entre
otras; las sentencia del H. Consejo de Estado SU del 28 de agosto de 2014, entre otras,
y la normatividad de protección nacional e internacional de los derechos humanos y
derechos fundamentales de la población desplazada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00440-00
Demandantes: Nohemy del Socorro Amariles y otros

CUARTO: Dentro del término de ley, ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN “C” M.P. DR.
NICOLAS YEPES CORRALES, realizar un análisis de fondo sobre el asunto de la
referencia, valorando objetivamente los medios de prueba que demuestran la vulneración
de los derechos humanos y los derechos fundamentales de los núcleos familiares
accionantes RESTREPO CADAVID, MONSALVE CASTRILLÓN, BARRIENTOS
AGUDELO, ORTIZ CANO Y LOPEZ AMARINES, bajo los lineamientos y parámetros
establecidos para la época en que se presentó el medio de control de reparación directa,
con el fin de garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia, a la igualdad,
a los principios de seguridad jurídica y legalidad y demás derechos vulnerados al aplicar
de forma retroactiva y retrospectiva lineamientos jurisprudenciales diferentes. […]». [sic]

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C4 solicitó que se
declarara improcedente la petición de amparo por no acreditar los requisitos
generales de relevancia constitucional e inmediatez o, en su defecto, se negara ante
la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

4.1. Lo anterior, por cuanto la sentencia enjuiciada data del 18 de junio de 2025,
notificada el 15 de julio siguiente, mientras que la tutela solo fue radicada el 23 de
enero de 2026, razón por la cual, excedió el término jurisprudencial de 6 meses.
Asimismo, la verdadera intención de la parte demandante fue convertirla en una
tercera instancia del proceso contencioso, sin formular una auténtica vulneración de
derechos fundamentales que habilitara la intervención del juez constitucional.

4.2. Tampoco se acreditaron los requisitos específicos de procedibilidad, pues
aunque los tutelantes atribuyeron defectos procedimentales absolutos y exceso ritual
manifiesto, su planteamiento coincidió íntegramente con el formulado en el recurso
de apelación dentro del proceso de reparación directa, al reiterar que se aplicó de
manera retroactiva la postura fijada en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, pues se desconoció que, para el 28 de mayo de 2015, cuando se presentó la
demanda, prevalecía la tesis según la cual en casos de lesa humanidad no operaba
ese término.

4.3. Al respecto, «se explicó de forma precisa los efectos retrospectivos de la sentencia
del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación y cómo
se verificaron en el asunto puesto a consideración […] en la sentencia del 18 de junio de
2025, se hizo el recuento jurisprudencial de los criterios tanto de la Corte Constitucional como
del Consejo de Estado, según los cuales no resultaba aplicable la excepción al término de
caducidad en casos de delitos de lesa humanidad de manera automática, pues debían
comprobarse las situaciones objetivas señaladas en la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación» /sic).

5. El Ejército Nacional5 requirió que se declarara improcedente lo pretendido
ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados por la

4 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «18CONTESTACIONDE_Contestaciondetutela(.pdf)

NroActua 12».
5 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado «21_MemorialWeb_Respuesta-6Pronunciamiento(.pdf)

NroActua 16».
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00440-00
Demandantes: Nohemy del Socorro Amariles y otros

parte demandante, en tanto se otorgó estricto cumplimiento a la jurisprudencia
aplicable, particularmente en lo relativo al respeto de los precedentes judiciales y a
la garantía de acceso a la administración de justicia dentro del proceso adelantado
con ocasión de la muerte de sus familiares en la «Masacre de Segovia», ocurrida el
11 de noviembre de 1988 en el municipio de Segovia.

5.1. Tampoco se realizó un estudio de los requisitos específicos de procedibilidad,
ya que, si bien se mencionó una vulneración de derechos fundamentales, en ninguno
de sus acápites se argumentó y justificó tal aseveración.

5.2. Ahora, la decisión de confirmar en su integridad la sentencia del a quo, se
fundamentó en el análisis probatorio y testimonial efectuado y en la aplicación de los
precedentes judiciales, particularmente, el contenido en la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado y en la sentencia SU-429 de 2024 de la Corte Constitucional, lo cual
permitió concluir que había operado el fenómeno de la caducidad.

6. La Policía Nacional6 luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-
procedimentales surtidas al interior del proceso contencioso, requirió que se
declarara improcedente el amparo pretendido comoquiera que la tutela no era un
medio de impugnación extraordinario y ante su improcedencia como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia7 si bien allegó copia del expediente
digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
abril de 20218 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro.

6 Ver índice 17 de Samai. Archivo denominado
«24RECIBEMEMORIAL_Memorial_GS2026003134SEGEN(.pdf) NroActua 17».
7
Ver índice 20 de Samai. Archivo denominado «29RECIBEPRUEBAS_OneDrive_2_622026zip(.zip)
NroActua 20».
8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00440-00
Demandantes: Nohemy del Socorro Amariles y otros

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

10. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema10. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

11. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

12. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo11 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

13. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, MP María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00440-00
Demandantes: Nohemy del Socorro Amariles y otros

con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

14. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales14.

15. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

16. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si la solicitud de
tutela presentada por Nohemy del Socorro Amariles y otros satisface el requisito de
procedencia general de la inmediatez?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la inmediatez

17. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la inmediatez,
como uno de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de tutela contra
providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un término
razonable y proporcionado contado desde la acción u omisión generadora de la
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario, « se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»15.

18. En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU-499 de
2016 estableció que el juez constitucional debe valorar «(i) si el ejercicio inoportuno de
la acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo pasó
entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición de
esta última; (iii) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; y (iv) cuál ha sido el lapso que
la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al que está por
resolverse», toda vez que, «en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes
para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría
considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las
particularidades del caso»16

13 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00440-00
Demandantes: Nohemy del Socorro Amariles y otros

19. Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo, en sentencia del 5 de agosto de 2014, respecto al término razonable
para presentar solicitudes de tutela contra providencia judicial, señaló:

«[…] como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios
y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el
plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional. […]».

2.4.2. Sobre el caso concreto

20. Nohemy del Socorro Amariles y otros acudieron al juez de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin
efectos la sentencia proferida el 18 de junio de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se confirmó la decisión del a quo
que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa identificado con
el radicado 05001233300020150115701.

21. Una vez analizados los hechos y las pruebas aportadas al expediente, se tiene
que la providencia acusada del 18 de junio de 2025, que puso fin al proceso, fue
notificada mediante correo electrónico del 11 de julio siguiente17 y la solicitud de tutela
fue radicada el 23 de enero de 202618, lo cual permite concluir, que la parte
demandante acudió ante el juez constitucional después de haber transcurrido más de
seis (6) meses de encontrarse ejecutoriada la providencia que considera vulneradora
de sus derechos fundamentales.

22. De acuerdo con lo anterior, la solicitud de tutela bajo estudio no satisface el
requisito de la inmediatez, en tanto fue presentada de manera tardía de cara al
término de los seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia para ello.

23. Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela debe analizar
cada caso en concreto para establecer si existen circunstancias especiales que
justifiquen el actuar tardío del demandante. Dicho ello, se observa que en el asunto
bajo estudio no se allegó prueba ni se alegaron argumentos de que la tardanza
acreditada estuvo supeditada a un hecho de especial consideración que permita
desconocer la regla general fijada por la jurisprudencia constitucional, de manera

17
Ver índice 43 del proceso de reparación directa identificado con el radicado
05001233300020150115700/01. Archivo denominado «Soporte notificación Sentencia de fecha
1(.pdf) NroActua 43».
18 Visible en índice 1 del expediente de tutela.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00440-00
Demandantes: Nohemy del Socorro Amariles y otros

excepcional, pues, se insiste, la solicitud de amparo es «un remedio de aplicación
urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados»19.

3. Conclusión

24. En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por no superar el
requisito de la inmediatez, la solicitud de amparo presentada por Nohemy del Socorro
Amariles y otros en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar improcedente, por no superar el requisito de inmediatez, la
solicitud de tutela presentada por Nohemy del Socorro Amariles y otros en contra del
Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/ LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

19 Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016.

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