Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00441-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00441-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00441-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
15 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00441-00
Accionante: Yezid Carrillo De la Rosa
Accionados: Sección Segunda del Consejo de Estado y Tribunal Administrativo de
Bolívar
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por el señor
Yezid Carrillo De la Rosa contra el Auto Interlocutorio núm. 137 de 2023, proferido por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, y el Auto del 8 de mayo de 2025, dictado por la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona los autos del Tribunal Administrativo de Bolívar y de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, proferidos dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el núm. 13001-23-33-000-2017-00368-00,
mediante los cuales se decretó y posteriormente se confirmó la suspensión provisional
de los efectos de la Resolución núm. 1086 de 1999 expedida por la Universidad de
Cartagena. Este acto administrativo reconoció al accionante una bonificación por
inhabilidad legal equivalente al 30% de su salario como docente de tiempo completo.
Se declara la carencia actual del objeto de la demanda por sustracción de materia.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 23 de enero de 2026, el señor Yezid Carrillo De la Rosa presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar – Despacho 04 y la Sección Segunda del
Consejo de Estado. El actor considera que el Auto Interlocutorio núm. 137 del 7 de
noviembre de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el cual
se decretó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución núm. 1086 de 1999,
que le reconoció una bonificación por inhabilidad legal equivalente al treinta por ciento
(30%) de su salario como docente de tiempo completo de la Universidad de Cartagena,
y el Auto del 8 de mayo de 2025, dictado por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que confirmó esa decisión vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo, al mínimo vital y a la dignidad humana.
1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Improcedencia / Falta
de relevancia constitucional.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00441-00
Accionante: Yezid Carrillo De la Rosa
Se declara la carencia actual del objeto
2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales del accionante al debido proceso, a la
supremacía constitucional, al trabajo digno, a la dignidad humana, a la seguridad jurídica,
a la confianza legítima, al principio de progresividad y a la protección reforzada de los
derechos laborales, vulnerados por la providencia judicial que decretó la suspensión
provisional del acto administrativo particular que reconoció la bonificación salarial por
inhabilidad legal.
SEGUNDA: Constatar que la providencia proferida por el Despacho No. 4 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante la cual se decretó la suspensión provisional del acto
administrativo particular que reconoció la bonificación salarial por inhabilidad legal,
configuró defectos sustantivo, fáctico y de motivación, así como el desconocimiento del
bloque de constitucionalidad, constituyendo una vía de hecho judicial susceptible de control
constitucional por vía de tutela.
TERCERA: Dejar sin efectos jurídicos el Auto Interlocutorio No. 137 de 2023, proferido por
el Tribunal Administrativo de Bolívar – Despacho 04, que decretó la suspensión provisional
del acto administrativo particular que reconoció la bonificación salarial por inhabilidad legal
en favor del accionante, por haber sido adoptada con desconocimiento de los derechos
fundamentales amparados y vulnerar directamente la Constitución Política.
CUARTA: Ordenar al despacho judicial accionado que, dentro del término que fije el juez
de tutela, profiera una nueva decisión sobre la solicitud de suspensión provisional
observando estrictamente:
a) el principio de supremacía constitucional (art. 4 CP);
b) el derecho fundamental al debido proceso (art. 29 CP);
c) los estándares del bloque de constitucionalidad
d) la naturaleza particular del acto administrativo suspendido;
e) la existencia de derechos subjetivos salariales consolidados:
f) y la obligación de realizar un juicio de proporcionalidad y ponderación frente a los
derechos cometidos.
QUINTA: Como medida estrictamente transitoria, y mientras se decide el fondo el proceso
contencioso – administrativo, ordenar el levantamiento de los efectos de la suspensión
provisional y el restablecimiento provisional de los derechos del accionante, hasta tanto el
despacho judicial profiera una nueva decisión debidamente motivada y ajustada a los
parámetros constitucionales, disponiendo que la Universidad de Cartagena continúe
pagando la bonificación reconocida en la Resolución No. 1086 de 1999, con el fin de evitar
un perjuicio irremediable.
SEXTA: Disponer que, en caso de verificarse que la suspensión provisional ha generado
una afectación cierta e inmediata del ingreso del accionante, el despacho judicial accionado
adopte las medidas necesarias para evitar la prolongación del perjuicio, garantizando el
restablecimiento provisional y transitorio de la situación anterior mientras se profiere una
nueva decisión ajustada a los parámetros constitucionales o se decide de fondo el proceso
contencioso-administrativo, sin perjuicio de lo que resuelva el juez natural respecto de los
efectos definitivos o eventuales consecuencias económicas.
SÉPTIMA: Disponer que las órdenes que se impartan en sede de tutela no prejuzgan sobre
la legalidad del acto administrativo ni sustituyen al juez natural2.
B. Hechos
3. Mediante el Acuerdo núm. 022 del 13 de agosto de 1991, el Consejo Superior de la
2 Índice 2 de Samai.
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Accionante: Yezid Carrillo De la Rosa
Se declara la carencia actual del objeto
Universidad de Cartagena reconoció a los docentes de tiempo completo una
bonificación por inhabilidad legal equivalente al treinta por ciento (30%) del sueldo, más
gastos de representación.
4. La Universidad de Cartagena expidió la Resolución núm. 1086 del 20 de julio de 1999,
mediante la cual reconoció al señor Yezid Carrillo De la Rosa una bonificación por
inhabilidad legal. El accionante percibió la bonificación de manera continua durante más
de veinte años y la incorporó a su remuneración habitual y a su situación económica y
pensional.
5. El 17 de abril de 2017, la Universidad de Cartagena presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Resolución núm. 1086 del 20 de julio de
1999.
6. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante Auto Interlocutorio núm. 137 del 7 de
noviembre de 2023, decretó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución
núm. 1086 de 1999, con fundamento en la presunta vulneración de normas superiores
relacionadas con la competencia para fijar el régimen salarial de los empleados
públicos.
7. Contra esa decisión, el accionante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación. Alegó el incumplimiento de los requisitos para decretar la medida cautelar,
en particular la falta de ponderación de intereses y el desconocimiento de la naturaleza
particular del reconocimiento y de sus efectos consolidados. La reposición fue resuelta
de manera desfavorable.
8. Mediante auto del 8 de mayo de 2025, la Sección Segunda del Consejo de Estado
resolvió el recurso de apelación y confirmó la medida cautelar. Indicó que, tratándose
de la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, basta la
confrontación del acto con las normas superiores invocadas, sin que resulte exigible el
juicio de ponderación de intereses. También precisó que, en el caso concreto, se
evidenciaba una posible vulneración del régimen constitucional y legal de competencias
en materia salarial, por cuanto la bonificación reconocida no podía ser establecida por
la universidad.
9. Como consecuencia de la suspensión provisional, el accionante afirma que su ingreso
mensual se redujo aproximadamente en un 30%, lo cual afectó su mínimo vital, su
estabilidad económica y su cotización pensional, situación que lo llevó incluso a iniciar
un proceso de insolvencia de persona natural.
C. Fundamentos de la vulneración
10. El accionante sostuvo que las providencias cuestionadas incurrieron en:
10.1. Defecto sustantivo, por adoptar una interpretación restrictiva de la Constitución
Política y limitar el análisis a la confrontación formal del reconocimiento con normas
superiores, sin considerar de manera integral los principios y derechos constitucionales
aplicables.
10.2. Defecto por ausencia de motivación constitucional, en la medida en que no se
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00441-00
Accionante: Yezid Carrillo De la Rosa
Se declara la carencia actual del objeto
justificó la necesidad ni la proporcionalidad de la medida cautelar frente a la afectación
de sus derechos fundamentales.
10.3. Defecto fáctico, debido a la omisión en la valoración de circunstancias relevantes,
como la naturaleza particular del reconocimiento y los efectos consolidados derivados
de su pago durante un prolongado periodo
10.4. Desconocimiento del bloque de constitucionalidad, por la inaplicación de los
principios de progresividad y favorabilidad, al generarse una disminución significativa de
su ingreso sin un análisis constitucional adecuado.
D. Trámite procesal
11. Mediante auto del 27 de enero de 20263, se admitió la demanda de tutela, se negó
la medida provisional solicitada y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Bolívar, a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y en calidad
de tercero con interés, a la Universidad de Cartagena4, para que rindieran un informe
sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
12. El Tribunal Administrativo de Bolívar5 solicitó declarar la improcedencia de la acción
de tutela por falta de relevancia constitucional, porque la solicitud de amparo se limita a
cuestionar la interpretación jurídica y las conclusiones adoptadas por el juez natural, con
el propósito de reabrir un debate de mera legalidad ya resuelto, sin acreditar una
afectación directa y desproporcionada de derechos fundamentales. De manera
subsidiaria, pidió negar las pretensiones de amparo, al considerar que la providencia
cuestionada se encuentra debidamente motivada y no incurre en los defectos alegados.
Asimismo, indicó que profirió sentencia el 28 de febrero de 2025, notificada el 19 de
diciembre de 2025, en la cual declaró la nulidad de la Resolución No. 1086 del 20 de
julio de 1999, mediante la cual la Universidad de Cartagena había reconocido una
bonificación por inhabilidad legal al accionante, y ordenó restablecer la situación jurídica
anterior, disponiendo que la entidad debía retrotraer las cosas al estado previo al
reconocimiento y suspender de manera definitiva el pago de dicha bonificación.
13. La Universidad de Cartagena6 (tercero con interés) solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela, por cuanto la demanda pretende reabrir un debate ya resuelto en
el proceso ordinario, al reproducir los argumentos expuestos por el accionante en el
recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto que decretó la suspensión
provisional, los cuales fueron analizados y desestimados por el juez natural y por el
Consejo de Estado; de manera subsidiaria, pidió negar las pretensiones de amparo, al
considerar que las decisiones cuestionadas se adoptaron con fundamento en normas
constitucionales y legales aplicables, sin que se configure vulneración de derechos
fundamentales. Asimismo, indicó que no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, en la medida en que la controversia se limita a discutir efectos de carácter
3 Índice 4 de Samai.
4 Índice 7 de Samai.
5 Índice 12 de Samai.
6 Índice 11 de Samai.
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Accionante: Yezid Carrillo De la Rosa
Se declara la carencia actual del objeto
económico y a expresar una discrepancia frente al criterio jurídico adoptado, y agregó
que no se configuran los defectos invocados, pues las providencias se sustentaron en
la aplicación del artículo 150 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el artículo 231 del
CPACA, sin que se evidencie actuación arbitraria o desconocimiento del debido proceso
14. La Sección Segunda del Consejo de Estado (accionada)7 remitió las pruebas
correspondientes al expediente del proceso ordinario, sin pronunciarse sobre los hechos
y pretensiones de la demanda de tutela.
F. Actuaciones relevantes
15. El 20 de febrero de 20268, el accionante informó que, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado núm. 13001-23-33-000-2017-00368-00,
presentó incidente de nulidad respecto de la sentencia del 28 de febrero de 2025 por
indebida notificación, por cuanto la comunicación no se surtió en debida forma y no
existe constancia de ello en el expediente, lo que, afectó su derecho de defensa. No
obstante, precisó que la demanda de tutela no se dirige contra la sentencia de fondo,
sino contra la providencia adoptada en sede cautelar, por cuanto fue proferida sin
efectuar el correspondiente juicio de ponderación de los derechos fundamentales
comprometidos, circunstancia que, le ha generado una afectación grave, actual y
continuada de su mínimo vital.
16. El 24 de marzo de 20269, el señor Yezid Carrillo De la Rosa otorgó poder a la abogada
Ahneyenzy Carrillo Velásquez, portadora de la tarjeta profesional núm. 241.780 del
Consejo Superior de la Judicatura, para que lo represente dentro del presente trámite.
II. CONSIDERACIONES
G. Competencia
17. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por el señor Yezid Camilo De la Rosa
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y la Sección Segunda del Consejo de Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).
H. Cuestión previa
18. La Sala reconocerá personería a la abogada Ahneyenzy Carrillo Velásquez, portadora
de la tarjeta profesional núm. 241.780 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderada adjetiva del señor Yezid Carrillo De la Rosa, en los términos del poder especial
que obra a índice 20 del expediente digital en Samai.
7 Índice 10 de Samai.
8 Índice 15 de Samai.
9 Índice 20 de Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00441-00
Accionante: Yezid Carrillo De la Rosa
Se declara la carencia actual del objeto
I. Sentido de la decisión
19. La Sala declarará la carencia actual de objeto por sustracción de materia, toda vez
dejó de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar una
decisión. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela10.
J. Carencia actual de objeto por sustracción de materia
20. La acción de tutela ha sido prevista como un mecanismo constitucional sumario y
preferente orientado a brindar protección inmediata a los derechos fundamentales de
todas las personas, siempre que estos resulten vulnerados o amenazados. Sin
embargo, en ocasiones el mecanismo de amparo pierde su razón de ser, toda vez que
la presunta vulneración que dio origen a la presentación de la demanda de tutela ha
desaparecido, se ha resuelto o se ha alterado de tal manera que ya no es necesaria la
intervención del juez de tutela.
21. En este sentido, si la situación que motivó al accionante a interponer una acción
constitucional se ha resuelto antes de que el juez emita su decisión, cualquier
pronunciamiento posterior resulta innecesario debido a que no tendría ningún efecto
práctico, pues la controversia que el juez estaba llamado a resolver, ya no existe.
22. La Corte Constitucional11 ha definido cuatro categorías a partir de las cuales puede
configurarse una carencia actual de objeto: (i) daño consumado; (ii) hecho superado,
(iii) situación sobreviniente o (iv) sustracción de materia.
23. En cuanto a la sustracción de materia, en la sentencia T-204 del 2013, la Corte
Constitucional señaló que: “(…) hay carencia actual del objeto por sustracción de
materia, en aquellos casos en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el
juez constitucional debe tomar una decisión (…)”12.
24. La jurisprudencia de esta Corporación13 ha definido la sustracción de materia de la
siguiente manera:
“(…) El Consejo de Estado, en su función de ‘tribunal supremo de lo contencioso
administrativo’, ha entendido por sustracción de materia la desaparición de los supuestos,
hechos o normas que sustentan un medio de control, antes acción, lo cual ocasiona que
el juez no pueda pronunciarse porque se ha extinguido la causa que originó́ el acudir a la
jurisdicción…
10 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
11 Corte Constitucional. Sentencias SU-522 de 2019, SU 453 de 2020 y T-204 del 2013.
12 Corte Constitucional. Sentencia T – 204 del 12 de abril de 2013, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
13 Consejo de Estado, Sección Primera, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia del 26 de agosto de 2021,
radicado núm. 11001-03-15-000-2021-02730-00.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00441-00
Accionante: Yezid Carrillo De la Rosa
Se declara la carencia actual del objeto
“De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa de esta Corporación, si las
causas que originaron el ejercicio del medio de control desaparecen, el juez debe
declararse inhibido para resolver el asunto ya que no hay objeto que se sujete a una
sentencia. Lo anterior, porque la sustracción de materia, admitida por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo como causal para inhibirse, opera cuando la relación
sustancial o material que originó la litis ha variado de sentido, o incluso desaparecido
(…)”14.
De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por sustracción de materia, se
configura en aquellos casos en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el
juez constitucional debe tomar una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela
pierde sentido y, en consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir
orden alguna de protección del derecho fundamental invocado, tal y como ocurre en el
presente caso. (…)”.
25. Así las cosas, la carencia actual del objeto por sustracción de materia implica que la
acción de tutela pierde su propósito como mecanismo de protección judicial, en la
medida en que resulta improcedente emitir una orden de amparo cuando ha
desaparecido el objeto jurídico que dio lugar a su interposición y, con ello, la eventual
vulneración de los derechos fundamentales alegados. Por lo tanto, al no subsistir
amenaza o vulneración actual de las garantías iusfundamentales, el pronunciamiento
del juez de tutela carece completamente de objeto y efecto práctico.
26. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que, en
algunas ocasiones, el juez en razón de sus funciones puede pronunciarse de fondo
siempre que lo considere necesario, entre otros, para a) llamar la atención sobre la falta
de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela y tomar medidas para
que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir la inconveniencia de su repetición,
so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir las decisiones judiciales de instancia;
o d) avanzar en la comprensión de un derecho fundamental”15.
K. El caso concreto
i. Objeto de la controversia constitucional y contenido de las providencias
cuestionadas
27. La Sala observa que la pretensión principal que persigue el accionante con la presente
acción de tutela está orientada a que se dejen sin efectos jurídicos el Auto Interlocutorio
núm. 137 del 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Auto del 8 de
mayo de 2025 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante las cuales se
decretó y confirmó, respectivamente, la suspensión provisional del acto administrativo
particular y concreto que le reconoció una bonificación salarial por inhabilidad legal.
28. Mediante Auto Interlocutorio núm. 137 de 2023, el Tribunal Administrativo de Bolívar
concluyó que el acto que reconoció la bonificación por inhabilidad legal carece de
sustento jurídico, por cuanto se fundó en el Acuerdo 022 de 1991, previamente anulado
con efectos retroactivos, lo que implica su exclusión del ordenamiento como si nunca
hubiera existido. Precisó que el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena no
14 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 19 de julio de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-057 de 2024.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00441-00
Accionante: Yezid Carrillo De la Rosa
Se declara la carencia actual del objeto
tenía competencia para crear beneficios salariales, en tanto dicha atribución corresponde
al Congreso y al Gobierno Nacional, conforme al artículo 150 de la Constitución y la Ley
4 de 1992, sin que la autonomía universitaria habilite para ello. En consecuencia, decretó
la suspensión provisional del acto acusado:
29. El 8 de mayo de 2025, la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión
que decretó la suspensión provisional, con fundamento en lo siguiente:
“(…) El apelante considera que, la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que
suspende el acto administrativo demandado, le disminuye el salario en un 30%, por lo que,
le afecta la remuneración mínima vital y móvil de su situación jurídica consolidada.
Ahora bien, la Sala estima que, no le asiste la razón al apelante, en primer lugar, conforme
se estableció del marco normativo constitucional y legal la atribución para establecer el
factor salarial y prestacional de los servidores públicos del orden nacional y territorial, toda
vez que, está reservada en el Congreso de la República y al Gobierno Nacional y por lo
tanto, la Universidad de Cartagena dentro de su autonomía universitaria no puede
abrogarse competencia que la Constitución y la Ley no le han otorgado, entre estas, crear
una bonificación por inhabilidad legal y en ese sentido, la Ley 4 de 1992, en el artículo 10
es clara en señalar que, “todo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte
el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos”. (destaca la Sala).
Así las cosas, el argumento del extremo demandado, que la bonificación por inhabilidad
legal constituye factor salarial, no es relevante para revocar la decisión impugnada, por
cuanto, a todas luces la Universidad de Cartagena no tenía competencia para crear la prima
aludida, por lo tanto, dicho emolumento carece de todo efecto legal.
Por otra parte, el apelante considera que la bonificación otorgada mediante la Resolución
No. 1086 de 20 de julio 1999, es una situación consolidada porque la percibe hace 24 años.
Respecto a la situación jurídica consolidada o derechos adquiridos, no es de recibo por la
Sala, por cuanto el acto administrativo Acuerdo 022 de 1991 que creó la mencionada
bonificación fue declarado nulo por la Jurisdicción Contencioso Administrativo; así las
cosas, a quienes se les haya concedido dicho emolumento, como en este caso al extremo
demandado, fue otorgada sin justo título, pues nace por fuera de los parámetros
constitucionales y legales. Como se indicó anteriormente, la Universidad de Cartagena
carecía de competencia para crear dicho emolumento que afecta el patrimonio público y
la primacía del interés general sobre el particular, consideraciones que imponen en
consecuencia no revocar el auto apelado. (…)”. [Negrillas y resaltado del texto original].
ii. Configuración de una carencia actual de objeto por sustracción de materia
30. De acuerdo con los documentos aportados, se advierte que dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 13001-23-33-000-2017-00368-
00, en el cual se dictaron los autos cuestionados, el 28 de febrero de 2025 el Tribunal
Administrativo de Bolívar profirió sentencia de primera instancia16, notificada el 19 de
diciembre de 2025, en la cual declaró la nulidad de la Resolución núm. 1086 del 20 de
julio de 1999 y ordenó, a título de restablecimiento del derecho, retrotraer las cosas al
estado de legalidad anterior y suspender de manera definitiva el pago de la bonificación
16 Índices 10 y 12 de Samai del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 13001-23-33-
000-2017-00368-00.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00441-00
Accionante: Yezid Carrillo De la Rosa
Se declara la carencia actual del objeto
por inhabilidad que se le había reconocido a Yezid Carrillo De La Rosa, en los siguientes
términos:
VI.- FALLA
PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 1086 de 20 de julio de
1999, conforme a lo expuesto en esta sentencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se ordena a la Universidad
de Cartagena retrotraer las cosas al estado de legalidad anterior y suspender el
pago en forma definitiva de la bonificación por inhabilidad, por las razones aquí
expuestas.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente. [Negrillas
del texto citado].
31. La providencia del Tribunal Administrativo de Bolívar precisó que la bonificación
reconocida al señor Carrillo De la Rosa no constituía un derecho adquirido, en tanto que
su fundamento, el Acuerdo 022 del 13 de agosto de 1991, había sido previamente
anulado, lo que comportó la pérdida de fuerza ejecutoria del acto particular que la otorgó
y evidenció que la situación jurídica del beneficiario no gozaba de intangibilidad.
32. Así mismo, se estableció que la Universidad de Cartagena carecía de competencia
para crear y reconocer dicha prestación, por tratarse de una materia reservada al
legislador y al Gobierno Nacional, razón por la cual el acto acusado desconocía el
ordenamiento superior y debía ser retirado del orden jurídico, con la consecuente
cesación de sus efectos. Al respecto, la sentencia señaló lo siguiente:
“(…) En el presente caso, tal y como se señaló previamente, el acto administrativo que
reconoció la bonificación legal al demandado, tuvo su fundamento en el Acuerdo 022/91;
sin embargo, el mismo fue declarado nulo por esta Jurisdicción.
Cabe destacar que dicho fallo proferido no moduló sus efectos frente a situaciones
consolidadas a favor de los empleados públicos que se encontraban percibiendo esta
prestación social. Así pues, al haberse declarado la nulidad del acto administrativo general
se entiende que sus efectos fueron ex tunc (o desde siempre), razón por la cual, el Acuerdo
No. 22 de 1991 desapareció definitivamente del ordenamiento jurídico colombiano, y con
ello, provocó la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos que se sustentaban
en aquel, conforme con lo previsto en el artículo 91.2 del CPACA.
(…)
La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, manifestando que la
nulidad del acto conlleva una afectación a los principios de seguridad jurídica, derechos
adquiridos e intangibilidad del salario.
(…)
Luego, tal y como lo señaló el Consejo de Estado, es evidente que la bonificación por
inhabilidad legal reconocida a favor del demandante no generó ningún derecho adquirido,
comoquiera que de acuerdo con la jurisprudencia citada, para que un derecho sea
considerado como adquirido e intangible es necesario que su causa o fuente haya sido
legal; es decir que sus motivos de creación así como el acto administrativo de
reconocimiento no adolezcan de vicios, “pues de no serlo se atentaría contra su misma
esencia jurídica y en tal sentido los efectos que este produzca redundarían en una ilegalidad
e incluso inconstitucionalidad circular que afectaría otras garantías y eventualmente
principios que prevalecen sobre el interés particular que se hubiese consolidado de manera
irregular”15. En ese orden, no pudo haber afectación de sus derechos fundamentales ni
intangibilidad del salario por cuanto nunca tuvo el derecho adquirido pues el reconocimiento
de dicha prerrogativa fue ilegal.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00441-00
Accionante: Yezid Carrillo De la Rosa
Se declara la carencia actual del objeto
(…)
• Ahora bien, frente a la competencia para la fijación del régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos (…)
En virtud de lo expuesto, se observa que la competencia para definir el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos recae en el Congreso de la República, a quien le
corresponde establecer las normas generales, así como fijar los objetivos y criterios que
debe seguir el Gobierno Nacional para delimitar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos.
Así pues, les está prohibido a las demás entidades y organismos del Estado determinar un
régimen salarial y prestacional diferente al trazado por el Congreso de la República y el
Gobierno Nacional. En caso de proferirse un acto administrativo en contraposición de estas
normas superiores, resulta procedente la declaratoria de nulidad del acto administrativo, de
conformidad con lo previsto en el inciso 2° del artículo 137 del CPACA.
(…)
Luego, tanto el acto administrativo general que concibió esa bonificación, como el acto
particular que la reconoció al accionado estaban viciados de nulidad por falta de
competencia, pues desconocieron los parámetros constitucionales y legales que establecen
la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.
De conformidad con lo anterior, la Sala de Decisión declarará la nulidad de la Resolución
No. 1086 del 20 de julio de 1999 expedida por la Universidad de Cartagena, por medio de
la cual se reconoció la bonificación por inhabilidad legal a favor de Yesid Carrillo De La
Rosa. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
retrotraer las cosas al estado de legalidad anterior y suspender el pago en forma definitiva
de la bonificación por inhabilidad, por las razones aquí expuestas.
(…)”.
33. Revisada la plataforma SAMAI, también advierte la Sala que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Bolívar no fue apelada por ninguna de las partes.
34. Teniendo claro lo anterior, es importante precisar que los autos contra los cuales el
señor Carrillo De la Rosa dirigió el reproche constitucional son los que decretaron y
confirmaron la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución núm. 1086 de
1999.
35. En relación con la suspensión provisional de actos administrativos, la jurisprudencia
del Consejo de Estado ha establecido que “su finalidad no es otra que la de evitar,
transitoriamente, la aplicación del acto administrativo, en virtud de un análisis provisional
del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho”17. En estos
mismos términos, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó:
Al definir la suspensión provisional expresaba esta Sala, que es una medida cautelar que se
basa en un juicio provisional y previo de legalidad del acto demandado, pero que por sí misma
ataca la eficacia del acto mas no su validez, de manera que el acto administrativo continúa
siendo válido hasta la sentencia definitiva que lo anule, pero no puede seguir siendo
ejecutado ni por la misma administración ni por ninguna de las partes interesadas en la
decisión suspendida. La finalidad de tal medida cautelar es la de mantener en lo posible el
estado de cosas anterior al acto administrativo suspendido para evitar que éste sea alterado
con la ejecución del acto demandado, protegiendo la legalidad objetiva y evitando que se
consolide o se cause un perjuicio.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia
del 12 de febrero de 2016, proferida en el proceso con radicado núm. 11001-03-26-000-2014-00101-00
(51754) A.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00441-00
Accionante: Yezid Carrillo De la Rosa
Se declara la carencia actual del objeto
A partir de estas premisas, encuentra la Sala que el efecto del auto de suspensión provisional
es el de procurar mantener el estado de cosas anterior, por lo que la administración debe
limitarse a restablecer el vínculo laboral interrumpido hasta que se produzca la sentencia
definitiva. La decisión judicial de suspender los efectos del acto de retiro, conlleva entonces
a la necesidad del reintegro temporal del funcionario, el cual se fundamenta en la orden
judicial de suspensión provisional, que a su vez se ha basado en el juicio provisional de
legalidad. Esta decisión no conlleva el pago de ninguna indemnización ni tampoco de los
salarios intermedios entre el retiro y el reintegro, pues estas determinaciones son claramente
condenatorias, que escapan a los efectos de una medida cautelar18.
36. Lo anterior, en términos simples, significa que cuando el juez contencioso anula el acto
demandado, como ocurrió en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
iniciado por la Universidad de Cartagena, el acto desaparece del ordenamiento jurídico,
por lo tanto, la discusión sobre su suspensión provisional se torna irrelevante y la medida
cautelar se extingue automáticamente, porque ya no hay acto cuya aplicación deba
suspenderse.
37. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que la controversia planteada en la
presente demanda de tutela respecto del Auto Interlocutorio núm. 137 del 7 de noviembre
de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Auto del 8 de mayo de
2025, dictado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, al haber sido resuelta de
fondo en la sentencia del 28 de febrero de 2025, emitida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, carece de objeto, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
definió la legalidad del acto administrativo cuya suspensión provisional ataca el
accionante a través del control constitucional difuso. En consecuencia, cualquier
pronunciamiento del juez constitucional resultaría carente de eficacia, al recaer sobre una
situación jurídica ya definida, lo que configura una carencia actual de objeto por
sustracción de materia.
38. Por último, la Sala no ignora que el accionante informó en este proceso19 que presentó
incidente de nulidad contra la sentencia del 28 de febrero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por indebida notificación. Sin embargo, lo cierto es que
la referida providencia está ejecutoriada, habida cuenta que no fue recurrida por ninguna
de las partes20.
39. Así las cosas, el hecho de que en el proceso de nulidad y restablecimiento con
radicado núm. 13001-23-33-000-2017-00368-00 se encuentre pendiente de decisión una
solicitud de nulidad formulada contra el fallo de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, no tiene la virtualidad de suspender los efectos de la referida
sentencia, ni de restarle fuerza vinculante, ni de dejar sin efectos lo que en ella se dispuso.
40. En estas condiciones, la Sala encuentra que la solicitud de amparo del señor Carrillo
De la Rosa carece de objeto por sustracción de materia, en la medida en que desapareció
el objeto jurídico sobre el cual debía recaer el pronunciamiento del juez constitucional.
18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, M.P. Enrique José Arboleda Perdomo, concepto
del 1 de noviembre de 2006, radicado núm. 11001-03-06-000-2006-00098-00.
19 Índice 15 de Samai.
20 Índice 12 de Samai del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 13001-23-33-000-2017-
00368-00.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00441-00
Accionante: Yezid Carrillo De la Rosa
Se declara la carencia actual del objeto
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual del objeto por sustracción de materia.
SEGUNDO: RECONOCER personería adjetiva a la abogada Ahneyenzy Carrillo
Velásquez, portadora de la tarjeta profesional No. 241.780 del CSJ, para representar los
intereses del accionante, en los términos del poder especial que obra a índice 20 del
expediente digital en Samai.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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