Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00441-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00441-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00441-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
4 de junio de 2026
Accionante: Yezid Carrillo de la Rosa
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00441-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00441-01
Demandante: YEZID CARRILLO DE LA ROSA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B Y OTRO
TEMA: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
15 de abril de 2026, por medio de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la carencia actual de objeto por sustracción de materia.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Mediante escrito recibido el el 23 de enero de 2026, el actor solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la vida digna, al buen nombre
y de los principios a la buena fe, a la irrenunciabilidad de los derechos laborales,
favorabilidad, dignidad humana, progresividad de los derechos sociales y pro homine.
Consideró que estas garantías fueron vulneradas por el Tribunal Administrativo de
Bolívar y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ocasión
de los autos de 7 de noviembre de 2023 y 8 de mayo de 2025, mediante los cuales se
declaró la suspensión provisional de los efectos de la resolución 1086 de 20 de julio
de 19991 y se confirmó dicha decisión, respectivamente, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, en modalidad de lesividad, con radicado 13001-23-33-
000-2017-00368-00/01.
Adicionalmente, solicitó, como medida provisional, que se ordenara el pago de la
prestación cuyo reconocimiento fue suspendido con ocasión de las providencias
cuestionadas.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
En la demanda de tutela se manifestó:
1 Con la cual se había reconocido una bonificación por inhabilidad legal a favor del accionante.
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Accionante: Yezid Carrillo de la Rosa
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
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PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales del accionante al debido
proceso, a la supremacía constitucional, al trabajo digno, a la dignidad humana,
a la seguridad jurídica, a la confianza legítima, al principio de progresividad y a
la protección reforzada de los derechos laborales, vulnerados por la providencia
judicial que decretó la suspensión provisional del acto administrativo particular
que reconoció la bonificación salarial por inhabilidad legal.
SEGUNDA: Constatar que la providencia proferida por el Despacho No. 4 del
Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se decretó la suspensión
provisional del acto administrativo particular que reconoció la bonificación salarial
por inhabilidad legal, configuró defectos sustantivo, fáctico y de motivación, así
como el desconocimiento del bloque de constitucionalidad, constituyendo una
vía de hecho judicial susceptible de control constitucional por vía de tutela.
TERCERA: Dejar sin efectos jurídicos el Auto Interlocutorio No. 137 de 2023,
proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar – Despacho 04, que decretó
la suspensión provisional del acto administrativo particular que reconoció la
bonificación salarial por inhabilidad legal en favor del accionante, por haber sido
adoptada con desconocimiento de los derechos fundamentales amparados y
vulnerar directamente la Constitución Política.
CUARTA: Ordenar al despacho judicial accionado que, dentro del término que
fije el juez de tutela, profiera una nueva decisión sobre la solicitud de suspensión
provisional, observando estrictamente:
a) el principio de supremacía constitucional (art. 4 CP);
b) el derecho fundamental al debido proceso (art. 29 CP);
c) los estándares del bloque de constitucionalidad;
d) la naturaleza particular del acto administrativo suspendido;
e) la existencia de derechos subjetivos salariales consolidados;
f) y la obligación de realizar un juicio de proporcionalidad y ponderación frente a
los derechos comprometidos.
QUINTA: Como medida estrictamente transitoria, y mientras se decide de fondo
el proceso contencioso-administrativo, ordenar el levantamiento de los efectos
de la suspensión provisional y el restablecimiento provisional de los derechos del
accionante, hasta tanto el despacho judicial profiera una nueva decisión
debidamente motivada y ajustada a los parámetros constitucionales,
disponiendo que la Universidad de Cartagena continúe pagando la bonificación
reconocida en la Resolución No. 1086 de 1999, con el fin de evitar un perjuicio
irremediable.
SEXTA: Disponer que, en caso de verificarse que la suspensión provisional ha
generado una afectación cierta e inmediata del ingreso del accionante, el
despacho judicial accionado adopte las medidas necesarias para evitar la
prolongación del perjuicio, garantizando el restablecimiento provisional y
transitorio de la situación anterior mientras se profiere una nueva decisión
ajustada a los parámetros constitucionales o se decide de fondo el proceso
contencioso-administrativo, sin perjuicio de lo que resuelva el juez natural
respecto de los efectos definitivos o eventuales consecuencias económicas.
SEPTIMA: Disponer que las órdenes que se impartan en sede de tutela no
prejuzgan sobre la legalidad del acto administrativo ni sustituyen al juez natural.2
2 Transcripción literal, incluyendo posibles errores.
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1.3. Hechos
De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:
Mediante resolución 1086 de 20 de julio de 1999, la Universidad de Cartagena
reconoció, a favor del actor, una bonificación por inhabilidad legal3.
Dicho acto administrativo fue objeto de una demanda a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en modalidad de lesividad, iniciado por la
mencionada institución. Dentro de dicho proceso, el Tribunal Administrativo de Bolívar,
con auto de 7 de noviembre de 2023, declaró la suspensión provisional de los efectos
de la resolución cuestionada.
Esto, por cuanto dicha colegiatura estimó que se configuraba una infracción del artículo
150 superior y de la Ley 4 a de 1992, en el entendido que solamente el Congreso de la
República tiene competencia para establecer regímenes salariales de los servidores
públicos.
Inconforme con lo anterior, el accionante presentó recurso de apelación, el cual fue
resuelto por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, con
auto de 8 de mayo de 2025 confirmó lo decidido por su a quo.
Para la corporación, el emolumento en cuestión se encontraba por fuera de los
parámetros constitucionales y legales, de ahí que, en un proceso previo, se hubiere
anulado el Acuerdo 022 de 1991, acto general con el cual se había creado la
bonificación por inhabilidad legal. Por lo que confirmó lo dispuesto en la primera
instancia.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora consideró que las providencias cuestionadas incurrieron en una
violación directa de la Constitución, por cuanto el análisis de la infracción a normas
superiores se limitó al artículo 150 superior, con lo cual desconoció la complejidad del
caso.
En su sentir, el haber percibido la prestación durante más de 20 años generaba el
derecho a que su suspensión se analizara con prevalencia de la buena fe, la confianza
legítima, la dignidad humana, el principio pro homine, el salario vital y móvil, el trabajo
digno y la progresividad de los derechos laborales.
Consideró que las autoridades accionadas escogieron que postulado constitucional
aplicar y evadieron un análisis sistemático de la carta política.
Esgrimió un segundo cargo que tituló «defecto por ausencia de motivación
constitucional suficiente (motivación aparente) y desconocimiento del debido
proceso sustancial (art. 29 C.P.)». Esto, por cuanto el Tribunal Administrativo de
3 Prestación que, anteriormente, se concedía a los profesores de la carrera de Derecho, por cuanto su
condición de docentes de tiempo completo les impedía el ejercicio de la profesión.
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Bolívar se abstuvo de realizar una ponderación de impacto constitucional y se limitó a
contrastar el acto administrativo con la norma presuntamente infringida.
A su juicio, lo adecuado era abordar un análisis mucho más estricto en el que se dieran
«razones objetivas que justificaran la mayor importancia que se le otorgó a la
legalidad» por sobre postulados constitucionales.
Adujo que se configuró un defecto fáctico, en el entendido que se ignoraron hechos
determinantes, como son:
a. que el acto cuya suspensión se decretó es particular y concreto, no general;
b. que reconoce un derecho salarial individualizado y consolidado;
c. que dicho derecho fue pagado de manera continua por más de 24 años;
d. que la suspensión implica una reducción inmediata y cierta del ingreso y de la base
de cotización pensional; y
e. que existían circunstancias acreditadas sobre la afectación real del mínimo vital
(cesación de pagos e insolvencia).
Estimó que se trató su caso como si se tratara de una controversia sobre un acto
administrativo general, cuando lo cierto es que se afectaba una situación particular
sobre la que existía un derecho adquirido.
Finalmente, denominó otro cargo como «desconocimiento del bloque de
constitucionalidad, del principio pro homine y del principio de progresividad y
no regresividad de los derechos laborales (arts. 93 y 53 C.P. y PIDESC)», en el
que reitera que se conculcaron los derechos y principios laborales ya reseñados en las
censuras anteriores.
1.5. Trámite de la acción
Mediante proveído de 27 de enero de 2026, el magistrado ponente de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó notificar como accionado al
Tribunal Administrativo de Bolívar y a la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Igualmente, vinculó, como tercera interesada, a la Universidad de
Cartagena.
A su vez, negó la medida provisional, puesto que no encontró «prima facie, una
perturbación irremediable, inminente y grave del derecho fundamental invocado, que
amerite la imposición de una medida de urgencia».
Concluyó que no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional y, por el
contrario, se advierte que «lo que realmente discute el accionante es el análisis jurídico
que realizó el accionado al confrontar el acto demandado en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y la norma de la cual se acusa su violación».
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1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se recibieron los siguientes informes:
1.6.1. Universidad de Cartagena
El apoderado de esta institución señaló que los argumentos del accionante fueron
dirigidos exclusivamente contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, pero no dirigió
cargo alguno contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Adicionalmente, las manifestaciones del escrito inicial son una copia exacta de lo
informado en el recurso de apelación contra la providencia cuestionada, lo que
implica el uso de la acción de tutela como una instancia adicional.
Manifestó que lo observado es que el señor Carrillo de la Rosa cuestiona «es el
análisis jurídico que realizó el accionado al confrontar el acto demandado en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y la norma de la cual se
acusa su violación», por lo que el mecanismo constitucional es improcedente.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Bolívar
El titular del despacho ponente del proceso declarativo consideró que en este caso no
se cumple con el requisito de la relevancia constitucional puesto que, a pesar de que
el accionante invocó garantías superiores, presuntamente transgredidas, no acreditó
el cumplimiento de la exigencia en tanto que se queda en una simple inconformidad
con lo resuelto.
En todo caso, aclaró que, el 28 de febrero de 2025, se profirió sentencia de primera
instancia en la que se declaró la nulidad del acto administrativo que fue suspendido
mediante la providencia aquí cuestionada.
1.6.3. Mediante memorial de 20 de febrero de 2026, el accionante allegó copia de la
solicitud de nulidad que radicó ante el Tribunal Administrativo de Bolívar en la que
afirmó que nunca fue notificado de la sentencia mencionada, por cuanto el acto
procesal se surtió a direcciones de correo electrónico que no corresponden a la del
demandante o su apoderada en el proceso declarativo.
A su vez, el 24 de marzo siguiente, aportó poder conferido a la abogada Ahneyenzy
Carrillo Velasquez, para actuar como su representante en esta acción de tutela.
1.6.4. En este punto, se deja constancia que el expediente del proceso 13001-23-33-
000-2017-00368-00 fue allegado a través de un vínculo con el programa OneDrive,
puesto que en el portal Samai solo se anexaron documentos de las actuaciones desde
el 19 de septiembre de 2025.
Es decir, que en el aplicativo Samai no se ha incluido el expediente completo con los
trámites surtidos ante el Tribunal Administrativo de Bolívar. Lo anterior, a pesar de que
mediante el artículo 1 del Acuerdo PCSJA23-12068 de 2023 el Consejo Superior de la
Judicatura estableció que el uso de esta herramienta es obligatorio y que en la circular
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PCSJC24-1 de 2024 dicha autoridad ordenó que, a partir del 22 de enero de 2024,
todos los despachos de la jurisdicción de lo contencioso – administrativo deben
vincularse a esta plataforma.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 15 de abril de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la carencia actual de objeto por sustracción de materia.
Esto, por cuanto tras la sentencia de 28 de febrero de 2025, el auto de 7 de noviembre
de 2023, mediante el cual se decretó la suspensión provisional cuestionada, dejó de
tener efectos, por lo que consideró que:
Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que la controversia planteada en
la presente demanda de tutela respecto del Auto Interlocutorio núm. 137 del 7 de
noviembre de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Auto
del 8 de mayo de 2025, dictado por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
al haber sido resuelta de fondo en la sentencia del 28 de febrero de 2025, emitida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, carece de objeto, dado que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo definió la legalidad del acto
administrativo cuya suspensión provisional ataca el accionante a través del control
constitucional difuso. En consecuencia, cualquier pronunciamiento del juez
constitucional resultaría carente de eficacia, al recaer sobre una situación jurídica
ya definida, lo que configura una carencia actual de objeto por sustracción de
materia.
A su vez, sobre la solicitud de nulidad procesal que informó el acto, por una
presunta indebida o falta de notificación, expresó que aquella no tiene la
capacidad de suspender el fallo ya proferido y que, al no haberse interpuesto algún
recurso, esa providencia se encuentra en firme.
Finalmente, reconoció personería a la abogada Ahneyenzy Carrillo Velasquez,
para actuar en nombre del señor Carrillo de la Rosa.
1.8. Impugnación4
La apoderada del actor cuestionó la decisión del a quo, por cuanto, según expresó,
no hay certeza de la notificación de la sentencia de 28 de febrero de 2025, por lo
tanto, no se puede afirmar que se configuró la sustracción de materia.
Resaltó que la acción de tutela no se dirige contra el fallo del proceso declarativo,
sino contra el auto que dictó la medida cautelar, cuya vigencia se mantiene por
cuanto la firmeza de la providencia de 28 de febrero de 2025 está siendo objeto
de cuestionamientos.
Expuso que «la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la existencia de
una decisión posterior no impide el examen constitucional cuando persisten
efectos lesivos o cuando la vulneración ya se consumó».
4 La sentencia se notificó mediante correo electrónico enviado el 27 de abril de 2026 y el escrito de
impugnación fue radicado el 29 de abril de 2026.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la accionante
contra la sentencia de 15 de abril de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 15 de abril de 2026, a través de la cual la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la carencia actual de objeto
por sustracción de materia.
Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) la carencia actual de objeto; (iii) estudio de
requisitos adjetivos y, de superarse, (iv) caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20125 unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso - Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de tutela - importancia
jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. De la carencia actual de objeto
Esta colegiatura destaca que en anteriores oportunidades9 se ha referido a la acción
de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido instituido
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados de una manera actual e inminente.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de
hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación
sobreviniente.
En ese sentido, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la Sala cita
como criterio auxiliar, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación
actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer
el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional,
cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que
se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue
especialmente previsto para esta acción.10
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental
como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre
la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero,
no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se
hubiese presentado un peligro ya subsanado”. (Negrillas inexistentes en el texto
original)
“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii)
de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada
9 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; (ii)
de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
10 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se
transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».
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como el acaecimiento de una “situación sobreviniente11.
Aunado a lo expuesto, se sabe de casos en los que la Corte Constitucional evidenció
que existían eventos en donde desaparece el objeto jurídico tutelable y por lo tanto
acudió a la sustracción de materia como fórmula para resolver. Como puede verse en
la sentencia T – 204 de 2013, en la que se cuestionaba la Resolución 0121 de 2012,
proferida por el Ministerio del Interior, pero dicho acto administrativo había sido
inaplicado por inconstitucional por esa misma corporación en otro expediente y,
además, se había ordenado expedir nuevas directrices sobre el asunto que allí se
trataba.
Igualmente, refirió:
Esta [c]orporación, al resolver una acción de tutela interpuesta por un Concejal
minusválido de la ciudad de Tunja, contra la Alcaldía de esa misma municipalidad,
porque las instalaciones del Consejo no tenían las facilidades de acceso para
personas como él; expuso el criterio de la carencia actual de objeto por sustracción
de materia, dado que no había objeto jurídico tutelable al fallar el asunto, pues se
encontró que el accionante ya no ejercía como concejal
Ahora bien, debe decirse que la figura de la «sustracción de materia» no se ha
desarrollado como una modalidad independiente dentro del concepto de la carencia
actual de objeto, de hecho, en providencias recientes, no es usual que se acuda a
ella12, por el contrario, el escenario en el que una orden de amparo resulta inane por
eventos distintos a los del hecho superado o el daño consumado, cada vez resulta más
ajustado a lo que se entiende como situación sobreviniente.
La citada corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por
lo tanto caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada13.
Igualmente, en sentencia T – 322 de 2025, el alto tribunal explicó:
la situación sobreviniente que se configura cuando las circunstancias fácticas que
originaron la acción varían porque el actor asume una carga que no le correspondía,
un tercero satisface la pretensión principal, el accionante ha perdido interés en el
resultado del proceso o resulta imposible llevar a cabo las pretensiones.
11 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se
transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».
12 Con excepción, claro, de los casos en los que la Corte Constitucional resuelve sobre el control
abstracto de constitucionalidad de una norma que ya fue sustraída del ordenamiento jurídico, como
puede verse en la sentencia C-500 de 2023.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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Accionante: Yezid Carrillo de la Rosa
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00441-01
A juicio de esta Sala, el evento presentado en este caso se ajusta una situación
sobreviniente, por cuanto, actualmente, resulta imposible llevar a cabo las
pretensiones de la parte actora, esto es, que se ordene al Tribunal Administrativo de
Bolívar que agote un nuevo estudio sobre la suspensión provisional de la resolución
1086 de 1999; por cuanto dicho acto administrativo ha sido sustraído del ordenamiento
jurídico, lo que conduce a que la medida cautelar ya no tiene efectos.
Ciertamente, como lo ha dicho la parte actora, incluso en un evento donde se presenta
una decisión posterior es dable que se agote el estudio de vulneración de derechos
fundamentales si el daño persiste; no obstante, actualmente, la razón por la que al
señor Carrillo de la Rosa se le ha dejado de pagar su bonificación por inhabilidad legal
no deviene de los autos cuestionados, sino de la sentencia de 28 de febrero de 2025.
Nótese que, incluso si se accediera a las pretensiones de la tutela, en todo caso dicho
emolumento no sería retornado a la mensualidad del accionante, puesto que su
reconocimiento ya fue declarado nulo.
Ahora bien, esta Sección comparte las consideraciones del a quo relativas al alcance
que tiene la solicitud de nulidad procesal que radicó el actor ante el Tribunal
Administrativo de Bolívar, en el entendido que dicha herramienta carece de la
capacidad de suspender la sentencia.
En efecto, aunque una de las partes haya puesto en duda la adecuada notificación del
fallo, lo cierto es que esa sola actuación no impide que la decisión tenga efectos
plenos. En ese sentido, la proposición de una posible irregularidad procesal frente a la
providencia de 28 de febrero de 2025 no revive los autos de 7 de noviembre de 2023
y 8 de mayo de 2025, los cuales ya cumplieron con su cometido de ser meramente
cautelares y dejaron de tener efectos ante la existencia de la sentencia.
Por otra parte, tampoco compete al juez de tutela pronunciarse sobre si la sentencia
de 28 de febrero de 2025 se encuentra bien notificada o no, puesto que ello hace parte
de lo que debe resolver el juez de instancia, oficialmente, lo que se tiene es que, de
acuerdo con el aplicativo Samai, dicho proveído corresponde a la última actuación por
parte del Tribunal Administrativo de Bolívar y que en su contra no se presentaron
recursos, por lo que, al margen de lo que pueda resultar en el incidente de nulidad, la
firmeza actual de ese fallo deja sin objeto este mecanismo de amparo.
En ese orden de ideas, se modificará lo fallado por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 15 de abril de 2026, en el entendido que la carencia
actual de objeto en este caso se presenta por una situación sobreviniente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 15 de abril de 2025, por medio de la cual
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo declaró la carencia actual del objeto
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Accionante: Yezid Carrillo de la Rosa
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00441-01
por sustracción de materia, para, en su lugar DECLARAR la carencia actual de objeto
por situación sobreviniente.
SEGUNDO: INSTAR al Tribunal Administrativo de Bolívar que vincule
adecuadamente y en su totalidad, a la plataforma Samai, sus actuaciones en el
proceso 13001-23-33-000-2017-00368-00.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrada
(con salvamento parcial de voto)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrado
“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
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