Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00451-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00451-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00451-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00451 00
Accionante: John Fredy Angarita León
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Ibagué
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir con los
requisitos generales de subsidiariedad y relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida el señor John Fredy Angarita León en contra
de las sentencias proferidas el 23 de agosto de 2022 por el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito de Ibagué y el 16 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
dentro del medio de control de reparación directa, identificado con radicado núm. 73001
33 33 005 2012 00013 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor John Fredy Angarita León, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra de las precitadas providencias y, para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad jurídica, al acceso a la administración de justicia y a la reparación
integral del señor JOHN FREDY ANGARITA LEÓN, los cuales fueron vulnerados
con ocasión de las providencias judiciales proferidas dentro del proceso de
reparación directa adelantado contra INFIBAGUÉ y otras entidades.
2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo del Tolima Radicado No. 73001333300520120001301
M.P. LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA, mediante la cual se confirmó la
decisión que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa
promovida por el accionante.
3. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida en primera instancia por el
Juzgado Administrativo de Ibagué Radicado No. 73001333300520120001300,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por haber incurrido
en graves irregularidades constitucionales.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 00451 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: John Fredy Angarita León
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y Otro
4. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima que, dentro del término que se
le fije, profiera una nueva sentencia, en la cual:
o Realice un análisis integral, razonado y coherente del acervo probatorio
o Tenga en cuenta la sentencia ejecutoriada proferida el 5 de noviembre de
2014, dentro del proceso radicado 2010-00470-01, relacionada con los
mismos hechos, la misma entidad demandada y el mismo daño
antijurídico.
o Observe el principio de igualdad, garantizando un trato uniforme frente a
los integrantes del mismo núcleo familiar que se encuentran en idéntica
situación fáctica y jurídica.
o Fundamente de manera expresa cualquier eventual apartamiento del
precedente judicial existente, de conformidad con los estándares
constitucionales.
5. SUBSIDIARIAMENTE, en caso de que el despacho considere que no
corresponde ordenar nueva decisión de fondo, ORDENAR que se dicte una
sentencia de reemplazo, en la cual se protejan efectivamente los derechos
fundamentales del accionante.
6. ORDENAR la adopción de las medidas necesarias para restablecer de manera
efectiva los derechos fundamentales vulnerados, evitando que se mantengan
decisiones judiciales contradictorias frente a un mismo hecho dañoso.
7. ADVERTIR a la autoridad judicial accionada sobre la obligación constitucional
de respetar el precedente judicial, el principio de igualdad y la seguridad jurídica
en la resolución de casos sustancialmente iguales. [Mayúsculas originales del
escrito de tutela]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que el señor Rogelio Angarita Gutiérrez se desplazaba en
motocicleta por «la Avenida Mirolindo, a la altura de la calle 59, frente a las instalaciones
de Alma Café» de la ciudad de Ibagué (Tolima) cuando colisionó con un cable metálico
de alumbrado público que se encontraba desprendido y tendido sobre la vía, lo que le
generó graves lesiones a nivel cervical y la muerte inmediata en el lugar de los hechos.
Relató que, en virtud de lo anterior, presentó demanda a través del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia
Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, el Instituto de Financiamiento y Promoción
y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ, la Compañía Energética del Tolima SA ESP
ENERTOLIMA y el municipio de Ibagué con el fin que se declararan administrativa y
extracontractualmente responsables por la muerte del señor Rogelio Angarita Gutiérrez
y, en consecuencia de ello, se condenara a dichas entidades a reparar el daño
ocasionado.
La demanda fue asignada al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué que,
mediante sentencia del 23 de agosto de 2022 negó sus pretensiones al considerar que
el señor John Fredy Angarita León «no cumplió con su deber de la carga de la prueba,
relacionada con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que acaeció el
accidente de fecha 24 de mayo de 2010, esto es, el hecho generador del daño, es decir
que no se acreditó la mala iluminación y la falta de mantenimiento de las redes de
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alumbrado público por parte de las entidades demandadas; y su relación con el
fallecimiento de la víctima».
Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 16 de octubre de 2025, la confirmó.
Señaló que «las providencias judiciales de primera y segunda instancia desconocieron,
en los hechos, la existencia de una decisión judicial previa ejecutoriada, produciendo un
escenario de inseguridad jurídica y de trato desigual injustificado»2.
Lo anterior, por cuanto el 5 de noviembre de 2014 el Tribunal Administrativo del Tolima
profirió sentencia de segunda instancia dentro del proceso de reparación directa radicado
bajo el núm. 73 001 33 31 007 2010 00470 01, promovido por los señores Eugenio
Angarita Gutiérrez, María Deisy Angarita Bustos, Nidia Angarita de Mayorga, Rogelio
Angarita Saavedra, Rosa Adela Gutiérrez de Angarita, William Ricardo Gómez Sierra y
Solangel Angarita Gutiérrez contra la Compañía Energética del Tolima ENERTOLIMA SA
ESP, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE y
el municipio de Ibagué, en el cual se declaró administrativa y patrimonialmente
responsables a dichas entidades por la muerte del señor Rogelio Angarita Gutiérrez.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, argumentó que3:
El presente asunto reviste clara y manifiesta relevancia constitucional, en tanto las
providencias judiciales cuestionadas vulneraron de manera directa los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica del
accionante. No se trata de una simple discrepancia interpretativa o de una
inconformidad con el sentido del fallo, sino de una situación en la que, frente a un
mismo hecho dañoso, se produjeron decisiones judiciales contradictorias,
otorgando indemnización a unos integrantes del mismo núcleo familiar y
negándola a otros, sin justificación razonable.
(…)
Hay una grosera violación del derecho a la igualdad por parte de la Rama Judicial
que por los mismos hechos tomo una decisión favorable a otro grupo de víctimas.
En cuanto al requisito general de subsidiariedad, expuso que agotó todos los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial que tenía a su alcance.
Con posterioridad, sobre los requisitos específicos, alegó que las providencias acusadas
incurrieron en defecto fáctico, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución.
Sobre el defecto fáctico, sostuvo que las autoridades judiciales accionadas omitieron
valorar de forma integral y razonada un conjunto de pruebas técnicas, oficiales y
testimoniales que, según estima, resultaban determinantes para la resolución del caso,
tales como, (i) el informe de inspección técnica realizado por la autoridad judicial; (ii) el
informe policial del accidente de tránsito; (iii) el informe de necropsia del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se concluyó que el señor Rogelio
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 00451 00.
3 Ibidem.
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Angarita Gutiérrrez se produjo como consecuencia de una colisión contra un cable
metálico caída en la vía; (iv) el testimonio del señor Julián Morales Cruz; y (v) los informes
técnicos aportados por ENERTOLIMA.
Frente a la decisión sin motivación, aseveró que “(…) las providencias judiciales de
primera y segunda instancia incurrieron en una falta de motivación suficiente, vulnerando
el derecho fundamental al debido proceso del accionante (…)”4.
Al respecto, manifestó que “uno de los aspectos más graves de la falta de motivación en
el presente caso radica en que el Tribunal Administrativo del Tolima, al resolver el recurso
de apelación, no ofreció ninguna explicación clara, suficiente y razonada sobre las
razones por las cuales se apartó de la sentencia ejecutoriada del 5 de noviembre de 2014,
proferida por el mismo Tribunal, frente a los mismos hechos”5.
Explicó que la jurisprudencia constitucional ha establecido que el juez que se aparta del
precedente judicial tiene una carga argumentativa reforzada. En ese sentido, indicó que,
“en el caso concreto, dicha carga fue completamente desconocida, lo que convierte la
decisión en una providencia carente de motivación”6.
Agregó que:
La ausencia de una motivación suficiente no constituye una falencia meramente
formal, sino que tuvo un impacto directo y sustancial en la vulneración de los
derechos fundamentales del accionante.
En efecto, la falta de motivación:
• Impidió al demandante comprender las razones reales de la negativa de sus
pretensiones.
• Impidió el ejercicio efectivo del control judicial.
• Facilitó la coexistencia de decisiones contradictorias frente a un mismo
hecho dañoso.
• Afectó de manera directa el derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica.
En cuanto al desconocimiento del precedente, precisó lo siguiente:
En el presente asunto, se encuentra acreditada la existencia de un procedente
judicial claro, concreto y plenamente aplicable, consistente en la sentencia
proferida el 5 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
dentro del proceso radicado 2010-00470-01.
Dicha providencia:
• Resolvió un proceso de reparación directa
• Se originó en los mismos hechos dañosos, esto es, la muerte del señor
Rogelio Angarita Gutiérrez ocurrida el 24 de mayo de 2010.
• Involucró a las mismas entidades demandadas, en especial a INFIBAGUÉ.
• Fundó la declaratoria de responsabilidad en la deficiente prestación del
servicio de alumbrado público, concretamente por la presencia de un cable sobre
la vía y la ausencia de iluminación.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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Se trata, por tanto, de un precedente horizontal, emanado del mismo órgano
judicial que resolvió el recurso de apelación en el presente proceso, lo cual
refuerza su carácter vinculante.
Finalmente, sobre la violación directa de la Constitución, arguyó que las sentencias
controvertidas vulneraron su derecho fundamental a la igualdad, al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 23 de enero de 20267 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 29 de enero de 20268 la admitió y dispuso notificar9 al Tribunal
Administrativo del Tolima y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito del Tolima, como
parte accionada; así como vincular10 a la Nación – Ministerio de Minas y Energía, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Instituto de Financiamiento y
Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, a la Compañía Energética del Tolima
S.A. E.S.P. - ENERTOLIMA y al municipio de Ibagué, como terceros con interés directo
en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Tolima y al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Ibagué para que allegaran copia digital del expediente
correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con
radicado núm. 73001 33 33 005 2012 00013 00/01, el cual fue remitido11.
3.2. El apoderado del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué
INFIBAGUÉ allegó escrito12 en el que solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela al no acreditarse la vulneración de los derechos invocados por la parte accionante
y evidenciarse que lo que pretende el accionante es reabrir un debate judicial ya resuelto
por los jueces competentes.
3.3. El apoderado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios allegó
escrito13 en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad en la presente acción por
falta de legitimación en la causa por pasiva y, a su vez, que se declare la improcedencia
de la solicitud de amparo en razón a que no se encuentra acreditada la vulneración de
derecho fundamental alguno.
7 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 00451 00.
8 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 00451 00.
9 Esta orden se cumplió el 2 de febrero de 2026. Visto en los índices 7 y 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 00451 00.
10 Esta orden se cumplió el 2 de febrero de 2026. Visto en los índices 9 y 10 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 00451 00.
11 Visto en los índices 12 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
núm. 11001 03 15 000 2025 00451 00.
12 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 00451 00.
13 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 00451 00.
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3.4. El apoderado del Ministerio de Minas y Energía allegó escrito14 en el que solicitó la
desvinculación dicha entidad del presente trámite tutelar por falta de legitimación en la
causa pasiva, comoquiera que las pretensiones de la solicitud de amparo no están
dirigidas en su contra.
Agregó que “el Ministerio carece de competencia material, funcional y decisoria para
intervenir en el trámite, contenido o efectos de las providencias judiciales cuestionadas,
ni para modificar, revocar o sustituir decisiones adoptadas por autoridades de la Rama
Judicial”.
3.5. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo
del Tolima remitieron el expediente solicitado, sin embargo, no se pronunciaron sobre los
hechos y las pretensiones de la tutela.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 15 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,16 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202117, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201918, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente19:
4.2.1. El señor John Fredy Angarita León, actuando por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Minas y Energía,
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Instituto de Financiamiento y
Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ, la Compañía Energética del Tolima SA
ESP ENERTOLIMA y el municipio de Ibagué, con el fin que se declararan administrativa
y extracontractualmente responsables por la muerte del señor Rogelio Angarita Gutiérrez
y, en consecuencia de ello, se les condenara a reparar el daño ocasionado.
14 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 00451 00.
15 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
16 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
17 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
18 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
19 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado núm. 73001333300520120001300/01. Visto en los índices 10 y 14 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 00451 00.
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4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Ibagué que, mediante sentencia del 23 de agosto de 2022 negó las pretensiones.
4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación,
y el Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 16 de octubre de 2025, la
confirmó.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
Frente a la solicitud de desvinculación presentada por la Superintendencia Nacional de
Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Minas y Energía, la Sala considera que
no está llamada a prosperar, toda vez que dichas entidades fueron vinculadas al presente
trámite de tutela en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso,
comoquiera que la demanda de reparación directa objeto de esta solicitud de amparo fue
promovida, entre otros, en su contra.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
En el asunto bajo examen, la Sala considera que en este evento no se cumple con los
requisitos generales de relevancia constitucional y subsidiariedad, por las razones que
pasan a explicarse.
4.4.1. Frente al requisito general de subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable20.
20 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto,
se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
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La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial21: (i) cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no
es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii)
cuando se pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con las características de ser inminente y grave, que requiere de
la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la
protección constitucional es impostergable22.
En el asunto bajo examen, el accionante controvierte las sentencias proferidas el 16 de
octubre de 2025 y el 23 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima y el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, respectivamente, en el medio de
control de reparación directa promovido por aquel, identificado con el radicado núm.
73001-33-33-005-2012-00013-00/01, que negaron las pretensiones de la demanda.
Para ello, en el escrito de tutela alegó que “(…) las providencias judiciales de primera y
segunda instancia incurrieron en una falta de motivación suficiente, vulnerando el
derecho fundamental al debido proceso del accionante (…)”23.
En igual sentido, manifestó que “uno de los aspectos más graves de la falta de motivación
en el presente caso radica en que el Tribunal Administrativo del Tolima, al resolver el
recurso de apelación, no ofreció ninguna explicación clara, suficiente y razonada sobre
las razones por las cuales se apartó de la sentencia ejecutoriada del 5 de noviembre de
2014, proferida por el mismo Tribunal, frente a los mismos hechos”24.
Explicó que: “la ausencia de una motivación suficiente no constituye una falencia
meramente formal, sino que tuvo un impacto directo y sustancial en la vulneración de los
derechos fundamentales del accionante”.
Bajo dicho contexto, la Sala considera que la acción de tutela deviene improcedente en
los términos en que se formuló, comoquiera que, la parte accionante aduce que la
providencia atacada adolece de motivación, por lo que, es posible interponer el recurso
extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia.
Al respecto, esta Corporación25 ha señalado que la nulidad originada en la sentencia
como causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión se configura, entre
otros eventos, cuando se pretermite una instancia, y ello acontece en tres escenarios: a.
se emite sentencia sin motivación, b. se viola el principio de la non reformatio in pejus,
y c. se profiere sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.
21 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
22 Sentencia T-150 de 2016.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
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Es de anotar que, en relación con la causal de decisión sin motivación, la Sección Quinta
de esta Corporación ha declarado improcedente la acción de tutela cuando la parte actora
alega que la providencia controvertida incurrió en el defecto de falta de motivación. Al
respecto, la citada Sección en el fallo de tutela del 12 de agosto de 202126 explicó que la
acción de tutela es improcedente comoquiera que la ausencia de motivación del fallo bien
sea total o parcial se enmarca en la causal de nulidad originada en la sentencia que da
lugar a la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
A su vez, la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 12
de diciembre de 202227 señaló que la causal de nulidad originada en la sentencia se ha
extendido a la violación del debido proceso en los términos del artículo 29 de la
Constitución Política y, dentro de ese marco, la jurisprudencia se ha ocupado de
identificar variados vicios que darían lugar a su configuración28, tales como: (i) haberse
dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido
proceso, (ii) haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso, (iii) proferir una sentencia sin motivarla, (iv) dictar un fallo inhibitorio
injustificado y, (v) faltar al principio de congruencia, entre otros.
En ese sentido, la parte actora tiene a su alcance el recurso extraordinario de revisión
para controvertir la sentencia de segunda instancia que aquí ataca porque lo alegado en
sede de tutela encuadra dentro de la causal de nulidad originada en la sentencia, ya que
su inconformidad radica en que la providencia censurada carece de motivación.
Cabe agregar, que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el
recurso extraordinario de revisión es un medio de defensa judicial idóneo para ventilar el
reproche de la parte accionante, comoquiera que encuadra en la causal de nulidad
originada en la sentencia; así lo explicó en la Sentencia SU – 263 del 7 de mayo de 201529
al precisar que la idoneidad del recurso debe valorarse teniendo en cuenta el derecho
fundamental que se considera vulnerado y las causales de revisión previstas en el
ordenamiento legal.
Corolario de lo expuesto, la solicitud de amparo deviene improcedente por no cumplir con
el requisito de subsidiariedad, debido a que no está acreditado que se haya hecho uso
del mecanismo previsto en la ley para ello, como es el recurso extraordinario de revisión,
en aras de controvertir la decisión que se ataca por vía de tutela, y tampoco acredita la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que permita descender en su examen.
4.4.2. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló lo siguiente:
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
26 Expediente nro. 11001 0315 000 2021 00354 01. C.P.Carlos Enrique Moreno Rubio.
27Expediente nro. 11001-03-26-000-2019-00185-00. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
28 Al respecto ver: Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia del 20 de agosto 2021, expediente 11001-03-15-000-2020-02925-01.
29 M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
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claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del tercer criterio que la compone, esto es, impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces.
Frente a este tercer elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” […]30.
(Subrayado fuera de texto).
A su turno, en la sentencia SU 215 de 202231, la Corte Constitucional reiteró que la tutela
contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto
del fallo cuestionado, circunstancia que
[…] excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que
dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo
30 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
31 Corte Constitucional. Sentencia SU 215 del 16 de junio de 2022. M.P.: Natalia Ángel Cabo.
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constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial […]. (Subrayado fuera de texto).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.
Ello debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte accionante pretende reabrir
el debate surtido en el proceso de reparación directa, dado que sus inconformidades
están encaminadas a cuestionar lo decidido por la autoridad judicial accionada frente a
la responsabilidad de las entidades demandadas en dicho proceso por la muerte del
señor Rogelio Angarita Gutiérrez, así como el reconocimiento de la reparación por el daño
ocasionado, lo cual ya fue objeto de debate en el proceso ordinario.
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario, para controvertir lo resuelto por el
juez natural de la causa, por lo que se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la petición de amparo no cumple con el tercer criterio de la relevancia
constitucional.
Por lo anterior, y sin que sea necesario abordar otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la presente acción de tutela por incumplimiento de los requisitos generales
de subsidiariedad y relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Minas y Energía,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
John Fredy Angarita León, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 12 de
marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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