Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00454-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00454-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00454-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-00454-01
Accionante: PIEDAD VALERA SOTO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE REVOCA EL
FALLO IMPUGNADO. Se declara improcedente por no cumplir el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
16 de febrero de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Piedad Valera Soto, a través de apoderada judicial, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva e igualdad en conexidad con
el principio de favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 24 de
julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de
radicación 20001-33-33-008-2024-00207-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Sostuvo que presentó una reclamación para el reconocimiento y pago de
diferencias ante el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del
municipio de Valledupar, debido a que en el año 2009 se decretó el aumento de la
asignación básica de la categoría 2AE en una cifra superior a la 2BE cuando la última,
a la que ella corresponde, es un nivel superior en el escalafón docente. Las peticiones
fueron resueltas de forma negativa mediante los Oficios 2024-EE-053964 de 27 de
febrero de 2024 y VAL2024EE005186 de 13 de febrero de 2024, respectivamente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00454-01
Accionante: Piedad Valera Soto
2.2. Adujo que interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicación 20001-33-33-008-2024-00207-00/01 contra el Ministerio de
Educación Nacional y el municipio de Valledupar, con el fin de que se dejara de
aplicar el decreto que fijó la escala salarial del personal docente, se declarara la
nulidad de los actos administrativos mencionados supra y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales causadas.
2.3. Señalóque el conocimiento del proceso ordinario le correspondió al Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 28 de marzo de 2025, denegó las pretensiones de la demanda.
2.4. Adujo que interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión y que el
Tribunal Administrativo del Cesar, a través de la sentencia de 24 de julio de 2025,
confirmó la decisión de primera instancia.
2.5. Afirmó que la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos
fundamentales indicados supra por haber incurrido en los defectos fáctico y
sustantivo.
2.6. Como fundamento del defecto fáctico señaló que el extremo pasivo no acreditó
que el incremento salarial respondiera a razones objetivas, verificables y
debidamente fundamentadas.
2.7. Sobre el defecto sustantivo indicó que atribuir legalidad al incremento del salario
para una categoría que requiere menos exigencias va en contravía de la línea
interpretativa del literal j del artículo 2 de la Ley 4 de 18 de mayo de 19921 que
establece que la compensación económica debe tener en cuenta el nivel del cargo, la
naturaleza de sus funciones, las responsabilidades y las calidades exigidas para su
desempeño. Además, se omitió la observancia del artículo 21 del Decreto 1278 de 19
de junio de 20022 que destaca criterios como preparación y trayectoria profesional
para establecer diferencias en la remuneración.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la
sentencia proferida el día 24 DE JULIO 2025, en el expediente radicado bajo
número 20001333300820240020701, transgredió los derechos fundamentales
al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD del (la) señor (a) PIEDAD VALERA SOTO, por considerar
que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las
1
“[…] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública
y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. […]”.
2
“[…] por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente […]”.
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Accionante: Piedad Valera Soto
Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio
obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la
norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la
situación particular del (la) docente PIEDAD VALERA SOTO a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente
probados en el debate jurídico. […]”. [Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 28 de enero de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de
terceros con interés en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de
Educación Nacional, al municipio de Valledupar y al Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito de Valledupar.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. El municipio de Valledupar solicitó se declare la improcedencia de la acción
de tutela toda vez que no se cumple el requisito general de relevancia
constitucional por ser un asunto netamente legal y particular sin afectación a
derechos fundamentales. Agregó que los argumentos ya fueron estudiados por el
juez natural y no debe reabrirse el debate.
5.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar relacionó las
actuaciones realizadas dentro del proceso y manifestó que se cumplieron las
garantías procesales. Además, adujo que no cumple el requisito de relevancia
constitucional por cuanto lo argumentado por la accionante tiene el propósito de
dar continuidad a un debate jurídico que fue resuelto con suficiencia en las dos
instancias del juez natural.
5.3. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar remitió el expediente
digital y señaló que acoge los fundamentos expuestos en la providencia
cuestionada. Asimismo, indicó que los despachos administrativos del Circuito de
Valledupar y del tribunal han mantenido una línea jurisprudencial uniforme respecto
a denegar las pretensiones de los procesos relacionados con el incremento salarial
por concepto de escalafón docente.
5.4. El Ministerio de Educación Nacional solicitó se declare improcedente por
carecer de relevancia constitucional por cuanto es una controversia de naturaleza
estrictamente económica, además, no se logró acreditar la vulneración de
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Accionante: Piedad Valera Soto
derechos fundamentales. Agregó que no tiene legitimación en la causa por pasiva
debido a que no fue la entidad que profirió la decisión cuestionada.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 16 de febrero de 2026, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado denegó las pretensiones de la acción de tutela al
considerar que la parte actora pretendió revivir un debate propio del juez natural
sobre una situación definida. Además, adujo que la autoridad judicial accionada
explicó que los aumentos porcentuales fijados no implicaron una desmejora de
derechos adquiridos ni privó a los docentes de una remuneración adecuada.
7. Aseguró que los argumentos de la accionante no evidencian la configuración de
un defecto sustantivo ni fáctico debido a que las razones que dieron origen a la
fijación discriminada del salario entre los grados 2 BE y 2 AE tiene fundamento en
lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002, el cual faculta al
ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los educadores.
8. Agregó que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del juez
natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas dentro
del ámbito de sus competencias, salvo que resulte evidente la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó se acceda a las
pretensiones de la acción de tutela amparando los derechos fundamentales
incoados debido a que compromete de manera directa los derechos a la igualdad
y debido proceso, a su juicio, se desconoció el núcleo del conflicto que radicaba en
un trato salarial diferenciado sin justificación objetiva dentro del escalafón docente.
10. Mencionó que la presente acción de tutela sí tiene relevancia constitucional, dado
que la motivación de la autoridad judicial accionada es insuficiente y aparente al
aceptar incrementos salariales diferenciados sin exigir una justificación técnica y
razonable. Tal circunstancia no se limita a controvertir una simple discrepancia
interpretativa, sino que cuestiona de forma directa la afectación prolongada y
continua de los derechos laborales de la accionante teniendo en cuenta que los
posteriores incrementos han tenido como sustento ese acto administrativo
demandado.
11. Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela respecto a
los defectos fáctico y sustantivo.
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Accionante: Piedad Valera Soto
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20256, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20197, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20248.
VIII.2. Cuestión previa
13. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal
presentada por el Ministerio de Educación Nacional.
14. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 20069, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]’ […]” (Negrilla fuera del
texto).
15. En el caso objeto de estudio, se observa que el Ministerio de Educación Nacional
fue parte demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
cuestionado por la parte accionante, por lo tanto, la Sala considera que le asiste el
interés jurídico para ser vinculado a esta acción constitucional.
3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
9
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00454-01
Accionante: Piedad Valera Soto
16. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación presentada por el
Ministerio de Educación Nacional, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
VIII.3. Problemas jurídicos
17. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado10, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo.
18. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
19. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
20. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
21. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
10
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00454-01
Accionante: Piedad Valera Soto
22. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.
23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en dichos
parámetros.
24. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.5. El caso concreto
26. La señora Piedad Valera Soto, a través de apoderada judicial, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva e igualdad en conexidad con
el principio de favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 24 de
julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de
radicación 20001-33-33-008-2024-00207-00/01.
12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
13
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
14
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00454-01
Accionante: Piedad Valera Soto
27. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de relevancia constitucional.
VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
28. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental15 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones16.
29. En las acciones de tutela contra providencias judiciales17 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el
uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces18.
30. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación19, sostuvo que:
“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera de texto].
31. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202220 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
15
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
16
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
17
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
18
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
19
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00454-01
Accionante: Piedad Valera Soto
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii)
laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00454-01
Accionante: Piedad Valera Soto
32. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202321.
33. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucren derechos fundamentales22.
34. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido, presuntamente, en
los defectos fáctico y sustantivo.
35. Como fundamento del defecto fáctico señaló que el extremo pasivo no acreditó
que el incremento salarial respondiera a razones objetivas, verificables y
debidamente fundamentadas.
36. Sobre el defecto sustantivo indicó que atribuir legalidad al incremento del salario
para una categoría que requiere menos exigencias va en contravía de la línea
interpretativa del literal j del artículo 2 de la Ley 4 de 18 de mayo de 199223 que
establece que la compensación económica debe tener en cuenta el nivel del cargo, la
naturaleza de sus funciones, las responsabilidades y las calidades exigidas para su
desempeño. Además, se omitió la observancia del artículo 21 del Decreto 1278 de 19
de junio de 200224 que destaca criterios como preparación y trayectoria profesional
para establecer diferencias en la remuneración.
37. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto, y iii) las pretensiones guardan relación con un asunto de
contenido económico.
38. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
21
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
23
“[…] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública
y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. […]”.
24
“[…] por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente […]”.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00454-01
Accionante: Piedad Valera Soto
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
39. Además, no se está poniendo de presente que en la providencia censurada se
haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su
inconformidad se sustenta, básicamente, en que la decisión adoptada en segunda
instancia confirmó la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de
la demanda por considerar justificada la expedición de los actos administrativos
mencionados supra.
40. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo del Cesar en la providencia cuestionada:
“[…] Con lo anterior, es posible concluir en primer lugar que el valor fijado
como asignación salarial en los años posteriores al 2004 no se establece en
función de una cifra porcentual sobre el salario pagado el año
inmediatamente anterior, pues el decreto no lo fija de esa manera, sino que
determina un monto líquido, en otras palabras, no se puede confundir el acto
de fijar la asignación salarial con aumentar su valor de manera porcentual
anualmente, toda vez que en la primera se determina un monto y en la
segunda para llegar a un valor determinado es necesario sumar el aumento
porcentual con base en el salario anterior.
Ahora bien, la Ley 4ª de 1992 establece que corresponde al Gobierno
Nacional fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos
entre ellos la población docente al servicio del Estado por remisión del
artículo 46 del Decreto 1278 de 200225. Bajo esta premisa, para fijar la
remuneración de los servidores públicos docentes se exige que el acto
promulgado por el Gobierno Nacional se ajuste a los límites establecidos por
la Ley marco, dentro los cuales se destaca (en lo que respecta a la
modificación de las asignaciones salariales) que el valor debe aumentarse
anualmente con el propósito de contrarrestar el fenómeno inflacionario26 y la
imposibilidad de desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los
servidores públicos, según fue establecido por el artículo 2°27 y 4°28 de la
Ley marco. Y eso es lo que hacen los decretos de que trata este proceso.
Así las cosas, dista la Sala de la posición planteada por la parte
demandante en la que manifestó que el aumento en un porcentaje
desigual que se realizó para los años 2008, 2009 y 2011 afectó
negativamente el valor del importe en el año siguiente, pues este valor
no es modificado porcentualmente, sino que el decreto lo fija en un
25
“ARTÍCULO 46. SALARIOS Y PRESTACIONES. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El Gobierno Nacional, en desarrollo de
la Ley 4a. de 1992, establecerá la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes
escalafonados, de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad con el presente
decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados en provisionalidad o en periodo de prueba; lo mismo
que las remuneraciones adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el tamaño de la
institución educativa que dirijan. El salario de ingreso a la carrera docente debe ser superior al que devengan actualmente
los educadores regidos por el Decreto-ley 2277 de 1979.”.
26
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1433 de 200. MP Antonio Barrera Carbonel.
27
“ARTÍCULO 2.- Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el
Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios: a. El respeto a los derechos adquiridos de los
servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales; […]” -se subraya-.
28
“ARTÍCULO 4. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2 el Gobierno Nacional, dentro de los primeros
diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el
artículo 1 literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones. […]” -se subraya.
12
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Accionante: Piedad Valera Soto
monto líquido que solo debe seguir los preceptos estipulados por la
Ley marco.
[…]
Acorde con la jurisprudencia trascrita, es posible concluir que, si bien es
necesario aumentar los salarios de los servidores públicos cada año con el
fin de contrarrestar el efecto de la inflación, el incremento entre unos y
otros puede ser diferente teniendo en cuenta políticas
macroeconómicas y fiscales del país.
Además, teniendo en cuenta que la naturaleza de las leyes marco consiste
no solo en establecer unas limitantes para disponer sobre determinadas
materias, sino que, dada la complejidad de algunas de ellas y tendencia al
cambio, corresponde al Gobierno Nacional reglamentarlas cada cierto
tiempo de acuerdo con la realidad del país, como es el caso de las
asignaciones salariales de los servidores públicos. Pretender que los
aumentos salariales no dependen de la situación socioeconómica del
país sería, por un lado, abstraerse de la realidad, por cuanto las
condiciones económicas son mutables por diferentes factores, algunos de
ellos intempestivos, y por otro, desconocer la potestad de configuración
normativa que ha sido reconocida al ejecutivo por la Constitución
Nacional.29
En este contexto, sería erróneo afirmar, conforme manifestó el recurrente,
que el Gobierno Nacional está imposibilitado para fijar valores en los que se
aumente la asignación salarial diferente entre los escalafones y niveles
salariales de los docentes, en otras palabras, que el aumento salarial debe
ser igual para todos los docentes cada año, lo indicado por el apelante pierde
sustento, toda vez que el Gobierno Nacional cuenta con amplia potestad de
configuración normativa para fijar los valores de incremento salarial cada
año y los mismos deben obedecer a razones de política macroeconómica y
fiscal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2°, literal “h” de la Ley 4ª de
1992.30
29
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 608 de 199 MP. José Gregorio Hernández Galindo, sobre el asunto manifestó:
". . . La institución de las leyes marco, introducida en el ordenamiento constitucional colombiano con la reforma de 1968,
persigue para determinadas materias, dada su complejidad y constante evolución, la colaboración de Legislativo y Ejecutivo,
así: el primero, señalará al Gobierno las pautas generales dentro de las cuales éste último debe desarrollar en concreto su
facultad reglamentaria ejecutando esos principios en una forma dinámica y de fácil modificación". (Cfr. Corte Constitucional.
Sala Plena. Sentencia C-013 del 21 de enero de 1993. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). "La expedición de toda ley marco
implica entonces una distribución de poderes y facultades legislativas entre el Congreso de la República y el Gobierno
Nacional. En efecto, el Congreso consagra los preceptos generales y el Presidente expide los denominados decretos
ejecutivos, destinados a reglamentar, en forma por demás amplia, los asuntos a que se refiere la ley, decretos éstos que, por
cierto, no tienen la misma jerarquía de la ley de la cual se derivan, pese a tener su misma generalidad y obligatoriedad". (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-133 del 1 de abril de 1993. M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa). […] En efecto,
lo propio del sistema constitucional en cuanto al reparto de competencias en los asuntos previstos por el artículo 150, numeral
19, de la Constitución, es la existencia de una normatividad compartida entre los órganos legislativo y ejecutivo, de tal modo
que en su primera fase se establezcan reglas o pautas caracterizadas por su amplitud y con una menor mutabilidad o
flexibilidad, mientras que en la segunda, dentro de tales orientaciones, se especifiquen y concreten las medidas que
gobiernen, según las circunstancias y necesidades, y con gran elasticidad, la respectiva materia. Si el Congreso, en tales
temas, deja de lado su función rectora y general para entrar de lleno a establecer aquellas normas que debería plasmar el
Ejecutivo con la ya anotada flexibilidad, de manera que no quede para la actuación administrativa campo alguno, en razón
de haberse ocupado ya por el precepto legal, invade un ámbito que no le es propio -el del Presidente de la República y, por
tanto, vulnera no sólo el artículo 150, numeral 19, de la Constitución sino el 113, a cuyo tenor los diferentes órganos del
Estado tienen funciones separadas pese a la colaboración armónica entre ellos, que se orienta a la realización de los fines
de aquél. Además, al dejar el campo de fijación de pautas generales para ingresar en forma total en el de su desarrollo
específico, el Congreso infringe la prohibición contemplada en el artículo 136, numeral 1, de la Constitución Política:
"Inmiscuirse, por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades".
Adicionalmente, al incluirse normas como las mencionadas en la ley orgánica del reglamento del Congreso, aparece
desvirtuado el artículo 151 de la Constitución, que circunscribe tal tipo de leyes a establecer el régimen de la actividad
legislativa propia de aquél.”.
30
“ARTÍCULO 2.- Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el
Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios: […] h. La sujeción al marco general de la política
macroeconómica y fiscal; […]”.
13
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Accionante: Piedad Valera Soto
[…]
En consonancia con lo anterior, respecto al cargo referente a la falta de
motivación en los actos administrativos demandados sobre la disparidad en
el porcentaje de aumento salarial a pagar, es necesario aclarar que los
decretos que establecen la escala única nacional de salarios y el
régimen prestacional de los docentes son un acto administrativo de
carácter general, en ese sentido, no requieren ser justificados con el
mismo detalle que un acto particular y concreto, respecto de las
modificaciones que pueda realizar siempre y cuando se ciña a los
lineamientos de la Ley marco, pues la motivación se entiende implícita
en la amplia facultad de configuración normativa que fue conferida al
Gobierno Nacional por el legislador para la materia.
[…]
En el caso concreto se evidencia que, la parte actora está inconforme con el
aumento del salario fijado al nivel y grado que le corresponde (2BE), con
respecto al de otra categoría del escalafón (2AE), pero por ello no puede
predicarse la igualdad, porque el comparativo muestra que no lo son, acorde
con la estructura de la población docente, dejando infundado el argumento
de desigualdad alegado por la parte activa.
[…]
De manera conclusiva, la diferencia traída a términos porcentuales en el
aumento de la asignación salarial para los diferentes niveles y grados
salariales es ajustada a derecho, pues contrario a lo afirmado por el apelante
el Gobierno Nacional no está obligado a incrementar en un porcentaje igual
el valor año tras año, pues cuenta con amplia potestad de configuración
normativa para fijar la escala salarial en tanto se limite a lo dispuesta en la
Ley 4ª de 1992, como lo hizo en el caso de estudio. […]”. [Negrilla fuera del
texto].
41. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
42. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”31.
43. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
31
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00454-01
Accionante: Piedad Valera Soto
[…]”32. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”33.
44. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará el
fallo impugnado, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 16 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar
DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
32
Ibid.
33
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
15
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Accionante: Piedad Valera Soto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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