Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00459-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00459-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00459-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
6 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., seis (06) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00459-00
Accionante: Ministerio de Relaciones Exteriores
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores en contra del Tribunal Administrativo del Cauca
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El 26 de enero de 20262 el tutelante interpuso esta acción constitucional en procura
de la protección de sus derechos al debido proceso y a la defensa, los cuales
considera vulnerados con la providencia proferida el 14 de noviembre de 2025 por
la autoridad accionada en el proceso No. 19001333300820150018000/01, mediante
la cual se revocó la dictada el 27 de julio de 2020 por el Juzgado 8º Administrativo
de Popayán y, en su lugar, se declaró patrimonialmente responsable al Ministerio
de Relaciones Exteriores y se le ordenó indemnizar a los demandantes.
2.- Hechos
2.1.- Rafael Mauricio Girón Ulchur, miembro del pueblo indígena Nasa y líder
comunitario en el resguardo de Jambaló, Cauca, recibió amenazas contra su vida e
integridad durante su labor de defensa de los derechos de su comunidad. Ante la
situación de riesgo que afectaba a varios pueblos indígenas, se solicitó a la CIDH la
adopción de medidas cautelares. Dicha comisión acogió la solicitud mediante la
Resolución MC 255-11 de noviembre de 2011, y ordenó al Estado colombiano
1 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 0058016C015B8E95
88C541169BB950FB E90C76018897CB55 FCBDB213DD7523BD.
2 Obra acta en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 3, con certificado 55547055FAB4E06F
A30127B3C8F00E06 91CFACBD570A935E 4ADC61F13D48408C.
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
adoptar medidas urgentes para proteger los derechos fundamentales de los
miembros de la comunidad Nasa, lo que incluía a Girón Ulchur3.
2.2.- A pesar de la vigencia de las medidas cautelares y de las solicitudes de
seguimiento elevadas por el Consejo Regional Indígena del Cauca, no se
implementaron de manera efectiva las acciones necesarias. Tampoco se
desplegaron mecanismos de protección que neutralizaran las amenazas ni se
garantizó el ejercicio seguro de los derechos políticos y culturales del referido líder.
Como resultado de esto, Girón Ulchur fue asesinado el 20 de enero de 2013 en la
zona rural de Jambaló4.
2.3.- Con base en los hechos descritos, los familiares de la víctima, en ejercicio del
medio de control de reparación directa, incoaron demanda en contra del Ejército
Nacional, de la Policía Nacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del
Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección. El trámite le
correspondió al Juzgado 8º Administrativo de Popayán bajo el radicado No.
19001333300820150018000.
2.4.- En la sentencia de primera instancia, proferida el 27 de julio de 2020, el a quo
negó las pretensiones de la demanda. Esta decisión se basó en la falta de pruebas
para establecer un nexo causal entre el daño sufrido y la supuesta negligencia de
las entidades demandadas. Además, en que las autoridades no fueron informadas
adecuadamente sobre los riesgos que enfrentaba la víctima, lo que dificultó la
posibilidad de demostrar una falla en el servicio5.
2.5.- Inconformes, los demandantes apelaron la decisión referida. Por sentencia del
14 de noviembre de 20256, el Tribunal Administrativo del Cauca revocó la decisión
de primera instancia y declaró administrativamente responsable al Ministerio de
Relaciones Exteriores. Para ello señaló que hubo un incumplimiento del deber de
garantía y protección frente a las medidas cautelares contenidas en la Resolución
MC-255/2011, las cuales tienen carácter vinculante. Determinó que la muerte de
Girón Ulchur configuró una falla del servicio por omisión, toda vez que el Estado
tenía conocimiento previo del riesgo que enfrentaba la comunidad Nasa. Asimismo,
3 A folios 3-4 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado AC453856BD0C6EDC
1495B14DE1D073F7 55BBAC9FB8B8A236 4796552552BDE6AF.
4 Ibidem.
5 Ibidem, a folios 8-9.
6 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado AC453856BD0C6EDC
1495B14DE1D073F7 55BBAC9FB8B8A236 4796552552BDE6AF.
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precisó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como coordinador nacional del
cumplimiento de compromisos internacionales, omitió articular acciones de
protección efectiva, diferencial y concertada, limitándose a trámites formales que no
neutralizaron la amenaza selectiva. Adujo que existe un nexo entre la inobservancia
del mandato internacional y el daño, pues la falta de seguimiento individualizado y
de medidas idóneas permitió la materialización del riesgo.
3.- Fundamentos de la acción de tutela
La entidad accionante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales,
por cuanto la sentencia del 14 de noviembre de 2025 incurrió en defectos sustantivo
y por desconocimiento del precedente. Argumenta que el tribunal realizó una
indebida valoración de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
previstas en el Decreto 3355 de 2009, al confundir la labor de coordinación y
articulación de las medidas cautelares de la Corte IDH con la ejecución material de
esquemas de seguridad, la cual compete a otras entidades como la UNP o la Fuerza
Pública. Afirma que se configuró una responsabilidad objetiva disfrazada de falla del
servicio, pues no se demostró el nexo causal entre las funciones de la Cancillería y
el homicidio, lo que desconoce que las medidas provisionales MC-255/11 tienen
carácter general y no individual. A su vez, señala que se desconoció el precedente
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la necesidad de probar el
conocimiento previo del riesgo, la individualización de responsabilidades
funcionales y el nexo causal. Asimismo, alega un defecto fáctico por omitir el análisis
de pruebas que demostraban la ausencia de peticiones de protección por parte de
la víctima, la gestión administrativa de la entidad y los testimonios.
4.- Pretensiones de la acción
En el escrito introductorio se solicitó (i) declarar sin efectos la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca; y (ii) ordenar al Tribunal Administrativo del
Cauca proferir una nueva sentencia dentro del proceso de reparación directa No.
19001333300820150018000/01.
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5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1.- Mediante auto del 28 de enero de 2026, el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó al Juzgado 8º Administrativo de Popayán, al Ejército Nacional, a
la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección, al
Ministerio de Defensa y a todos aquellos que actuaron como demandantes en el
proceso ordinario. También dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.
5.2.- El Juzgado 8º Administrativo de Popayán sostuvo que no incurrió en ninguna
vía de hecho o defecto que pudiera haber violado los derechos fundamentales
invocados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aseguró que su decisión se
basó en las pruebas presentadas y en que no se demostró que Girón Ulchur hubiera
informado de las amenazas contra su vida a las entidades demandadas. Afirmó que
la responsabilidad por falla del servicio por omisión, atribuida al Ministerio de
Relaciones Exteriores por el Tribunal Administrativo del Cauca, no es de su
competencia. Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, pues
este tipo de acciones no puede convertirse en una tercera instancia.
5.3.- La Policía Nacional consideró que no existe vulneración a derechos
fundamentales y sostuvo que no es procedente declarar su responsabilidad
patrimonial por la muerte de Girón Ulchur, pues se configuró el eximente de hecho
exclusivo de un tercero, al tratarse de un acto delictivo perpetrado por grupos al
margen de la ley, lo que genera una ruptura del nexo causal. Adicionalmente,
argumentó la ausencia de falla del servicio, por cuanto las propias comunidades
indígenas beneficiarias de las medidas cautelares internacionales rechazaron
expresamente la presencia de la Fuerza Pública en sus territorios. Afirmó que no
existe un perjuicio irremediable y resaltó que la condena impuesta por el Tribunal
Administrativo del Cauca recayó exclusivamente en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, en su calidad de coordinador nacional de las medidas internacionales.
5.4.- La UNP pidió su desvinculación y la declaratoria de improcedencia de la
acción, tras considerar que existe una falta de legitimación en la causa por pasiva.
Alegó que las pretensiones de la demanda estuvieron dirigidas exclusivamente a
cuestionar una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por lo
que no hay conexidad con su misión institucional. Explicó que su competencia se
limita a articular y ejecutar el servicio de protección para poblaciones en riesgo
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extraordinario, previo agotamiento de un procedimiento técnico y riguroso que
incluye el consentimiento expreso del beneficiario y la valoración del CERREM.
Asimismo, indicó que en el caso concreto no se evidencia relación alguna con sus
funciones, ya que el debate constitucional se centró en una decisión judicial de
reparación directa. Manifestó que este mecanismo resultó improcedente por su
carácter residual, toda vez que no se demostró la existencia de una actuación
omisiva de su parte.
5.5.- El Tribunal Administrativo del Cauca defendió la legalidad de su sentencia bajo
el argumento de que esta fue producto de un ejercicio legítimo de la función
jurisdiccional. Acotó que la condena al Estado se edificó bajo el título de imputación
de falla del servicio por el incumplimiento del deber de seguridad frente a Girón
Ulchur, líder indígena beneficiario de medidas cautelares. Sostuvo que el análisis
probatorio fue integral y razonado, fundamentado en informes oficiales, registros
civiles, constancias de la Personería de Jambaló y testimonios que acreditaron tanto
el nexo causal como la previsibilidad y evitabilidad del daño. Descartó la existencia
de un defecto fáctico o sustantivo, al precisar que se valoraron adecuadamente las
pruebas aportadas y se aplicó correctamente el artículo 90 de la Constitución
Política y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la protección de
comunidades en riesgo extraordinario. Señaló que la tutela es improcedente por
pretender reabrir un debate jurídico y probatorio agotado.
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores en contra del Tribunal Administrativo del Cauca,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.
2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos denunciados por la parte actora.
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3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad7 y de procedencia8 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”9.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber10: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202211, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
7 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
8 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
10 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
11 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.
4.2.- En el caso concreto, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuestiona, en
esencia, que el Tribunal Administrativo del Cauca (i) incurrió en un defecto
sustantivo al realizar una indebida valoración de las funciones previstas en el
Decreto 3355 de 2009; (ii) confundió la labor de coordinación y articulación de
medidas cautelares con la ejecución material de esquemas de seguridad que
competen a otras autoridades; (iii) configuró una responsabilidad de naturaleza
objetiva al no demostrar el nexo causal entre las funciones de la Cancillería y el
daño; (iv) desconoció el carácter general y no individual de las medidas cautelares
contenidas en la Resolución MC-255/11; (v) omitió el precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la carga de probar el
conocimiento previo del riesgo y la individualización de responsabilidades
funcionales; y (vi) materializó un defecto fáctico al ignorar las pruebas que
acreditaban la ausencia de peticiones de protección por parte de la víctima, la
gestión administrativa de la entidad y los testimonios que daban cuenta de las
circunstancias del hecho.
4.3.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen
el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no estar
debidamente justificados, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis
jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo fuera una instancia
adicional al proceso ordinario, según se explicará.
4.4.- Al verificar los argumentos contenidos en la providencia del 14 de noviembre
de 2025, se dilucida el siguiente análisis textual:
“La responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado se fundamenta en la determinación de
un perjuicio ilegítimo ocasionado a un individuo, imputándose este perjuicio a la administración
pública por sus acciones u omisiones, bajo criterios como negligencia en el servicio, daño específico,
riesgo excepcional u otros parámetros pertinentes. Su configuración requiere demostrar el perjuicio
ilegítimo y su imputación, sustentados tanto en el ámbito fáctico como jurídico.
En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, el análisis debe considerar las situaciones
derivadas de la actividad o inactividad de la administración pública que resulten inaceptables. Estas
pueden contravenir disposiciones constitucionales o legales, o ser consideradas ‘irrazonables’ en el
marco de los derechos e intereses reconocidos constitucionalmente.
Las precisiones legales y jurisprudenciales hasta aquí transcritas indican que, de comprobarse la
ocurrencia de una negligencia administrativa identificada, es deber del Juez constatar el título bajo
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el cual se comete y sus consecuencias, debiendo ordenar la reparación de los daños que hubieran
podido causarse.
Así entonces se vuelve la atención sobre el expediente para encontrar que, la responsabilidad del
Estado colombiano encuentra sustento en el incumplimiento de su deber de garantía y protección
frente a las medidas cautelares internacionales decretadas por la CIDH, cuyo cumplimiento
constituye una obligación convencional y constitucional derivada del artículo 93 de la Carta Política
y del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el caso concreto, la muerte violenta del señor RAFAEL MAURICIO GIRÓN ULCHUR, ocurrida el
20 de enero de 2013 en el municipio de Jambaló (Cauca), representó la materialización del riesgo
que las medidas internacionales pretendían evitar, configurándose así una falla del servicio por
omisión en el cumplimiento del deber de protección reforzada, en primer lugar, por ser integrante de
las comunidades indígenas beneficiarias de las medidas cautelares internacionales de la CIDH y, en
segundo, por haber desempeñado funciones de representación política por la cuales sufrió
amenazas documentadas.
De acuerdo con la Constancia de la Personería Municipal de Jambaló, el señor GIRÓN ULCHUR fue
asesinado en el marco del conflicto armado interno, por razones de carácter político e ideológico.
Las demás pruebas técnicas como el Formato de Inspección a Cadáver y el Informe Ejecutivo de
Inspección, dan cuenta de que fue víctima de múltiples impactos de arma de fuego, con
características de largo alcance, en una zona rural donde históricamente han operado grupos
armados ilegales. Tales circunstancias confirman que su deceso no fue un hecho aislado, sino la
expresión de un patrón sistemático de violencia contra los líderes indígenas del pueblo Nasa,
fenómeno documentado desde los antecedentes jurisprudenciales de la Sentencia T-025 de 2004 y
el Auto 04 de 2009 de la Corte Constitucional, que advertían la grave situación de vulnerabilidad y
riesgo estructural de estas comunidades.
Obra en el expediente la certificación del Cabildo Indígena de Jambaló, que acredita la condición del
señor GIRÓN ULCHUR como líder comunitario, cabildante veredal, presidente de la Junta de Acción
Comunal y concejal municipal por el movimiento Alianza Social Indígena (ASI), así como las
amenazas previas de las que había sido sujeto por parte de grupos armados al margen de la ley.
Este elemento resulta determinante para establecer el conocimiento previo del riesgo por parte del
Estado, en la medida en que la propia comunidad había puesto en conocimiento de las autoridades
nacionales e internacionales la situación de hostigamiento y amenaza persistente que enfrentaban
sus líderes.
Ahora bien, según consta en el oficio del 25 de julio de 2011 de la Secretaría Ejecutiva Adjunta de la
OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la medida cautelar MC-255/2011 en
favor del pueblo Nasa, ordenando expresamente al Estado colombiano: (i) adoptar las medidas
necesarias para garantizar la vida e integridad física de los miembros de los resguardos de Toribío,
San Francisco, Tacueyó y Jambaló; (ii) concertarlas con los beneficiarios; y (iii) adelantar las
investigaciones sobre los hechos que originaron la solicitud. Estas órdenes, notificadas al Estado y
coordinadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, constituían mandatos de ejecución inmediata
y de carácter vinculante, según lo ha reconocido la Corte Constitucional en la Sentencia T-974 de
2014, que atribuye a las medidas cautelares de la CIDH un carácter obligatorio dentro del bloque de
constitucionalidad.
A pesar de las comunicaciones remitidas por el Estado a la CIDH entre 2011 y 2012, los informes de
avance allegados al proceso demuestran que las acciones adoptadas por las entidades involucradas
se limitaron a medidas de tipo formal y general, tales como reuniones interinstitucionales,
capacitaciones en derechos humanos, dotación de implementos a la guardia indígena y operativos
militares indiscriminados. Ninguna de estas actuaciones garantizó una protección efectiva o
diferencial frente a los líderes en riesgo, ni se evidencia que se hubiesen diseñado protocolos de
identificación individualizada de los beneficiarios de las medidas, como lo exigía el mandato
internacional. Esta omisión resulta determinante, pues, de haberse hecho seguimiento a tiempo de
la situación particular del señor GIRÓN ULCHUR, se habría podido adoptar una medida concreta de
salvaguarda que evitara su homicidio.
El Acta de Seguimiento de las Medidas Cautelares revela, además, que las comunidades
beneficiarias habían advertido reiteradamente al Estado sobre la ineficacia de las medidas
implementadas y su preocupación por la continuidad de violaciones graves a los derechos humanos,
incluso después de la adopción de la medida. Dicho documento recoge la posición de las autoridades
Nasa, quienes señalaron que la militarización de los territorios agudizaba los riesgos, afectaba los
lugares sagrados y no respondía al enfoque de concertación ordenado por la CIDH. Este reclamo no
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fue atendido, lo que demuestra la ausencia de coordinación intercultural y la falta de cumplimiento
efectivo del mandato de concertación.
De acuerdo con el marco jurisprudencial aplicable, el artículo 2º de la Constitución Política impone
al Estado el deber de proteger la vida, honra y bienes de todos los residentes en Colombia, y dicho
deber se intensifica tratándose de comunidades étnicas o de personas en riesgo extraordinario. La
Sentencia T-030 de 2016 de la Corte Constitucional precisó que la obligación estatal de identificar y
neutralizar amenazas no depende de la solicitud previa del afectado, sino del conocimiento objetivo
del riesgo, el cual, en este caso, estaba plenamente acreditado. Por tanto, el Estado no podía limitar
su actuación a la implementación general de medidas de seguridad, sino que debía prever la
posibilidad de ataques selectivos como el que costó la vida al señor GIRÓN ULCHUR, cuyo crimen
fue objeto de repudio por la CIDH, oportunidad en la reseñó: (…)
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su calidad de coordinador nacional del cumplimiento de
medidas cautelares internacionales, tenía la carga jurídica de articular a las entidades competentes
para garantizar la protección integral del beneficiario.
En punto, si bien en el ámbito interno existen entidades con funciones específicas en materia de
protección individual y colectiva -como la Unidad Nacional de Protección, dependiente del Ministerio
del Interior, así como la Policía y el Ejército Nacional-, en el presente caso la obligación directa de
coordinar y asegurar la ejecución de una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos recae sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta atribución se deriva de
lo dispuesto en los numerales 6° y 8° del artículo 3° del Decreto 3355 de 2009, los cuales establecen
la competencia de dicha cartera para gestionar, articular y supervisar el cumplimiento de los
compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano ante organismos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. Dice la norma en cita: (…)
En mente lo anterior y siguiendo el acervo probatorio se desprende que la Cancillería se limitó a
transmitir informes consolidados sin ejercer control efectivo sobre la ejecución de las acciones ni
exigir resultados verificables. La ausencia de seguimiento diferenciado y de evaluación del riesgo
individual constituyó una falla del servicio por omisión, conforme a los criterios establecidos por la
jurisprudencia administrativa, según la cual el Estado incurre en responsabilidad cuando, existiendo
un deber específico de protección y conocimiento del peligro, no adopta medidas idóneas para
impedir el daño.
En este contexto, la muerte del señor GIRÓN ULCHUR no puede considerarse un hecho atribuible
exclusivamente a terceros armados, sino la consecuencia directa de la omisión estatal en el
cumplimiento de una obligación internacional concreta. La falla del servicio se materializó en la falta
de eficacia y articulación en la implementación de las medidas cautelares, la ausencia de
identificación de líderes amenazados y la inobservancia del principio de concertación con las
comunidades indígenas, configurando así un nexo causal claro entre la inacción estatal y el daño
antijurídico sufrido por la víctima y su familia.
Por lo expuesto, la Sala concluye que el Ministerio de Relaciones Exteriores incurrió en
responsabilidad administrativa y patrimonial por falla del servicio por omisión, al no garantizar la
protección efectiva del señor RAFAEL MAURICIO GIRÓN ULCHUR, beneficiario directo de la
medida cautelar MC-255/2011, quien perdió la vida en un contexto de riesgo previamente advertido
y conocido por las autoridades nacionales. La inobservancia de las obligaciones internacionales
asumidas por el Estado colombiano frente a la CIDH, sumada a la ausencia de medidas efectivas y
concertadas, revela una infracción sustancial al deber de garantía previsto en el artículo 1.1 de la
Convención Americana, al artículo 2º de la Constitución y al principio de debida diligencia en materia
de derechos humanos”12.
4.5.- En atención a lo anterior, se observa que el cuerpo colegiado fundamentó su
decisión en el incumplimiento del deber de garantía derivado de las medidas
cautelares MC-255/2011 de la CIDH, las cuales imponían obligaciones vinculantes
de protección reforzada para el pueblo Nasa. El tribunal determinó que la muerte de
Girón Ulchur no fue un hecho aislado, sino la materialización de un riesgo previsible,
12 A folios 27-33 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado AC453856BD0C6EDC
1495B14DE1D073F7 55BBAC9FB8B8A236 4796552552BDE6AF.
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cognoscible y estructural, acreditado mediante certificaciones del Cabildo y de la
Personería que daban cuenta de su rol como líder político y de las amenazas previas
sufridas. Asimismo, sostuvo que la Cancillería, en su calidad de coordinadora
nacional de compromisos internacionales según el Decreto 3355 de 2009, incurrió
en una falla del servicio por omisión al limitar su actuación a medidas formales y
generales, sin ejercer un control efectivo ni diseñar protocolos de identificación
individualizada y concertada que garantizaran la vida del beneficiario. En tal sentido,
concluyó que la inobservancia del principio de debida diligencia y la falta de
seguimiento diferencial configuraron el nexo causal con el daño antijurídico.
4.6.- Resulta claro, entonces, que la parte accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como una instancia adicional, pues, como se vio, la
autoridad judicial analizó con detenimiento los aspectos concretos del caso, así
como las pruebas que obraban en el expediente y determinó que estaba
demostrada la responsabilidad de la autoridad convocante al omitir sus deberes de
coordinación y articulación y no adoptar medidas suficientes e idóneas para lograr
el cumplimiento de la resolución de la CIDH. Por ende, resulta diáfano que las
quejas elevadas por el convocante se limitan a criticar lo resuelto en el proceso No.
19001333300820150018000/01, con el fin de que se desconozca la tesis del
Tribunal Administrativo del Cauca.
4.7.- Sobre este asunto es importante destacar que la Convención Americana sobre
Derechos Humanos se integra al ordenamiento jurídico colombiano como parte del
bloque de constitucionalidad, conforme al artículo 93 de la Carta Política, lo que
implica que las medidas cautelares emitidas por el sistema interamericano se
incorporan automáticamente al derecho interno. De acuerdo con los artículos 1 y 2
de dicha convención, los estados parte deben garantizar el pleno ejercicio de los
derechos reconocidos y adoptar las medidas necesarias para su efectividad. Por
tanto, las autoridades colombianas están obligadas a acatar de buena fe estas
disposiciones en cumplimiento del artículo 2 de la norma normarum y del deber de
protección de las prerrogativas fundamentales.
A su vez, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos
han reiterado que las medidas provisionales tienen una doble dimensión: tutelar y
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Accionante: Ministerio de Relaciones Exteriores
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
cautelar13. En la primera, están orientadas a evitar daños irreparables y garantizar
la protección efectiva de los derechos humanos14, mientras que en la segunda
buscan mantener una situación jurídica mientras se analiza un caso; su finalidad es
proteger los derechos en riesgo durante el trámite, para garantizar la eficacia y
utilidad de la decisión de fondo15.
Al respecto, es importante agregar que al Ministerio de Relaciones Exteriores le
corresponde actuar como canal diplomático de comunicación entre las entidades
estatales competentes, los afectados y las entidades del sistema interamericano16.
En virtud de lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y dada la integración de este instrumento a la Constitución Política, la entidad tiene
deberes. Así, en atención a la doble dimensión protectora de estas prerrogativas,
las cuales buscan evitar daños irreparables y garantizar la eficacia de la protección
de los derechos humanos, es imperativo que la labor de la Cancillería se materialice
en actividades idóneas y efectivas que trasciendan el plano meramente formal o
administrativo. Por tanto, su gestión debe propender por una satisfacción sustancial
de las resoluciones internacionales, con el fin de asegurar que la coordinación
interinstitucional responda a la finalidad de proteger los derechos en riesgo y
garantizar la utilidad de las órdenes provisionales impartidas.
Bajo esa línea argumentativa, se observa que la colegiatura accionada no
estableció una responsabilidad de naturaleza objetiva ni impuso una obligación de
resultado a cargo del ministerio tutelante. Por el contrario, el tribunal estructuró su
juicio de reproche a partir de un estándar de acción reforzado y proporcional a la
finalidad de las medidas cautelares de la CIDH, las cuales pretenden evitar daños
irreparables a la vida e integridad. Así, la condena no derivó del simple
acaecimiento del homicidio, sino de la verificación de una conducta administrativa
que se limitó a trámites generales, lo que omitió el despliegue de actividades
suficientes y concertadas que resultaban exigibles para salvaguardar efectivamente
los derechos en riesgo, conforme al principio de debida diligencia y los mandatos
del bloque de constitucionalidad, lo que, al margen del criterio de esta Subsección,
no resulta arbitrario o caprichoso.
13 Corte IDH. Caso del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare). Solicitud de
medidas provisionales presentada por la CIDH respecto a la República Bolivariana de Venezuela. Resolución
de la Corte IDH de 30 de marzo de 2006, considerando 5; Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala.
Medidas provisionales. Resolución de 6 de julio de 2009, considerando 16.
14 Corte IDH. Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II. Medidas provisionales respecto a
Venezuela.
15 Expediente digital, archivo 2022.09.26 otorgamiento MC (MC-702-22).pdf.
16 Corte Constitucional, sentencia T-263 de 2023.
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4.8.- En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada17, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario18.
5.- En consecuencia, se advierte que ninguno de los cargos formulados en la
solicitud de amparo satisface el requisito general de relevancia constitucional, razón
por la cual el depreco resulta improcedente y así se declarará.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
17 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
18 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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