Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00460-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00460-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00460-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
20 de marzo de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Veinte (20) de marzo dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Z
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00460-00
Demandante: MUNICIPIO DE LOS SANTOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
EL MECANISMO ES IMPROCEDENTE POR NO
SATISFACER EL REQUISITO RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL FRENTE AL DEFECTO SUSTANTIVO.
EL DEFECTO FÁCTICO SE NIEGA.
Síntesis del caso: la parte actora cuestionó providencia de segunda instancia que modificó la
decisión de declaró que el municipio de Los Santos vulneró los derechos colectivos y los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente y
la “defensa del patrimonio público” y, en su lugar, dispuso que debía realizar unas apropiaciones
presupuestales mayores a las determinadas por el a quo. No obstante, la Sala declarará
improcedente la acción por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, respecto
del defecto sustantivo, toda vez que fue utilizado para plantear una discusión de mera legalidad
sobre el alcance de una norma y, negará el defecto fáctico, por no encontrarlo configurado.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el municipio de Los Santos
(Santander)1, en contra del Tribunal Administrativo de Santander para la protección de
sus derechos fundamentales del debido proceso y defensa consagrados en los artículos
29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia del 25 de noviembre de 2025, proferida por dicha autoridad judicial.
I. ANTECEDENTES
1
El escrito fue presentado el 26 de enero de 2026 (índice 02 de Samai).
2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00460-00
Actor (a): Municipio de Los Santos
Acción de tutela
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) En desarrollo del requisito de procedibilidad contemplado en el artículo 144 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, el señor Carlos
Augusto Delgado Tarazona, en condición de procurador 102 judicial I para la Conciliación
Administrativa de Bucaramanga, ofició al municipio de Los Santos para que informara
sobre las gestiones adoptadas para dar cumplimiento al inciso 2 del artículo 111 de la
Ley 99 de 1993 para los periodos de 1994 a 2021, sin que se brindara respuesta
satisfactoria ni documentación que acreditara la apropiación del porcentaje exigido en
ese mandato legal.
2) Ante esa omisión, el procurador promovió demanda de acción popular en contra del
municipio de Los Santos, como mecanismo de protección inmediata de los derechos
colectivos vulnerados3, con fundamento en que el municipio no había efectuado la
apropiación ni la inversión del uno por ciento (1%) de los ingresos corrientes de libre
destinación que debían destinarse a la adquisición y mantenimiento de áreas de
importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico, conforme lo establece
esa norma.
3) Lo anterior, por cuanto desde la expedición de la referida ley, entre los años 1994 y
2021, no se realizaron tales destinaciones presupuestales ni se ejecutaron proyectos o
programas encaminados a proteger las cuencas y zonas abastecedoras de los
acueductos municipales4.
2
“Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante
debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas
necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende
dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a
ello, podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista
inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos,
situación que deberá sustentarse en la demanda”.
3
El proceso se registró con el número de radicación 68001-33-33-011-2023-00313-00/01.
4
La demanda se apoyó en la información publicada por el Sistema CHIP y por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, que evidenciaba la ausencia de reportes financieros sobre la ejecución del 1%, así
como la falta de registros de proyectos ambientales financiados con dichos recursos, además, la omisión
no solo desconocía el deber legal de destinación específica, sino que implicaba una amenaza continua al
equilibrio ecológico, la sostenibilidad de los recursos naturales y el uso racional del agua en beneficio de la
comunidad.
3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00460-00
Actor (a): Municipio de Los Santos
Acción de tutela
4) A través de sentencia del 21 de febrero de 2025, el Juzgado Once Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga declaró que el municipio de Los Santos vulneró Los
derechos colectivos y le dictó una serie de órdenes al Municipio de Los Santos para que
cumpliera con el mandato impuesto en dicha ley y realizara las apropiaciones
correspondientes5, por cuanto las certificaciones expedidas por la Secretaría de
Hacienda del municipio, daban cuenta que entre los años 2000 y 2021 el municipio
percibió ingresos corrientes por $169.111.487.913, de los cuales debió destinar
$1.691.114.879 para esos efectos, pero solo acreditó apropiaciones y ejecuciones por
$927.189.168, además, sobre las vigencias de 1994 a 1999, no se aportaron pruebas de
que se hayan realizado las apropiaciones correspondientes, de ahí que consideró
configurado el incumplimiento de la obligación legal y la consecuente afectación de los
derechos colectivos invocados.
5) El municipio apeló con fundamento en que i) la orden impartida se sustentó en una
interpretación normativa equivocada y en supuestos que desconocen su realidad
presupuestal, puesto que el porcentaje del uno por ciento (1%) debía calcularse sobre
los ingresos corrientes de libre destinación, conforme con la Ley 2320 de 2023 y no sobre
los ingresos corrientes totales, ya que no era procedente incluir dentro de la base de
cálculo recursos con destinación específica, como los provenientes del Sistema General
de Participaciones o de contratos de obra y ii) que la orden resultaba materialmente
imposible de cumplir en los plazos fijados debido a la limitada capacidad presupuestal del
municipio, que ya había invertido aproximadamente $871.000.000 en la adquisición de
predios hídricos y proyectos de reforestación.
6) Mediante fallo del 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander
modificó el numeral segundo6 del fallo y en lo demás confirmó la decisión.
5
En particular, se ordenó que, a través del funcionario o dependencia que corresponda y en un término
que no supere los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, i) realice las apropiaciones
presupuestales pertinentes para que, de manera gradual, se incorporen en el presupuesto municipal los
recursos mínimos (1% de los ingresos corrientes totales) que debiendo ser incorporados en cumplimiento
de la destinación específica ordenada en el inciso segundo del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993,
modificado por el Artículo 106 de la Ley 1151 del 2007, modificado a su vez por el Artículo 210 de la Ley
1450 del 2011, no lo fueron durante las vigencias fiscales 1994 a 2021 y; ii) ejecute estas apropiaciones en
un plazo de seis (6) meses siguientes a la culminación del plazo previamente indicado, de acuerdo con
cronograma de actividades que deberá elaborar en un plazo no inferior a un (1) mes siguiente a la ejecutoria
de esta providencia, sin que la ejecución de los recursos supere dos vigencias fiscales”.
6
En su lugar, dispuso: “(…) que a través del funcionario o dependencia que corresponda y en el plazo
máximo correspondiente a las vigencias fiscales 2026 y 2027 siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
i) realice las apropiaciones presupuestales pertinentes para que, de manera gradual, se incorporen en el
4
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00460-00
Actor (a): Municipio de Los Santos
Acción de tutela
Fundamento de la vulneración
En primer lugar, por una parte, el municipio alegó la configuración de un defecto
sustantivo porque la autoridad judicial accionada aplicó indebidamente el artículo 111
de la Ley 99 de 1993 por introducir exigencias no previstas en su texto, particularmente,
por desconocer que la norma únicamente impone el deber de destinar recursos para la
adquisición y mantenimiento de áreas estratégicas, sin limitar dicho cumplimiento a una
vigencia fiscal específica ni prohibir que ejecuciones posteriores satisfagan obligaciones
anteriores.
Asimismo, alegó que se desconoció la sentencia C-495 de 1998 en la que se estudió la
exequibilidad parcial del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y en la cual la Corte
Constitucional estableció que la finalidad constitucional de esa destinación era la efectiva
protección de los recursos hídricos para el abastecimiento de agua potable, no el castigo
económico de las entidades territoriales ni la duplicación de erogaciones por el mismo
concepto.
En segundo lugar, alegó que el tribunal incurrió en un defecto fáctico por excluir de
manera arbitraria unas pruebas determinantes que obraban en el expediente y que
habían sido expresamente valoradas por el juez de primera instancia, las cuales
acreditaban el cumplimiento parcial de la obligación ambiental, exclusión que, a su juicio,
no obedeció a un análisis técnico de valoración probatoria, sino a “un criterio temporal
restrictivo incorporado de manera sobreviniente”.
Lo anterior, por cuanto modificó sorpresivamente los fundamentos fácticos del litigio, pues
ninguna de las partes solicitó la exclusión de los predios adquiridos en las vigencias 2022
y 2023 ni debatió su validez o pertinencia, no obstante, el tribunal recalculó la obligación
económica y ello conllevó a que se incrementara la obligación del municipio en más de
$760.000.000, sin contar la indexación, carga económica que consideró
desproporcionada y que desconoce las actuaciones administrativas desplegadas para
cumplir la finalidad ambiental de la norma.
presupuesto municipal los recursos (…) que, debiendo ser incorporados en cumplimiento de la destinación
específica (…) no lo fueron durante las vigencias fiscales 1994 a 2021 (…) ii) ejecute estas apropiaciones
en un plazo de un año (1) año (…) de acuerdo con cronograma de actividades que deberá elaborar en un
plazo no inferior a un (1) mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, sin que la ejecución de los
recursos supere tres vigencias fiscales”,
5
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00460-00
Actor (a): Municipio de Los Santos
Acción de tutela
En consecuencia, en su criterio, con tal proceder, se vulneró el principio de no reformatio
in pejus, en tanto el municipio de Los Santos fue el único apelante y su recurso se limitó
a solicitar ajustes en el plazo de cumplimiento de las órdenes impartidas, sin controvertir
la valoración probatoria ni el monto reconocido.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, legalidad y proporcionalidad del MUNICIPIO DE LOS SANTOS.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida
el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro
del proceso radicado 680013333011-2023-00313-01.
TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que profiera
una nueva decisión:
Valorando integralmente las pruebas reconocidas en primera instancia.
Incluyendo los predios adquiridos en 2022 y 2023 como cumplimiento parcial.
Absteniéndose de excluir pruebas válidas sin justificación probatoria”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI - índice 2).
Actuación procesal
Mediante auto del 28 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de
Santander, al procurador 102 judicial I para la Conciliación Administrativa de
Bucaramanga y al procurador 47 judicial I de Bucaramanga, al tiempo que se vinculó
como tercero con interés, al Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción (índice 05 de Samai).
Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas
La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Santander remitió el expediente
digital contentivo del proceso de acción popular con radicación no. 68001-33-33-011-
2023-00313-01 (índice 09 de Samai).
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00460-00
Actor (a): Municipio de Los Santos
Acción de tutela
El procurador 102 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Bucaramanga (índice
10 de Samai) únicamente hizo una recapitulación de los aspectos relevantes en el
proceso de tutela.
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Santander (índice 12 de Samai)
señaló que no se acreditó que la parte actora hubiera promovido el mecanismo de
revisión eventual ni que este resultara ineficaz para la protección de los derechos que
ahora invoca, así como la configuración de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria
la intervención inmediata del juez constitucional.
Por el contrario, la controversia planteada gira en torno a la interpretación y aplicación del
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, la base de cálculo del 1% y los plazos para el
cumplimiento de la orden presupuestal, aspectos que fueron ampliamente analizados en
la sentencia de segunda instancia, incluso con modificación parcial de la orden inicial
para hacerla razonable y viable en el tiempo, luego entonces, se trata de un debate
eminentemente jurídico y presupuestal, propio del juez natural y no de la acción de tutela.
Permitir que, sin haber agotado el mecanismo de revisión eventual ante el Consejo de
Estado, se habilite la tutela como vía paralela, implicaría desnaturalizar su carácter
subsidiario y desconocer la estructura diseñada por el legislador para la revisión
excepcional de decisiones en acciones populares.
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00460-00
Actor (a): Municipio de Los Santos
Acción de tutela
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Santander con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia del 25 de noviembre de 2025.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente a
los reparos del defecto sustantivo y negará los reparos relacionados con el defecto
fáctico, por las siguientes razones:
2.1. La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
8
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00460-00
Actor (a): Municipio de Los Santos
Acción de tutela
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente7, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal8”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
9
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00460-00
Actor (a): Municipio de Los Santos
Acción de tutela
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales9”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.10
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10
Ibidem.
10
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00460-00
Actor (a): Municipio de Los Santos
Acción de tutela
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00460-00
Actor (a): Municipio de Los Santos
Acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).”11.
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.
11
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00460-00
Actor (a): Municipio de Los Santos
Acción de tutela
2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de relevancia en el caso concreto
1) En el escrito de la demanda de tutela, el municipio sostuvo que la autoridad judicial
incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 111 de la Ley 99 de
1993, toda vez que introdujo exigencias que no se desprenden del tenor literal de dicha
disposición, pues la norma únicamente establece el deber de destinar recursos para la
adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación
del recurso hídrico, sin imponer que dicha obligación deba cumplirse dentro de una
vigencia fiscal determinada ni prohibir que inversiones efectuadas en periodos
posteriores puedan ser consideradas.
2) En primer lugar, el municipio alegó la configuración de un defecto sustantivo porque la
autoridad judicial accionada habría aplicado indebidamente el artículo 111 de la Ley 99
de 1993, al introducir exigencias que no se desprenden del contenido de dicha
disposición, particularmente al desconocer que la norma únicamente impone el deber de
destinar recursos para la adquisición y mantenimiento de áreas estratégicas para la
protección del recurso hídrico, sin limitar su cumplimiento a una vigencia fiscal específica
ni impedir que ejecuciones realizadas en periodos posteriores puedan ser tenidas en
cuenta para acreditar obligaciones anteriores; asimismo, sostuvo que se desconoció lo
señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-495 de 1998, en la cual se indicó
que la finalidad de dicha destinación es la efectiva protección de los recursos hídricos
para el abastecimiento de agua potable y no la imposición de cargas económicas
desproporcionadas a las entidades territoriales ni la duplicación de erogaciones por el
mismo concepto.
3) Sin embargo, este cargo no satisface el requisito de relevancia constitucional, pues el
cuestionamiento formulado por el accionante se dirige, en realidad, a controvertir la
interpretación que el tribunal efectuó del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, en particular
en lo relativo al alcance de la obligación allí prevista y a la forma en que debía acreditarse
su cumplimiento en el tiempo, así como a las consecuencias económicas derivadas de
dicha interpretación en el caso concreto, aspectos que corresponden al ámbito propio de
la legalidad y del debate jurídico ordinario, sin que se advierta la afectación directa de un
derecho fundamental.
4) En efecto, los argumentos del municipio se orientan a sostener una determinada
lectura de la norma, según la cual el cumplimiento de la obligación no estaría sujeto a
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Acción de tutela
una vigencia fiscal específica y podría acreditarse con ejecuciones posteriores, así como
a cuestionar la interpretación del tribunal en relación con la finalidad de la disposición y
su impacto presupuestal, lo cual evidencia que la inconformidad radica en el alcance que
debe darse a una norma legal y en la forma en que esta debe aplicarse al caso concreto,
materia que corresponde al juez natural del proceso y que no puede ser reabierta en sede
de tutela.
5) En ese mismo sentido, el municipio alegó que la autoridad judicial accionada incurrió
en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente por apartarse de lo señalado
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-495 de 1998 en relación con la finalidad de
la destinación prevista en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, particularmente, en cuanto
dicha obligación tiene como propósito la protección de los recursos hídricos y no la
imposición de cargas económicas desproporcionadas a las entidades territoriales ni la
duplicación de erogaciones por el mismo concepto.
6) Sin embargo, aun si se tuviera por superado el requisito de relevancia frente a este
reproche, no tendría vocación de prosperidad, pues aunque el municipio invocó la referida
sentencia en relación con la finalidad de la destinación prevista en el artículo 111 de la
Ley 99 de 1993, lo cierto es que tal providencia contiene consideraciones generales sobre
la protección de los recursos hídricos y la relevancia de dicha obligación, sin que de ellas
se desprenda una regla de decisión concreta en torno a la forma de calcular la obligación
o a la manera de acreditar su cumplimiento en el tiempo, de modo que no se advierte la
existencia de un precedente específico que hubiera debido ser aplicado en el caso.
7) En consecuencia, es claro que los reparos planteados para sustentar este defecto no
son constitucionalmente relevante, toda vez que se enfilaron cuestionar la interpretación
de la norma aludida, lo cual no es del resorte del juez constitucional.
2.3 Análisis de los requisitos generales de procedencia frente al defecto fáctico
Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por
cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de
la parte afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la
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inmediatez12; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos.
Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional,
en tanto lo que se reprocha es que el juez de segunda instancia excluyó unas pruebas
que supuestamente acreditaban el cumplimiento de una norma, pese a que el a quo ya
las había valorado y frente a ellas las partes no formularon objeción alguna y, con ello,
se violó el principio de no reformatio in pejus, planteamientos que solo fueron surgieron
con la providencia de segundo grado.
2.4 Caracterización del defecto fáctico
El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas
que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito específico de
acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte Constitucional ha reconocido
que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa y una positiva.
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i) ignorar
o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del
proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.
Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración por
completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello, ya sea
(iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de prueba que,
por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.
2.5 Análisis del fáctico en el caso concreto
1) El municipio alegó que la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, en la
medida en que el tribunal excluyó de manera arbitraria ciertas pruebas que obraban en
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La providencia se notificó el 1 de diciembre 2025 y la tutela se presentó el 26 de enero de 2026, esto es,
en el término de los seis meses.
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el expediente y que habían sido valoradas por el juez de primera instancia,
particularmente, aquellas relacionadas con la adquisición de predios en las vigencias
2022 y 2023, las cuales, en su criterio, acreditaban el cumplimiento parcial de la
obligación prevista en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, exclusión que no obedeció a
un análisis técnico de valoración probatoria sino a la incorporación de un criterio temporal
restrictivo del ad quem.
2) Ligado a ello también sostuvo que, como consecuencia de ello, el tribunal modificó
sorpresivamente los fundamentos fácticos del litigio, pues ninguna de las partes solicitó
la exclusión de esos predios ni cuestionó su validez o pertinencia dentro del proceso, no
obstante, la autoridad judicial recalculó la obligación económica atribuida al municipio en
tanto que incrementó el monto de la misma en más $760.000.000, circunstancia que, en
su criterio, desconoce las actuaciones administrativas que adelantó para cumplir la
finalidad de la norma y resulta desproporcionada desde el punto de vista presupuestal.
3) A su juicio, con dicha actuación se vulneró el principio de no reformatio in pejus, en la
medida en que el ente territorial fue el único apelante y su recurso se limitó a solicitar
ajustes en el plazo otorgado para el cumplimiento de las órdenes impartidas, sin
cuestionar la valoración probatoria realizada por el juez de primera instancia ni el monto
de la obligación económica establecida.
4) Sin embargo, a partir del examen de la providencia cuestionada no se advierte que el
tribunal haya excluido arbitrariamente los elementos probatorios a los que alude el
accionante ni que haya prescindido de las pruebas allegadas al expediente, pues lo que
se observa es que la autoridad judicial realizó una valoración distinta del alcance de
dichas pruebas para efectos de determinar si las actuaciones administrativas invocadas
por el municipio resultaban suficientes para acreditar el cumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
5) En todo caso, tampoco resulta acertado afirmar que el tribunal modificó
sorpresivamente los fundamentos fácticos, pues el juez que conoce de una acción
popular no se encuentra estrictamente limitado por los términos en que las partes
plantean el debate, dado que, en atención a la naturaleza pública de este mecanismo
judicial y a la finalidad de garantizar la protección efectiva de los derechos e intereses
colectivos, cuenta con facultades extra petita y ultra petita que le permiten adoptar las
decisiones necesarias para asegurar la efectividad del derecho colectivo comprometido,
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lo cual incluye examinar integralmente las actuaciones administrativas invocadas por la
entidad demandada y verificar si estas resultan suficientes para acreditar el cumplimiento
de las obligaciones legales cuya observancia se reclaman en los procesos13.
6) Así, el hecho de que el tribunal haya analizado el alcance de las actuaciones
adelantadas por el municipio, a través de las documentales aportadas, para determinar
si estas acreditaban el cumplimiento de la destinación presupuestal prevista en el artículo
111 de la Ley 99 de 1993 y, a partir de ese análisis, haya incrementado la obligación
correspondiente por considerar que para ciertas vigencias no se cumplió con dicho deber
legal, no implicó la exclusión arbitraria de pruebas ni la alteración indebida de los hechos
del litigio, sino el ejercicio de las facultades propias del juez popular para verificar la
efectividad del derecho colectivo cuya protección se solicitó.
7) Por la misma razón, tampoco se configura la vulneración del principio de no reformatio
in pejus alegada por el accionante por una supuesta variación del litigio o por abordar
aspectos que no discutieron las partes expresamente, pues la decisión adoptada por el
tribunal no respondió a la intención de agravar la situación jurídica del apelante, sino al
deber del juez de asegurar la protección efectiva del derecho colectivo comprometido, lo
cual puede exigir adoptar medidas o realizar precisiones que no necesariamente
coinciden con el alcance de los planteamientos formulados por las partes dentro del
proceso.
8) En esas condiciones, los reproches formulados por el accionante no evidencian la
configuración de un defecto fáctico, sino un desacuerdo con la forma en que el tribunal
ejerció sus facultades de valoración probatoria y de protección del derecho colectivo en
el marco de la acción popular, circunstancia que no habilita la intervención del juez
constitucional, razones suficientes para desestimar este reparo.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de mayo de 2007, CP Alier Eduardo Hernández
Enriquez, rad. 25000-23-25-000-2003-01252-01. Sentencia del 26 de enero de 2021, CP Martín Bermúdez
Muñoz, rad. 54518-33-31-001-2007-00013-01.
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FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional frente al defecto sustantivo, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Niégase la acción de tutela respecto de los reparos del defecto fáctico, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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