Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00461-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00461-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00461-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00461-00
Accionante: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – SECRETARÍA DE
HACIENDA – DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE PASIVOS
PENSIONALES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN CUARTA – SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la doble
instancia / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
– REVOCATORIA DE SENTENCIA ANTICIPADA – Cuando la adecuación al trámite de
sentencia anticipada se hubiere sustentado en el numeral 3 del artículo 182A de la Ley 1437
de 2011, en garantía del derecho al debido proceso se impone devolver el expediente al a
quo para que se complete el trámite de la primera instancia / DEFECTO PROCEDIMENTAL
ABSOLUTO – Se encuentra configurado en razón a que la autoridad judicial accionada se
apartó del procedimiento establecido
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales de la Secretaría de
Hacienda del Departamento de Boyacá, por conducto de apoderado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los
artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 23 de enero de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la doble instancia.
Hechos relevantes
2. Por medio de Oficio núm. 016493 de 27 de diciembre de 1993, La Caja de
Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom- realizó consulta de cuota parte
pensional a la extinta Caja de Previsión Social de Boyacá, hoy Departamento de
Boyacá, con el fin de expedir el proyecto de resolución que reconocía una pensión
de jubilación en favor de la señora María Ofelia Martínez Vega.
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Que ingresó para fallo el 12 de febrero de 2026.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00461-00
Accionante: Departamento de Boyacá – Secretaría de Hacienda –
Dirección Departamental de Pasivos Pensionales
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
3. A través de Oficio núm. DEP 004 del 13 de enero de 1994, la Caja de Previsión
Social de Boyacá aceptó la cuota parte pensional, en razón a que el proyecto sólo
incluía el sueldo básico como factor salarial para calcular la cuota parte asignada.
4. Mediante Resolución núm. 142 del 27 de enero de 1994, Caprecom reconoció
pensión de jubilación en favor de la señora María Ofelia Martínez Vega, asignándole
a la Caja de Previsión Social de Boyacá una cuota parte pensional de $41.037,87
en proporción a 2.186 días.
5. Luego de ello, por medio de la Resolución núm. 744 del 26 de abril de 1994,
Caprecom reliquidó la pensión de la señora María Ofelia Martínez Vega y modificó
la cuota parte pensional que correspondía a la Caja de Previsión Social de Boyacá
con la inclusión de nuevos factores salariales. El monto quedó en $86.748,47.
6. El 6 de abril de 2022, con el fin de cuestionar la legalidad de los actos
administrativos precitados, el Departamento de Boyacá presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación – Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
MINTIC, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP y el Patrimonio Autónomo de
Remanentes – Telecom y Teleasociados en liquidación.
7. El asunto correspondió al Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de
Bogotá que, por medio de sentencia del 29 de mayo de 2023, declaró probada la
caducidad del medio de control y ordenó la terminación del proceso.
8. El a quo examinó las resoluciones acusadas y concluyó que los actos
administrativos incluían dos tipos de obligaciones: el reconocimiento de una pensión
de jubilación a la señora María Ofelia Martínez Vega y la imposición de cuotas
partes pensionales a cargo de los empleadores de la pensionada, de conformidad
con el número de días laborados. En ese sentido, consideró que la controversia era
crediticia de orden parafiscal y no una discusión sobre el reconocimiento de
prestaciones periódicas.
9. De esta manera, el Juzgado consideró que la entidad territorial debió demandar
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo si no estaba de acuerdo con la
cuota parte que se le impuso, sin embargo, lo hizo vencido el término de cuatro
meses señalado en el literal d del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
10. Contra dicha decisión la parte accionante interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que, a través de sentencia del 17 de julio de 2025, revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, conoció de fondo el asunto y negó las
pretensiones de la demanda.
11. Respecto del tema de la ocurrencia del fenómeno jurídico de la caducidad, el ad
quem aplicó el precedente reciente fijado por el Consejo de Estado, según el cual,
las cuotas partes pensionales por ser correlativas al pago de una prestación
periódica siguen la suerte de lo principal, razón por la cual se pueden demandar en
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00461-00
Accionante: Departamento de Boyacá – Secretaría de Hacienda –
Dirección Departamental de Pasivos Pensionales
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
cualquier tiempo. En ese sentido, consideró que procedía revocar lo fallado por el a
quo y conocer de fondo el medio de control.
12. Ahora bien, en relación con la legalidad de la liquidación de la cuota parte
pensional impuesta al Departamento de Boyacá, el Tribunal encontró que el trámite
de consulta se debía agotar de cara al reconocimiento pensional, pero no cuando la
prestación se reliquida o reajusta. Así, concluyó que los actos administrativos
demandados determinaron la cuota parte a cargo de la Caja de Previsión Social de
Boyacá de conformidad con las normas aplicables, toda vez que distribuyeron la
obligación de concurrencia a prorrata del tiempo que la señora María Ofelia Martínez
Vega laboró y cotizó en cada entidad.
Pretensiones
13. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a
la administración de justicia y a la doble instancia previstos en 105 artículos
29, 31, 229 Y 23 de la Constitución Política, en favor del DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ - SECRETARIA DE HACIENDA -FONDO PENSIONAL
TERRITORIAL DE BOYACÁ, ordenando Revocar la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
CUARTA, Subsección “B” (sic), para en su lugar envié el proceso al señor
Juez Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá, para efectos de que se
pronuncie de fondo sobre la demanda interpuesta por el apoderado del
Departamento de Boyacá”2.
Fundamentos de la demanda de tutela
14. La parte demandante sostiene que con la decisión acusada se incurrió en un
defecto procedimental absoluto por la vulneración del principio de la non
reformatio in pejus y del derecho a la doble instancia. Ello, en consideración a que
el recurso de apelación se dirigió a que se revocara la sentencia de primera
instancia que rechazó la demanda por caducidad y no para que se configurara “un
salto de instancia lo cual suprimió las garantías mínimas del debido proceso de mi
representado, en el entendido que al fallar el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el fondo del asunto por primera vez en la segunda instancia, convirtió
un proceso de doble instancia en uno de instancia única de hecho impidiendo que
el Departamento pudiera controvertir mediante apelación la interpretación
sustantiva sobre la legalidad de los actos”3.
15. Aduce que la actuación de la autoridad judicial privó al ente territorial de poder
controvertir los argumentos que motivaron la negativa del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Además, aduce que impidió que un superior
jerárquico revisara las valoraciones jurídicas y probatorias sobre el fondo del litigio,
de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Constitución Política, que
consagra el principio de doble instancia.
2
Folio 4 del escrito de tutela. Índice 2 de Samai.
3
Folio 7 ibid.
3
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Dirección Departamental de Pasivos Pensionales
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
16. De esta manera, manifiesta que la doble instancia es “una garantía contra la
arbitrariedad y un mecanismo principal, idóneo y eficaz para la superación de
equivocaciones en las que pueda incurrir una autoridad judicial en consideración a
que el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Departamento de
Boyacá, se dirigía a se le ordenara al juez de primera instancia a que resolviera el
asunto de Fondo y no a que el magistrado de segunda instancia se pronunciara de
fondo respecto de los cargos planteados en la demanda interpuesta”4.
Trámite procesal
17. Mediante auto del 28 de enero de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Nación – Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, al Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y
Teleasociados en Liquidación – PAR TELECOM, al Juzgado Cuarenta
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al Ministerio Público, a la señora
María Ofelia Martínez Vega5 y a los demás intervinientes dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-33-37-040-2022-
00108-01, en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso, para que
rindieran informe.
18. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.
Intervenciones
19. Por medio de la Dirección de Procesos Judiciales y Administrativos, la
Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, por no ser la entidad llamada a atender las circunstancias tendentes a
garantizar los derechos fundamentales objeto de la presente diligencia. Afirma que
fue designada por el Gobierno nacional como liquidador de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones – Telecom y de trece teleasociadas, sin embargo, estas
liquidaciones se desarrollaron hasta el 31 de enero de 2006, fecha en la que se
suscribió el acta de liquidación del proceso.
20. A través de su titular, el Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de
Bogotá señaló que la acción de tutela bajo estudio ataca exclusivamente el
contenido del fallo del 23 de julio de 2025, proferido por Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que no le corresponde
pronunciarse frente al cargo planteado por la parte actora.
21. De esta manera, únicamente remitió el enlace de acceso al expediente
contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
núm. 11001-33-37-040-2022-00108-00.
4
Folio 9 ibid.
5
La señora María Ofelia Martínez Vega fue notificada el 3 de febrero de 2026 por medio de Oficio
MAV núm. 37. Véase índice 15 de Samai. Certificado 9BC56A8E2EB8707E B401950775AC4A96
7D0A582F402607D0 39B8DA1EF9BDEDDD.
4
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Dirección Departamental de Pasivos Pensionales
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
22. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
por conducto de apoderado, solicitó que (i) se declare la improcedencia de la acción
de tutela por falta de relevancia constitucional, toda vez que se trata de una
controversia de carácter meramente económico y legal; y que (ii) se niegue el
amparo solicitado, puesto que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no
incurrió en defecto procedimental alguno, por lo que deben respetarse los principios
de cosa juzgada y autonomía judicial.
23. La entidad indicó que “tanto el Juzgado Cuarenta Administrativo como el
Tribunal identificaron que el Departamento de Boyacá pretendía revivir términos
fenecidos. La jurisdicción ordinaria determinó que los actos administrativos que
imponían la obligación de pago de las cuotas partes pensionales gozaban de
firmeza y presunción de legalidad, y que el medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho fue ejercido por el ente territorial por fuera de los
términos de ley. La tutela no puede ser una instancia para subsanar la negligencia
de la parte actora en el ejercicio oportuno de sus acciones”6.
24. Finalmente, adujo que la parte actora busca que el juez de tutela revise, por
tercera vez, el material probatorio y la interpretación jurídica realizadas por dos
instancias anteriores, lo cual contraría lo establecido por la Corte Constitucional en
la Sentencia T-032 de 2011.
25. El Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en
liquidación – PAR señaló que no ha incurrido en vulneración alguna de derechos
fundamentales, por cuanto ha actuado dentro del ámbito de su competencia y
conforme con las obligaciones que le corresponden en su calidad de patrimonio
autónomo de remanentes. En virtud de ello, pidió que se nieguen las pretensiones
de la acción de tutela.
26. Estableció que frente a la decisión enjuiciada opera el fenómeno de la cosa
juzgada, debido a que el proceso de lo contencioso administrativo ya fue fallado y
se adelantó con respeto del debido proceso. Por tanto, consideró que no hay lugar
a que se produzca un nuevo pronunciamiento por parte de los jueces que fallaron
en su momento sólo porque la entidad territorial está inconforme con lo decidido por
el juez natural.
27. Por último, en gracia de discusión, expuso que la Sección Cuarta de esta
Corporación, por medio de sentencia del 29 de enero de 2026, resolvió un asunto
similar y negó las pretensiones formuladas. Planteó que dicha decisión resulta
relevante para el caso bajo estudio, en la medida en que evidencia la reiteración de
pretensiones ya analizadas y desestimadas por el juez constitucional, lo que
refuerza la improcedencia de los argumentos esgrimidos por el Departamento de
Boyacá.
28. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la magistrada Lina Ángela María Cifuentes Cruz, solicitó
que se declare la improcedencia del amparo deprecado, por no cumplirse con las
6
Folio 4 del informe presentado por MinTic.
5
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Referencia: Acción de tutela
causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
29. Afirmó que del contenido del escrito de tutela se infiere que lo que busca el
accionante es convertir este instrumento, que es preferente y sumario, en una
instancia adicional, máxime, cuando se está en desacuerdo con la interpretación
jurídica que sirvió de fundamento para adoptar las decisiones respectivas. En este
sentido, insistió en que el papel del juez constitucional no consiste en actuar como
superior funcional ni realizar juicios de corrección de las decisiones judiciales que
profieren los jueces de la causa.
30. Manifestó que los fundamentos de derecho y las pretensiones planteadas por el
Departamento de Boyacá no giran en torno al contenido, alcance y goce del derecho
fundamental al debido proceso, sino que controvierten un asunto de fondo del
proceso de lo contencioso administrativo, de carácter meramente legal y de
contenido económico, cuyo fondo ya fue definido en primera instancia por el
Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá y en segunda instancia por
ese Tribunal.
31. Asimismo, alegó que contra la decisión de segunda instancia era procedente la
aclaración regulada en el artículo 290 de la Ley 1436 de 2011, y tal recurso no fue
interpuesto por el ente demandante. De igual manera, sostuvo que, en firme la
decisión de segunda instancia, atendió a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo
247 de la Ley 1437 de 2011 y ordenó devolver el expediente al juez de primera
instancia para su obedecimiento y cumplimiento.
32. A través de la subdirectora de defensa judicial pensional, la UGPP pidió que se
declare la improcedencia de la acción de tutela, en razón a que la decisión tomada
por el despacho accionado no incurrió en defecto alguno y se ajustó al ordenamiento
legal. De esta manera, precisó que no se puede pretender usar la acción de tutela
como una “cuarta” instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez
competente de la causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido
en la ley para tal efecto.
33. Así, indicó que no existe violación al debido proceso, por cuanto, de la revisión
del proceso judicial, se advierte que se le garantizó a la parte tutelante sus derechos
de contradicción y defensa, lo que hace que el objeto de inconformismo con esa
decisión no pueda ser catalogado como vulneradora de derecho fundamental
alguno.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
34. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00461-00
Accionante: Departamento de Boyacá – Secretaría de Hacienda –
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
35. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad? De resultar afirmativo el anterior
interrogante, se resolverá ¿si la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con la expedición de la sentencia del 17 de julio
de 2025, incurrió en un defecto procedimental absoluto y, por consiguiente, en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la doble instancia de la parte accionante?
36. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) el defecto procedimental, y (iii) el caso concreto.
Requisitos generales de procedibilidad
37. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20057,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
38. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar8; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional10 o el Consejo de Estado11,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-12; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable13 o los medios de defensa judicial
7
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
8
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
9
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
11
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
13
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00461-00
Accionante: Departamento de Boyacá – Secretaría de Hacienda –
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Referencia: Acción de tutela
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
39. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la acción se presentó
dentro del plazo razonable porque la providencia enjuiciada se notificó por vía
electrónica el 23 de julio de 2025 y la tutela se interpuso el 23 de enero de 2026; (ii)
no se invoca una irregularidad procesal, por lo que este requisito no es aplicable en
esta oportunidad; (iii) se identificaron claramente los hechos generadores de la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia y a la doble instancia; y (iv) no se trata de una sentencia
de tutela, de una decisión expedida en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado14 ni
de una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz15.
40. Además, también (v) se cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto la
parte accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí
expuesto, en atención a que la providencia del 17 de julio de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. A juicio de
esta Sala, tampoco resulta procedente ningún mecanismo judicial extraordinario,
como de revisión16 y de unificación de jurisprudencia17, motivo por el cual, la acción
de tutela es procedente para cuestionar el fallo atacada.
41. Finalmente, la Sala advierte que en el presente asunto también (vi) se cumple
con el requisito de relevancia constitucional, dado que la parte actora explicó las
razones por las cuales considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
15
Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.
16
Conforme con las particularidades que rodean la presente controversia - relativas a la aplicación
de los principios al debido proceso y a la defensa cuando después de una decisión de caducidad,
adoptada en sentencia anticipada, la autoridad de segunda instancia revoca esa determinación y no
otorga la posibilidad de realizar pronunciamiento sobre el fondo del asunto-, se advierte que este
recurso no resulta apto para restablecer de manera pronta y efectiva los derechos fundamentales
comprometidos. En consecuencia, en el caso concreto, dicho mecanismo no es idóneo para evitar
la consolidación del perjuicio derivado de la modificación de una decisión de caducidad, conforme
con lo previsto en el artículo 250 del CPACA. Por último, los defectos alegados por la parte
demandante no pueden ser subsanados mediante las causales previstas para este recurso
extraordinario, pues no corresponden con la falta de congruencia de la sentencia impugnada, los
vicios o irregularidades probatorias, la comisión de un hecho punible que haya hecho inducido en
error al juez, los defectos procesales, la existencia de mejor derecho de un tercero o la contradicción
con la cosa juzgada.
17
El recurso de unificación consagrado en el artículo 257 del CPACA depende de demostrar una
contradicción jurisprudencial relevante, presupuesto que aquí no es el problema central, ya que se
reclamó un desconocimiento del procedimiento fijado en la ley cuando, mediante sentencia
anticipada, se adopta en primera instancia una decisión de caducidad y en segunda se decide de
fondo, sin que la contraparte ajuste su estrategia en el proceso. En suma, no es un medio idóneo ni
eficaz para restituir el goce efectivo de los derechos invocados en el asunto bajo examen.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00461-00
Accionante: Departamento de Boyacá – Secretaría de Hacienda –
Dirección Departamental de Pasivos Pensionales
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
a la doble instancia.
42. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la
intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares
esta Subsección18, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de
derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales, al
tratarse de una controversia relacionada con el derecho fundamental a la doble
instancia, aspecto que guarda relación con el derecho fundamental al debido
proceso y está protegido por la Constitución Política de 1991.
43. Así las cosas, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o
un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos,
se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental”19 y se
justifica en la medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos
fundamentales20”.
Estudio sustantivo de la acción de tutela
Del defecto procedimental
44. De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia constitucional, el defecto
procedimental constituye una de las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En aspectos generales, esta causal
tiene su origen cuando el juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales
actúan completamente al margen del procedimiento judicial establecido21. De esta
manera, puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental
absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto22.
45. Frente al primer aspecto, la Corte Constitucional ha señalado que el defecto
procedimental es absoluto cuando el operador judicial se aparta por completo del
procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, por
una de las siguientes razones:
̶ Se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente, que desvía el cauce
del asunto.
18
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.
19
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
20
Ibid.
21
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
22
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00461-00
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Dirección Departamental de Pasivos Pensionales
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
̶ Se omiten etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente y
se afecta el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso23.
̶ Se pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, y se
vulnera el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al
no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su
contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la
decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales24.
46. En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este ocurre
cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos como obstáculo
para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus actuaciones
generan una denegación de la justicia25. Este defecto procedimental puede llegar
afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a la
administración de justicia cuando: “i) se inaplican normas procesales que se oponen
a la vigencia de derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se exige
cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de
cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea
comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad procedimental en la
apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a
ello hay lugar”26.
47. En este orden de ideas, tanto para la configuración del defecto procedimental
absoluto como del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en todos sus
supuestos fácticos, se requieren: “i) que trate de un error procedimental grave y
trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii)
que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a la persona que
alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda corregir la irregularidad
por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro del proceso, a
no ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a
consecuencia de todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales”27.
Análisis del caso concreto y de los defectos específicos
48. En el presente asunto, la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales de
la Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la doble instancia, presuntamente vulnerados con ocasión de la expedición del
17 de julio de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
23
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
24
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
25
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.
26
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 22 de junio de 2023. Exp.
11001-03-15-000-2023-01035-01. Al respecto ver: Corte Constitucional, Sentencias T-1306 de 2001,
T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289 de 2005 y T-053 de 2012.
27
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-
770 de 2014.
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49. La parte actora sostuvo que la decisión enjuiciada incurrió en un defecto
procedimental absoluto, toda vez que la autoridad judicial accionada revocó la
sentencia del 29 de mayo de 2023, a través de la cual el Juzgado Cuarenta
Administrativo del Circuito de Bogotá rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho por haber operado el fenómeno jurídico de la
caducidad y, en su lugar, conoció de fondo el asunto y negó las pretensiones del
medio de control.
50. En consecuencia, el ente territorial demandante considera que dicha
determinación imposibilitó que pudiese controvertir los argumentos que sirvieron de
fundamento para dictar el fallo del 17 de julio de 2025. Lo anterior, por cuanto la
decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca era la segunda
instancia del proceso ordinario y no dispone de otro mecanismo para oponerse a
las consideraciones señaladas por el juez de lo contencioso administrativo.
51. De acuerdo con los antecedentes descritos, esta Sala de Subsección advierte
que el Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá profirió sentencia
anticipada en los términos de la Ley 2080 de 2021. Ello, en razón a que concluyó
que la demanda interpuesta contra las Resoluciones núms. 0142 de 27 de enero de
1994 y 0744 del 26 de abril de 1994, proferidas por Caprecom, se presentó por fuera
del plazo establecido en el CPACA para ejercer el medio de control.
52. Ahora bien, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca encontró que la imposición de la cuota parte al ente territorial seguía
la suerte de la prestación periódica, puesto que los actos administrativos
demandados reconocieron, reliquidaron y reajustaron una pensión de jubilación en
favor de la señora María Ofelia Martínez Vega. De esta manera, advirtió que la
demanda fue oportuna, supuesto que imponía revocar lo fallado por Juzgado
Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá.
53. No obstante, la autoridad judicial demandada consideró que lo procedente era
emitir un fallo que resolviera de fondo las pretensiones, sin advertir que, en materia
de sentencia anticipada, el Consejo de Estado ha precisado que corresponde
disponer la devolución del expediente al juez de primera instancia, a fin de que
continúe el trámite procesal desde la etapa en que se encontraba antes de la
adecuación del procedimiento.
54. Sobre el particular, esta Corporación ha considerado que, si bien la figura de la
sentencia anticipada prevista en el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, con
fundamento en los principios de celeridad y economía procesal, faculta al juez para
dictar una decisión de ese tipo cuando se halle demostrada, entre otras, la
excepción de caducidad, lo cierto es que su procedencia exige la verificación de un
grado de certeza tal que permita concluir que la decisión definitiva no sufrirá
variación. Al respecto, ha señalado esta Subsección:
“[…] Aunque la norma no lo mencione expresamente, esta misma lógica es
la que debe seguirse en caso de que, en sede de apelación, el ad quem
concluya que la excepción que dio lugar a emitir el fallo sin que se surtieran
todas las etapas del proceso no se configuró, en la medida que, llegada a
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esa conclusión, no habrá motivo válido que justifique que aquéllas se
pretermitan, lo que impone que cuando esto ocurra, se deba devolver el
proceso al a quo para que el trámite se surta en los términos ordinarios
dispuestos por la ley.
74. Rememora la Sala, que la interpretación antes indicada comparte las
mismas bases conceptuales de aquellas que en otros momentos de la
legislación enseñaban que la caducidad se definía como excepción y en
cualquier momento procesal. Por regla general, en esas hipótesis, al
producirse una decisión de tal alcance, la adopción de una providencia
contraria a aquella que declaraba la caducidad implicaba que el proceso
debía continuar, pues solo así se garantiza la justicia material efectiva, los
fines de la jurisdicción e, intrínsecamente, los derechos de las partes al
acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva y el debido
proceso. […]”28.
55. En igual sentido, esta Subsección29 ha definido que en los casos en que un
juzgador revoque la decisión de primera instancia que declaró fundada una
excepción “mixta”30, por medio de sentencia anticipada, debe devolver el expediente
al juzgador de primer grado para que continúe con su trámite y resuelva en una
misma sentencia cada uno de los aspectos debatidos por las partes, pues ello
garantiza el goce de sus derechos fundamentales a la doble instancia, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
56. De conformidad con lo anterior, resulta evidente que el caso bajo estudio se
configuran los elementos de un defecto procedimental absoluto, en tanto se
encuentra demostrado que la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se apartó del procedimiento establecido. Lo
anterior, en razón a que la jurisprudencia de lo contencioso administrativo es
pacífica en aceptar que, cuando la adecuación al trámite de sentencia anticipada se
hubiere sustentado en el numeral 3 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, en
garantía del derecho fundamental al debido proceso, se impone la devolución del
expediente al a quo para que se agote íntegramente el trámite de la primera
instancia.
57. Así las cosas, esta Sala dejará sin efectos la sentencia del 17 de julio de 2025,
proferida por la autoridad judicial accionada y, en su lugar, ordenará al Tribunal que
dicte decisión de reemplazo en la cual devuelva el expediente contentivo del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-33-37-
040-2022-00108-01, para que el juez de primera instancia continúe el trámite desde
el momento procesal en el que se encontraba antes de que se adecuara el trámite
a sentencia anticipada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
28
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2025. C.P.
José Roberto Sáchica Méndez. Radicado núm. 52001-23-33-000-2022-00044-02.
29
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1.° de octubre de 2025. C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez. Radicado núm. 25000-23-36-000-2022-00056-02.
30
Como lo son la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de
legitimación en la causa y la prescripción extintiva.
12
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Referencia: Acción de tutela
III. R E S U E L V E
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la doble instancia de la Dirección Departamental de
Pasivos Pensionales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá,
de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 17 de julio de 2025, proferida
por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que revocó el fallo del 29 de mayo de 2023, dictado por el Juzgado
Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá, por medio de la cual se declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control. En su lugar:
TERCERO: ORDENAR a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en el término de los treinta (30) días
siguientes a la comunicación de la presente providencia, dicte decisión de
reemplazo en la cual ordene la devolución del expediente contentivo del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-33-37-040-
2022-00108-01, para que el Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá
continúe el trámite desde el momento procesal en el que se encontraba antes de
que se adecuara el trámite a sentencia anticipada
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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