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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00463-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00463-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de febrero de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado por las mismas razones. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00463-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00463-01
Accionante: FAYRUTH ARENAS CAICEDO Y OTRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia de Tribunal Administrativo. Se confirma
Improcedencia por carecer de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. Mediante apoderada judicial, Fayruth Arenas Caicedo y Deidry Yirley Itas Arenas
ejercieron acción de tutela contra la sentencia de 16 de diciembre de 2025 y
notificada el 19 del mismo mes y año, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca que en sede de segunda instancia resolvió la demanda de
reparación directa identificada con el número 76001-33-33-016-2016-00141-00/01.
Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes, se mencionan los del
proceso ordinario y posteriormente los fundamentos y desarrollo del proceso de
tutela.

Antecedentes del proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-
016-2016-00141-00/01.

2. El proceso de reparación directa se produjo por un accidente vehicular en que la
tutelante, Fayruth Arenas Caicedo, resultó lesionada. En efecto, el 11 de marzo de
2009, la actora se desplazaba como ocupante del microbús de placas VOV-881
afiliado a la empresa Trejos de la ciudad de Cali, el cual era conducido por Álvaro
Hurtado Sánchez, quien al realizar una maniobra produjo el volcamiento lateral
izquierdo del vehículo.

3. La denuncia penal correspondió a la Fiscalía 77 unidad de lesiones personales
del Dagua (Valle) con radicado 762336000172-2009-00206. Dicha autoridad judicial
no logró vincular al proceso penal al conductor, Álvaro Hurtado Sánchez, motivo por
el cual, a la postre, la fiscalía solicitó audiencia de preclusión por prescripción, la
cual fue decretada, en providencia de 3 de diciembre de 2014 por parte del Juzgado
Segundo penal municipal de descongestión de Cali.

4. Resultado de lo anterior, Fayruth Arenas Caicedo y actuando en nombre de su
hija menor de edad, Deidry Yirley Itas Arenas, presentaron demanda de reparación
directa por pérdida de oportunidad definitiva de obtener una indemnización derivada

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00463-01
Accionante: Fayruth Arenas Caicedo y Otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

del accidente, contra la Nación, Dirección Ejecutiva de la Administración de Justicia
y la Fiscalía General de la Nación, pues la acción penal promovida contra el
conductor del vehículo que se accidentó se declaró prescrita por decisión del
juzgado segundo penal municipal de descongestión de Cali, puesto que no fue
posible vincular al proceso penal a Álvaro Hurtado Sánchez.

5. En sede de primera instancia, el Juzgado Dieciséis (16) Administrativo oral del
Circuito de Cali negó las pretensiones de la demanda, pues la decisión de declarar
la prescripción de la acción penal se produjo respetando las normas del
procedimiento penal y después de agotar todos los esfuerzos judiciales para imputar
la conducta a la persona que fue señalada como responsable del accidente.

6. Asimismo, el Juzgado Administrativo de primera instancia tuvo en cuenta que, el
juzgado penal que declaró la prescripción requirió al Director Seccional de Fiscalía
de la ciudad para que le prestara apoyo, solicitando la audiencia preliminar para
declarar persona ausente al indiciado, ordenó valoraciones médicas, dictámenes de
perjuicios, remitió a la víctima a la Junta de Calificación de Invalidez para que
determinara la pérdida de capacidad laboral, actuaciones que se soportaron en la
audiencia de preclusión, y que fueron valoradas y apreciadas por la Juez Segunda
Penal Municipal de Descongestión de Cali al momento de proferir la prescripción de
la acción penal.

7. Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación.
A través de sentencia del 16 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Valle confirmó la providencia de primera instancia, pues determinó que, en casos
en los que se discute la responsabilidad extracontractual del Estado por declarar la
prescripción de la acción penal, la demostración de esta es insuficiente para
acreditar las consecuencias adversas que dicha decisión generó a la parte civil
respecto de las pretensiones indemnizatorias que persiguió en la causa penal. La
providencia del Tribunal Administrativo indicó que, para el momento en que se
originó el fenómeno de la prescripción, la parte actora aún contaba con la posibilidad
de acudir a la jurisdicción civil para formular pretensiones indemnizatorias, al contar
con 5 años más para que fenecieron los 10 años en los que prescribe la acción civil.

Fundamentos del escrito de amparo

8. La parte tutelante indicó que la providencia cuestionada incurrió en un defecto
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional, “traslado
inconstitucional de la carga de la inactividad estatal a la víctima con la consecuente
normalización de la mora judicial, y en violación directa a la constitución.

9. Respecto al primer defecto, la parte actora cuestionó que el fallo del Tribunal
realizó una valoración probatoria incompleta, pues reconoce expresamente que la
investigación penal permaneció inactiva durante cinco años, y que la Fiscalía solicitó
la audiencia de imputación muy cerca de que se fuese a producir la prescripción, el
Tribunal omitió concluir la consecuencia de aquella inacción judicial. Se insistió que
en el caso sub lite, el proceso penal no fue impulsado por congestión judicial, lo cual
acarreó que daños en la salud ciertos de la demandante, no fueran indemnizados.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00463-01
Accionante: Fayruth Arenas Caicedo y Otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

10. En relación con el defecto sustantivo se sostuvo que se realizó una
interpretación normativa inconstitucional respecto del daño por pérdida de
oportunidad, pues en el caso concreto, el tribunal exigió que, la parte demandante
probara la demostración de certeza absoluta sobre el resultado final del proceso
penal frustrado, lo cual no es propio de este tipo de daño, conforme la jurisprudencia
constitucional.

11. Sobre el defecto por desconocimiento del precedente, reprocha que la decisión
cuestionada se apartó injustificadamente de las sentencias SU-556 de 2019, SU-
072 de 2018 y T-466 de 2016. Aunque no precisó las razones por las cuales se
soslayaron dichas sentencias.

12. Censuró que, la decisión judicial atacada desconoció que la mora y negligencia
de la Fiscalía fue la causa directa de la prescripción de la acción penal, la cual, tuvo
como consecuencia la frustración de la expectativa legítima de reparación integral
dentro del proceso penal. Finalmente, frente al defecto por violación directa de la
constitución se indicó que el fallo vulneró el artículo 90 superior, pues la decisión
del tribunal administrativo legitimó que, la negligencia y congestión judicial no
genera responsabilidad estatal.

Trámite del amparo

13. En sede de primera instancia, el fallo correspondió a la Sección Quinta del
Consejo de Estado, autoridad, que a través de la consejera sustanciadora admitió
el amparo y vinculó a la entidad accionada, al Juzgado Dieciséis (16) Administrativo
de Cali, a la Nación, Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación.

14. A través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca solicitó que se declarara improcedente el
amparo por carecer de relevancia constitucional, pues en su criterio la petición
busca que se surta una instancia adicional dentro del proceso de reparación directa.
Defendió la corrección jurídica de la providencia atacada e indicó que fue proferida
conforme el precedente del Consejo de Estado, y atendiendo a los medios de
prueba propuestos en las instancias.

15. El Juzgado Dieciséis Administrativo de Cali allegó al expediente la copia
digital del expediente ordinario. La fiscalía general de la Nación solicitó que se
declare que carece de legitimación en la causa por pasiva pues no profirió la
sentencia que es atacada.

Sentencia de primera instancia

16. Después de resolver un impedimento1, en sentencia de 19 de febrero de 2026,
la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente por no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional la petición de amparo, pues, en su criterio, el
contenido del escrito de amparo propone un debate de índole de interpretación

1
El 17 de febrero de 2026, el magistrado Omar Barreto Suárez manifestó impedimento para conocer
del asunto. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró infundada dicha
declaración mediante Auto del 19 de febrero de 2026.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00463-01
Accionante: Fayruth Arenas Caicedo y Otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

meramente legal y, no se observan, a primera vista, la afectación a derechos
fundamentales como el debido proceso. En su sentir, no se alegó algún reproche
frente a su ejercicio de defensa y contradicción dentro del trámite adelantado al
interior del proceso ordinario adelantado.

17. Además, se advirtió que el amparo constitucional no tiene la identidad o
trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales, ya
que la discusión planteada pone en evidencia una inconformidad con la conclusión
a la que llegó el juez de segunda instancia.

Escrito de impugnación2

18. La apoderada sostuvo que el escrito de amparo y la situación de la actora
satisface el requisito de relevancia constitucional. Insistió que el núcleo del caso se
relaciona con la inactividad prolongada del ente investigador que culminó con la
prescripción de la acción penal no puede quedar exenta de consecuencia
patrimonial bajo el argumento que la víctima contaba con la posibilidad abstracta de
acudir a la jurisdicción civil. Ese núcleo normativo involucra directamente la
aplicación del artículo 90 superior. Además, reprochó que la providencia
cuestionada restringe el título de imputación por defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia como fuente autónoma de responsabilidad estatal. Agregó
que modifica el alcance constitucional de la pérdida de oportunidad cuando la
conducta omisiva de la autoridad frustra de manera definitiva la posibilidad real y
efectiva de obtener justicia en sede penal.

19. Reiteró el cargo de desconocimiento del precedente en materia de pérdida de
oportunidad y sostuvo que se produjo una aplicación errada de la Sentencia SU-215
de 2022 sobre la relevancia constitucional, pues en su criterio, la Corte ha indicado
que el juez constitucional no puede abstenerse de pronunciarse del fondo del asunto
“desde la etapa de admisibilidad”, sino que exige que se acredite un debate
constitucional serio, susceptible de afectar derechos fundamentales o comprometer
la supremacía de la Constitución. Insistió en que el debate que propone el escrito
de amparo no es retórico ni artificioso y se discuten cuestiones de evidente entidad
constitucional tales como el alcance normativo del artículo 90, la naturaleza del daño
por pérdida de oportunidad como modalidad autónoma de daño antijurídico y la
responsabilidad patrimonial del Estado y estándar probatoria constitucional exigible
para acreditar la frustración de una expectativa jurídicamente protegida.

20. Asimismo, insistió en la configuración del defecto sustantivo y violación directa
de la constitución y vulneración del derecho de acceso a la administración de
justicia, el defecto fáctico y en un excesivo formalismo y desconocimiento del
principio pro actione pues en su criterio el juez constitucional está llamado a realizar
el examen material de los cargos planteados, especialmente cuando estos invocan
la violación directa de la constitución.

21. Por lo anterior solicitó revocar la sentencia de tutela de primera instancia y en
su lugar amparar los derechos fundamentales invocados.

2
Índice samai 30

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00463-01
Accionante: Fayruth Arenas Caicedo y Otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

CONSIDERACIONES
Competencia

22. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Determinación del problema jurídico

23. A juicio de esta Sala, corresponde establecer, de manera preliminar, si la
presente acción de tutela cumple los requisitos generales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, habida cuenta de que se dirige contra una
decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en
segunda instancia, dentro de un proceso de reparación directa, confirmó la
sentencia que negó las pretensiones de la demanda. La controversia se origina en
la presunta falla en el servicio por la forma en que se adelantó el proceso penal
derivado de un accidente de tránsito, dentro del cual, ante la imposibilidad de
vincular al presunto responsable, se declaró prescrita la acción penal. De superarse
este examen preliminar, la Sala procederá a formular y resolver el problema jurídico
de fondo.

24. Para resolver el primer problema, se reiterará el precedente sobre procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial y la casuales generales de
procedencia.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

25. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20053,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

26. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar4; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de

3
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
4
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
5
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00463-01
Accionante: Fayruth Arenas Caicedo y Otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional6 o el Consejo de Estado7, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP8; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable9 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

27. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

28. La Corte Constitucional indicó10 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

29. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate11: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

6
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
7
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
9
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00463-01
Accionante: Fayruth Arenas Caicedo y Otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

30. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia12.

Análisis del caso concreto

31. Descendiendo al caso concreto, se verifica que la acción de tutela es
improcedente por carecer de relevancia constitucional, pues el accionante utiliza la
acción de tutela como una instancia adicional para presentar discrepancias de
criterio con el fallo cuestionado, especialmente, cuando fueron el tema central de la
discusión dentro de las dos instancias del proceso de reparación directa, además
todas las discrepancias de criterio que propone son discusiones de índole legal que
no desarrollan directamente alguna norma constitucional.

32. La parte tutelante sostiene que la providencia del tribunal cercena las hipótesis
de procedencia de la reparación directa respecto de la pérdida de oportunidad y del
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, no obstante, respecto a
esos reparos, los mismo no dejan de ser aseveraciones de diferencia de criterio con
la providencia que le fue adversa, pero además, pues el daño de pérdida de
oportunidad o de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no
están previstos en la constitución y son resultado de desarrollos legales o
jurisprudenciales, haciendo que, su reconocimiento no sea de índole constitucional
sino infra constitucional. Se insiste, estos específicos daños reclamados son
desarrollo y reconocimiento del legislador no de la constitución.

33. En el mismo sentido el supuesto reproche respecto del defecto fáctico o
sustantivo son aseveraciones relacionadas con criterios opuestos con la autoridad
judicial que no reconoció el daño solicitado. Sin embargo, no muestran una
arbitrariedad o capricho judicial, sino una discrepancia de criterio, motivo por el cual,
la acción de tutela se convierte en una petición de protección que se invoca para
tener una instancia adicional a las dos que ya se surtieron dentro del proceso
ordinario y en las que se discutió ampliamente las hipótesis de responsabilidad
propuestas por la parte actora.

34. Además, la parte actora afirma que se produjo la violación directa de la
constitución pues en su criterio se vulneró el artículo 90 Superior, no obstante, como
lo ha indicado la corte constitucional13, no basta invocar una norma constitucional
para que se cumpla el requisito de relevancia, sino que debe mostrarse las razones
por las cuales, en el caso concreto se vulnera un mandato concreto y preciso de
rango constitucional. En el escrito de amparo, la parte actora menciona el artículo
90 superior como causal de violación directa a la constitución, no obstante, dicha

12
Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
13
Corte Constitucional SU-018 de 2024 y SU-573 de 2019

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00463-01
Accionante: Fayruth Arenas Caicedo y Otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

norma no menciona ni implícita ni explícitamente el daño por pérdida de oportunidad
o el daño por defectuoso funcionamiento, ellos han sido desarrollo legal, motivo por
el cual, el cargo de la parte tutelante es de dicha estirpe, es decir, cuestiona el
desconocimiento de mandatos normativos legales.

35. Respecto de la inadecuada aplicación del precedente de la Sentencia SU-215
de 2022, la parte impugnante manifiesta su descontento con la providencia de
primera instancia, empero, no explica las razones por las cuales, las reglas
unificadas de la sentencia de la Corte Constitucional fueron supuestamente
desconocidas. Afirma equivocadamente que su petición de amparo fue resuelta de
manera preliminar y en una etapa de admisibilidad cuando en realidad se produjo
sentencia de primera instancia, pero en la que se concluyó que el contenido de la
petición de amparo no proponía un debate constitucional sino legal.

36. En el escrito de amparo y en memorial de impugnación se indicó que se
desconocían varias decisiones constitucionales y fueron identificadas con los
radicados; sin embargo, no se precisa qué regla jurisprudencial de cada sentencia
mencionada se desconoció. Respecto a la causal de desconocimiento del
precedente se ha indicado que14, resulta necesario que se identifiquen las
sentencias, pero además que se indique qué reglas jurisprudenciales eran
aplicables, y las razones por las cuáles, no fueron atendidas. No basta la mención
a sentencias judiciales sin explicar razones por las cuales se soslayaron razones
precisas.

37. En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora no alegó la
vulneración del derecho al debido proceso en su dimensión propiamente
fundamental. En efecto, aunque invocó de manera formal dicho derecho y afirmó la
configuración de defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente,
sus reproches no estuvieron dirigidos a demostrar la afectación de garantías
esenciales, como la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa, la falta de
contradicción, la ausencia de acceso al expediente, la carencia de motivación
mínima o la intervención de una autoridad sin competencia. Por el contrario, los
argumentos expuestos evidencian una inconformidad con la interpretación jurídica
y probatoria adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del
proceso de reparación directa, esto es, una discrepancia con el sentido de la
decisión judicial, mas no la acreditación de una afectación real y concreta del debido
proceso en su núcleo fundamental.

38. Tampoco se acreditó una vulneración del derecho de acceso a la administración
de justicia en su dimensión constitucional. La parte tutelante tuvo a su disposición
los mecanismos judiciales ordinarios, acudió al proceso de reparación directa,
participó activamente en él, presentó sus argumentos y obtuvo decisiones de fondo
en las dos instancias correspondientes. De este modo, no se advierte que se le
hubiera impedido acudir a la jurisdicción, ni que se le hubieran impuesto barreras
materiales o jurídicas para exponer sus pretensiones o controvertir las decisiones
adoptadas. En esa medida, la tutela no muestra una restricción real al acceso a la
justicia, sino el desacuerdo de la actora con el resultado adverso del proceso

14
Cfr. Corte Constitucional SU-659 de 2015

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00463-01
Accionante: Fayruth Arenas Caicedo y Otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

ordinario, lo cual no transforma, por sí solo, una controversia legal en un problema
de relevancia constitucional.

39. En conclusión, como lo indicó el juez de primera instancia, el amparo y las
razones globales que lo integran se utiliza para obtener una instancia adicional
dirigida a que se reabra un debate probatorio que fue resuelto en dos instancias del
proceso de reparación directa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de febrero de 2026 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado por las mismas razones.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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VF

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