Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00465-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00465-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00465-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00465-01
Accionante: FUNDACIÓN TRASEGART
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencias judiciales. Improcedencia por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. A través del representante legal, la persona jurídica Fundación TRASEGART
presentó acción de tutela contra la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2025
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la que resolvió en segunda
instancia una demanda de protección de intereses y derechos colectivos promovida
por la entidad tutelante. A continuación, se precisan los antecedentes del proceso
popular, y posteriormente los de la acción de tutela.
Antecedentes del proceso judicial de acción popular
2. El 6 de diciembre de 2024, la entidad tutelante formuló derecho de petición en la
Alcaldía del Águila (Valle del Cauca) con el propósito de solicitar la realización de
una serie de adaptaciones al espacio público municipal, en particular la construcción
de andenes, aceras y rampas, con accesibilidad universal que atienda a los
requerimientos de las personas con movilidad reducida. El 15 de febrero de 2025,
recibió respuesta a su petición, en la que la alcaldía informó que no realizaría las
adecuaciones, pues la situación actual de los andenes eran resultado de un proceso
histórico de adaptación social.
3. Por lo anterior, ejerció demanda de protección de intereses y derechos colectivos
ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En la petición judicial, la fundación
demandante solicitó que el juez popular ordenara a la administración la construcción
de andenes, rampas y aceras y el inicio de obras para la adecuación del espacio
público del municipio y a “constituir una póliza de cumplimiento de la sentencia, a
publicar el fallo estimatorio en la página web de la entidad y al reconocimiento del
incentivo de que trata el artículo 1005 del Código Civil, y (iv) la conformación de un
comité técnico de verificación del cumplimiento de la sentencia”1.
1
Escrito de tutela, folio 1.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00465-01
Accionante: Fundación Trasegart
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
4. En sentencia de 7 de noviembre de 2025, el Juzgado Tercero (3º) Administrativo
de Cartago amparó los derechos colectivos al uso del espacio público y la defensa
de los bienes de uso público.
5. El Juzgado determinó que la administración municipal no demostró contar con un
plan para atender la situación de desatención de la infraestructura pública. Las dos
partes presentaron recurso de apelación. La fundación accionante sostuvo que las
obras ordenadas consistentes en la adecuación de andenes y la construcción de
rampas carecían de sustento técnico. Ejerció el recurso dentro del término legal. Por
el contrario, el municipio interpuso el recurso de apelación, según la sociedad
demandante, la sustentación de dicho recurso se realizó de manera extemporánea
“circunstancia objetiva y verificable dentro del expediente”2.
6. El 9 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia en la que, en afirmación de la parte actora, omitió pronunciarse sobre la
mayoría de los cargos oportunamente formulados por la fundación, entre ellos, el
relativo al reconocimiento de la recompensa previsto en el artículo 1005 del Código
Civil. Por el contrario, la autoridad judicial impugnada tuvo en cuenta la apelación y
sustentación del recurso del municipio del Águila, la cual fue en su criterio,
inoportuna. Adicionalmente, indicó: “en la motivación de la sentencia del 9 de
diciembre de 2025, el Tribunal afirmó que la parte accionante “guardó silencio”,
afirmación que resulta objetivamente falsa, pues el recurso de apelación fue
presentado y sustentado en tiempo y forma, como lo acredita el propio expediente
judicial”3.
7. La entidad accionante promovió incidente de nulidad “por incongruencia omisiva,
falsa motivación fáctica, violación del principio de igualdad procesal y defecto
procedimental absoluto.” En providencia complementaria de 19 de enero de 2026,
el Tribunal declaró improcedente la petición de nulidad y estudió el escrito como
adición de sentencia. La providencia complementaria negó el reconocimiento de la
recompensa reclamada.
Fundamentos del escrito de amparo
8. La fundación adujo que la decisión judicial del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca desconoció las reglas esenciales del trámite de apelación, al ignorar un
recurso oportunamente interpuesto y sustentado, valorar actuaciones
extemporáneas de la parte demandada y resolver selectivamente sobre los asuntos
sometidos a su conocimiento. Motivo por el cual se configuró el defecto
procedimental absoluto.
9. La decisión cuestionada omitió resolver cargos centrales de la apelación,
particularmente el relativo al reconocimiento de la recompensa prevista en el artículo
1005 del Código Civil. “Tal omisión fue expresamente reconocida por el propio
Tribunal en la providencia del 19 de enero de 2026”.
2
Escrito de amparo, folio 3.
3
Folio 2 del escrito de amparo.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00465-01
Accionante: Fundación Trasegart
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
10. También se reprochó que la providencia incurrió en falsa motivación fáctica y
tergiversación del expediente, pues indicó que la “parte actora” guardó silencio,
cuando ello no resulta, en su criterio, correcto con el contenido del expediente.
Igualmente se censuró que la sentencia conculcó el principio a la igualdad procesal,
pues indicó que la corporación judicial aplicó de manera desigual las reglas
procesales al estudiar y acoger argumentos extemporáneos de la entidad
demandada, mientras desconoció los cargos oportunamente formulados por la
Fundación TRASEGART. Finalmente indicó que la manera en la que se desarrolló
el proceso afectó su derecho a la doble instancia, al redefinir ex post el alcance de
la apelación, decidir selectivamente los cargos a resolver y omitir un
pronunciamiento integral.
11. Solicitó que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, doble
instancia, igualdad procesal y acceso a la administración de justicia, y se deje sin
efectos la sentencia de 9 de diciembre de 2025 y la providencia de 19 de enero de
2026, proferidas por la Sala quinta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Y en esa medida se profiera sentencia de reemplazo que resuelva todos los cargos
de la apelación.
Trámite de la acción
12. La petición constitucional fue repartida en primera instancia, a la sección cuarta
de la Corporación, autoridad que, en primer lugar, en Auto del 29 de enero de 2026,
requirió a la parte actora para que aportara el documento que acreditara su
condición de representante legal de la Fundación TRASEGART. Posteriormente, en
Auto del 10 de febrero de 2026, admitió la demanda y vinculó como partes, al
Tribunal demandado y al juzgado de primera instancia, al municipio de El Águila –
Valle del Cauca y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como terceros
interesados en el resultado del proceso.
13. El Tribunal accionado solicitó que se niegue el amparo, pues contrario a la
petición de amparo, estimó que la decisión se fundó en las pruebas legalmente
allegadas al expediente. Sostuvo que la sociedad accionante pretende que se
profiera un nuevo fallo en el que se acceda a la totalidad de las pretensiones
formuladas en la demanda, en especial, la relacionada con el reconocimiento del
incentivo de que trata el artículo 1005 del Código Civil. El magistrado Víctor Adolfo
Hernández Díaz intervino en el mismo sentido, solicitando negar el amparo e
indicando que, los fundamentos del amparo buscan cuestionar la valoración
probatoria, la cual, en su criterio se fundamentó en los medios de pruebas allegados
al expediente por las partes.
14. El municipio de El Águila (Valle del Cauca) solicitó negar el amparo, pues el
actor busca reabrir el debate procesal resuelto en la instancia. El tribunal accionado,
en su criterio, “explicó ampliamente las razones legales y jurisprudenciales para
negar dicha pretensión, pero la parte actora desconoció dichos fundamentos y
pretende reabrir el debate mediante la acción constitucional”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00465-01
Accionante: Fundación Trasegart
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
15. En índice Samai 13 de primera instancia está registrado que se notificó al
Juzgado Tercero (3º) Administrativo de Cartago. En índice samai 18, dicha
autoridad remitió al proceso de amparo el enlace digital del proceso ordinario.
Sentencia de primera instancia
16. En fallo de 12 de marzo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo, pues carecía de relevancia constitucional, al
utilizar el amparo como un mecanismo para reabrir un debate procesal resuelto en
las instancias ordinarias. Reiteró que se trata de una discusión de índole legal
referida a un desacuerdo con el sentido de un fallo que fue adverso.
Recurso de impugnación4
17. El impugnante insistió en que la tutela no cuestiona el sentido de la decisión
adoptada en sede de acción popular, sino que denuncia una violación autónoma del
debido proceso. Reiteró que el Tribunal demandado decidió por fuera del marco
funcional de la apelación; incorporó materialmente argumentos presentados de
forma extemporánea por la entidad accionada y aplicó de manera errónea el
ordenamiento jurídico, particularmente en lo relativo al Artículo 1005 del Código Civil
colombiano y la Ley 472 de 1998.
18. Insistió en el contenido de los defectos específicos presentados en el escrito de
tutela ante la primera instancia, en esa medida volvió a mencionar un defecto
procedimental y fáctico, pero agregó la existencia de un defecto sustantivo por la
interpretación errónea del sistema jurídico, concretamente, el artículo 1005 del
Código Civil. Afirmó que la decisión de primera instancia de tutela es un error al
negar el amparo argumentando la falta de relevancia constitucional, pues se omitió
analizar los errores endilgados al tribunal. Por lo anterior, solicitó revocar el fallo de
primera instancia y amparar sus derechos fundamentales.
CONSIDERACIONES
Competencia
19. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Determinación del problema jurídico
20. A juicio de esta Sala, en primer lugar, debe examinarse si se satisfacen los
requisitos de procedencia formal de tutela contra providencia judicial, en particular
si se satisface el requisito de relevancia constitucional, en atención a los cargos
propuestos por el tutelante, y conforme lo resuelto por el fallo de primera instancia
en sede de tutela. Para resolver el problema jurídico anterior, se reiterará el
4
Índice samai 29 de primera instancia.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00465-01
Accionante: Fundación Trasegart
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
precedente sobre las causales generales de procedencia, con énfasis en el requisito
relevancia constitucional.
21. En caso de concluir que el escrito de amparo satisface las causales generales
de procedencia, en segundo lugar, se formulará un problema jurídico de fondo y se
resolverá.
Causales genéricas y específicas de procedencia de procedencia de tutela
contra providencia.
22. Conforme el precedente fijado en la Sentencia C-590 de 20055, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
23. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar6: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
24. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
5
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
6
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
11
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00465-01
Accionante: Fundación Trasegart
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales12.
Análisis del caso concreto
25. Descendiendo al caso particular, como lo señaló el juez de tutela de primera
instancia, esta Subsección considera que la demanda de tutela carece de relevancia
constitucional y en esa medida, confirmará la improcedencia de primera instancia.
Además, este requisito traslada una carga al demandante de explicar que su caso
tiene una relación directa con derechos fundamentales13, lo que implica “justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”14. En este
sentido, esa exigencia tiene las siguientes tres finalidades15: (i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional para evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de
mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales; e, (iii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
26. En este contexto, la Corte Constitucional ha identificado los siguientes criterios
para estudiar la relevancia constitucional16: (i) la controversia debe versar sobre un
asunto constitucional y no meramente legal o económico. La cuestión debe revestir
una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional; (ii) el caso debe
involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental o la interpretación de una norma de la Constitución; y
(iii) la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales.
27. Una vez examinados los argumentos del escrito de amparo, se verifica que los
mismos plantean un debate de índole legal relacionada con la manera en la que
debe interpretarse y aplicarse el artículo 1005 del Código Civil, el cual, además de
que es una disposición normativa infra constitucional, en la argumentación
propuesta por el tutelante, no plantea concretamente, una vulneración al derecho al
debido proceso.
28. El tutelante sostiene que, la sentencia del tribunal omitió pronunciarse sobre la
petición del reconocimiento de lo previsto en el artículo 1005 del Código Civil, motivo
por el cual, promovió incidente de nulidad, que fue tramitado por el Tribunal como
solicitud de adición de sentencia, puesto que la providencia complementaria negó
12
Cfr. Sentencia SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar,
que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-017 de 2024.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019.
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-070 de 2025.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-103 de 2022.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00465-01
Accionante: Fundación Trasegart
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
la pretensión, acude, como causal de procedencia especifica, con el fin de insistir
en los mismos argumentos. Evidenciándose, de esa manera, a criterio de esta
subsección, que se pretende utilizar el medio de amparo como una instancia
adicional a las previstas en el proceso de acción popular.
29. En el mismo sentido, los reparos relacionados con la supuesta sustentación
extemporánea del recurso de apelación por parte de la entidad pública, es un
presunto yerro que, en todo caso, no reviste relevancia constitucional pues se funda
en hipotéticas conculcaciones de normas procesales legales, que no permiten
desarrollar directamente mandatos superiores. Finalmente, los reproches referidos
a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad y falta de motivación de la
sentencia atacada, a juicio de esta sala son justificaciones que expresan una
discrepancia de criterio con la decisión que le fue adversa, más no muestran un
yerro de validez que afecte la providencia atacada.
30. Las razones del escrito de tutela se asemejan a un recurso ordinario, pues se
limita a presentar una discrepancia de criterio con el Tribunal Administrativo
accionado, señalando interpretaciones diversas del material probatorio y del
desarrollo de las etapas procesales, mostrando un criterio disímil al de la autoridad
accionada, sin demostrar un defecto que, desde el punto de vista constitucional,
evidencie la conculcación de normas superiores. Se utiliza la acción de tutela como
una tercera instancia para mostrar la discrepancia o desacuerdo del tutelante con la
decisión proferida y que le fue adversa a sus pretensiones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de marzo de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, pero por las razones indicadas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00465-01
Accionante: Fundación Trasegart
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
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VF
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