República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00468-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
2 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00468-00 (654)
Accionante: Néstor Wilmer Ledesma Trujillo
Accionado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del
Caquetá
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: acción de grupo. Subtema 2:
cosa juzgada. Subtema 3: defecto fáctico. Subtema 4: requisito de suficiencia
argumentativa.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Néstor Wilmer Ledesma Trujillo
contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá.
1. Síntesis del caso
El señor Néstor Wilmer Ledesma Trujillo presentó escrito de tutela con la pretensión
de amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado
por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, con
ocasión de la sentencia proferida el 9 de julio de 2025 dentro del proceso de acción
de grupo identificado con el radicado núm. 18001-33-31-002-2010-00430-00/02.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00468-00, índice 2, certificado 064BFAC80CE4256E
9443E98BE6904F34 276C5DE88532ED3F 761B03BB9544AB76.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00468-00 (654)
Accionante: Néstor Wilmer Ledesma Trujillo
Accionado: Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Caquetá
2. El señor Néstor Wilmer Ledesma Trujillo y otros presentaron demanda en
ejercicio de la acción de grupo, contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, departamento del Caquetá y el municipio de
Puerto Rico, con la pretensión de reparación del daño causado por la muerte de los
señores Dora Lilia Saavedra y Ferney Ledesma Trujillo el 18 de noviembre de 2008
y el desplazamiento forzado de sus familiares. El asunto fue radicado bajo el núm.
18001-33-31-002-2010-00430-00.
3. La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia
el 6 de diciembre de 2011 en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal
Administrativo del Caquetá. Posteriormente, dada la existencia de la acción de
grupo anterior con radicado núm. 18001-33-31-701-2009-00066-00 por los mismos
hechos y pretensiones, el Juzgado Segundo de Descongestión de Florencia profirió
auto el 20 de noviembre de 2013 en el que resolvió declarar la «inexistencia» del
expediente con radicado núm. 18001-33-31-002-2010-00430-00, la continuación del
trámite bajo el radicado núm. 18001-33-31-701-2009-00066-00 y la integración del
grupo con todos los accionantes.
4. Sin embargo, en auto del 11 de noviembre de 2015, el Juzgado Administrativo
903 de Descongestión de Florencia resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado
desde el auto del 20 de noviembre de 2013 y «continuar por separado» las acciones
de grupo identificadas con los números 18001-33-31-701-2009-00066-00 y 18001-
33-31-002-2010-00430-00.
5. Adelantado el trámite en el radicado núm. 18001-33-31-002-2010-00430-00,
el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia dictó sentencia del 22 de junio de
20232 en la que se declaró inhibido para emitir decisión de fondo, puesto que el
expediente con radicado núm. 18001-33-31-701-2009-00066-00 se admitió y
notificó primero y en este se profirió fallo de primera instancia el 28 de junio de 2019.
Esta decisión fue apelada.
6. En segunda instancia, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
del Caquetá emitió sentencia el 9 de julio de 20253 en el que revocó el fallo del 22
de junio de 2023 y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de cosa
juzgada. Para fundamentar su decisión, explicó que, en la acción de grupo, quien
actúa como demandante representa a las demás personas que hayan sido
individualmente afectadas por los mismos hechos, sin necesidad de que estas
hubieran ejercido de manera separada la acción u otorgado poder, pues para
obtener la indemnización del daño bastaba con hacerse parte del proceso antes de
la apertura de pruebas o acogerse a la sentencia dentro de los 20 días siguientes a
su publicación4.
2 Samai, expediente núm. 18001-33-31-002-2010-00430-00, índice 122, certificado 439C4BB08AC13A57
9FE49E7C6328F8D5 9A6ABA33DAF5E235 D49E976EEA2DCEC9.
3 Samai, expediente núm. 18001-33-31-002-2010-00430-02, índice 26, certificado 70A9E9EB69C5AB84
AF481268F689AE2A DB134757D22457E6 E4F20B5505AFAAB2.
4 Artículos 48 y 55 de la Ley 472 de 1998.
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7. Indicó que el resultado del acuerdo conciliatorio o de la sentencia vincula a
todos los miembros del grupo, salvo que alguno haya solicitado de forma expresa
su exclusión dentro del término de 5 días siguientes al vencimiento del traslado de
la demanda; que no haya participado en el proceso y demuestre que no fue
debidamente representado; o que hubiera acudido a la administración de justicia
antes de la admisión del grupo5.
8. Agregó que, en estos asuntos se producen los efectos de cosa juzgada al igual
que en los de reparación directa, es decir, con identidad de objeto, causa y partes,
y que, el desistimiento de las pretensiones no conlleva la exclusión del grupo, menos
aun cuando es promovido de manera extemporánea. Por las razones expuestas,
consideró lo siguiente:
Es preciso anotar que en el sub examine no se alega que alguno de los demandantes
solicitó la exclusión del grupo en los términos de dicho precepto o que, al no participar
en la anterior acción de grupo, sus intereses fueron representados en forma
inadecuada, por lo que la sentencia emitida por el 28 de junio de 2019 por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Florencia y confirmada por este Tribunal el 29 de enero de
2021 los vincula y hace tránsito a cosa juzgada para sus intereses individuales.
[…]
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos
fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio, la Sala considera que la
sentencia de primera instancia debe ser revocada y, en su lugar, se declarará probada
de oficio la excepción de cosa juzgada y la terminación del proceso, toda vez que se
constató que el asunto de marras fue resuelto en la sentencia emitida por el 28 de
junio de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia y confirmada por este
Tribunal el 29 de enero de 2021, proferida en la acción de grupo de radicado 18-001-
33-31-002-2009-00066-00, decisión que vincula a los aquí demandantes al no
evidenciarse su exclusión en los términos del artículo 56 de la Ley 472 de 19986.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. El señor Néstor Wilmer Ledesma Trujillo solicitó al juez constitucional el
amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado con
la sentencia del 9 de julio de 2025 dictada dentro del proceso con radicado núm.
18001-33-31-002-2010-00430-01 y, en consecuencia, que se ordenara a la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá proferir una nueva
decisión.
10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante refirió algunas
actuaciones de los procesos de grupo con radicados núms. 18001-33-31-701-2009-
00066-00 y 18001-33-31-002-2010-00430-00, mencionó las pruebas que aportó con
su demanda y cuestionó el auto del «13» de noviembre de 2015 proferido en el
primer trámite, pues consideró que la decisión que declaró la nulidad del auto del
5 Artículos 56 y 66 de la Ley 472 de 1998.
6 Se transcribe incluso con errores de texto.
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20 de noviembre de 2013 y que ordenó que se tramitaran dichos asuntos de manera
separada trasgredió el artículo 55 de la Ley 472 de 1998.
11. Manifestó que la sentencia del 28 de junio de 2019 proferida en el expediente
núm. 18001-33-31-701-2009-00066-00 no tuvo en cuenta las pruebas aportadas
con la demanda radicada núm. 18001-33-31-002-2010-00430-00 sobre las
amenazas padecidas por los habitantes del corregimiento de Santa Ramos.
12. Cuestionó que el fallo de primera instancia del 22 de junio de 2023 del proceso
con radicado núm. 18001-33-31-002-2010-00430-00 generó confusión en relación
con determinadas personas frente a las cuales no se les adoptó una decisión de
fondo. En cuanto a la decisión del 9 de julio de 2025, afirmó lo siguiente:
El Tribunal Administrativo del Caquetá , incurre en falta y error de valoración de las
pruebas, vulnerando de esta forma el derecho al debido proceso de mi representado,
toda vez que desde la demanda se alegó la falla del servicio de la Ejército Nacional,
Policía Nacional, respecto de su obligación de vigilancia y control que deben de
ejercer estas entidades públicas, existe omisión por parte de estas entidades, las
cuales eran conocedoras de las múltiples amenazas que venían padeciendo, en
donde se aportaron las correspondientes pruebas, por parte del señor Capitolino
Riaño Camacho, pruebas que se aportaron en la demanda y no fueron valoradas por
el juez de primera y segunda instancia.
2.3. Trámite procesal
13. El despacho ponente, mediante auto del 29 de enero de 20267, admitió la
solicitud de amparo; vinculó al trámite como terceros con interés al Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Florencia, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, Policía Nacional, al departamento del Caquetá, al municipio de
Puerto Rico (Caquetá), al Ministerio del Interior, a la Unidad para la Atención y
Reparación a las Víctimas y a los demandantes en el proceso de acción de grupo
identificado con el radicado núm. 18001-33-31-002-2010-00430-02; requirió los
expedientes de las acciones de grupo y ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
14. El Ejército Nacional contestó que la tutela no superó el requisito de inmediatez
y que no existe vulneración de derechos fundamentales. Alegó que la acción no es
una tercera instancia judicial y solicitó que se negaran las pretensiones de amparo8.
15. El departamento del Caquetá sostuvo que no es la autoridad accionada, que
no profirió las providencias cuestionadas y que tampoco vulneró los derechos
fundamentales del accionante. Argumentó que los reparos de amparo se reducen a
desacuerdos subjetivos con el resultado del proceso, lo cual es insuficiente para
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00468-00, índice 2, certificado 064BFAC80CE4256E
9443E98BE6904F34 276C5DE88532ED3F 761B03BB9544AB76.
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00468-00, índice 19, certificado 751D5AD7145C178A
5141E48339CE6B6E 508D5FA147C3E21E 63B77B08A1878BE4.
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estructurar un cargo constitucional y para superar el requisito de identificación clara,
concreta y razonable de la vulneración9.
16. Alegó que no se configuró el defecto fáctico, invocó el respeto a la autonomía
e independencia judicial y agregó que carece de legitimación en la causa por pasiva,
por lo que pidió que se declarara improcedente la acción, se negaran las
pretensiones y su desvinculación del trámite constitucional.
17. La Policía Nacional, entre otros argumentos, expuso que no es cierto que se
vulneró el derecho fundamental al debido proceso dentro de las acciones de grupo
objeto de tutela; que la sentencia del Tribunal estuvo sustentada en pruebas y en la
normativa que rige la materia; y que no se superaron los requisitos generales de
procedibilidad, en particular, el de relevancia constitucional10.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Néstor Wilmer Ledesma Trujillo
contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá.
3.2. Legitimación en la causa
19. La legitimación en la causa por activa del señor Néstor Wilmer Ledesma Trujillo
está acreditada porque fue parte de los demandantes en el proceso de acción de
grupo en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconocido sus
derechos fundamentales.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, debido a que fue la autoridad que
profirió la sentencia del 9 de julio de 2025 dentro del proceso núm. 18001-33-31-
002-2010-00430-00/02, objeto de tutela.
20. Por otro lado, se advierte que el departamento del Caquetá solicitó su
desvinculación al considerar que no estaba llamado a responder por la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte accionante.
21. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso ordinario en el
que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.
9 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00468-00, índice 21, certificado AE33F4776CE955D3
53BE386EBE1C6DAB F81BDF308AFE202F 8D008A2D9ED7FC3B.
10 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00468-00, índice 22, certificado 60BDD40E4B20D200
9CCD15E01C0BD25D 9EBDB40C117604C4 98092C5FCA23B590.
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3.3. Problema jurídico
22. En atención a los argumentos de las partes y de los vinculados, la Sala deberá
establecer si: ¿la solicitud de amparo supera los requisitos de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial, en particular, el de suficiencia argumentativa?
23. En caso afirmativo, se tendrá que determinar si: ¿la Sala Segunda de Decisión
del Tribunal Administrativo del Caquetá vulneró el derecho fundamental invocado
por el señor Néstor Wilmer Ledesma Trujillo? En concreto, habrá que analizar si la
sentencia del 9 de julio de 2025 incurrió en el defecto fáctico.
3.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
24. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias
judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos
generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales
se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional12.
25. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
26. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales13 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
27. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
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orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.
28. En particular, frente al requisito de exposición suficiente de hechos y
argumentos, es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991
establece que la acción de tutela tiene un carácter informal. No obstante, la solicitud
de amparo deberá exponer con la mayor claridad posible la acción o la omisión que
la motiva, el derecho que se considera amenazado, el nombre de la autoridad
accionada y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidirla.
29. En las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional,
en la sentencia C-590 de 2005, incluyó como un requisito general de procedibilidad
que la parte actora identifique de manera razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, toda vez que en esta oportunidad se busca
afectar la seguridad jurídica y los efectos de cosa juzgada que generan una decisión
judicial.
30. En igual sentido, el tribunal constitucional, en sentencia SU-585 de 2017,
sostuvo que:
[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto,
resulta de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad
especial, la que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la
providencia judicial.
31. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la acción es presentada contra una
providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga
argumentativa mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre
la decisión judicial enjuiciada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, manifestó que:
[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio
de cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de
tutela, y que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se
deduzca con claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos
fundamentales»15.
3.3.2. Caso concreto
32. En el caso bajo estudio, el tutelante sostuvo que su derecho fundamental al
debido proceso fue vulnerado por el Tribunal Administrativo del Caquetá «al desatar
el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso
14 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
15 Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente núm.
25000-23-36-000-2019-00003-01(AC).
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con radicado núm. 18001-33-31-002-2010-00430-00[02]», y solicitó que se
ordenara a la autoridad judicial que emitiera una nueva decisión.
33. Ahora bien, la Sala observa que la sentencia del 9 de julio de 2025 revocó la
decisión de primera instancia y declaró probada de oficio la excepción de cosa
juzgada, toda vez que encontró que el fallo del 28 de junio de 2019 proferido por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia dentro del proceso núm. 18001-33-31-
701-2009-00066-00, confirmado el 29 de enero de 2021 por el Tribunal, resolvió una
demanda interpuesta con identidad de partes, objeto y causa.
34. No obstante, en el escrito de amparo se argumentó, por un lado, la
configuración de un defecto fáctico, por cuanto la sentencia del 28 de junio de 2019
emitida dentro del proceso núm. 18001-33-31-701-2009-00066-00 no valoró las
pruebas aportadas con la demanda de acción de grupo con radicado núm. 18001-
33-31-002-2010-00430-00/02; y, por otro lado, que el auto del 11 de noviembre de
2015 no debió declarar la nulidad de todo lo actuado y ordenar continuar por
separado los procesos.
35. De lo expuesto, esta Sala advierte que los cargos del señor Néstor Wilmer
Ledesma Trujillo pretenden demostrar la responsabilidad extracontractual de las
entidades demandadas por los daños y perjuicios causados con la muerte de los
señores Dora Lilia Saavedra y Ferney Ledesma Trujillo el 18 de noviembre de 2008
y el desplazamiento forzado de sus familiares, y la improcedencia de tramitar las
acciones de manera separada; pero no controvierten la decisión del Tribunal que
declaró la cosa juzgada.
36. En ese orden, se advierte que los reparos de la tutela realmente no están
dirigidos contra la sentencia del 9 de julio de 2025 dictada dentro del expediente
núm. 18001-33-31-002-2010-00430-00, sino de providencias emitidas en otro
proceso judicial.
37. En consecuencia, no está cumplido el requisito de suficiencia argumentativa,
en la medida en que los reproches de amparo escapan del ámbito de competencia
del juez constitucional porque desconocen la decisión del Tribunal Administrativo
del Caquetá y buscan agotar un debate ajeno al proceso ordinario cuestionado.
4. Conclusión
38. De acuerdo con las razones contenidas en esta providencia, los cargos del
escrito de tutela no superan el requisito de procedibilidad de suficiencia
argumentativa, motivo por el que la solicitud de amparo será declarada
improcedente.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00468-00 (654)
Accionante: Néstor Wilmer Ledesma Trujillo
Accionado: Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Caquetá
Falla
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el departamento del
Caquetá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: Declarar improcedente el amparo de tutela solicitado por el señor Néstor
Wilmer Ledesma Trujillo contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
9
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