Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00475-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00475-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00475-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00475-00
Accionante: YOMAIRA VITTA SUÁREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / SUBSIDIARIEDAD – No se
cumple en este caso porque el medio de control de nulidad y restablecimiento es idóneo y eficaz
para garantizar la protección de los derechos fundamentales, y no se acreditó la configuración
de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por la señora Yomaira Vitta Suárez contra
el Tribunal Administrativo del Atlántico, la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Barranquilla, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, la Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A. y los señores Jhonys Contreras del Valle y Danne Lucía Boyano
Viloria, de conformidad con lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política
y 29 del Decreto 2591 de 19911.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 23 de enero de 20262, la señora Yomaira Vitta Suárez ejerció acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Atlántico, la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Barranquilla, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, la Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A. y los señores Jhonys Contreras del Valle y Danne Lucía Boyano
Viloria, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social,
al mínimo vital, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y a la igualdad.
Hechos relevantes
2. La señora Yomaira Vitta Suárez nació el 16 de enero de 1956 y, desde el 7 de mayo
de 2001, se vinculó a la Rama Judicial. Expuso que desempeñó el cargo de escribiente
nominado en la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Atlántico desde el 13
de enero de 2004.
3. Manifestó que el 27 de marzo de 2025 tuvo un accidente en su puesto de trabajo,
porque había una silla mal ubicada en la secretaría que le ocasionó una fractura en su
hombro izquierdo. Por lo anterior, estuvo incapacitada desde esa fecha hasta el 16 de
agosto del mismo año. Indicó que entre los meses de septiembre y diciembre asistió a
1
Que ingresó para fallo el 11 de febrero de 2026.
2 Obra en documento con certificado
41F847DE9BCFE150 B141CB5AE802CE9C 52D90F50DBE71B98 2E469276ABB84594, índice 2 del
expediente digital de Samai.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00475-00
Accionante: Yomaira Vitta Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
terapia de rehabilitación «todos los días, dado el deterioro óseo causado por el
accidente».
4. Señaló que estuvo vinculada al fondo privado de pensiones Porvenir; no obstante, con
la expedición de la Ley 2381 de 2024, a partir del 1 de julio de 2025 «se dio la oportunidad
de acceder a la “doble asesoría”- a efectos de traslado al régimen de prima media», pero
en atención a sus condiciones físicas y emocionales ocasionadas por el accidente no lo
pudo realizar.
5. Expuso que, a pesar de sufrir un accidente laboral, ni el Tribunal Administrativo del
Atlántico ni la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla ejercieron
alguna labor de acompañamiento en aspectos de salud o pensión, pues se desligaron
de su situación tras el concepto de la ARL, toda vez que argumentó que el accidente se
«debió a mi edad y por supuesta enfermedad de origen común, que nunca estuvo en mi
historial clínico previo al suceso».
6. Indicó que en diciembre de 2025 recurrió a la doble asesoría en la cual le manifestaron
que podía pasarse de régimen; por lo anterior, el 12 de diciembre de 2025 radicó la
solicitud de traslado en la AFP Porvenir con el fin de afiliarse al Régimen de Prima Media
a través de Colpensiones.
7. Adujo que el 15 de enero de 2026 le manifestó al Tribunal Administrativo del Atlántico
que el día siguiente cumplía 70 años, y en esa misma fecha recibió la historia laboral
emitida por Colpensiones en la cual constaba que tenía 1260 semanas cotizadas en el
régimen de ahorro individual.
8. El 16 de enero de 2026 le solicitó al Tribunal Administrativo del Atlántico la inaplicación
del retiro forzoso porque le faltaban solo 40 semanas para acceder a la pensión de vejez.
El 19 del mismo mes y año, se profirió el Acuerdo 001 mediante el cual «se efectúa un
retiro del servicio por cumplimiento de la edad». El 20 de enero siguiente, la Presidencia
del Tribunal le negó la solicitud de inaplicación de la edad de retiro forzoso.
9. Afirmó que, desde el 30 de noviembre de 2023, el registro seccional de elegibles del
cargo de escribiente de tribunal grado nominado quedó agotado según se dispuso en la
Resolución CSJATR23-4160 del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.
Asimismo, desde el 18 de junio de 2025, el registro del cargo de citador de tribunal perdió
vigencia.
10. En su concepto, no se genera afectación alguna a los derechos de los aspirantes por
concurso, razón por la cual estima aplicable lo decidido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-521 de 2024. Precisó que el 19 de enero de 2026, la Sala Plena del Tribunal
efectuó los nombramientos de la señora Danne Lucía Boyano Viloria en el cargo de
escribiente y del señor Jhonys Contreras del Valle en el cargo de citador.
11. Indicó que «a la fecha, COLPENSIONES me indicó por doble asesoría que podía
cambiar de régimen. Pero aun PORVENIR no me libera para consolidar mi afiliación a
prima media. Ahora, con el cambio a prima media, si bien se mejora la posible pensión,
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00475-00
Accionante: Yomaira Vitta Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
la exigencia de semanas es mayor. Pues paso de 1100 en ahorro individual a 1300 en
prima media».
12. Expuso que, a pesar de que le faltan 40 semanas para acceder a la pensión con
Colpensiones y «aun teniendo las semanas completas no tengo definido el
reconocimiento de pensión ni inclusión en nómina de pensionados», debe considerarse
que, conforme el Decreto 0656 de 1997, Colpensiones dispone de hasta cuatro meses
para resolver la solicitud pensional.
13. Afirmó que actualmente se encuentra en estado de desprotección, con limitaciones
físicas, «técnicamente fuera de nómina, sin pensión a recibir» y sin su única fuente de
ingresos, con la cual sufragaba la cuota del apartamento en que reside, el cual se
encuentra hipotecado con el Banco Colpatria. Indicó además que, respecto del mismo
inmueble, tiene un crédito por libranza descontado directamente de su salario, por lo que
un eventual atraso en los pagos podría conducir a la pérdida de su vivienda.
14. Señaló que ya había enfrentado una situación similar durante el periodo de
incapacidad, pues la disminución de sus ingresos dio lugar al embargo adelantado por la
administración del edificio en el que reside, conforme se evidencia en el proceso con
radicado 08001418900520240087900.
15. Indicó que su esposo no cuenta con trabajo y atraviesa una situación semejante, en
tanto formuló una reclamación por ineficacia de la afiliación y actualmente no percibe
salario ni pensión.
Pretensiones
16. La señora Yomaira Vitta Suárez solicitó lo siguiente (transcripción con posibles
errores incluidos):
Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, Dejar sin efectos
el acuerdo 001 del 19 de enero de 2026, mediante el cual se dispuso el retiro
forzoso de la suscrita, YOMAIRA VITTA SUÁREZ […].
Así mismo, se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL BARRANQUILLA, disponer de la continuidad en nómina de la señora
YOMAIRA VITTA SUÁREZ, […] en el cargo de escribiente nominado de tribunal.
Que le restablezca a la señora YOMAIRA VITTA SUÁREZ, […] el derecho de
continuar en el cargo, sin solución de continuidad. Es decir, RAMA JUDICIAL –
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BARRANQUILLA proceda en forma inmediata con
el reintegro sin solución de continuidad de la señora YOMAIRA VITTA SUÁREZ,
[…] en el cargo de escribiente nominado de tribunal, como si nunca hubiese sido
retirada.
Que la orden de reintegro se mantenga hasta tanto a la señora YOMAIRA VITTA
SUÁREZ, […] le sea reconocida y comience a disfrutar la pensión de vejez o, en
su defecto, la prestación económica a que tenga derecho y que resulte más
beneficiosa para el accionante.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00475-00
Accionante: Yomaira Vitta Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Se ordene a las administradoras de fondo de pensiones PORVENIR y
COLPENSIONES realizar las actuaciones administrativas pertinentes y
necesarias en aras de resolver definitivamente la solicitud de reconocimiento de
pensión del accionante, en el subsistema que mas le convenga.
Se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BARRANQUILLA – disponer de los trámites administrativos, a través del área de
Bienestar y seguridad en el trabajo y Recursos Humanos, a efectos del
acompañamiento, asesoría a YOMAIRA VITTA en su calidad de prepensionada.
Esto es en su rehabilitación, medicina laboral, y demás trámites previos a su retiro
como paz y salvo, inventario de almacén, mantenimiento y demás.
17. Como medida provisional, solicitó lo siguiente:
A fin de que no se consolide un perjuicio irremediable con el retiro y no pago de
salario, se solicita al juez constitucional viabilizar como medida provisional
urgente la continuidad de la señora YOMAIRA VITTA en la nómina de la rama
judicial, a fin de que reciba su pago del mes de enero de 2026 y pueda cubrir su
mínimo vital al que tiene derecho en protección de su dignidad.
La suscrita, Yomaira Vitta Suárez se sostiene por sí misma, a través del salario
que recibe como escribiente del Tribunal Administrativo del Atlántico. No tiene
otros ingresos más que su salario.
En contraposición tiene hipoteca por el apartamento donde reside, gravamen
constituido con el banco Scotiabank Colpatria.
En mi nómina presento descuento mensual por crédito por libranza, con el cual
cancelé cuota inicial por el mismo apartamento.
De mis ingresos depende mi hogar y mi mamá de 91 años a quien tengo afiliada
como beneficiaria en salud.
Con ese único ingreso cubro de mi hogar alimentación, servicios públicos básicos
y la administración del apartamento donde resido.
Trámite procesal
18. Mediante auto del 30 de enero de 20263, se admitió la solicitud de amparo y ordenó
notificar la decisión al Tribunal Administrativo del Atlántico, a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial del Atlántico, al Consejo Seccional de la Judicatura
del Atlántico, a la Administradora Colombiana de Pensiones, a la Sociedad
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y a los señores
Jhonys Contreras del Valle y Danne Lucía Boyano Viloria. Asimismo, se negó la medida
provisional solicitada.
19. El Tribunal Administrativo del Atlántico informó que respecto de la solicitud de
inaplicación de la figura del retiro forzoso se consideró que no resultaba posible porque
la ley fija de manera obligatoria la edad máxima de 70 años para el ejercicio de funciones
públicas, regla que no admite excepciones individuales.
3 Obra en documento con certificado ED67CBF1BD3147CA C10049AD59CC9A14 06ACE4C316022C85
DCB27D34DE6832D1, índice 4 del expediente digital de Samai.
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Accionante: Yomaira Vitta Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
20. En cuanto a la situación pensional de la servidora, se señaló que contaba con 1.260
semanas cotizadas y, conforme la Sentencia C-197 de 2023, proferida por la Corte
Constitucional, el número de semanas requeridas para mujeres en el Régimen de Prima
Media se redujo progresivamente, pues desde el 1° de enero de 2026 se requieren 1.250
semanas. Entonces, adujo que esta cumple con las semanas necesarias y puede acudir
directamente a Colpensiones para solicitar su pensión de vejez.
21. En caso de que esta estuviera afiliada al Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad expuso que también puede solicitar la pensión conforme al capital
acumulado. De manera que, el retiro no implicaba desprotección pensional, dado que
existen mecanismos jurídicos para que la señora Vitta Suárez gestione el reconocimiento
de su pensión.
22. En relación con el accidente laboral que sufrió, manifestó que se le respetaron sus
incapacidades desde el 27 de marzo de 2025 y se le otorgaron los permisos necesarios
para que asistiera a las terapias, controles y demás trámites médicos que contribuyeran
a su rehabilitación.
23. Indicó que el Tribunal no conocía que la accionante estaba afiliada a la AFP Porvenir,
dado que esa información es personal. No obstante, afirmó que la Dirección Seccional
de Administración Judicial puso en conocimiento de toda la comunidad judicial las
capacitaciones para el trámite de la pensión de las personas que estuvieran en el grupo
de prepensionables, en las cuales se explicaban las ventajas y desventajas de los
diferentes fondos de pensiones.
24. Manifestó que luego de realizar una indagación sobre la situación particular de la
accionante, se constató que el traslado desde el Fondo de Pensiones Porvenir a
Colpensiones solo inició el 1 de julio de 2025 durante su convalecencia, luego del
accidente laboral, y «mal puede alegar que esta Corporación no le hizo el
acompañamiento que requería, cuando en realidad ese trámite pensional es netamente
personal y, en el presente caso, la accionante no puso en conocimiento previo al
nominador de su situación pensional».
25. Explicó que la accionante no contaba con todas las semanas cotizadas debido a que,
en años anteriores, efectuó el retiro voluntario de una parte significativa de los aportes
que tenía en el fondo privado. Señaló que, posteriormente, al trasladarse a Colpensiones,
registraba únicamente las 1.260 semanas mencionadas en la demanda de tutela, cifra
que no le permite acceder a la pensión de vejez. Por tanto, esa situación no le es
imputable a la Rama Judicial, puesto que no le corresponde a la entidad asegurar el
traslado oportuno ni compensar la insuficiencia de semanas cotizadas, pues tales
circunstancias derivan exclusivamente de decisiones adoptadas de manera voluntaria
por la actora y de trámites que competen únicamente a las administradoras de
pensiones.
26. Sostuvo que no se cumplen los requisitos fijados en la sentencia T-521 de 2024
porque la demandante nunca informó su intención de trasladarse de régimen hasta enero
de 2026, ni tampoco puso de presente la imposibilidad de sostenerse económicamente,
pues solo manifestó esa situación con posterioridad al acto de retiro.
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Referencia: Acción de tutela de primera instancia
27. Indicó que la carga de demostrar la afectación del mínimo vital recae en quien la
alega, y si bien la actora señaló que tenía obligaciones financieras no demostró gestiones
previas ante su AFP o ante Colpensiones dirigidas a asegurar el tránsito pensional
oportuno. Tampoco acreditó circunstancias objetivas que hicieran previsible para el
Tribunal la existencia de un riesgo inminente que ameritara inaplicar la regla de retiro
forzoso.
28. La Administradora Colombiana de Pensiones expuso que no se encontró solicitud
pendiente por resolver en relación con el reconocimiento de una pensión de vejez por
parte de la accionante. En tal sentido, expuso que la señora Vitta Suárez puede radicar
el formulario correspondiente a su solicitud, con los documentos necesarios para acceder
a la prestación que requiere.
29. El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico señaló que esa entidad no
expidió ni participó en la adopción del Acuerdo 001 de 2026 mediante el cual se produjo
el retiro de la accionante, ni tiene la competencia funcional para ordenar el reintegro, por
lo que solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.
30. La señora Danne Lucía Boyano Viloria afirmó que fue nombrada mediante el
Acuerdo 02 de 2026 en el cargo de escribiente nominado del Tribunal Administrativo del
Atlántico en provisionalidad, toda vez que tiene su cargo en propiedad como citadora
grado 04. Manifestó que desconoce la historia laboral de la señora Vitta Suárez y, en
todo caso, la supuesta vulneración a los derechos fundamentales no le fue atribuida a
ella.
31. El señor Jhonys José Contreras del Valle solicitó que se declare improcedente la
tutela. Expuso que de accederse a las pretensiones de la demanda, tal situación afectaría
drásticamente sus derechos prestaciones así como el cese de su mínimo vital, toda vez
que es el único ingreso presente y futuro.
32. Porvenir S.A. manifestó que la señora Yomaira Vitta Suárez no se encuentra afiliada
a esa entidad. Expuso, asimismo, que no es la entidad llamada a responder por los
hechos expuestos por la accionante y, por tanto, pidió que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
33. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla
explicó que desde el día en que la accionante sufrió el accidente laboral, el Grupo de
Seguridad y Salud en el Trabajo activó el protocolo correspondiente y brindó el debido
acompañamiento, pues se realizó el reporte del accidente de trabajo ante el Ministerio
del Trabajo, se pidió el reemplazo de todas las sillas con base a las inspecciones
realizadas y se hizo la retroalimentación de las condiciones del entrono de trabajo.
34. Señaló que resulta improcedente incluir en nómina a la accionante porque esta no
cuenta con vínculo alguno con la Rama Judicial Seccional Atlántico, pues fue ordenado
su retiro con fundamento en el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016. Explicó, además, que
lo pedido no guarda relación con sus funciones, pues dicha facultad recae de manera
exclusiva en el nominador.
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35. La señora Yomaira Vitta Suárez, mediante memorial del 16 de febrero de 2026,
expuso que, si bien ostenta la calidad de abogada, ha estado en labores secretariales
durante más de 20 años, por lo que su destreza en el ámbito profesional se ha limitado
a esas funciones. Por lo anterior, ante su retiro forzoso no sería una salida viable litigar,
pues se trata de 4 meses como mínimo para que Colpensiones le reconozca la pensión
«siendo que recién me aprueba el traslado».
36. Precisó que el Despacho «se tomó 8 días en admitir mi tutela, cuando la admisión
debe ser inmediata. Así se lo exigen a los jueces. Y no cuestiono la demora, porque he
trabajado en la jurisdicción contenciosa 20 años y de lo saturada que anda siempre». Por
lo anterior, expuso que no resultaría eficaz una demanda en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues «en el mejor de los escenarios, para cuando quisiera
admitirse la demanda ya habría de producirse mi nómina».
37. En cuanto a las contestaciones rendidas por las autoridades demandadas señaló que
la Dirección de Recursos Humanos de la Seccional Barranquilla se limitó a programar su
retiro en el sistema, sin adelantar gestión alguna de carácter humano o asistencial.
38. Manifestó que, conforme a lo expuesto por el Tribunal Administrativo del Atlántico, si
bien podría resultar aplicable lo previsto en la sentencia C-197 de 2023, lo cierto es que
no se encuentra incluida en nómina de pensionados y que el trámite pensional puede
extenderse hasta por cuatro meses sin percibir ingreso alguno.
39. Reiteró que la Presidencia del Tribunal estaba en posibilidad de ponderar su retiro,
puesto que no se afectaban derechos de carrera de terceros, dado que no existía registro
de elegibles vigente para el cargo que desempeñaba.
40. Adujo que no había radicado solicitud de reconocimiento y pago de pensión debido
a que, a causa del accidente y su estado de salud, solo pudo presentar la solicitud de
traslado -a través de la doble asesoría- en diciembre de 2025, trámite cuyo término de
respuesta vencía en febrero de 2026.
41. Respecto de lo indicado por la señora Danne Boyano, señaló que esta sí conocía de
su situación laboral y las circunstancias del accidente, y que incluso había reclamado su
ascenso durante ese periodo, cuestionando que, durante su incapacidad, hubiese sido
nombrado en su reemplazo el señor Danilo Rivera. Agregó que la señora Boyano no
enfrenta una situación económica más apremiante, dado que su núcleo familiar percibe
dos salarios provenientes de la Rama Judicial; asimismo, indicó que el judicante Jhonys
Contreras no pertenece a la lista de elegibles ni ostenta mejor derecho para acceder al
cargo.
42. Finalmente, afirmó que la respuesta de Porvenir S.A. fue imprecisa, pues siempre
estuvo afiliada a dicha administradora y, para la fecha de su retiro forzoso, se encontraba
pendiente la definición del traslado a Colpensiones solicitado en diciembre de 2025.
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CONSIDERACIONES
Competencia
43. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).
Problema jurídico
44. La Sala debe determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedencia y, en caso de acreditarse, deberá analizar si las autoridades
demandadas vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo
vital, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y a la igualdad, al haber expedido el
Acuerdo 001 de 2026, mediante el cual se dispuso su desvinculación de la entidad por
cumplimiento de la edad de retiro forzoso.
Análisis de la Sala
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
45. Legitimación en la causa. Se encuentra acreditada tanto por activa como por
pasiva, teniendo en cuenta que la señora Yomaira Vitta Suárez es la persona retirada
del cargo de escribiente nominado, a través del Acuerdo 001 del 19 de enero de 2026,
y, por tanto, la titular de los derechos fundamentales invocados como afectados,
vulneración que, a su vez, se le atribuye al Tribunal Administrativo del Atlántico, por
tratarse de la autoridad que profirió dicho acto administrativo.
46. A su vez, la Sala considera que la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, la Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A. y los señores Jhonys Contreras del Valle y Danne Lucía Boyano
Viloria también se encuentran legitimados por pasiva, toda vez que a estos les asiste un
interés legítimo en el resultado del presente proceso.
47. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que el acuerdo cuestionado se
profirió el 19 de enero de 2026. Como la solicitud de amparo se presentó el 23 del mismo
mes y año, la Sala considera que esta se interpuso en un término razonable.
48. Subsidiariedad. La acción de tutela procede cuando el interesado no dispone de
otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe
ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado,
pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y,
de concurrir, concederá el amparo impetrado.
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49. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
50. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario,
la tutela deviene improcedente, salvo que, valga reiterar, se esté en presencia de un
perjuicio irremediable, es decir, que se trate de un riesgo cierto y real de daños
provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar
a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la
mera indemnización del perjuicio.
51. En esos casos, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos
fundamentales.
52. En los mismos términos, la Corte Constitucional en la sentencia SU 691 de 2017
consideró lo siguiente:
Así, por regla general, (i) cuando el ciudadano cuenta con otros mecanismos de defensa
judicial idóneos para resolver las cuestiones planteadas y no se configura un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando el accionante no cuenta con
otros mecanismos judiciales idóneos y eficaces, las órdenes del juez de tutela son definitivas;
y (iii) excepcionalmente, cuando el afectado dispone de otros mecanismos de defensa judicial
idóneos y eficaces pero la actuación del juez sea necesaria para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable, el juez de tutela podrá dar órdenes transitorias que brinden protección
al derecho fundamental hasta tanto el juez ordinario o la autoridad competente se pronuncie
sobre las pretensiones. Lo anterior, sin perjuicio de que, en el análisis de casos concretos, el
juez constitucional establezca las subreglas pertinentes acorde con la jurisprudencia
constitucional.
53. De hecho, en la sentencia de unificación 003 de 2018 sostuvo que «de ahí que la
Constitución defina la tutela como un mecanismo subsidiario frente a los demás medios
de defensa judicial, los cuales son, entonces, los instrumentos preferentes a los que
deben acudir las personas para lograr la protección de sus derechos, tal como disponen
el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 6 y el inciso
1° del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991».
54. En el caso concreto, la señora Yomaira Vitta Suárez pretende que se deje sin efectos
el Acuerdo 001 de 2026, «[p]or la cual se efectúa un retiro del servicio por cumplimiento
de la edad». De entrada, la Sala encuentra que la parte actora tiene a su alcance un
mecanismo eficaz para la protección de sus derechos, cual es el medio de control de
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nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de
20114.
55. Esta Subsección considera que no procede un pronunciamiento de fondo sobre la
procedencia del reintegro laboral de la señora Vitta Suárez, por cuanto la acción de tutela
no sustituye ni desplaza el medio ordinario de defensa judicial previsto para controvertir
los actos administrativos de desvinculación. Corresponde al juez natural, mediante el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, determinar si la accionante
tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada que invoca y si el acto demandado debe
suspenderse provisionalmente o anularse en sede ordinaria.
56. Cabe recordar, que el proceso contencioso-administrativo prevé mecanismos como
las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las decisiones pertinentes para
que, por ejemplo, no se vulneren derechos fundamentales. De modo que la parte actora,
en el respectivo medio de control, puede pedir la suspensión provisional de los efectos
jurídicos del acto o actos administrativos, medida cautelar que es un medio de defensa
idóneo, ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional,
el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
57. Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la
protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación ha considerado:
“En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la acción
de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) la suspensión provisional
del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que la acción de tutela,
por varios razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede para evitar
un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para suspender
el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo”5.
58. Adicionalmente, en lo que concierne al ámbito de las relaciones laborales entre los
servidores públicos y el Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo y eficaz para cuestionar la
legalidad del acto administrativo que ordena la desvinculación, porque:
“(…)
[e]n el trámite de dicho mecanismo el demandante tiene a su disposición una amplia
gama de medidas cautelares como (i) el restablecimiento inmediato de un derecho,
la suspensión de un procedimiento, la orden de adopción a la administración de una
4 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 5 de marzo de 2014.
Expediente 25000-23-42-000-2013-06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.
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decisión, o la posibilidad de imponer obligaciones de hacer o no hacer; (ii) se suprimió
la expresión “manifiesta infracción”, como condición para decretar la medida de
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo; (iii) se dispone de un
sistema innominado de medidas cautelares, las cuales se conciben de forma
autónoma a la demanda presentada, tanto que (iv) el requisito de conciliación
prejudicial no les es aplicable; y (v) se prevén medidas de urgencia como medios
preliminares dotados de eficacia inmediata para la protección de los derechos
fundamentales”6.
59. De otra parte, se tiene que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-486 de 2025,
sostuvo que la sola circunstancia de ser adulto mayor, pertenecer a la tercera edad,
soportar una enfermedad importante o encontrarse en condición de debilidad manifiesta
no resulta suficiente para justificar la procedencia de la tutela cuando se cuenta con un
mecanismo ordinario de defensa, así:
“37. En esa medida, la jurisprudencia ha precisado que la sola circunstancia de
pertenecer a la tercera edad, padecer una enfermedad importante o encontrarse en
condición de debilidad manifiesta no resulta, por sí sola, suficiente para justificar la
procedencia de la tutela. Estas condiciones deben ponderarse conjuntamente con los
demás elementos que determinan la idoneidad y eficacia del medio ordinario y con
las particularidades del caso concreto. Solo cuando de ese análisis integral se
desprende que el proceso judicial disponible no garantiza una protección oportuna y
efectiva, o impone al accionante una carga excesiva frente a su situación personal y
material, la acción de tutela se erige como mecanismo procedente para la protección
de los derechos fundamentales comprometidos”7.
60. En el caso particular, las pruebas que obran en el expediente no dan cuenta de la
configuración de un perjuicio irremediable que amerite la intervención urgente e
impostergable del juez constitucional. Todo lo contrario, como se detallará a
continuación, permiten descartar tanto la supuesta situación de vulnerabilidad en que se
encuentra la accionante como la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
(principal o transitorio) de protección de sus derechos fundamentales.
61. Según los documentos aportados en la demanda, la Sala advierte que, si bien la
señora Yomaira Vitta Suárez cumplió 70 años el 16 de enero de 2026, lo cierto es que
según la respuesta dada por Colpensiones al radicado 2025_26630159 del 9 de
diciembre de 2025, la accionante contaba con 1.260 semanas cotizadas.
6 Corte Constitucional, Sentencias T-156 de 2024, SU-691 de 2017 y T-299 de 2024.
7 Al respecto, al examinar la procedibilidad de la acción de tutela dirigida a obtener la indexación de la
primera mesada de la pensión de una persona de 84 años, la Sentencia T-301 de 2025 señaló que «Este
Tribunal reconoce que el actor es una persona de la tercera edad, condición que puede ser un factor
relevante para flexibilizar el análisis del requisito de subsidiariedad, en atención a la protección reforzada
que gozan quienes se encuentran en dicha etapa de la vida. Sin embargo, (i) el accionante percibe una
pensión desde hace más 20 años, en una cuantía aproximada de 2.5 SMLMV, suma que le permite
solventar sus necesidades básicas de forma estable mientras se adelanta el trámite ante la jurisdicción
ordinaria laboral; y (ii) es beneficiario de un derecho pensional que le garantiza, tanto a él como a su
esposa, el acceso a los servicios del Sistema de Seguridad Social en Salud, a través del cual puede recibir
atención médica para las enfermedades señaladas en el escrito de tutela. || Por lo anterior, la
improcedencia de la acción de tutela en este caso obedece a que el debate sobre la eventual reliquidación
de la pensión debe ser resuelto por la jurisdicción ordinaria laboral, lo cual no implica un desconocimiento
de la protección reforzada que ampara a las personas de la tercera edad. En efecto, las pretensiones del
actor giran en torno a la reliquidación e indexación de una mesa pensional reconocida hace más de dos
décadas, sin que se advierta un impacto sobre el derecho al mínimo vital del accionante. La ausencia de
elementos probatorios que demuestren una insuficiencia económica o un estado de salud crítico impide
aplicar de manera excepcional la acción de tutela como mecanismo definitivo. En consecuencia, se
mantiene la competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer y decidir sobre esta controversia».
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62. Conforme la constancia aportada por Porvenir S.A., la accionante solicitó el traslado
hacia Colpensiones el 10 de diciembre de 2025 el cual quedó efectivo a partir del 1 de
febrero de la presente anualidad, tal como se puede observar:
63. Adicional a lo anterior, la Sala precisa que la Corte Constitucional en la sentencia C-
197 de 2023 resolvió lo siguiente:
PRIMERO. – Declarar la INEXEQUIBILIDAD del inciso 2° del numero 2° del artículo
9° de la Ley 797 de 2003, que modificó el inciso 2° del numeral 2° del artículo 33 de
la Ley 100 de 1993 y el apartado final del inciso 5° del artículo 10 de la Ley 797 de
2003, que modificó el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, en relación con sus efectos
para las mujeres.
Diferir los efectos de la declaratoria de inexequibilidad hasta el 31 de diciembre de
2025, para que en dicho lapso el Congreso de la República, en coordinación con el
Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, adopte un régimen de
causación del derecho a la pensión de vejez en el que se considere integralmente el
enfoque de género y, especialmente, la condición de las mujeres cabeza de familia.
Una vez expire el término señalado, es decir, a partir del 1° de enero de 2026 y
si el Congreso no establece el régimen pensional antes indicado, el número de
semanas mínimas de cotización que se exija a las mujeres para obtener la
pensión de vejez en el régimen de primera media se disminuirá en 50 semanas
y, a partir del 1° de enero de 2027, se disminuirá en 25 semanas cada año hasta
llegar a 1000 semanas.
SEGUNDO. – EXHORTAR al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para
que adopten las políticas y programas complementarios a la política pública pensional
que contribuyan a cerrar la brecha en la equidad de género, frente a escenarios que
impliquen barreras para que las mujeres accedan a la pensión, en especial, en lo
referente al reconocimiento de la economía del cuidado.
64. Ahora bien, el Congreso de la República profirió la Ley 2381 de 2024 que en el
artículo 32 estableció que para acceder a la pensión integral de vejez en el régimen
contributivo se requiere:
I) En el Componente de Prima Media del Pilar Contributivo se determinará de la
siguiente forma:
En el Componente de Prima Media, para tener derecho a la pensión integral de vejez,
el(la) afiliado(a) deberá reunir las siguientes condiciones: 1. Haber cumplido
cincuenta y siete (57) años de edad si es mujer, o sesenta y dos (62) años de edad
si es hombre y;
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2. Haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas en cualquier tiempo. Las semanas
mínimas de cotización que se exija a las mujeres para obtener la pensión de vejez a
partir del 10. de enero del año 2025 se disminuirán hasta llegar a 1000 semanas de
cotización.
A partir del 10 de enero del 2025, se disminuirá en 25 semanas cada año, así:
65. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante el Auto 841 de 2025 suspendió «a
partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las normas de la Ley 2381
de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida
definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se refiere a lo
dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley. El Congreso de
la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente, podrá definir un nuevo
término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024».
66. Queda establecido, entonces, que la señora Vitta Suárez para el año 2026 requiere
para acceder a la pensión de vejez 1.250 semanas de cotización para acceder a la
pensión de vejez y que, conforme a la certificación expedida por Colpensiones, cuenta
con un total de 1.260 semanas cotizadas.
67. Ahora bien, en la sentencia T-374 de 2024 la Corte Constitucional sostuvo que la
estabilidad laboral de los prepensionados consiste en la garantía de no ser desvinculado
del cargo o empleo, cuando se encuentre a tres años o menos de cumplir con los
requisitos para acceder a la pensión de vejez. En la sentencia T-055 de 2020, se
establecieron las situaciones en las que una persona puede estar o no en la condición
de prepensionado en el régimen de prima media, así:
Tabla 2. Condición de prepensionado en el RPM.
CONTEXTO DE LA PERSONA8 CONDICIÓN DE PREPENSIONADO
a) Está a tres años o menos de cumplir edad y
Sí
semanas cotizadas.
b) Está a tres años o menos de cumplir la edad,
pero ya cuenta con las semanas mínimas No
requeridas.
c) Está a tres años o menos de completar las
Sí
semanas, pero ya cuenta con la edad.
d) Está a tres años o menos de cumplir la edad,
pero a más de tres años de cumplir las No
semanas.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-374 de 2024. El contexto de la persona se evalúa a partir del momento
en que se produce la desvinculación.
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68. A partir de lo expuesto, la Sala advierte que la señora Vitta Suárez no cumple con las
condiciones propias de una persona prepensionada, pues ya reúne tanto la edad como
las semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez. Además, aunque afirma que
su incapacidad -derivada del accidente laboral ocurrido en marzo de 2025- le impidió
gestionar oportunamente el traslado hacia Colpensiones, lo cierto es que esta solicitud
solo se presentó el 12 de diciembre de 2025. En ese sentido, no demostró que durante
el periodo comprendido entre marzo y diciembre hubiera estado imposibilitada para
adelantar dicho trámite, ni acreditó que su empleador le hubiera negado los permisos
requeridos para realizarlo.
69. La accionante tenía la posibilidad de prever que el trámite de traslado entre
administradoras del sistema pensional podía prolongarse en el tiempo y que, aun
presentada la solicitud, el reconocimiento y la inclusión en nómina de la pensión de vejez
no serían inmediatos, conforme ella misma lo manifestó en el escrito de tutela. No
obstante, optó por iniciar dicho procedimiento cuando restaba poco más de un mes para
cumplir la edad de retiro forzoso prevista en la Ley 1821 de 2016. En consecuencia, no
está llamado a prosperar el argumento según el cual se encontraba imposibilitada
materialmente para realizar oportunamente las gestiones administrativas pertinentes, ni
tampoco se acreditó que durante el periodo previo hubiese enfrentado impedimentos
reales y objetivos para adelantar dicho trámite ante la administradora correspondiente.
70. El hecho de que la señora Yomaira Vitta Suárez tenga obligaciones financieras
pendientes de pago no implica que se encuentre en una situación de riesgo que justifique
flexibilizar el requisito de subsidiariedad. Dicha circunstancia pudo haber sido prevista
con anterioridad a la fecha en la que sabía que debía ser retirada del servicio, máxime
cuando para atender ese tipo de contingencias existen mecanismos como las cesantías
y los ahorros personales.
71. En efecto, las cesantías constituyen una prestación social cuya finalidad principal es
servir como respaldo económico ante situaciones de desempleo o disminución de
ingresos, precisamente para mitigar los efectos derivados de la terminación de la relación
laboral. Por ello, no resulta razonable trasladarle al Tribunal Administrativo del Atlántico
las consecuencias económicas que se derivan de una situación previsible dentro del
curso normal de las relaciones laborales.
72. Adicionalmente, las obligaciones financieras adquiridas por la demandante
corresponden al ámbito de su autonomía personal y patrimonial, por lo que los riesgos
derivados de tales decisiones no pueden convertirse en fundamento suficiente para
desplazar los mecanismos judiciales ordinarios ni para configurar, por sí solos, un
perjuicio irremediable que habilite la intervención excepcional del juez de tutela. En todo
caso, la accionante no acreditó que actualmente subsistan las obligaciones financieras
a las que hizo referencia, pues únicamente allegó, en un escrito posterior, un
comprobante de nómina en el que se observan ciertos descuentos efectuados por el
Banco Davivienda, sin que de dicho documento sea posible establecer el periodo al cual
corresponde.
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73. La accionante manifestó que de sus ingresos depende su mamá de 91 años, a quien
tiene afiliada como beneficiaria en el sistema general de seguridad social en salud. Indicó
que, para acreditar dicha circunstancia, allegaba un «pantallazo adres afiliación de mi
madre como beneficiaria al sistema de salud». No obstante, dicho documento no fue
aportado al expediente, ni se suministraron pruebas adicionales que permitieran a la Sala
tener por demostrada la alegada situación de dependencia económica, tales como
comprobantes de gastos de manutención u otros soportes pertinentes.
74. La Sala considera que no se acreditó con suficiencia que la señora Vitta Suárez se
encuentre en una situación de vulnerabilidad material que justifique prescindir de la vía
ordinaria y abrirle paso a un análisis de la controversia en sede de tutela. Esta puede
ejercer el mecanismo judicial ordinario, con la mencionada medida cautelar, y obtener un
pronunciamiento por parte del juez natural, que, se insiste, es a quien le corresponde
definir si, en principio, suspende los actos administrativos demandados, y si, finalmente,
los anula en la sentencia o tramita la pensión de vejez como alternativa de acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa.
75. De otra parte, si bien la accionante es un adulto mayor9, esa circunstancia por sí sola
no basta para dar por satisfecho el presupuesto de subsidiariedad. En efecto, no se logró
acreditar en el expediente condiciones de vulnerabilidad manifiesta, precariedad
económica o enfermedad grave que limiten su capacidad para acudir al medio de control
ordinario. Por el contrario, aparte que no se demostró la insuficiencia patrimonial, la Sala
constató10 que la señora Yomaira Vitta Suárez es abogada y cuenta con tarjeta
profesional vigente desde el 14 de mayo de 2009, tal como se puede observar en la
siguiente imagen:
76. De manera que la accionante cuenta con los medios jurídicos para obtener la
protección de los derechos que considera vulnerados, mediante el ejercicio del medio de
9 En la Sentencia T-013 de 2020, la Corte Constitucional señaló que, aunque las expresiones «adulto
mayor» y «persona de la tercera edad» suelen emplearse indistintamente, tienen claras diferencias. En
ese sentido, explicó que «[d]e cara a lo dispuesto por el Legislador en esa norma [la Corte se refiere a la
Ley 1276 de 2009], será adulto mayor quien supere los 60 años o aquel que sin superar esa edad, pero
con más de 55 años, tenga condiciones de “desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen”»,
mientras que «la calidad de “persona de la tercera edad” solo puede ostentarla quien no solo es un adulto
mayor, sino que ha superado la esperanza de vida. No todos los adultos mayores son personas de la
tercera edad; por el contrario, cualquier persona de la tercera edad será un adulto mayor». La señora
Yomaira Vitta Suárez tiene 70 años y, por ende, ostenta la condición de adulto mayor y no la de persona
de la tercera edad. Esto, teniendo en cuenta que, según información registrada en el sitio web del DANE
(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-
defunciones), la esperanza de vida al nacer en 2025 para la totalidad de la población en Colombia es de
76,59 años.
10 https://vigenciaspublicas.ramajudicial.gov.co/Certificados.aspx.
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control de nulidad y restablecimiento del derecho (en el que, se insiste, proceden
medidas cautelares) ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
77. La Sala advierte que, en la sentencia de unificación 691 de 2017, la Corte sostuvo
que el mecanismo judicial ordinario era idóneo y eficaz «considerando que (i) todos los
accionantes, son abogados con vasta experiencia en el ejercicio de su profesión, con las
condiciones suficientes para ejercer su derecho de acceso a la administración de justicia;
(ii) ninguno demuestra una situación económica apremiante que le impida, de ser el caso,
costear la caución solicitada, cuando la medida cautelar no sea la de suspensión
provisional, la que no requiere caución para su decreto; y (iii) así como el juez de tutela,
el juez de lo contencioso administrativo tiene la competencia de otorgar las medidas de
protección, cautelares o de urgencia dispuestas en la Ley 1437 de 2011, o las necesarias
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, de ser el caso, pese a tratarse
de medidas transitorias».
78. Adicionalmente, agregó que era relevante que los abogados son profesionales con
amplia experiencia y sin limitación para el ejercicio de sus funciones, y «si bien el resto
de accionantes no manifestaron contar con una opción laboral, lo cierto es que al contar
los demandantes con una profesión liberal, y con amplia experiencia laboral, podrían
desempeñarse de manera independiente».
79. En esas condiciones, como quedó acreditado que la aquí accionante ostenta la
calidad de abogada, la Sala considera que esta puede ejercer su profesión de manera
independiente hasta que logre acceder al derecho pensional o ejerza el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
80. Finalmente, es pertinente aclarar que no son de recibo las afirmaciones de la
demandante según las cuales la presente solicitud de amparo se admitió 8 días después
de su presentación. En efecto, aunque la demanda fue radicada a través de la ventanilla
virtual el jueves 29 de enero de 2026 a las 18:02:12, solo ingresó al Despacho del
magistrado sustanciador para proveer el 3 de febrero siguiente a las 9:44:34. En esa
misma fecha se profirió el auto que admitió la tutela y negó la medida provisional
solicitada en la demanda, decisión que fue notificada el 5 del mismo mes y año.
81. En conclusión, esta Subsección observa que no se demostró una afectación
inminente, grave y urgente al mínimo vital de la señora Yomaira Vitta Suárez con ocasión
de la desvinculación por cumplimiento de la edad de retiro forzoso. Aunque no existe
certeza sobre si el salario que devengaba como escribiente constituía su única fuente de
ingresos para sufragar sus necesidades básicas, no resulta desproporcionado exigirle
que acuda a los mecanismos judiciales ordinarios o que espere a que Colpensiones
resuelva su situación pensional. Ello es así, máxime cuando, como se explicó, la
accionante optó por iniciar los trámites respectivos en un momento cercano del
cumplimiento de la edad de retiro forzoso.
82. Esta Corporación no desconoce la importancia y relevancia de los derechos
fundamentales que se encuentran en disputa; sin embargo, considera importante reiterar
que es al juez administrativo al que le corresponde no solo definir si los actos de
desvinculación se ajustan al ordenamiento jurídico, sino también suspenderlos
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provisionalmente, en caso de que encuentre reunidos los requisitos establecidos por el
legislador para tal fin.
83. Bajo ese contexto, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora
Yomaira Vitta Suárez, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad
con las razones anotadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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