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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00475-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00475-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A-, que declaró improcedente el amparo. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00475-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00475-01

Accionante: YOMAIRA VITTA SUÁREZ

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA-Carácter subsidiario . ACTO ADMINISTRATIVO-Para controvertirlo el afectado dispone del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
del 27 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 23 de enero de 2026 1, Yomaira Vitta Suárez, en nombre propio, interpuso acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y a la
igualdad.

Alegó la vulneración de estos derechos por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, el Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico, la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir

1 SAMAI, índice 2 de primera instancia.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00475-01
Accionante: Yomaira Vitta Suárez
Acción de tutela – Segunda instancia

S.A. y los señores Jhonys Contreras del Valle y Danne Lucía Boyano Viloria. Afirmó
que vulneraron sus derechos fundamentales, por razón del Acuerdo 001 del 19 de
enero de 2026, mediante el cual el Tribunal dispuso su retiro del servicio por
cumplimiento de la edad de retiro forzoso, así como por la omisión en el
acompañamiento necesario para su traslado de régimen pensional.

En virtud del amparo, la parte accionante solicitó expresamente:

Se Ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, Dejar sin
efectos el acuerdo 001 del 19 de enero de 2026, mediante el cual se dispuso
el retiro forzoso de la suscrita, YOMAIRA VITTA SUÁREZ, C.C.32.621.481.

Así mismo, se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
JUDICIAL BARRANQUILLA, disponer de la continuidad en nómina de la
señora YOMAIRA VITTA SUÁREZ, C.C.32.621.481 en el cargo de escribiente
nominado de tribunal.

Que le restablezca a la señora YOMAIRA VITTA SUÁREZ, C.C.32.621.481,
el derecho de continuar en el cargo, sin solución de continuidad. Es decir,
RAMA JUDICIAL- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO,
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
BARRANQUILLA proceda en forma inmediata con el reintegro sin solución de
continuidad de la señora YOMAIRA VITTA SUÁREZ, C.C.32.621.481 en el
cargo de escribiente nominado de tribunal, como si nunca hubiere sido
retirada.

Que la orden de reintegro se mantenga hasta tanto a la señora YOMAIRA
VITTA SUÁREZ, C.C. 32.621.481, le sea reconocida y comience a disfrutar
la pensión de vejez o, en su defecto, la prestación económica a que tenga
derecho y que resulte más beneficiosa para el accionante.

Se ordene a las administradoras de fondo de pensiones PORVENIR y
COLPENSIONES realizar las actuaciones administrativas pertinentes y
necesarias en aras de resolver definitivamente la solicitud de reconocimiento
de pensión del accionante, en el subsistema que más le convenga.

Se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
BARRANQUILLA- disponer de los trámites administrativos, a través del área
de Bienestar y seguridad en el trabajo y Recursos Humanos, a efectos del
acompañamiento, asesoría a YOMAIRA VITTA en su calidad de
prepensionada. Esto es en su rehabilitación, medicina laboral, y demás
tramites previo a su retiro como paz & salvo inventario de almacén,
mantenimiento y demás.

En el mismo escrito, solicitó como medida provisional urgente la continuidad en la
nómina, para garantizar su mínimo vital y proteger el derecho a la dignidad. Afirmó
que, a la espera de la resolución del asunto, podría perder su vivienda por un
embargo ordenado por la administración de su conjunto residencial y si incurre en

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00475-01
Accionante: Yomaira Vitta Suárez
Acción de tutela – Segunda instancia

mora para el pago de un crédito hipotecario. Sostuvo que, debido a su avanzada
edad y a sus lesiones laborales, no tendría otra fuente de ingreso.

2. Hechos relevantes

La accionante afirmó que era servidora judicial desde 2001 y que se desempeñaba
como escribiente nominado en la Secretaría General del Tribunal Administrativo del
Atlántico desde el 13 de enero de 2004. Indicó que el 27 de marzo de 2025 sufrió un
accidente laboral debido al mal estado del mobiliario, que le ocasionó una fractura
en el hombro izquierdo. Manifestó que, durante el periodo de incapacidad y las
terapias de rehabilitación, sus ingresos se redujeron, lo que generó atrasos en el
pago de la administración de su conjunto residencial y, por tanto, en un proceso
ejecutivo en su contra, lo que afectó directamente su mínimo vital.

Asimismo, indicó que estaba afiliada al fondo de pensiones privado Porvenir, pero
que, con la expedición de la Ley 2381 de 2024, decidió trasladarse al régimen de
prima media con Colpensiones. Relató que en diciembre de 2025 radicó la solicitud
de traslado y que el 15 de enero de 2026 recibió su historia laboral, en la cual se le
informó que contaba con 1.260 semanas cotizadas. Afirmó que, debido a las
secuelas del accidente laboral, no logró realizar oportunamente la doble asesoría
exigida, por lo cual aún no ha consolidado su afiliación definitiva. Alegó que esto le
generó incertidumbre sobre el reconocimiento de su pensión y su inclusión en la
nómina de pensionados.

Manifestó que, el Tribunal Administrativo del Atlántico expidió el Acuerdo 001 del 19
de enero de 2026, mediante el cual ordenó su retiro forzoso por cumplir 70 años.
Afirmó que, pese a solicitar la inaplicación de la medida por faltarle solo 40 semanas
para pensionarse, su petición fue negada. Manifestó que dicha desvinculación la dejó
sin salario ni pensión, con obligaciones financieras vigentes, como la hipoteca de su
vivienda y un crédito por libranza, lo cual le vulneró su mínimo vital, la estabilidad de
su hogar y la subsistencia de su familia.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00475-01
Accionante: Yomaira Vitta Suárez
Acción de tutela – Segunda instancia

3. Fundamentos de la solicitud

La accionante consideró que las accionadas vulneraron sus derechos fundamentales
a la seguridad social, al mínimo vital, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y a
la igualdad.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró sus derechos al expedir
el Acuerdo 001 del 19 de enero de 2026, mediante el cual ordenó su retiro forzoso
por edad, pese a que le faltaban pocas semanas para acceder a la pensión de vejez.

Frente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, reprochó
la ausencia de acompañamiento humano y asistencial en el proceso de
desvinculación y en los trámites de bienestar laboral. También cuestionó los
nombramientos de Danne Lucía Boyano Viloria y Jhonys Contreras del Valle
realizados por el Tribunal tras su desvinculación por retiro forzoso, pues consideró
que con ello se desconoció su estabilidad laboral reforzada.

Respecto del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, señaló que, al estar
agotados los registros de elegibles, no existía riesgo de afectar derechos de terceros,
por lo que debió ponderarse su condición de trabajadora próxima a pensionarse. En
cuanto a Colpensiones y Porvenir S.A., alegó que el traslado de régimen no se
consolidó oportunamente, lo que generó incertidumbre sobre el reconocimiento de
su pensión y su inclusión en la nómina de pensionados.

4. Trámite procesal

El 30 de enero de 2026 2, el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A,
admitió la acción de tutela y ordenó su notificación al Tribunal Administrativo del
Atlántico, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla, al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, a Colpensiones, a
Porvenir S.A., a Jhonys Contreras del Valle y a Danne Lucía Boyano Viloria. A su
vez, negó la medida provisional solicitada por la accionante.

2 SAMAI, índice 4 de primera instancia.

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Accionante: Yomaira Vitta Suárez
Acción de tutela – Segunda instancia

En su escrito de contestación, el Tribunal Administrativo del Atlántico3 sostuvo
que la edad de retiro forzoso es una regla legal obligatoria sin excepciones, y que la
accionante contaba con semanas suficientes para solicitar directamente su pensión
ante la administradora de pensiones.

A su vez, Colpensiones 4 indicó que no existía solicitud pendiente de reconocimiento
pensional y que la actora podía radicar el formulario correspondiente.

Por su parte, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico 5 alegó falta de
legitimación en la causa por pasiva, mientras que Porvenir S.A. 6 manifestó que la
accionante no estaba afiliada a esa administradora.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla 7
informó que activó el protocolo de seguridad y salud en el trabajo tras el accidente
laboral, pero consideró improcedente incluir a la accionante en nómina tras su retiro.

Danne Lucía Boyano Viloria 8 y Jhonys Contreras del Valle 9 defendieron la
legalidad de sus nombramientos y solicitaron que la tutela fuera declarada
improcedente.

Con respecto a dichos escritos, la accionante manifestó10 que los accionados
omitieron ponderar su condición de prepensionada y reiteró que el retiro forzoso la
dejó sin ingresos, con obligaciones financieras vigentes y en riesgo de perder su
vivienda, lo que configuraba una vulneración a su mínimo vital.

El 27 de febrero de 2026 11, el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A
profirió sentencia de primera instancia. La Sala concluyó que la tutela era
improcedente porque la accionante contaba con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir el Acuerdo 001 de 2026 y no se

3 SAMAI, índice 9 de primera instancia.
4 SAMAI, índice 10 de primera instancia.
5 SAMAI, índice 13 de primera instancia.
6 SAMAI, índice 17 de primera instancia.
7 SAMAI, índice 22 de primera instancia.
8 SAMAI, índice 14 de primera instancia.
9 SAMAI, índice 16 de primera instancia.
10 SAMAI, índices 23 y 24 de primera instancia.
11 SAMAI, índice 29 de primera instancia.

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Accionante: Yomaira Vitta Suárez
Acción de tutela – Segunda instancia

acreditó un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez
constitucional, con sustento en la Sentencia SU‑691 de 2017. Señaló que la
accionante tenía 1.260 semanas cotizadas y que, conforme a la Sentencia C‑197 de
2023, desde el 1º de enero de 2026 las mujeres requieren 1.250 semanas para
acceder a la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media, por lo que podía acudir
directamente a Colpensiones para gestionar su reconocimiento.

Contra dicha decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación el 13
de marzo de 2026 12. Señaló que la decisión desconoció las pruebas aportadas y las
condiciones de vulnerabilidad que enfrenta tras su retiro forzoso. Afirmó que, como
trabajó por más de veinte años como escribiente, carece de experiencia y clientes
para litigar y así obtener ingresos mientras se resuelve el asunto. Afirmó que acreditó
la disminución de su capacidad física para trabajar mediante la historia clínica y los
soportes del accidente laboral, así como por la cirugía y las terapias que ha tenido.
También consideró que se demostró el perjuicio irremediable económico con
documentos de hipoteca, crédito por libranza y volantes de nómina que evidencian
mora y riesgo de embargo.

Cuestionó que el Consejo de Estado hubiera citado la Sentencia SU‑691 de 2017,
pues se aplicó de manera selectiva y fuera de contexto, ya que esta providencia se
refería a procuradores con amplia experiencia y altos ingresos, situación distinta a la
suya.
Sostuvo que dicho precedente fue aplicado de forma indebida y que se desconoció
la integralidad de la jurisprudencia. Además, resaltó la demora en la admisión y
notificación de la tutela, lo que demuestra que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no es idóneo para proteger sus derechos
fundamentales de manera urgente.

El 24 de marzo de 2026 13, la Sección Tercera-Subsección A del Consejo de Estado
concedió la impugnación.
CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

12 SAMAI, índice 33 de primera instancia.
13 SAMAI, índice 37 de primera instancia.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00475-01
Accionante: Yomaira Vitta Suárez
Acción de tutela – Segunda instancia

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 27 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado–Sección
Tercera-Subsección A-, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.1 del Decreto
2591 de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los
medios de defensa no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados 14.

Caso concreto

En la acción de tutela, la accionante señaló que el Tribunal Administrativo del
Atlántico vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital,
al trabajo, a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada, al expedir el Acuerdo 001
del 19 de enero de 2026, mediante el cual dispuso su retiro forzoso por edad. Sostuvo
que esa decisión desconoció su condición de prepensionada, pues le faltaban
únicamente 40 semanas para acceder a la pensión de vejez en el Régimen de Prima
Media.

14 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00475-01
Accionante: Yomaira Vitta Suárez
Acción de tutela – Segunda instancia

Señaló que el retiro forzoso la dejó sin ingresos para cubrir sus obligaciones
financieras, incluida la hipoteca de su vivienda. Afirmó que, debido a un accidente
laboral y a haber desempeñado por veinte años su último cargo, no contaba con la
capacidad para generar ingresos. Alegó que el Tribunal no ponderó su situación
particular y que las administradoras de pensiones accionadas omitieron acompañarla
en el trámite de cambio de régimen pensional. En consecuencia, solicitó la
inaplicación excepcional de la edad de retiro forzoso y su permanencia en el cargo
hasta tanto se reconociera su pensión.

En sentencia de primera instancia, el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A- declaró improcedente la acción de tutela, pues la accionante contaba
con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir
el acto administrativo y no acreditó un perjuicio irremediable. Además, recordó que,
según la Sentencia C197 de 2023, la accionante cumplía con el requisito de semanas
cotizadas y podía acudir directamente a Colpensiones para gestionar su
reconocimiento. Asimismo, precisó que el retiro forzoso por edad es una regla legal
obligatoria prevista en la Ley 1821 de 2016, sin excepciones individuales.

Contra dicha decisión, la parte actora presentó impugnación, en la cual señaló que
la sentencia desconoció las pruebas aportadas y las condiciones de vulnerabilidad
que enfrenta tras su retiro forzoso. Reiteró que no puede sostenerse
económicamente mientras se define su pensión y que demostró las afectaciones
físicas y obligaciones económicas, para acreditar la afectación de su mínimo vital y,
por tanto, el perjuicio irremediable.

Alegó que el sustento de unificación constitucional citado por la primera instancia no
correspondía a su realidad fáctica. Finalmente, resaltó que la demora en la admisión
y notificación de la tutela demuestra que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no es idóneo para proteger sus derechos
fundamentales de manera urgente.

La Sala advierte que el objeto material de la acción lo constituye la decisión y los
efectos del Acuerdo 001 de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo del
Atlántico. Dicho Acuerdo es un acto administrativo de carácter particular y concreto,
que dispuso el retiro forzoso de la accionante por cumplir la edad, de conformidad

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con la Ley 1821 de 2016, y cuyos efectos implicaron la alegada imposibilidad de la
accionante de obtener ingresos por nómina y pensión, debido a las complicaciones
presentadas en el traslado del régimen privado al de prima media administrado por
Colpensiones. Estos efectos, a su vez, se vieron reforzados por complicaciones
médicas derivadas de un accidente laboral que le impiden obtener ingresos por otros
medios. Por ende, se cuestiona una decisión administrativa adoptada por la
autoridad nominadora en ejercicio de una competencia legalmente atribuida y los
efectos derivados de esta.

Precisamente por su naturaleza administrativa, el Acuerdo 001 de 2026 es un acto
susceptible de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-
CPACA-. Este mecanismo permite no solo solicitar la nulidad del acto por presunta
falta de motivación o desconocimiento del debido proceso administrativo, sino
también el restablecimiento de la situación jurídica individual, e incluso la adopción
de medidas cautelares como la suspensión provisional.

En efecto, de acuerdo con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, las medidas
cautelares ordinarias proceden en todos los procesos declarativos que se adelanten
en la jurisdicción contencioso-administrativa y pueden ser solicitadas en cualquier
estado del proceso, incluso antes de la notificación del auto admisorio de la
demanda. El artículo 230.3 dispone que las medidas cautelares proceden para
suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

Así las cosas, la actora tiene a su disposición el trámite previsto por el artículo 138
del CPACA para controvertir la legalidad de los actos en los cuales fundamenta sus
inconformidades y puede solicitar, con base en el artículo 229 del CPACA, el
reintegro en el cargo que manifiesta ahora en sede constitucional como urgente y
necesario. Esto, sin embargo, requiere la debida acreditación de los supuestos
fácticos que rodean la solicitud de dicha medida.

Del mismo modo, se advierte que la parte interesada también disponía (y aún
dispone) de mecanismos en sede administrativa para hacer valer sus derechos y
obtener el reconocimiento pensional. En efecto, como lo manifestó Porvenir S.A., la

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accionante ya no se encuentra vinculada con dicha entidad, por lo cual se entiende
que pertenece al régimen pensional de prima media administrado por Colpensiones,
y por disposición de la Corte Constitucional, con efectos erga omnes, en la Sentencia
C‑197 de 2023, solo se exige que las mujeres hayan cotizado 1.250 semanas para
acceder a la pensión de vejez, por lo cual puede gestionar su reconocimiento
directamente ante la administradora de pensiones.

Frente al argumento de que el medio de control no resultaba eficaz por el tiempo
requerido para que se resuelvan los cargos de nulidad y restablecimiento del derecho
en sede ordinaria, la Sala considera que esa apreciación no desvirtúa su idoneidad.
El juez contencioso está plenamente habilitado para examinar si la motivación del
Tribunal Administrativo fue suficiente, si la facultad discrecional fue ejercida dentr o
de los límites constitucionales y legales y si existió desviación de poder o falsa
motivación. Por tanto, la tutela no puede convertirse en instancia paralela para
resolver debates propios de legalidad administrativa.

De conformidad con lo expuesto, la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela
impone a la parte actora la obligación de desplegar toda su actuación dirigida a poner
en marcha los medios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la
protección de las garantías fundamentales que estima vulneradas. Así las cosas,
para acudir a la acción de tutela, la parte accionante debe actuar con suma diligencia
en tales procedimientos. La falta injustificada de agotamiento de los recursos
ordinarios o extraordinarios a que haya lugar deviene por completo en la
improcedencia de la acción constitucional, de conformidad con el artículo 86 superior.

En conclusión, la Sala advierte que la accionante contaba con otros medios de
defensa judicial eficaces e idóneos, puntualmente el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, para controvertir el Acuerdo 001 de 2026. Al no
haberse acreditado un perjuicio irremediable ni agotado el debate ante el juez natural
de la causa, la acción de tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad. Por
tanto, se confirmará la sentencia impugnada.

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Accionante: Yomaira Vitta Suárez
Acción de tutela – Segunda instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de febrero de 2026, proferida por el
Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A-, que declaró improcedente el
amparo.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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