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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00479-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00479-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR improcedente la acción en relación con la aplicación del Acuerdo 011 de 2014 y la imposibilidad de cumplir la totalidad de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 R a d ic a d o: 1 1 00 1- 03 - 1 5- 0 00- 2 0 26- 0 04 7 9- 0 0 Segundo. NEGAR el amparo solicitado, respecto a los demás argumentos, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00479-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00479-00
Accionante: Proyectos y Construcciones S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho.
Sanción impuesta en proceso policivo por vulneración de la normativa
urbanística. DECLARA IMPROCEDENTE -NIEGA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por Proyectos y Construcciones
S.A. en contra del Tribunal Administrativo de Santander, con ocasión de la sentencia
del 18 de septiembre de 2025 proferida en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, al que le fue asignado el número de radicado 68001-
33-31-004-2004-01593-01.

ANTECEDENTES

La parte actora pretende que se proteja su derecho fundamental al debido proceso.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

El accionante narró que el señor Daniel Villamizar instauró medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos en contra del municipio de
Bucaramanga y del edificio Posada Piamonte, ubicado en la carrera 35 núm. 41-58,
en la que se alegó el presunto desconocimiento de las disposiciones urbanísticas
previstas en el Acuerdo Municipal 003 de 1982.

Que el proceso fue conocido inicialmente por el Tribunal Administrativo de
Santander, autoridad judicial que celebró audiencia de pacto de cumplimiento el 16

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de noviembre de 2005, en la que se le vinculó como litisconsorte necesario, junto
con la sociedad González Puyana Construcciones Ltda.

Que posteriormente el proceso fue remitido al Juzgado Cuarto Administrativo de
Bucaramanga y el 4 de diciembre de 2009, profirió sentencia, mediante la cual
declaró vulnerados los derechos colectivos invocados y ordenó a las demandadas
la adopción de diversas medidas, entre ellas, la realización de demoliciones y
adecuaciones en el edificio Piamonte, así como el pago de un incentivo económico
y costas procesales.

Que estando en segunda instancia el proceso, se declaró la nulidad procesal por la
vulneración de los derechos de un tercero y, una vez subsanada esa situación, el
proceso fue nuevamente estudiado y se ratificaron las órdenes inicialmente
impartidas.

Que en cumplimiento de la orden judicial, el municipio de Bucaramanga, a través de
la Inspección Urbana de Policía, inició un procedimiento policivo sancionatorio que
estuvo afectado por una serie de inconsistencias y a pesar de ello, mediante
Resolución de 3 de octubre de 2019, le impuso una multa equivalente a 200 salarios
mínimos mensuales legales vigentes, con fundamento en el artículo 181 de la Ley
1801 de 2016, la cual fue confirmada por medio de la Resolución 0333 del 18 de
octubre de 2019.

Que por lo anterior instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra del municipio de Bucaramanga y el 22 de septiembre de 2022, el Juzgado
Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga negó las pretensiones, por lo cual
interpuso recurso de apelación, pero el 18 de septiembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Santander confirmó la sentencia recurrida.

Considera que la autoridad judicial de segunda instancia se abstuvo de declarar la
nulidad del acto administrativo demandado, a pesar de que el municipio de
Bucaramanga fundamentó la sanción impuesta en normas posteriores a la
ocurrencia de los hechos que dieron origen a la actuación administrativa, como el
Acuerdo Municipal 011 de 2014 y la Ley 1801 de 2016, con lo cual convalidó la
aplicación retroactiva de una norma de carácter sancionatorio, se abstuvo de ejercer
el control de legalidad que le correspondía y desconoció los principios de legalidad,
irretroactividad y seguridad jurídica.

Que resulta especialmente grave la aplicación retroactiva del Acuerdo Municipal 011
de 2014, cuando su propio texto establece expresamente que su vigencia es a partir
de su expedición; así como la determinación de que el comportamiento investigado
constituía una infracción a la Ley 1801 de 2016, pese a que fue promulgada 27 años
después de culminada la obra y 29 años luego de expedida la licencia de
construcción.

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Que el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos se
promovió en el año 2004, época para la que se encontraban vigentes normas
urbanísticas como los acuerdos 003 de 1982 y 034 de 25 de septiembre de 2000 y
el Decreto 089 de 2004, por lo cual el proceso se tramitó bajo esas disposiciones
legales y no conforme al Acuerdo 011 de 2014 o la Ley 1801 de 2016.

Adujo que no era posible cumplir la totalidad de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander en el medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos, concretamente, la orden relacionada con la demolición del
semisótano ubicado sobre la zona de antejardín de la calle 42 para parqueaderos
de vehículos y bajarlo a nivel de sótano, por razones técnicas y de estabilidad de la
estructura.

PRETENSIONES

Solicitan que se ordene al Tribunal Administrativo de Santander dejar sin efectos la
sentencia del 18 de septiembre de 2025 y dictar una nueva decisión, en la que
realice el respectivo control de legalidad, con fundamento en la normativa vigente al
momento de radicación del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 30 de enero de 2026, se admitió la demanda; se vinculó al Juzgado Cuarto
Administrativo de Bucaramanga, al municipio de Bucaramanga (Inspección Urbana
de Policía, Secretaría de Planeación), al señor Daniel Villamizar Basto, al edificio
Posada Piamonte y a la sociedad González Puyana Construcciones LTDA, como
terceros con interés; y se corrió el traslado respectivo.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Santander expuso que el asunto no goza de
relevancia constitucional, debido a que la accionante no cumplió con una carga
argumentativa que justifique la intervención del juez constitucional, en la medida
que sus reproches no fueron desarrollados respecto al contenido de la sentencia
discutida y los defectos alegados constituyeron simples discrepancias, cuya
finalidad es que se acoja una postura favorable a sus intereses.

Expuso que la decisión de negar las pretensiones no obedeció a una restricción
desproporcionada de los derechos del accionante, sino al análisis concienzudo de
las pruebas obrantes en el plenario, conforme a las reglas de la sana crítica, así
como de los argumentos planteados, los que a su vez esgrimidos en esta sede.

En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción o, en su defecto,
negar las pretensiones.

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Secretaría de Planeación de Bucaramanga indicó que la tutela debe ser
desestimada por existir temeridad, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591
de 1991, pues con anterioridad el actor había instaurado otra tutela con identidad
de objeto y de causa petendi (rad. 11001-03-15-000-2018-04513-00), la cual fue
declarada improcedente por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Señaló que el conflicto planteado fue analizado a través de los mecanismos
ordinarios idóneos y eficaces, sin que esta acción pueda convertirse en una
instancia adicional, pues ello desconocería el principio de seguridad jurídica y la
naturaleza subsidiaria de la tutela, máxime cuando no se demostró la existencia de
un perjuicio irremediable.

Los demás vinculados guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

A esta Subsección corresponde inicialmente analizar si se encuentra configurada la
temeridad alegada por la Secretaría de Planeación de Bucaramanga y, en caso de
no ser así, verificar si se superan los requisitos generales de procedencia que
habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el evento de
encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.

Al respecto, se encuentra que, si bien el accionante había instaurado una tutela con
anterioridad, a la que se le asignó el número de radicado 11001-03-15-000-2018-
04513-00, lo cierto es que en esa oportunidad no se discutió la sentencia del 18 de
septiembre de 2025, controvertida en esta sede, sino únicamente la eventual

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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sanción que se le iba a imponer, en su criterio, en el incidente de desacato iniciado
en su contra por el incumplimiento de las sentencias proferidas en el medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos. En consecuencia, no
se observa la identidad de objeto y de causa petendi, por lo cual se continuará con
el estudio de los requisitos generales de procedencia.

Sobre el particular, se observa que i) el asunto a resolver tiene relevancia
constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial
controvertida se vulneró el derecho fundamental al debido proceso reclamado en
protección por la incursión en el defecto sustantivo7; ii) la acción se presentó con
inmediatez, pues la sentencia discutida se notificó mediante mensaje de datos
enviado el 3 de octubre de 2025 y esta acción fue instaurada el 26 de enero de este
año; iii) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los
derechos estimados como transgredidos; iv) se alegó una irregularidad procesal que
podría tener incidencia en la decisión; y v) no se trata de una sentencia de tutela.

Sin embargo, no se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad en relación
con el argumento consistente en la aplicación retroactiva del Acuerdo 011 de 2014
y la supuesta imposibilidad de cumplir la totalidad de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander en el medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos, por razones técnicas y de estabilidad de la
estructura, pues esos desacuerdos no fueron expuestos en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, sino que únicamente fueron
alegados en esta sede.

Lo expuesto evidencia que el actor pretende subsanar las omisiones en que incurrió
en el ejercicio de su defensa al interior del proceso de protección de derechos
colectivos, lo cual no puede ser avalado por este juez constitucional, pues ello
equivaldría a desconocer el carácter residual de esta acción, máxime cuando no se
esgrimió alguna situación excepcional que hubiera impedido la exposición de dichos
cargos.

En consecuencia, se continuará con el estudio de los demás desacuerdos del
accionante. En la sentencia discutida en esta sede, en lo que aquí interesa, el
Tribunal Administrativo de Santander analizó el argumento del recurrente
consistente en la aplicación retroactiva de la Ley 1801 de 2016 y determinó que su
aplicación no implicó una vulneración al debido proceso de la sociedad demandante
ni una afectación de la seguridad jurídica, debido a que la infracción que le fue
atribuida, por la construcción de una rampa de acceso vehicular sobre una franja de
circulación peatonal y la franja ambiental, era sucesiva en el tiempo, por lo que la
norma aplicable era la vigente al momento del cese de la infracción y no la que regía
en su inicio.

Sumado a que esa norma era más favorable al presunto agresor, pues en su artículo

7 Si bien el actor no alegó expresamente la configuración de este defecto, lo cierto es que sus argumentos

encajan en esa causal específica de procedibilidad.

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137 se previó la posibilidad de restablecer el orden urbanístico antes de que la
declaratoria quedara en firme, evitando así la imposición de la multa.

En ese orden de ideas, esta Subsección advierte que la autoridad judicial explicó
las razones que la llevaron a colegir que en el caso bajo análisis resultaba aplicable
la Ley 1801 de 2016, esto es, porque la infracción urbanística consistente en la
obstrucción permanente del espacio público no había finalizado y esa normativa era
más favorable a la sociedad Proyectos y Construcciones S.A.

Sin embargo, en esta sede el actor no discutió dichas conclusiones, sino que se
limitó a insistir en su desacuerdo por la expedición de los actos administrativos
demandados con base en la Ley 1801 de 2016, a pesar de los razonamientos
concretos de la autoridad judicial aquí accionada para desvirtuar esa afirmación.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que, si bien el actor alegó que, para la época
de instauración del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos, esto es, el año 2004, tampoco se encontraba vigente la Ley 1801 de
2016, lo cierto es que el procedimiento policivo no dependía indefectiblemente de la
decisión allí adoptada, sino de la continuidad en la infracción de las normas
urbanísticas, la cual, como concluyó la autoridad judicial, permanecía en el tiempo.

Adicionalmente, se observa que la interpretación normativa efectuada por el
Tribunal atendió a los principios de autonomía e independencia judicial que rigen el
ejercicio de la administración de justicia y estuvo debidamente fundamentada en el
examen de las particularidades del caso y en el análisis integral de la aplicabilidad
de la Ley objeto de controversia, por lo que no se encuentra configurado el defecto
sustantivo.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción, por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, en relación con la aplicación del Acuerdo 011 de 2014
y la supuesta imposibilidad de cumplir la totalidad de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander en el medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos, y se negará el amparo solicitado, respecto a los
demás argumentos, al no estructurarse el defecto examinado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR improcedente la acción en relación con la aplicación del
Acuerdo 011 de 2014 y la imposibilidad de cumplir la totalidad de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos.

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Segundo. NEGAR el amparo solicitado, respecto a los demás argumentos, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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