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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00483-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00483-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 19 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados por el señor David Hernando Escudero Osorio y, en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda conforme a la motivación de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección 13 Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00483-01 Demandante: David Hernando Escudero Osorio Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas B de esta Corporación y remitir copia. CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00483-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-00483-011
Demandante : David Hernando Escudero Osorio
Demandado : Tribunal Administrativo de Caldas
Vinculados : Nación - Ministerio de Educación Nacional, departamento
de Caldas y Juzgado Primero Administrativo de Manizales
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, diferencias salariales en
escalafón docente
Decisión : Sentencia de segunda instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia en la acción de tutela

incoada por David Hernando Escudero Osorio contra el Tribunal Administrativo de
Caldas, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

3. El señor David Hernando Escudero Osorio, quien actúa a través de apoderada

judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Caldas.

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00483-01
Demandante: David Hernando Escudero Osorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

4. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 26 de septiembre de

2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Caldas confirmó la providencia
de 31 de marzo del mismo año, en la que el Juzgado Primero Administrativo de
Manizales negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional y el departamento de Caldas (expediente 17001-3333-001-2024-00233-
00/01). En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva
decisión «[…] con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando
de manera concreta [su] situación particular […] a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico» .

1.3 Hechos2.

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por

el accionante, se puede evidenciar que, el 23 de agosto de 2024 instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional y el departamento de Caldas (expediente 17001-3333-
001-2024-00233-00/01), encaminada a obtener la anulación del oficio No. 2024-
EE-135382 del 05 de mayo de 2024 y el Acto Ficto o presunto configurado el 17
de julio de 2024, proferidos por la Secretaría de Educación de Caldas y el
Ministerio de educación Nacional respectivamente; a través de los cuales se negó
«[…] en primer lugar, la inaplicación por ilegalidad del Decreto expedido en el año 2024 que fijó
la escala salarial del personal docente; y, en segundo lugar, la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos expedidos por las autoridades demandadas. En consecuencia, solicitó se
ordenara el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas durante los últimos tres
(3) años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa, en virtud de la
configuración del fenómeno prescriptivo, así como de las que se causen hacia el futuro».

6. Que, de ese asunto ordinario conoció el Juzgado Primero Administrativo de
Manizales que, el 31 de marzo de 2025 negó las pretensiones, al estimar que «[e
En ese sentido, es justificado establecer diferentes escalas salariales en razón del nivel al cual
pertenezca el docente, situación explicable en virtud a los méritos, aptitudes, experiencia y
formación requeridos por el cargo, aspectos que implican la acreditación y el cumplimiento de unos
requerimientos acordes a las exigencias de cada nivel. […] [d]e esta manera, es jurídicamente válido
y razonable que existan incrementos salariales diferenciados entre los distintos niveles y
clasificaciones de los empleos públicos en el sector docente. Esta diferenciación se fundamenta en
que el acceso a cada nivel requiere el cumplimiento de requisitos específicos, tales como formación
académica, experiencia profesional, certificaciones adicionales o especializaciones, lo que implica

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
2

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Demandante: David Hernando Escudero Osorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

un mayor grado de preparación y, en consecuencia, una retribución acorde con dichas exigencias».

7. Inconforme con esa decisión, el accionante interpuso recurso de apelación,
desatado el 26 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Caldas, en
el sentido de confirmarla, con fundamento en que «[…] [e]n suma, del análisis conjunto
de (i) la no comparabilidad entre los grados 3AM y 3DM en términos del juicio de igualdad; (ii) la
competencia legal del Ejecutivo para diferenciar incrementos por grado/nivel conforme a fines
constitucionales legítimos (profesionalización y dignificación del magisterio) y a la sostenibilidad
fiscal; (iii) la evidencia empírica de una calibración anual de la política en 2008-2009 con énfasis
alternados que no configuran una brecha acumulativa injustificada; y (iv) la inexistencia de prueba
de reajustes por debajo del IPC o de afectación del mínimo constitucional, la Sala concluye que no
se configura vulneración del principio de igualdad ni exceso en los límites legales de la
discrecionalidad administrativa. En consecuencia, no hay lugar a declarar la nulidad del acto
administrativo particular ni a inaplicar los decretos salariales invocados; y se mantendrá la decisión
de primera instancia de negar las pretensiones».

8. Sobre la precedente situación, el actor expone que la providencia objeto de
censura incurre en (i) defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables
al caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del
Decreto Ley 1278 de 2002» ; (ii) defecto fáctico, porque, «desestimó las pretensiones de la
demanda sobre la base de una supuesta justificación relacionada con la corrección de una brecha
salarial, la cual no fue acreditada dentro del expediente ni respaldada en los decretos que
ordenaron los incrementos cuestionados, ya que dichos actos administrativos no aludieron en
forma alguna a tal situación […]»; y (iii) desconocimiento del precedente, al omitir «[…]
aplicar […] la sentencia C-1064 de 2001, que exige garantizar la igualdad sustancial en la fijación
de incrementos salariales».

II. TRÁMITE PROCESAL

9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 30

de enero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Caldas; y, (ii) dispuso vincular a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional, departamento de Caldas y Juzgado
Primero Administrativo de Manizales, en los términos del artículo 13 del Decreto
2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

3

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Demandante: David Hernando Escudero Osorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

2.1.1 Tribunal Administrativo de Caldas3 requirió negar las pretensiones de la
acción de tutela, señala que hay falta de relevancia constitucional, ya que los
argumentos expuestos por el accionante ya fueron debatidos y resueltos
adecuadamente en el proceso ordinario. Indica que la sentencia cuestionada
estuvo debidamente motivada bajo normas y jurisprudencia, y que el accionante
pretende emplear la tutela simplemente como una tercera instancia o recurso
adiciona.

2.1.2 Departamento de Caldas -Secretaria de Educación4 solicitó que se declare
improcedente el amparo o en su defecto se niegue y adicionalmente que se le
desvincule del trámite procesal, para ello argumenta que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, pues el accionante busca reabrir un debate
zanjado simplemente por estar en desacuerdo con la interpretación que dieron los
jueces de primera y segunda instancia, lo que no constituye una vulneración de
derechos ni demuestra un actuar caprichoso. Sostiene que los decretos salariales
acusados son de alcance nacional y expedidos por el Gobierno, por lo que el
Departamento de Caldas carece de competencia para expedirlos, modificarlos o
anularlos.

2.1.3 Ministerio de Educación Nacional5 pidió que se declare improcedente la
acción constitucional y advierte su falta de legitimación en la causa por pasiva;
Argumenta que la controversia recae sobre una providencia judicial que no fue
proferida por el Ministerio de Educación y que la entidad no ha desplegado ninguna
acción u omisión que vulnere los derechos del accionante. Adicionalmente, alega
que no se cumplen los requisitos excepcionales para que una tutela proceda contra
providencias judiciales y resalta una evidente ausencia de relevancia constitucional,
puesto que el debate planteado es de naturaleza estrictamente económica y legal,
excediendo la competencia del juez de tutela.

1.5 Providencia impugnada6.

10. Mediante sentencia del 19 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección

Quinta declaró improcedente el amparo deprecado, al considerar que «[…] En
consecuencia, esta colegiatura evidencia que los reproches planteados por el señor

3
Índice 00012 de Samai.
4
Índice 00015 de Samai.
5
Índice 00016 de Samai.
6
Índice 00019 del expediente de Samai de primera instancia.
4

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Demandante: David Hernando Escudero Osorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

David Henando reflejan una mera inconformidad con lo decidido por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión por concluir que no existió
vulneración al derecho a la igualdad, de lo cual no se deriva una verdadera cuestión
iusfundamental que justifique la intromisión del juez de tutela[…] [p]or el contrario,
el accionante se limitó a insistir en la existencia de un trato discriminatorio, con el
fin de imponer su criterio jurídico al que se fijó en el fallo cuestionado, sin haberse
propuesto una discusión que dé cuenta de la posible vulneración de las garantías
constitucionales».

1.6 La impugnación7.

11. Inconforme con esa determinación, el tutelante la impugnó, para lo cual insistió

en que la acción de tutela superó el requisito de relevancia constitucional, en tanto
se puso de manifiesto el eventual quebranto de sus derechos constitucionales;
adicionalmente insistió en los defectos alegados previamente.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

12. En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo

80 del 12 de marzo de 201911 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

3.2 La acción.

13. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada

por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de

7
Índice 00023 del expediente de Samai de primera instancia.
8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección
o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
11
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5

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Demandante: David Hernando Escudero Osorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico.

14. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 26
de septiembre de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Caldas
confirmó la providencia de 31 de marzo del mismo año, en la que el Juzgado
Primero Administrativo de Manizales negó las pretensiones formuladas en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la tutelante
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Caldas
(expediente 17001-33-39-006-2024-00244-01); y, en caso afirmativo, si se han
vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva invocadas en la solicitud de
amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

15. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 12 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado13, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

16. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un

12
Sentencia C-590 de 2005.
13
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

17. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

3.6 Caso concreto.

18. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno, por tratarse de una sentencia emitida en
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segunda instancia; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, teniendo en cuenta que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 7
de octubre de 202514 y la solicitud de amparo se presentó el 26 de enero del 2026,
es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.

19. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el
fondo del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo,
comoquiera que, pese a que el actor alegó también desconocimiento del
precedente, se advierte que sus reproches y la génesis de la vulneración invocada
radican, a su juicio, en una presunta indebida aplicación normativa relacionada con
el incremento salarial del escalafón docente, por lo que, en virtud del principio de
oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación de interpretar de
manera extensiva el escrito inicial15, resulta procedente analizar este trámite a partir
de la aludida causal de procedencia de tutela contra providencia judicial.

3.6.1 Defecto sustantivo.

20. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

21. La jurisprudencia constitucional16 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

14
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 30 de septiembre de 2025,
motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 2 de octubre siguiente, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA.
15
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
16
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
8

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Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 17.

22. En el asunto sub examine, el demandante aduce que la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación abiertamente
irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables al caso,
particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley
1278 de 2002», avalando un trato discriminatorio y desigual entre categorías del

escalafón docente.

23. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,
concluyó:

A partir de los hechos probados y del marco normativo y jurisprudencial previamente
expuesto, corresponde a la Sala determinar si, en el presente caso, los incrementos
salariales diferenciados aplicados en los años 2008 y 2009 a los docentes
escalafonados en el grado 3BM del régimen especial del Decreto Ley 1278 de 2002,
frente a los aplicados al grado 3DM, vulneraron el principio constitucional de igualdad
y los límites legales de la discrecionalidad administrativa, y si, en consecuencia,
procede la inaplicación por inconstitucionalidad del Decreto Nacional 284 de 2024 y de
los anteriores que lo preceden (Decretos 887 de 2023, 449 de 2022, 965 de 2021 y 319
de 2020), y la nulidad del acto administrativo demandado y el restablecimiento del
derecho reclamado.

Está acreditado que la parte demandante se encuentra vinculada como docente oficial
bajo el régimen del Decreto Ley 1278 de 2002.

Ahora bien, la Sala advierte que el debate planteado por la parte recurrente descansa
en una comparación entre grados distintos del escalafón docente, hipótesis que no
habilita el juicio de igualdad material exigido por el artículo 13 de la Constitución, por
cuanto el parámetro de comparación no es válido.

En efecto, cada grado del escalafón responde a requisitos diferenciados de formación
académica, ingreso, evaluación por competencias y progresión profesional conforme
se citó de los artículos 20 y 21 del Decreto Ley plurimencionado, de modo que la
equiparación salarial solo resulta predicable entre pares del mismo grado y nivel, mas
no entre grados diversos.

Como se explicaba en acápites anteriores, según la Corte Constitucional el principio “a
trabajo igual, salario igual” opera entre sujetos comparables con iguales funciones y
exigencias de cualificación. Y, la diversidad escalafonaria en el régimen docente
atiende a un objetivo de profesionalización y, por tanto, está justificado
constitucionalmente los tratamientos remunerativos diferenciados en el marco del
Decreto 1278 de 2002.

Así mismo, debe hacerse hincapié en que conforme la Ley 4ª de 1992, el gobierno
nacional tiene la competencia de realizar ajustes salariales diferenciados conforme al
grado y nivel acreditado en el escalafón docente, constituyendo una facultad
discrecional pero no arbitraria. En este caso, más allá de lo argumentado en la
demanda, no se aportan medios de prueba adicionales que permitan inferir que los
decretos anuales salariales docentes cuya inaplicación por inconstitucionalidad se

17
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9

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Demandante: David Hernando Escudero Osorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

solicita, realmente sean incompatibles ni con la constitución, en especial no se
vislumbra una contradicción con el artículo 53, ni tampoco con la Ley marco y los
criterios en ella definidos.

La parte recurrente aduce que las entidades demandadas son las que debían aportar
los medios de prueba que sustentaran técnicamente la expedición de los decretos
cuestionados, sin embargo, quien tiene en realidad la carga de probar la
incompatibilidad constitucional y legal es la parte demandante.

[…]

En este caso, en la tabla esbozada en el capítulo de hechos probados de los años2007
a 2010, se desprende que 2008 pasó de un esquema inicialmente uniforme de
incremento o ajuste anual salarial (Decreto 624 de 29 de febrero de 2008) a un
esquema diferenciado (Decreto 714 de 6 de marzo de 2008, complementado por el
Decreto 1407 de 2008), y que en 2009 (Decreto 702 de 6 de marzo de 2009,modificado
por el Decreto 1238 de 13 de abril de 2009) se mantuvo la diferenciación con un énfasis
inverso respecto del año anterior.

Ello se refleja con claridad en el cuadro, así, para 3DM, el incremento 2008 fue del
44,89% y el de 2009 del 7,67%; mientras que para 3BM, el incremento 2008 fue del
13,91% y el de 2009 del 15,44%.

[…]

A su vez, para 2010 se observa la fijación de incrementos homogéneos (Decretos1367
y 2940 de 2010), lo que confirma la contingencia y modulación anual de la política
salarial, propia del margen de configuración que la Ley 4ª de 1992 confiere al Ejecutivo.

Tampoco se demostró en el proceso que los reajustes controvertidos hubiesen
desconocido los mínimos constitucionales. Consta en el cuadro la referencia al IPC
(5,69% para 2007; 7,67% para 2008; 2% para 2009; 3,17% para 2010), sin que la parte
actora hubiere acreditado que, en los años objeto de controversia, los incrementos
aplicados fueran inferiores a dicho indicador o que se hubiera comprometido el
estándar de remuneración mínima, vital y móvil.

[…]

En lo que atañe a los actos particulares cuestionados, no se acreditó la configuración
del silencio administrativo negativo, y obra el oficio CLD2024EE003189 notificado el 30
de abril de 2024 de la Secretaría de Educación de Caldas, mediante el cual se indicó
la falta de competencia de la entidad para resolver de fondo la petición, por tratarse de
una materia del orden nacional, y el Oficio 2024-EE-135382 del 6 de mayo de 2025 del
Ministerio de Educación Nacional, que negó la reclamación administrativa.

La presunción de legalidad de estos actos no fue desvirtuada, de hecho, contra el
primero, no se formuló demanda alguna, siendo únicamente objeto de control el
segundo mencionado.

Recábese en que la parte recurrente edificó su censura sobre una comparación
inter‑grados (3BM vs. 3DM) y sobre la alegada “ausencia de motivación técnica” de los
decretos anuales, pero no aportó elementos que demostraran un trato discriminatorio
entre pares del mismo grado y nivel, ni que evidenciaran una quiebra del estándar
constitucional mínimo ni un desvío de poder o arbitrariedad en el uso de la potestad de
configuración prevista en la Ley 4ª de 1992 y desarrollada por el Decreto Ley 1278 de
2002.

24. De lo expuesto se colige que, de conformidad con el Tribunal, la parte actora
partió de un parámetro de comparación inválido al equiparar grados distintos del
escalafón docente18, por lo que explicó que el principio de igualdad salarial solo es

18
3BM frente a 3DM.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00483-01
Demandante: David Hernando Escudero Osorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

aplicable entre pares del mismo grado y nivel, ya que cada uno exige distintos
requisitos de formación académica, ingreso y evaluación, además, la decisión
resalta que la parte demandante no cumplió con la carga de probar la
inconstitucionalidad de los decretos, ni demostró que los incrementos salariales
diferenciados vulneraran el estándar de remuneración mínima, vital y móvil o que
hubieran sido inferiores al Índice de Precios al Consumidor de los años
cuestionados.

25. Contrario a lo indicado por el tutelante, el Tribunal aplicó un análisis razonado
del Decreto Ley 1278 de 2002 para sustentar su fallo al estudiar la normativa,
específicamente los artículos 20 y 21 del mencionado decreto, argumentó que la
diversidad en el escalafón docente responde a un objetivo legítimo de
profesionalización, por ello concluyó que el tratamiento diferenciado aplicado por el
Gobierno Nacional está justificado constitucionalmente, pues reconoce las distintas
exigencias de cualificación y progresión profesional de cada grado, operando
dentro del margen de configuración discrecional, mas no arbitrario, que otorga la
ley para dignificar la carrera docente.

26. Para arribar a dicha deducción, la autoridad accionada tuvo en cuenta el criterio
fijado por esta subsección en un asunto de miliares contornos19, según el cual, «[…]
El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional propio del juicio
de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al
desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de
cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante, reciben una remuneración diferente.
Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de
un parámetro objetivo, discernible y razonable que justifique la diferenciación. Así, la jurisprudencia
constitucional ha catalogado como razones admisibles de diferenciación salarial, entre otras (i) la
aplicación de criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura
institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima
facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos». (Énfasis propio).

27. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo de Caldas ya había resuelto
con suficiente motivación la inconformidad planteada por el tutelante en el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo de 31 de marzo de 2025, en el que el
Juzgado Primero Administrativo de Manizales negó las pretensiones formuladas en
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación

19
Expediente 25000-23-42-000-2013-01319-01 (2828-2018), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00483-01
Demandante: David Hernando Escudero Osorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

• Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Caldas (expediente 17001-
3333-001-2024-00233-00/01), la cual reiteró en esta acción de tutela (para lo cual
invocó las causales de defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del
precedente), lo que denota que su intención, más allá de manifestar la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional con el fin de obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses.

28. En consecuencia, no se configuró el defecto sustantivo alegado por el
accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo debidamente
fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con las pruebas y
postura jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.

3.5.2 Defecto fáctico.

29. Sea lo primero anotar, que una providencia judicial se encuentra viciada por el
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»20.

30. La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en
los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra21.

31. El docente David Hernando Escudero Osorio reprochó que el Tribunal
Administrativo del Caldas omitió exigir y valorar pruebas que justificaran el
incremento salarial desigual en los siguientes términos: «el Tribunal incurrió en una
indebida valoración probatoria respecto del debate jurídico planteado, por cuanto no se allegó
prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión
administrativa, resulta imperativo cuestionar qué aspectos válidos y concretos incidieron para
otorgar un trato tan inequitativo, toda vez que ni el expediente ni la sentencia ofrecen explicación
alguna al respecto»

20
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
21
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000- 2026-00483-01
Demandante: David Hernando Escudero Osorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

32. Frente al defecto fáctico, la Sala denegará el amparo por considerar que la
demandante no enunció ningún medio de convicción que el juez colegiado debiera
haber examinado para demostrar que el actor no tenía derecho a la nivelación
salarial pretendida, ello es así, porque el Tribunal Administrativo no requirió analizar
material probatorio para sustentar su providencia, debido a que resolvió un estricto
punto de derecho frente a la aplicación de los decretos salariales.

33. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

IV. DECISIÓN

34. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el actor
demostró que el asunto superaba los requisitos de procedibilidad de este tipo de
controversias, pero no acreditó que la providencia del 26 de septiembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, hubiere incurrido en defecto
sustantivo o fáctico. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.

35. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 19 de febrero de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente el amparo de los
derechos fundamentales debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva invocados por el señor David Hernando Escudero
Osorio y, en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda conforme a la
motivación de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección

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Demandante: David Hernando Escudero Osorio
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

B de esta Corporación y remitir copia.

CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

14

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