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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00485-01

Fecha
15 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00485-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por la Henry Alberto Vargas Acero, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00485-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

15 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00485-01
Accionante: HENRY ALBERTO VARGAS ACERO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica /
PROCESO EJECUTIVO – se negó el decreto de medidas cautelares en favor del ejecutante
/ SUBSIDIARIEDAD – el proceso en que se adoptó la providencia cuestionada continúa en
trámite sin decisión definitiva – no se evidencia la configuración o grave riesgo de un
perjuicio irremediable.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Henry
Alberto Vargas Acero, en nombre propio, contra la sentencia del 19 de marzo de
2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con
lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 26 de enero de 2026, el señor Henry Alberto Vargas Acero promovió acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva,
seguridad jurídica, además alegó la “efectividad de las decisiones judiciales”.

Hechos relevantes

2. El 21 de febrero de 2025, el señor Henry Alberto Vargas Acero promovió un
proceso ejecutivo2 en contra de la Subred Integrada de Servicio de Salud Sur
Occidente E.S.E., en su calidad de titular de un crédito reconocido mediante
providencia judicial del 29 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A3.

1
Que ingresó a despacho para fallo el 28 de abril de 2026.
2
Identificado con el radicado No. 11001-33-35-015-2025-00066-00.
3
Identificado con el radicado No. 11001-33-35-015-2020-00191-01.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00485-01
Accionante: Henry Alberto Vargas Acero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

3. El ejecutante solicitó el decreto de una medida cautelar de embargo sobre la
cuenta de ahorros número 569996338 del Banco Davivienda que, según se afirmó
en la demanda de tutela, había sido utilizada por la entidad ejecutada para el pago
de sentencias y conciliaciones laborales.

4. El Juzgado Quince (15) Administrativo del Circuito de Bogotá negó el decreto de
la medida cautelar solicitada por considerar que el solicitante no discriminó la
naturaleza de las cuentas que se pretenden embargar, y si estas manejan o no
recursos inembargables. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación.

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
mediante auto del 9 de diciembre de 2025 confirmó la decisión que negó el embargo
de la cuenta de ahorros número 569996338 del Banco Davivienda, bajo el pretexto
de que no se acreditó que sobre los recursos depositados en dicha cuenta aplicaba
la excepción del principio de inembargabilidad de los recursos de la seguridad social
en salud.

Pretensiones

6. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“Primera. Amparar los derechos fundamentales invocados.

Segunda. Dejar sin efectos el auto proferido el nueve (09) de diciembre de dos
mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda, Subsección A.

Tercera. Ordenar que se profiera una nueva decisión en la que se aplique un
test de proporcionalidad y se decrete el embargo de la cuenta de ahorros
número 569996338 del Banco Davivienda, dentro de los límites legales.

Cuarta. Subsidiariamente, ordenar a la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E. y al Banco Davivienda informar cuáles cuentas bancarias
han sido utilizadas para el pago de sentencias laborales”4.

Fundamentos de la demanda de tutela

7. La parte demandante alega la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela
judicial efectiva, seguridad jurídica, dignidad humana en conexidad con los
derechos laborales y, adicionalmente “efectividad de las decisiones judiciales”, por
cuanto considera que la providencia del 9 de diciembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los siguientes defectos: (i)
fáctico porque no se valoró la prueba determinante que acreditaba la existencia de
una cuenta de ahorros en el banco Davivienda que, previamente fue embargada
dentro de otro proceso ejecutivo laboral; (ii) sustantivo, dado que se le impuso al
ejecutante la carga de demostrar la naturaleza de los recursos de la entidad
ejecutada, a pesar de que dicha información que es de carácter reservada; y (iii)
desconocimiento del precedente constitucional que ha reconocido que el principio

4
Folio 4 del escrito de tutela.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00485-01
Accionante: Henry Alberto Vargas Acero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

de inembargabilidad de los recursos de la seguridad social no es absoluto -sin
identificar un referente jurisprudencial concreto-.

8. El tutelante señala que la decisión judicial adoptada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca omitió realizar un test para examinar la idoneidad, necesidad y
proporcionalidad de la medida cautelar solicitada, lo que conlleva a que la
providencia -no indica cual- se torne en inejecutable.

Trámite procesal

9. El 27 de enero de 2026, la acción de tutela presentada por Henry Alberto Vargas
Acero fue repartida a la Sección Cuarta del Consejo de Estado para su conocimiento
en primera instancia5.

10. Por medio de auto del 3 de febrero de 2026, la Sección Cuarta de esta
Corporación admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Adicionalmente
vinculó en calidad de terceros con interés al Juez Quince (15) Administrativo del
Circuito de Bogotá y el director de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E.

Intervenciones

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A reseñó brevemente los fundamentos de la decisión del 9 de
diciembre de 2025 -providencia de segunda instancia- y concluyó que no se
vulneraron los derechos fundamentales del señor Henry Alberto Vargas Acero. A
partir de ello, indicó que el accionante presentó la demanda de tutela para obtener
una instancia adicional con el fin de reabrir el debate jurídico, por lo que solicitó que
se declare la improcedencia de la acción constitucional.

12. El Juzgado Quince (15) Administrativo del Circuito de Bogotá indicó que los
fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada mediante auto del 29 de
abril de 2025 se encuentran consignados en la providencia y solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela, en la medida en que se vulneraron los derechos
fundamentales cuya protección pretende el accionante.

13. El director de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E. no se pronunció sobre el escrito de tutela, sin embargo, la entidad presentó
escrito de oposición en el que solicitó que se declare su falta de legitimación en la
causa por pasiva porque no profirió la providencia cuestionada, ni tiene competencia
para decretar embargos en un proceso judicial.

La sentencia de primera instancia

14. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de sentencia del 19 de
marzo de 2026, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad.

5
Despacho a cargo del Consejero Wilson Ramos Girón.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00485-01
Accionante: Henry Alberto Vargas Acero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

15. Sostuvo que la Corte Constitucional, en diferentes sentencias, ha considerado
que si un proceso judicial se encuentra en curso no es procedente la intervención
del juez constitucional (Sentencia T-113 de 2013), aunado a ello no es dable la
intromisión en la órbita propia de la justicia ordinaria sino en circunstancias
especialísimas (Sentencia T-126 de 2016) y se ha opuesto a que la acción de tutela
pueda ser utilizada en el marco de un proceso judicial en el cual no se ha proferido
un fallo definitivo (Sentencia T-511 de 2020).

16. Seguidamente indicó que, de la revisión del expediente del expediente aportado
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se evidenció que el proceso
ejecutivo continúa en curso, por lo que no es procedente, en este momento, la
intervención del juez constitucional en un asunto aún no resuelto por el juez natural
de la controversia. Junto con ello consideró que no está acreditada ninguna
circunstancia de urgencia, inminencia o gravedad que acredite la existencia de un
perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la acción de tutela.

La impugnación

17. El accionante solicitó que se revoque la providencia del 19 de marzo de 2026 y,
en su lugar, se conceda el amparo de los derechos fundamentales invocados, para
lo cual expresó los siguientes motivos de disenso frente a la decisión de primera
instancia: (i) indebida aplicación del principio de subsidiariedad porque no se tuvo
en cuenta que el proceso ejecutivo en trámite se ha prolongado sin coerción real
sobre la entidad ejecutada; (ii) desconocimiento sobre la ocurrencia de un perjuicio
irremediable ante la falta de reconocimiento del derecho -crédito laboral- del
accionante; (iii) la decisión del juez constitucional fue individualista y formalista pero
no tuvo en cuenta el contexto de incumplimiento estructural en que ha incurrido la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.; (iv) la entidad pública
deudora no ha presentado ante el Ministerio de Hacienda el programa de
saneamiento fiscal y financiero que ha utilizado como excusa para solicitar la
suspensión de los procesos ejecutivos ante la jurisdicción contenciosa-
administrativa; (v) puso de presente que en la actualidad cursa una acción de grupo
en contra de la deudora por el incumplimiento de sentencias laborales; (vi) puso de
presente que, según los hechos expuestos, el proceso ejecutivo puede resultar
ineficaz; (vii) insistió en que la exigencia en demostrar aspectos relacionados con la
naturaleza de las cuentas bancarias y destinación de recursos ahí depositados
vulnera el debido proceso e impone una carga probatoria de imposible cumplimiento
para el accionante y (viii) pidió tener en cuenta la dimensión humana del caso
porque cada día sin pago la justicia se aleja de la realidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

18. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00485-01
Accionante: Henry Alberto Vargas Acero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

19. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, al existir
mecanismos ordinarios de defensa idóneos y actualmente en curso con los que
pretende obtener la ejecución del mismo crédito que persigue en este asunto?

20. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales del debido proceso, la
administración de justicia, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica del accionante
y, con ello, desconoció la efectividad de las decisiones judiciales?

21. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) el principio de subsidiariedad y la
procedencia excepcional de la acción de tutela; y (iii) el caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

22. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.

23. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:

“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito”6.

24. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:

“[…]para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se
requiere que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir
una amenaza o vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por
una acción o una omisión de las autoridades públicas y,
excepcionalmente, de los particulares.

Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados,
debe, como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho
vulnerador, es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico
susceptible de amparo.

6
Art. 5. Decreto 2591 de 1991.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00485-01
Accionante: Henry Alberto Vargas Acero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en
señalar que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se
amenazan o vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte
de autoridades públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un
mecanismo judicial de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’7(se
destaca)8.

Del principio de subsidiariedad. Procedencia excepcional de la acción de
tutela

25. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6° del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio
de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración
del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con una herramienta
idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable en los términos
de la jurisprudencia constitucional.

26. En la Sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo
medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante.

27. el Tribunal Constitucional, en sentencia T-511 de 2020 consideró que la
intromisión del juez de tutela en aquellos eventos en que se disputan autos
proferidos en un proceso judicial en curso deben someterse a un análisis de
procedencia estricto, puesto que: (i) no se trata de decisiones definitivas; (ii) la
persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el auto,
en el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, además, (iii) tiene la
posibilidad de recurrir la decisión final. Aunado a que está condicionada a (i)
agotamiento de los recursos procedentes contra la decisión definitiva y (ii) la
demostración de la existencia de un perjuicio irremediable.

Caso concreto

28. La Subsección considera que no hay lugar a estudiar de fondo en el presente
asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad.

29. En el caso bajo estudio, la parte accionante solicita que se deje sin efectos el
auto del 9 de diciembre de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de

7
Original de la Cita: “Ver Sentencia T-313 del 7 de abril de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil”.
8
T-346-10.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00485-01
Accionante: Henry Alberto Vargas Acero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Cundinamarca, a través del cual se confirmó la decisión de primera instancia9 que
negó el decreto de las medidas cautelares de embargo sobre bienes inmuebles y
cuentas bancarias titularidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente – E.S.E.

30. Al respecto, se advierte que la providencia cuestionada por el señor Henry
Alberto Vargas Acero fue proferida dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el No.
11001-33-35-015-2025-00066-00, que se encuentra actualmente en trámite ante el
Juzgado Quince (15) Administrativo del Circuito de Bogotá10.

31. Aunado a ello se constata que en el referido proceso judicial se han surtido
diligentemente diferentes actuaciones con el fin de obtener la satisfacción del crédito
solicitado por Henry Alberto Vargas Acero, entre las últimas decisiones registradas
en el aplicativo Samai, se encuentra en auto del 14 de noviembre de 2025 a través
del cual se ordenó a la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos realizar la
liquidación del crédito contenido en las sentencias de primera y segunda instancia
proferidas en el litigio administrativo laboral 11001-33-35-015-2020191-00. Contra
esta decisión, el demandante interpuso recurso de apelación, por lo que la siguiente
actuación consistió en (ii) providencia del 12 de febrero de 2026 mediante la cual se
rechazó por improcedente la impugnación. Nuevamente, el ejecutante interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, queja que fue resuelto mediante providencia
del 9 de abril de 2026 que resolvió desfavorablemente la reposición y concedió el
recurso de queja -pendiente de decisión por el ad quem-.

32. Por lo anterior, no resulta jurídicamente viable que el juez constitucional emita
un pronunciamiento de fondo sobre lo solicitado, en la medida en que la parte
accionante dispone de medios de defensa idóneos y eficaces previstos en el
ordenamiento jurídico vigente. En efecto, las pretensiones que se formulan en sede
de tutela deben ser discutidas ante el juez de la ejecución, autoridad competente
para conocer y resolver este tipo de controversias, lo cual impide que la acción
constitucional sea utilizada como un mecanismo alternativo o sustitutivo de las
acciones ordinarias existentes.

33. Ahora, la Sala debe poner de presente que no son procedentes los argumentos
de la impugnación, a través de los cuales el accionante cuestionó que, en la
sentencia de tutela de primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
adoptó una “visión estrictamente formal del principio de subsidariedad (sic)”.

34. Frente a ello, el accionante indicó que no se tuvo en cuenta el eventual perjuicio
irremediable que podría padecer ante el “contexto estructural de incumplimiento” de
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente – E.S.E. aunado a la
eventual ineficacia del proceso ejecutivo; sin embargo dichos debieron ser propios
de la discusión ante el juez ordinario que se pronunció en dos instancias sobre la
improcedencia de los embargos (inmuebles y cuenta de ahorros número 569996338

9
Proferida por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá el del 29 de abril de 2025
10
La referida autoridad judicial profirió auto de obedezcase y cúmplase a lo resuelto por el ad quem
en providencia del 9 de abril de 2026, índice 57 del Samai de Tribunal del proceso 11001-33-35-015-
2025-00066-00.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00485-01
Accionante: Henry Alberto Vargas Acero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

del Banco Davivienda) ante la insuficiencia del escrito en que se solicitó la medida
cautelar.

35. Conjuntamente, en el presente caso no se configura un perjuicio irremediable11
que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela, pues en este
momento se encuentra en curso el trámite judicial de ejecución del crédito contenido
en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, del 29 de septiembre de 2022 y que puso fin al proceso
ordinario laboral 11001-33-35-015-2020191-00, de modo que el accionante cuenta
con el medio judicial idóneo y eficaz para para la protección de los derechos que
considera vulnerados.

36. Así, del análisis de las circunstancias fácticas del caso no se advierte la
configuración de un riesgo inminente, puesto que, si bien la accionante afirma la
existencia de una amenaza inmediata frente a la “efectividad de las decisiones
judiciales” debido a la negativa del decreto de las medidas cautelares solicitadas, lo
cierto es que el proceso se encuentra en curso y, tal como se reseñó en
precedencia, se han adoptado las medidas oportunas con la finalidad de garantizar
la satisfacción del crédito del ejecutante

37. Tampoco se acredita un daño grave, en la medida en que la controversia tiene
un contenido legal y económico, dado que se cuestiona una decisión judicial
adoptada dentro de un proceso ejecutivo que no ha finalizado y que actualmente es
objeto de estudio por parte del juez de lo contencioso administrativo. De igual forma,
no se evidencia una situación de urgencia, pues lo pretendido en sede constitucional
puede ser solicitado y resuelto dentro de los trámite judicial adelantado en este
momento bajo el radicado 11001-33-35-015-2025-00066-00, ni se configura una
condición impostergable, ya que la accionante no demostró que la decisión
cuestionada frustre de manera definitiva las pretensiones del proceso ejecutivo, de
modo que ocasione un perjuicio definitivo o irreversible que haga necesaria la
intervención inmediata del juez constitucional.

38. Así las cosas, es necesario reiterar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia. Aunado a
que, mientras se encuentre en curso el mecanismo judicial disponible, la acción de
tutela no puede sustituirlo, ni anticipar su resultado, sin que ello implique una
afectación actual o definitiva de los derechos fundamentales invocados.

11
Las características del perjuicio irremediable se concretan en un riesgo “(i) inminente, es decir,
que la lesión o afectación al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto es, que el daño del bien jurídico
debe ser de una gran intensidad; (iii) urgente, en tanto que las medidas para conjurar la violación o
amenaza del derecho se requieren con rapidez; e (iv) impostergable, porque se busca el
restablecimiento de forma inmediata”, Corte Constitucional, Sentencia T-350 e 2025.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00485-01
Accionante: Henry Alberto Vargas Acero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección A
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

39. En este contexto, por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, esta Sala
confirmará la sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada
por Henry Alberto Vargas Acero en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por la Henry Alberto Vargas Acero, en nombre propio, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

9

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