Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00486-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00486-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00486-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Doce (12) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00486-011
Accionante : Olga Lucía Quintero Carvajal
Accionado : Tribunal Administrativo de Caldas
Vinculados : Nación - Ministerio de Educación Nacional, Municipio de
Manizales y Juzgado Primero Administrativo de Manizales
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, diferencias salariales en
escalafón docente
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la accionante contra el fallo
del Veintiséis (26) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026) proferido por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta2, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. La señora Olga Lucía Quintero Carvajal, quien actúa a través de apoderada
judicial, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
C. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Accionante: Olga Lucía Quintero Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
administración de justicia y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Caldas.
3. Por consiguiente, solicitó:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS en la sentencia
proferida el día 26/09/2025, en el expediente radicado bajo número 17001-3333-
001-2024-00245-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor
(a) OLGA LUCIA QUINTERO CARVAJAL, por considerar que las razones de la
decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco
normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso
ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CALDAS dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la
norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación
particular del (la) docente OLGA LUCIA QUINTERO CARVAJAL, a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente
probados en el debate jurídico.
1.3 Hechos3
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por la
accionante, se puede evidenciar que, es docente oficial en la categoría 3CM del
escalafón docente, conforme al régimen previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002.
5. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Olga Lucía Quintero Carvajal presentó demanda contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales, encaminada a que
se inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024 que fijó la escala salarial del
personal docente, y se declarara la nulidad del Oficio núm. 2024-EE-076314 del
Ocho (8) de Marzo de Dos Mil Veinticuatro (2024) y del acto ficto o presunto del
Primero (1.°) de Junio de Dos Mil Veinticuatro (2024), mediante los cuales, el
Ministerio y el ente territorial, respectivamente, le negaron «[…] el derecho a la diferencia
en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008 para
el grado en el escalafón 3DM, con ocasión que fue realizado un incremento del 44.89%, por
medio de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, proferidos por el MEN, mientras que el
incremento efectuado a la categoría del escalafón 3CM, fue del 32.71% en su salario para el mismo
año».
3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
2
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6. A título de restablecimiento del derecho, solicitó «[..] el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales causadas en los últimos tres (3) años anteriores a la petición realizada, por
haber operado el fenómeno de la prescripción trienal y las que se lleguen a causar en el futuro […]».
7. De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Primero (1) Administrativo de
Manizales4 que, mediante sentencia del Treinta y Uno (31) de Marzo de Dos Mil
Veinticinco (2025), negó las pretensiones al concluir que, «[…] es jurídicamente válido
y razonable que existan incrementos salariales diferenciados entre los distintos niveles y
clasificaciones de los empleos públicos en el sector docente. Esta diferenciación se fundamenta
en que el acceso a cada nivel requiere el cumplimiento de requisitos específicos, tales como
formación académica, experiencia profesional, certificaciones adicionales o especializaciones, lo
que implica un mayor grado de preparación y, en consecuencia, una retribución acorde con dichas
exigencias».
8. Inconforme con esa decisión, la accionante interpuso recurso de apelación,
desatado el Veintiséis (26) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Caldas, en el sentido de confirmarla, con fundamento en
que, «[…] cada grado del escalafón responde a requisitos diferenciados de formación académica,
ingreso, evaluación por competencias y progresión profesional conforme se citó de los artículos 20
y 21 del Decreto Ley plurimencionado, de modo que la equiparación salarial solo resulta predicable
entre pares del mismo grado y nivel, mas no entre grados diversos ».
9. Sobre la precedente situación, la actora sostiene que, la providencia reprochada
incurrió en defecto sustantivo por cuanto convalidó los incrementos salariales
diferenciados fijados para 2008 y 2009 entre las categorías 3CM y 3DM del
escalafón docente regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002, sin aplicar de
manera adecuada los mandatos de igualdad y equidad previstos en los artículos
13 y 53 de la Constitución y en la Ley 4 de 1992. En su criterio, la decisión omitió
exigir una justificación objetiva, técnica y verificable que, explicara por qué una
categoría inferior recibió un aumento superior, lo que desnaturaliza la lógica de
progresión por mérito y genera una afectación permanente en la base salarial.
10. De otra parte, en defecto fáctico, al «[…]incurri[r] en una indebida valoración probatoria
respecto del debate jurídico planteado por cuanto no se allegó prueba alguna que demostrara la
existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa, resulta imperativo
4
Proceso núm. 17001-3333-001-2024-00245-00/01.
3
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cuestionar qué aspectos válidos y concretos incidieron para otorgar un trato tan inequitativo, toda
vez que ni el expediente ni la sentencia ofrecen explicación alguna al respecto […]» .
1.4 Contestación de la acción
11. 1.4.1 El Tribunal Administrativo de Caldas5 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela por cuanto no satisface el requisito de relevancia constitucional,
pues, los reparos formulados por la parte actora contra la decisión cuestionada ya
fueron planteados y resueltos en el proceso ordinario. Adicionalmente, precisó que,
no se configuraron los defectos sustantivo ni fáctico, toda vez que, la providencia
recurrida explicó por qué no era procedente realizar un juicio de igualdad entre los
grados 3CM y 3DM del escalafón docente, al tratarse de niveles con requisitos
diferentes. En ese sentido, sostuvo que, la actora pretende convertir el mecanismo
constitucional en una instancia adicional para reabrir un debate ya resuelto por el
juez natural.
12. 1.4.2 El Juzgado Primero Administrativo de Manizales 6 manifestó que,
estaría presto a cumplir la decisión que se adopte en sede de tutela.
13. 1.4.3 El municipio de Manizales7 pidió negar el amparo deprecado, al
considerar que, no vulneró derecho fundamental alguno de la actora. De otro lado,
sostuvo que, la acción carece de relevancia constitucional, pues, la controversia
ya había sido resuelta por el juez ordinario y no se advertía una actuación arbitraria
que ameritara la intervención del juez de tutela. Finalmente, solicitó su
desvinculación del trámite, por inexistencia de vulneración atribuible al ente
territorial.
14. 1.4.4 El Ministerio de Educación Nacional 8 adujo que, carece de legitimación
en la causa por pasiva dentro del trámite, toda vez que, la controversia planteada
recae sobre una decisión emitida por el Tribunal demandado. Además, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, al estimar que, el asunto carece de
relevancia constitucional, en la medida en que el debate se contrae a una
controversia de naturaleza estrictamente económica, lo cual desborda la finalidad
del mecanismo constitucional.
5
Índice 11 de SAMAI del proceso de primera instancia.
6
Índice 14 de SAMAI del proceso de primera instancia.
7
Índice 15 de SAMAI del proceso de primera instancia.
8
Índice 16 de SAMAI del proceso de primera instancia.
4
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1.5 Providencia impugnada9
15. Mediante sentencia del Veintiséis (26) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, al considerar que, la controversia planteada por la actora no superaba el
requisito de relevancia constitucional. En ese sentido, sostuvo que, los reparos
formulados en la solicitud de amparo guardaban similitud con los argumentos
expuestos por la tutelante en el recurso de apelación presentado dentro del proceso
ordinario, por lo que la demandante pretendía prolongar un debate ya resuelto por
el juez natural, lo cual no habilitaba la intervención del juez constitucional.
1.6 La impugnación10
16. Inconforme con esa determinación, la demandante la impugnó, para lo cual,
reiteró los argumentos expuestos en su escrito inicial.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
17. En virtud de los artículos 3211 del Decreto Ley 2591 de 199112 y 2513 del Acuerdo
80 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)14 expedido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.
2.2 La acción
18. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
9
Índice 20 de SAMAI del proceso de primera instancia.
10
Índice 27 de SAMAI del proceso de primera instancia.
11
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
12
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
13
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
14
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
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cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Legitimación en la causa por pasiva
19. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional15, ha considerado
que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».
20. La Nación - Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales en sus
escritos de intervención solicitaron su desvinculación del trámite al carecer de
legitimación en la causa por pasiva.
21. Al respecto, la Sala advierte que, sus vinculaciones en el presente asunto fueron
en calidad de terceros con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se negará su solicitud.
2.4 Problema jurídico
22. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo del
Veintiséis (26) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante el cual, el
Tribunal Administrativo de Caldas confirmó la providencia del Treinta y Uno (31) de
Marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), en la que el Juzgado Primero Administrativo
de Manizales negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por la tutelante contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional y el municipio de Manizales (expediente 17001-3333-001-
2024-00245-00/01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías
superiores al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y
tutela judicial efectiva invocadas en la solicitud de amparo.
15
Sentencia T-1015 de 2006. Magistrado Ponente. Álvaro Tafur Galvis.
6
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2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales
23. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 16 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado17, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
24. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
25. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
16
Sentencia C-590 de 2005.
17 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
7
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la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
2.6 Caso concreto
26. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en criterio de la
actora, en una indebida aplicación normativa y valoración probatoria relacionada
con la fijación de incrementos salariales en el escalafón docente, lo cual, de
comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva; (ii)
contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, por cuanto la
providencia atacada quedó ejecutoriada el Siete (7) de Octubre de Dos Mil
Veinticinco (2025)18 y la solicitud de amparo se presentó el Veintiséis (26) de Enero
de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir, dentro de los 6 meses; y (v) la sentencia
acusada no desató una acción de tutela.
27. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y defecto
fáctico invocadas por la accionante.
18
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 30 de septiembre de 2025,
motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 2 de octubre de 2025, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA.
8
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2.6.1 Defecto sustantivo
28. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
29. La jurisprudencia constitucional19 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales20.
2.6.2 Defecto fáctico
30. Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »21.
31. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra22.
19
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
20
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
22
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
9
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2.7 Análisis del caso concreto
32. En el asunto sub examine, la demandante aduce que, la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto convalidó los incrementos salariales
diferenciados fijados para 2008 y 2009 entre las categorías 3CM y 3DM del
escalafón docente regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002, sin aplicar de
manera adecuada los mandatos de igualdad y equidad previstos en los artículos
13 y 53 de la Constitución y en la Ley 4 de 1992. En su criterio, la decisión omitió
exigir una justificación objetiva, técnica y verificable que, explicara por qué una
categoría inferior recibió un aumento superior, lo que desnaturaliza la lógica de
progresión por mérito y genera una afectación permanente en la base salarial.
33. Asimismo, en defecto fáctico, al «[…]incurri[r] en una indebida valoración probatoria
respecto del debate jurídico planteado por cuanto no se allegó prueba alguna que demostrara la
existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa, resulta imperativo
cuestionar qué aspectos válidos y concretos incidieron para otorgar un trato tan inequitativo, toda
vez que ni el expediente ni la sentencia ofrecen explicación alguna al respecto […]» .
34. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,
concluyó:
[…]
Ahora bien, la Sala advierte que el debate planteado por la parte recurrente descansa
en una comparación entre grados distintos del escalafón docente, hipótesis que no
habilita el juicio de igualdad material exigido por el artículo 13 de la Constitución, por
cuanto el parámetro de comparación no es válido.
En efecto, cada grado del escalafón responde a requisitos diferenciados de formación
académica, ingreso, evaluación por competencias y progresión profesional conforme se
citó de los artículos 20 y 21 del Decreto Ley plurimencionado, de modo que la
equiparación salarial solo resulta predicable entre pares del mismo grado y nivel, mas
no entre grados diversos.
según la Corte Constitucional el principio “a trabajo igual, salario igual” opera entre
sujetos comparables con iguales funciones y exigencias de cualificación. Y, la
diversidad escalafonaria en el régimen docente atiende a un objetivo de
profesionalización y, por tanto, está justificado constitucionalmente los tratamientos
remunerativos diferenciados en el marco del Decreto 1278 de 2002.
Así mismo, debe hacerse hincapié en que conforme la Ley 4ª de 1992, el gobierno
nacional tiene la competencia de realizar ajustes salariales diferenciados conforme al
grado y nivel acreditado en el escalafón docente, constituyendo una facultad
discrecional pero no arbitraria.
En este caso, más allá de lo argumentado en la demanda, no se aportan medios de
prueba adicionales que permitan inferir que los decretos anuales salariales docentes
cuya inaplicación por inconstitucionalidad se solicita, realmente sean incompatibles ni
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con la constitución, en especial no se vislumbra una contradicción con el artículo 53, ni
tampoco con la Ley marco y los criterios en ella definidos.
La parte recurrente aduce que las entidades demandadas son las que debían aportar
los medios de prueba que sustentaran técnicamente la expedición de los decretos
cuestionados, sin embargo, quien tiene en realidad la carga de probar la
incompatibilidad constitucional y legal es la parte demandante.
En este horizonte, que el Ejecutivo aplique porcentajes de incremento diferenciados por
grados y niveles no implica, por sí solo, desconocimiento del derecho a la igualdad,
siempre que ese diseño responda a fines constitucionales relevantes como lo son la
profesionalización y dignificación de la carrera docente, así como las restricciones
fiscales propias del sector.
En este caso, de la tabla consignada en el capítulo de hechos probados para los años
2007 a 2010, se desprende que en 2008 se transitó de un esquema inicialmente
uniforme de incremento salarial anual (Decreto 624 de 29 de febrero de 2008) a un
esquema diferenciado (Decreto 714 de 6 de marzo de 2008, complementado por el
Decreto 1407 de 2008).
Esto se refleja con claridad en los datos: para el grado 3DM, el incremento en 2008 fue
del 44,89%, mientras que para el grado 3CM fue del 32,71%.
Esta trayectoria evidencia una política de calibración y recomposición relativa entre
escalafones y subgrados, que en 2008 privilegió a los docentes con mayor
especialización (3DM), mientras que en 2009 la tendencia se invirtió, lo que desvirtúa
la tesis de una brecha estructural acumulativa generada por un trato constante y
unidireccional a favor de un único subgrupo. Por el contrario, la política salarial muestra
una modulación anual y contingente, propia del margen de configuración normativa que
la Ley 4ª de 1992 confiere al Ejecutivo.
Asimismo, para 2009 se observa la fijación de incrementos homogéneos para los grados
3CM y 3DM (Decretos 702 y 1238 de 2009), lo que confirma que la diferenciación de
2008 no se mantuvo de forma permanente, sino que fue una decisión puntual dentro de
la facultad discrecional del Gobierno Nacional para ajustar la política salarial conforme
a criterios de profesionalización y sostenibilidad fiscal.
[…]
Recábese en que la parte recurrente edificó su censura sobre una comparación
inter-grados (3CM vs. 3DM) y sobre la alegada “ausencia de motivación técnica” de los
decretos anuales, pero no aportó elementos que demostraran un trato discriminatorio
entre pares del mismo grado y nivel, ni que evidenciaran una quiebra del estándar
constitucional mínimo ni un desvío de poder o arbitrariedad en el uso de la potestad de
configuración prevista en la Ley 4ª de 1992 y desarrollada por el Decreto Ley 1278 de
2002.
[…]
35. De lo expuesto se colige que, contrario a lo indicado por la tutelante, la autoridad
demandada aplicó en debida forma el Decreto 1278 de 2002, distinto es que
concluyera que, precisamente, uno de sus principales objetivos era establecer un
escalafón docente cuya clasificación atendiera diversos criterios como el nivel de
responsabilidad, desempeño, competencias, formación académica y experiencia,
para así determinar un salario diferencial de los educadores, sin que ello implicara
un trato discriminatorio o desigual.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00486-01
Accionante: Olga Lucía Quintero Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
36. Para arribar a dicha deducción, la autoridad accionada tuvo en cuenta el criterio
fijado por esta Corporación en un asunto de similares contornos23, según el cual,
«[l]a jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que es permitido otorgar un trato
diferencial, siempre que se den las siguientes condiciones: […] que las personas se encuentren
efectivamente en distinta situación de hecho; que el trato distinto que se les otorga tenga una
finalidad; que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores
y principios constitucionales; que el supuesto de hecho -esto es, la diferencia de situación, la finalidad
que se persigue y el trato desigual que se otorga- sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo,
guarden una racionalidad interna; que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la
consecuencia Jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con
las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican» .
37. Ahora bien, para la Sala, no corresponde a la realidad el argumento de la tutelante
con el que explicó el supuesto defecto fáctico en el que, a su juicio, incurrió la
providencia reprochada, relacionado con que no se allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran la distinción salarial
alegada, pues, la autoridad accionada, además de todo lo mencionado en
precedencia, advirtió que, «[…] la parte recurrente edificó su censura sobre una comparación
inter-grados (3CM vs. 3DM) y sobre la alegada “ausencia de motivación técnica” de los decretos
anuales, pero no aportó elementos que demostraran un trato discriminatorio entre pares del mismo
grado y nivel, ni que evidenciaran una quiebra del estándar constitucional mínimo ni un desvío de
poder o arbitrariedad en el uso de la potestad de configuración prevista en la Ley 4ª de 1992 y
desarrollada por el Decreto Ley 1278 de 2002» .
38. Asimismo, es claro que, el Tribunal Administrativo de Caldas, ya había resuelto
con suficiente motivación la inconformidad planteada por la tutelante en el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo del Treinta y Uno (31) de Marzo de Dos Mil
Veinticinco (2025), en el que el Juzgado Primero (1) Administrativo de Manizales
negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el
municipio de Manizales (expediente 17001-3333-001-2024-00245-00/01), la cual
reiteró en esta acción de tutela (para lo cual invocó las causales de defecto
sustantivo y defecto fáctico), lo que denota que su intención, más allá de manifestar
la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar este
23
Consejo de Estado. Sección Primera. Radicado 11001-03-24-000-2012-00238-00 del 20 de marzo de 2025. C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00486-01
Accionante: Olga Lucía Quintero Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
mecanismo constitucional como una instancia adicional con el fin de obtener
un pronunciamiento favorable a sus intereses.
39. En consecuencia, no se configuró ni el defecto sustantivo ni el fáctico alegados
por la accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo
debidamente fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con la
postura jurisprudencial sobre la materia.
40. Finalmente, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN
41. La Sala considera que en el presente asunto la parte actora no acreditó que la
providencia cuestionada hubiere incurrido en los defectos sustantivo y fáctico, por
tal motivo, se revocará el fallo impugnado, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia para, en su lugar, negar el amparo deprecado.
42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el municipio de Manizales, conforme a la motivación.
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia del Veintiséis (26) de Marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026) proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, para en su lugar, NEGAR el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados por la señora Olga
Lucía Quintero Carvajal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00486-01
Accionante: Olga Lucía Quintero Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Cuarta, de esta
Corporación y remitir copia.
QUINTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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