Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00494-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00494-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00494-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
23 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00494-00
Demandante: Gerardo Mauricio Arango Zuleta
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados 1 y otros
Temas: Derecho al debido proceso administrativo / Expedición de
certificado de idoneidad tras superar el examen de Estado
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Gerardo Mauricio Arango Zuleta en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Gerardo Mauricio Arango Zuleta promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al trabajo, a la igualdad y al
acceso a cargos públicos, con ocasión de la falta de expedición de la «certificación
de idoneidad con carácter oficial donde conste que superé el examen de Estado según la
Resolución URNAR25-401 de 2025» solicitada para participar en el «Proceso de
Selección DIAN 2676 de 2025».
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente2:
2.1. Es abogado titulado y aprobó el examen de Estado de idoneidad (Aplicación
2025-II), según la Resolución URNAR25-401 del 26 de diciembre de 2025. Por su
parte, quiso participar en el Proceso de Selección DIAN 2676 de 2025, cuyas
inscripciones corrían del 28 de enero al 6 de febrero de 2026.
1 En adelante URNA.
2 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-0494-00
Demandante: Gerardo Mauricio Arango Zuleta
2.2. Según el Anexo Técnico del Proceso 2676 (pág. 13-14), los requisitos mínimos
(Tarjeta Profesional) debían estar reunidos y acreditados al cierre de las
inscripciones.
2.3. Ante la urgencia de los términos del referido concurso de méritos, radicó petición
ante la URNA en la que solicitó certificación de idoneidad excepcional. Sin embargo,
la entidad respondió el 5 de enero de 2026 que la firmeza del acto solo se daría el
11 de febrero de 2026.
2.4. En esa respuesta, la demandada afirmó que la tarjeta profesional es un requisito
indispensable para el ejercicio y no para la participación, de tal manera, su
presentación se requeriría solo al momento del nombramiento en periodo de prueba.
2.5. Sus derechos fundamentales fueron vulnerados, en tanto la falta de expedición
de la certificación mencionada de manera excepcional antes del 6 de febrero de
2026 le impediría cumplir con los requisitos necesarios para participar en el
concurso de méritos convocado por la Dirección de Impuestos y aduanas
Nacionales3.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. AMPARAR mis derechos al trabajo y acceso a cargos públicos y la prevalencia
del derecho sustantivo.
2. ORDENAR a la URNA que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, expida una
certificación de idoneidad con carácter oficial donde conste que superé el examen de
Estado según la Resolución URNAR25-401 de 2025.
3. ORDENAR a la CNSC y a la DIAN que acepten dicha resolución o certificado como
prueba de cumplimiento del requisito de idoneidad, garantizando mi continuidad en el
proceso de selección. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales4 solicitó negar el amparo al
no existir vulneración de derechos fundamentales, además de configurarse una falta
de legitimación por pasiva, por lo cual expuso que la tarjeta profesional era un
requisito obligatorio para profesiones reguladas, el cual debía estar acreditado al
cierre de las inscripciones. Que la competencia para verificar requisitos y resolver
reclamaciones correspondía de manera exclusiva a la Comisión Nacional del
Servicio Civil5.
5. La Unidad de Registro Nacional de Abogados6 pidió negar el amparo solicitado
3 En adelante DIAN.
4 Archivo obrante en el índice 10 del Samai.
5 En adelante CNSC.
6 Archivo obrante en el índice 11 del Samai.
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Demandante: Gerardo Mauricio Arango Zuleta
ante la ausencia de la vulneración endilgada, pues, no podía emitir la certificación
requerida porque, conforme a la Ley 1905 de 2018 y al reglamento del Consejo
Superior de la Judicatura, los resultados solo adquirían firmeza después de
resolverse los recursos, razón por la cual, así se lo informó al demandante el 5 de
enero de 2026.
6. La Comisión Nacional del Servicio Civil7 requirió declarar su falta de
legitimación en la causa por pasiva e improcedente la tutela o, en su defecto, negar
el amparo, pues, el demandante aceptó las reglas de la convocatoria, cuyos
requisitos mínimos debían cumplirse dentro del plazo de inscripciones. Así, ante
cualquier descuerdo, contaba con los mecanismos judiciales idóneos para
controvertir los actos del concurso. Sin contar, con el hecho que la imposibilidad de
obtener la certificación de idoneidad requerida no le era atribuible a esa entidad.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) determinación
del problema jurídico; iv) procedencia de la solicitud de tutela – debido proceso
administrativo; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333 del 6 de abril
de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados.
2.2. Cuestión previa - legitimación en la causa por pasiva
9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
10. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
7 Archivo obrante en el índice 12 del Samai.
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Demandante: Gerardo Mauricio Arango Zuleta
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente8:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental9. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”10, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”11 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».
11. Ahora bien, la DIAN y la CNSC solicitaron que en relación con esas entidades se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneraron
derecho fundamental alguno de la parte demandante y tampoco hay una relación
directa entre lo pretendido y las acciones que esas autoridades puedan desplegar
para su cumplimiento.
12. Así pues, revisado el expediente, se advierte que, en el auto admisorio de la
solicitud de tutela se ordenó su vinculación en calidad de demandados. Al respecto,
la Sala aclara que, en atención a que las pretensiones de esta solicitud de tutela se
dirigieron en su contra fueron vinculados en aras de salvaguardar sus derechos de
defensa y contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.
2.3. Problema jurídico
13. La Sala deberá determinar: ¿si la Unidad de Registro Nacional de Abogados
vulneró los derechos fundamentales de Gerardo Mauricio Arango Zuleta al no
expedirle un certificado de idoneidad de manera excepcional antes del plazo
establecido para acreditar los requisitos fijados en el proceso de selección Dian
2676 de 2025?
2.4. Procedencia de la solicitud tutela
14. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
8 Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
9 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
10 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
11 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Gerardo Mauricio Arango Zuleta
del Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de
la solicitud de amparo:
[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]
15. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia12, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
16. El perjuicio irremediable, a su turno, se ha entendido como aquel que presenta
las características de inminente, esto es que amenaza o está por suceder; urgente,
en relación con las medidas a adoptar para evitar la consumación del mismo
aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave, relacionado con el
bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es objetivamente [determinado o
determinable] relevante para el afectado e, impostergable, lo que determina que la
tutela sea adecuada para el restablecimiento del orden social justo en su
integridad13.
17. Del ese modo, la existencia real de un mecanismo de defensa debe ser analizado
frente a las circunstancias del caso que se plantee, pues su sola procedencia legal
no lo hace eficaz e idóneo en todos los asuntos. Este aspecto, pues, también le
corresponde ser valorado por el juez constitucional y determina, se reitera, los
efectos del fallo de tutela.
2.4.1. Debido proceso administrativo
18. El artículo 29 de la Constitución Política determinó que el debido proceso debe
regir todas las actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en
trámites administrativos. En cuanto a estos últimos, debe anotarse que ese derecho
busca que todas las actuaciones y decisiones adoptadas por los funcionarios se
realicen con cumplimiento de las garantías propias del ejercicio de la administración
12 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-
1121 de 2003.
13 Al respecto, ver las Sentencias T- 300 de 2010, T-1316 de 2001; T.225 de 1993, entre otras. La
primera se refirió al concepto es estudio en los siguientes términos: “que (i) se esté ante un perjuicio
inminente o próximo o suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y
la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien
susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de
medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del
perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de
protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de
oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”.
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Demandante: Gerardo Mauricio Arango Zuleta
pública. En ese sentido, la Corte Constitucional, en uno de sus primeros
pronunciamientos sobre ese derecho5, dispuso que este debe ser desarrollado en
todas las manifestaciones de la administración pública y que los actos
administrativos deben ser dictados previo a los procedimientos y los requisitos
exigidos por la ley.
19. Más adelante, en la sentencia T-214 de 2004, el máximo tribunal constitucional 6
definió el debido proceso administrativo como el conjunto de condiciones impuestas
a las autoridades por la ley para el cumplimiento de una secuencia de actos, cuya
finalidad está previamente determinada constitucional y legalmente y su objeto es
asegurar el funcionamiento ordenado de la administración y la validez de sus
actuaciones; así como proteger los derechos de los administrados.
20. Igualmente, en la sentencia C-980 de 2010, el mencionado tribunal manifestó
que aquel es un derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata en los
términos del artículo 29 de la Constitución Política y que está en armonía con los
artículos 6° y 209 de la citada disposición sobre la responsabilidad de los servidores
públicos y los principios que rigen la actividad administrativa del Estado.
21. Más recientemente, la Corte Constitucional7 precisó que el debido proceso
administrativo constituye un límite al ejercicio de las funciones de las autoridades,
puesto que deben actuar dentro de los procedimientos previamente fijados por el
ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, se colige que este es un derecho
fundamental que sirve como garantía para los administrados frente a las
actuaciones y decisiones adoptadas dentro de los trámites regulados por la ley.
22. La Corte Constitucional en la sentencia T-214 de 200414 dentro de la definición
del debido proceso administrativo, determinó que el objeto de esta garantía
comprende tres elementos, a saber: i) asegurar el funcionamiento ordenado de la
administración; ii) la validez de las actuaciones administrativas; y iii) resguardar el
derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados.
2.5. Análisis de la Sala
23. Gerardo Mauricio Arango Zuleta acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara a la
Unidad de Registro Nacional de Abogados que le expidiera una certificación de
idoneidad en la que constara que superó el examen de Estado, según la Resolución
URNAR25-401 de 2025; y por su parte, que la CNSC y la DIAN la aceptaran, de
manera que se le garantizara la continuidad en el proceso de selección.
24. Al respecto, de las pruebas obrantes en el expediente se observa:
14 MP Eduardo Montealegre Lynett.
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Demandante: Gerardo Mauricio Arango Zuleta
24.1. El demandante obtuvo el título de abogado el 21 de marzo de 2025, de
conformidad con lo consignado en el acta de grado 373 y el diploma, expedidos por
la Corporación Universitaria de Sabaneta.
24.2. La URNA emitió la Resolución URNAR25-401 del 26 de diciembre de 2025,
contentiva de los resultados del examen de Estado para abogados de la Ley 1905
de 2018, Aplicación 2025-II, en cuyo anexo figuró el número de cédula del
demandante como aprobado.
24.3. El 29 de diciembre de 2025, el demandante presentó petición ante la URNA
para que le expidiera una certificación excepcional de idoneidad en la que constara
su aprobación del examen de Estado con el objeto de presentarla ante la CNSC y
la DIAN y, a su vez, se procediera con su inscripción en el registro nacional de
abogados para garantizar su derecho de acceso a cargos públicos.
24.4. El 5 de enero de 2025, la URNA le respondió:
«[…] La Resolución No. URNAR25-401 del 26 de diciembre de 2025 "Por la cual se
publican los resultados del examen de Estado para abogados de la Ley 1905 de 2018,
Aplicación 2025-II", se encuentra en etapa de radicación y resolución de recursos, por lo
que solo hasta el 11 de febrero de 2026, se emitirá el acto administrativo de certificación
a quienes aprueben el examen de Estado para abogados (aplicación 2025-II). Por lo cual
el trámite de tarjeta profesional de abogado, solo podrá ser solicitada y expedida
después de esta fecha.
Ahora bien, se encontró que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el anexo por el
cual se establecen las especificaciones técnicas de las diferentes fases del "proceso de
selección DIAN 2676", en la modalidad de ingreso y ascenso, para proveer empleos en
vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de su
planta de personal, señaló:
"Teniendo en cuenta que la Tarjeta Profesional o Matrícula correspondiente es un
requisito de ley indispensable para el ejercicio de la profesión y no para la participación
en el presente proceso de selección, su presentación se requerirá al momento del
nombramiento en Periodo de Prueba.1"
Tenga en cuenta que en el mismo anexo, hacen claridad que los aspirantes Abogados
que pretendan que se les contabilice como Experiencia Profesional o Profesional
Relacionada la labor de representación judicial y extrajudicial, deben tener en cuenta
que, en los términos de los artículos 22 y 32 del Decreto Ley 196 de 1971, para el
ejercicio de la misma se requiere contar con la respectiva Tarjeta Profesional, la cual
deben aportar con su inscripción a este proceso de selección o, de no aportarla, se
verificará su registro, inscripción y expedición en el Sistema de Información del Registro
Nacional de Abogados – SIRNA. Igualmente, quienes hayan terminado y aprobado los
estudios reglamentarios de Derecho en universidad oficialmente reconocida, que
pretendan acreditar el ejercicio de la profesión de Abogado sin haber obtenido el título
respectivo, en los asuntos establecidos en el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971,
deberán aportar la correspondiente Licencia Temporal que los faculte para tal fin, en la
cual se debe indicar la fecha de su caducidad.
Como en su escrito no tenemos claridad a que concurso de la DIAN hace referencia, es
procedente revise la convocatoria y anexos del concurso de su interés, para que con ello
pueda verificar si le es aplicable o no la normativa señalada. […]».
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Demandante: Gerardo Mauricio Arango Zuleta
25. De acuerdo con los diferentes puntos de derecho expuestos en los acápites
anteriores, así como los supuestos debidamente acreditados a través de los medios
probatorios allegados a la litis constitucional, no se evidencia vulneración de los
derechos fundamentales invocados, en especial el debido proceso administrativo.
26. Lo anterior, en atención a que el artículo 1.º de la Ley 1905 de 2018 estableció
que el examen de Estado para Abogados se entenderá aprobado «cuando el
resultado supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba», asimismo, que
su aprobación estará sujeta a la puntuación que obtengan los otros egresados,
razón por la cual los resultados finales solo se definirán una vez el Consejo Superior
de la Judicatura resuelva los recursos contra el acto que publicó los resultados
iniciales, pues la modificación en el puntaje de cualquiera de los evaluados altera
los rangos de percentil. En concordancia, el inciso 3.° del artículo 13 del Acuerdo
PCSJA24-12163 del 9 de abril de 2024, que reglamenta la presentación del examen
de Estado para abogados, precisó que: «[c]ulminado el trámite de los recursos, el
Consejo Superior de la Judicatura a través de la URNA publicará el listado de abogados
con los resultados finales obtenidos en el Examen de Estado para Abogados, en la página
web https://sirna.ramajudicial.gov.co conforme al cronograma».
27. En este orden de ideas, se entiende que la URNA daría trámite a la solicitud del
demandante una vez la Resolución URNAR25-401 del 26 de diciembre de 2025
adquiera firmeza y se publiquen los resultados finales del examen de Estado para
abogados. Lo anterior, en virtud de que solo a partir de ese momento es posible
acreditar el requisito de aprobación del examen, razón por la cual no se evidencia
vulneración de derecho alguno por parte de la referida entidad que provenga del
trámite mencionado y las decisiones allí adoptadas.
26. Por su parte, se observa que la CNSC expidió el Acuerdo 21 de 2025 «Por el cual
se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección de Ingreso y Ascenso para
proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, Proceso de Selección DIAN 2676», frente a lo
cual. es pertinente resaltar que normas como la mencionada contienen las reglas
que rigen el proceso de selección que convocan y son de obligatorio cumplimiento
para quienes deciden participar.
27. De tal manera, consultada la página web de la CNSC en la que se publican los
avisos informativos relacionados con el referido concurso de méritos se evidencia
que el 20 de enero de 2026 se informó a los interesados que el periodo de
inscripciones para la modalidad de ingreso se desarrollaría entre el 28 de enero y el
6 de febrero de 2026, frente a lo cual cabe resaltar que aquel término fue fijado con
antelación para la comunidad en general, lo cual no implica vulneración alguna de
los derechos fundamentales invocados por el demandante, en tanto no se limitó su
derecho a participar en igualdad de condiciones.
28.Ahora bien, es el aquí demandante en su condición de aspirante en el
mencionado concurso de méritos quien debe evaluar si de acuerdo con sus
condiciones particulares está en condiciones de aplicar a los cargos ofertados, pues,
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Demandante: Gerardo Mauricio Arango Zuleta
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.º de la Convocatoria 21 de 2025, debe
cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado.
29. En este orden de ideas, en lo que respecta al proceso de selección DIAN 2676
de 2025, la actuación de la CNSC se ajustó a las reglas establecidas fijadas con
antelación y de obligatorio cumplimiento para todos los aspirantes, en particular lo
relacionado con la formalización de la inscripción, el cual define de manera clara y
previsible las condiciones y etapas del proceso de inscripción en el sistema SIMO.
Por ello, es responsabilidad exclusiva del aspirante verificar, antes de formalizar su
inscripción, que los documentos cargados en el sistema le permiten acreditar el
cumplimiento de los requisitos mínimos del empleo al que aspira.
30. Así las cosas, no se observa vulneración o desconocimiento de los derechos
fundamentales invocados por el demandante, ya que tanto la URNA como la CNSC
y la DIAN han adelantado las actuaciones pertinentes en los referidos
procedimientos administrativos de acuerdo con sus competencias y lo preceptuado
en la normativa aplicable.
31. Por su parte, se observa que el demandante presentó memorial el 10 de febrero
de 2026 con el que pretende se declare un perjuicio consumado al no poder
inscribirse en el concurso, además de solicitar que se habilite un término
excepcional para tal fin, en virtud de la sentencia SU-128 de 2024.
32. Al respecto, es pertinente precisar que la Corte Constitucional, en la referida
decisión efectuó el estudio de la relevancia del examen de Estado como herramienta
para mejorar la calidad en el ejercicio de la abogacía y fortalecer la probidad de los
abogados en un Estado Social de Derecho, por lo que previno al Consejo Superior
de la Judicatura para que tal prueba se adelantara con la celeridad y claridad
suficientes para garantizar los derechos de aquellos estudiantes que buscan la
expedición de su tarjeta profesional.
33. Dicho ello, es posible establecer el acatamiento de dicha orden, en la medida en
que, a partir de lo preceptuado en la Ley 1905 de 2018, se dispuso el procedimiento
necesario para la aplicación del examen de idoneidad y posterior expedición de la
tarjeta profesional en el que se fija un cronograma que, en todo caso, está
supeditado a las contingencias que pueden surgir a raíz de las diferentes solicitudes
y recursos que llegaran a presentar los mismos inscritos en la prueba, cuya
resolución debe ceñirse el debido proceso. Situación distinta fue, que, tal como lo
puso de presente el demandante, las fechas dispuestas en la convocatoria y
aquellos trámites propios de la actuación administrativa adelantada por la URNA
coincidieran, sin que ello pueda catalogarse como desconocimiento de derechos
fundamentales.
3. Conclusión
34. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-0494-00
Demandante: Gerardo Mauricio Arango Zuleta
los derechos fundamentales de Gerardo Mauricio Arango Zuleta, en la solicitud de
tutela presentada contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y otros.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales y la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Gerardo Mauricio
Arango Zuleta, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y otros.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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