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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00496-00

Fecha
16 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00496-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social invocados por la señora Ruby Cardona Zuluaga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00496-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-00496-001
Accionante : Ruby Cardona Zuluaga
Accionado : Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión
Vinculados : Municipio de San Rafael (Antioquia) y Juzgado Quinto (5°)
Administrativo de Medellín
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reintegro laboral
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Ruby Cardona Zuluaga contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Decisión, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y seguridad social.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

2. La señora Ruby Cardona Zuluaga, quien actúa a través de apoderado judicial,

interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión.

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Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00496-00
Accionante: Ruby Cardona Zuluaga
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión

3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de 19 de septiembre de

2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión confirmó la providencia de 30 de octubre del 2020, en la que el Juzgado
Quinto (5°) Administrativo de Medellín negó las pretensiones formuladas en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra el municipio
de San Rafael (Antioquia) [expediente 05001-33-33-005-2016-00606-01]. En su
lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir un nuevo fallo en el que
se concedan las súplicas de ese asunto contencioso-administrativo.

1.3 Hechos2.

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por

la actora, se puede evidenciar que, «[…] trabaj[ó] para el [m]unicipio de San Rafael, en
diferentes cargos y en diferentes periodos: [e]ntre el 1 de enero de 1981 al 31 de diciembre de
1982 y entre el 27 de octubre de 1996 al 2 de febrero de 2016, siendo el último […] el de
DIRECTORA LOCAL DE SALUD […] de LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION »; sin
embargo, «[e]l […] 1 de febrero del […] 2016, mediante el Decreto 019 […] fue declarada
INSUBSISTENTE por el alcalde [e]ncargado […]», lo que le fue notificado el día siguiente,

momento en el cual, «[…] le faltaban exactamente 18 meses para cumplir la edad requerida
para acceder a la [p]ensión de vejez, por lo que […] est[á] cobijada por el principio de la
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA por estar en el grupo de los PREPENSIONADOS».

5. Que, en virtud de lo anterior, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho contra el municipio de San Rafael (Antioquia) [expediente 05001-33-33-
005-2016-00606-01], encaminada a que se declarara la nulidad del mencionado
acto administrativo y se ordenara su reintegro al mismo cargo que ocupaba o a uno
similar.

6. De ese asunto conoció el Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Medellín que, el
30 de octubre del 2020 negó las pretensiones, al estimar que «[…] sólo se encontraba
a la espera del cumplimiento del requisito de la edad para pensionarse, razón por la cual no puede
afirmarse que […] estuviera cobijada por la garantía de estabilidad laboral reforzada bajo la figura
de prepensionable».

7. Inconforme con esa decisión, interpuso recurso de apelación, desatado el 19 de

septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión, en el sentido de confirmarla, con fundamento en que «[…] no cumplió con

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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión

dos requisitos primordiales […], necesarios para poder entrar a estudiar si puede ser aplicado un
criterio flexible como el señalado por el Consejo de Estado[3] frente a la regla definida por la Corte
Constitucional en su sentencia de unificación [SU-003 de 2018], los cuales corresponden a: i)
[p]resentar evidencia de que […] hubiera informado a su empleador sobre la posibilidad de mantener
la condición de pre pensionada y ii) [a]portar la prueba pertinente y conducente que permita
establecer la edad y las semanas cotizadas […]».

8. Sobre la precedente situación, expone que la providencia objeto de censura no

tuvo en cuenta que, en virtud del criterio unificado por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-003 de 2018, «[…] cumpl[ía] con los dos requisitos para estar en el grupo
de los PREPENSIONADOS, por un lado […] la edad ya que al momento de la declaratoria de
insubsistencia tenía 55 años y medio, es decir que estaba próxima a pensionarse, pues le faltaban
18 meses para cumplir los 57 […], y por el otro lado, le faltaban completar las semanas mínimas
requeridas para tener derecho a la pensión, que para los fondos privados es de 1.150 semanas, es
decir que tenía una EXPECTATIVA LEG[Í]TIMA DE PENSIONARSE a los 57 años, si hubiese
seguido vinculada con la entidad».

II. TRÁMITE PROCESAL

10. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 27

de enero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión; y,
(ii) dispuso vincular al municipio de San Rafael (Antioquia) y al Juzgado Quinto (5°)
Administrativo de Medellín, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de
1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

11. 2.1.1 El municipio de San Rafael (Antioquia)4 solicitó negar el amparo
deprecado, comoquiera que, «[c]ontrario a lo manifestado por […] [la] accionante, el Juzgado
Quinto del Circuito Administrativo de la Oralidad de Medellín (Primera Instancia) y el Tribunal
Administrativo de Antioquia (Segunda Instancia), fallaron en derecho y brindando todas las garantías
dentro de la demanda de carácter administrativa interpuesta». Además, «[l]a Sala Plena de la
Corte Constitucional, ha manifestado que, por regla general, los empleados públicos de libre
nombramiento y remoción (relacionados en el numeral 2° del artículo 50 de la Ley 909 del 2004) no
gozan de estabilidad laboral reforzada».

3
Sección Segunda, Subsección A, 22 de octubre de 2020. C.P. William Hernández Gómez. Radicado 25000-23-42-000-
2016-05246-01(3487-18).
4
Índice 00009 de Samai.
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Accionante: Ruby Cardona Zuluaga
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión

12. 2.1.2 El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión5

explicó que «[…] la ac[tora] no logró probar en la etapa probatoria idónea que le faltaban semanas
[…] [y, aunque] la certificación laboral del empleador (la Alcaldía) prueba el tiempo de servicio, […]
no es la prueba pertinente ni conducente para acreditar las semanas efectivamente cotizadas al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones».

13. Que, «[…] el documento idóneo es la historia laboral expedida por la administradora de
pensiones (Colfondos)[;] Sin embargo, la [demandante lo] aportó […] de manera extemporánea,
adjuntándolo apenas con el recurso de apelación, momento en el cual la etapa probatoria ya había
precluido», por lo que, «[…] al no existir prueba válida dentro del proceso que demostrara la falta
de semanas, y dado que el apoderado afirmó en primera instancia que «solo le faltaba cumplir la
edad», la Sala aplicó correctamente la regla de la Sentencia SU-003 de 2018: si solo falta la edad,
no hay fuero de estabilidad porque el requisito se cumple con el simple paso del tiempo, con o sin
vínculo laboral».

14. Explicó que, «[e]l requisito de notificar al empleador no es una formalidad vacía, sino el acto

jurídico que activa el deber de protección y limita la facultad discrecional del nominador. La
jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional exige[n] que el servidor informe
previa u oportunamente a la administración sobre su condición para que esta pueda realizar la
ponderación de derechos antes de expedir el acto de insubsistencia».

15. 2.1.3 El Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Medellín6 adujo que «[…] no

incurrió en [la] vulneración […] invocad[a] por la accionante, toda vez que se respetaron los derechos
procesales que le asisten, así como los términos y las oportunidades para oponerse a las decisiones
proferidas en cada una de las instancias, contando cada decisión con la motivación jurídica y
jurisprudencial correspondiente».

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

16. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción.

17. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983

5
Índice 00010 de Samai.
6
Índice 00012 de Samai.
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de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico.

18. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 19
de septiembre de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Decisión confirmó la providencia de 30 de octubre del 2020, en la
que el Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Medellín negó las pretensiones
formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por la tutelante contra el municipio de San Rafael (Antioquia) [expediente 05001-
33-33-005-2016-00606-01]; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías
superiores al debido proceso y seguridad social invocadas en la solicitud de
amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

19. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de

1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.

20. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación

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Accionante: Ruby Cardona Zuluaga
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proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.

21. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la

acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

22. Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

23. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra

sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.

24. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la

decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
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(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

25. Por otra parte, se destaca que, la sala plena de lo contencioso administrativo del

Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales7, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 20128, en el sentido de disponer que, la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente,
así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que,
esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos9.

7
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
8
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
9
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
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3.5 Caso concreto.

26. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de la actora,
en una indebida valoración probatoria relacionada con los requisitos para adquirir
la condición de prepensionada, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social;
(ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en
cuenta que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 29 de septiembre de
202510 y la solicitud de amparo se presentó el 26 de enero de 2026, es decir, dentro
de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.

27. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico, comoquiera que,
pese a que la actora puntualmente no la alegó, se advierte que sus reproches y la
génesis de la vulneración invocada radican, a su juicio, en una presunta indebida
valoración de las pruebas que acreditaban que cumplía los requisitos para ser
acreedora de la condición de prepensionada, establecidos en la sentencia de
unificación de la Corte Constitucional SU-003 de 2018, por lo que, en virtud del
principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación de
interpretar de manera extensiva el escrito inicial11, resulta procedente analizar este
trámite a partir de la aludida causal de procedencia de tutela contra providencia
judicial.

3.5.1 Defecto fáctico.

28. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin

10
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 22 de septiembre de 2025,
motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 24 de los mismos mes y año, conforme al
artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
11
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
8

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contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »12.

29. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en
los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra13.

3.6 Análisis del caso concreto.

30. En el asunto sub examine, la demandante aduce que la providencia cuestionada

incurrió en defecto fáctico, comoquiera que, no tuvo en cuenta que, en virtud del
criterio unificado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-003 de 2018, «[…]
cumpl[ía] con los dos requisitos para estar en el grupo de los PREPENSIONADOS, por un lado […]
la edad ya que al momento de la declaratoria de insubsistencia tenía 55 años y medio, es decir que
estaba próxima a pensionarse, pues le faltaban 18 meses para cumplir los 57 […], y por el otro lado,
le faltaban completar las semanas mínimas requeridas para tener derecho a la pensión, que para
los fondos privados es de 1.150 semanas, es decir que tenía una EXPECTATIVA LEG[Í]TIMA DE
PENSIONARSE a los 57 años, si hubiese seguido vinculada con la entidad ».

31. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,

concluyó:

La Corte estableció que: «por regla general, los empleados públicos de libre
nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada».
El razonamiento de la Corte para establecer esta regla general se basa en que la
naturaleza de estos empleos, que exigen el máximo grado de confianza, justifica un
tratamiento distinto en la aplicación de los fueros de estabilidad. Extender la protección
de manera absoluta a estos servidores supondría desconocer la finalidad constitucional
de dichos cargos, que es permitir al nominador conformar su equipo con total
discrecionalidad para el buen servicio. Esta posición ha sido reiterada por el Consejo
de Estado al aplicar el precedente de la Corte Constitucional.

A pesar de la contundencia de la «regla general» establecida en la SU-003 de 2018, la
jurisprudencia posterior, especialmente del Consejo de Estado, ha clarificado que esta
no constituye una prohibición absoluta que impida cualquier tipo de protección al
servidor LNR pre pensionado. En cambio, ha desarrollado la tesis de la ponderación
de derechos.

12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
13
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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En una sentencia del 22 de octubre de 2020 14, posterior a la SU-003, el Consejo de
Estado sostuvo que «la condición de pre pensionado también se predica del servidor
de libre nombramiento y remoción», pero matizó que esta condición «no excluye el
ejercicio de la facultad discrecional del nominador». La clave de esta interpretación es
que la decisión de retiro, si bien discrecional, no puede ser arbitraria y «debe consultar,
en cada caso concreto, la afectación de los derechos fundamentales del funcionario».

[…]

[…] la Sala mantendrá la decisión tomada en primera instancia, pero por un
razonamiento distinto al del a quo, concretamente por cuanto la parte demandante no
cumplió con dos requisitos primordiales. Estos requerimientos son necesarios para
poder entrar a estudiar si puede ser aplicado un criterio flexible como el señalado por
el Consejo de Estado frente a la regla definida por la Corte Constitucional en su
sentencia de unificación y los cuales corresponden a: i) Presentar evidencia de que […]
hubiera informado a su empleador sobre la posibilidad de mantener la condición de pre
pensionada y ii) Aportar la prueba pertinente y conducente que permita establecer la
edad y las semanas cotizadas […].

[…]

Si bien el fuero de pre pensionado es una garantía de origen constitucional, su
aplicación en un caso concreto no es automática. La jurisprudencia ha entendido que
para que la protección especial se active y genere obligaciones correlativas para el
empleador, este debe tener conocimiento de la situación particular del servidor […].

[…]

[Ahora bien, en cuanto al requisito de semanas cotizadas] […] [l]a prueba debe ser
contundente y provenir de la fuente oficial. El documento fundamental y de mayor peso
probatorio es el certificado de historia laboral expedido directamente por la
administradora de pensiones (Colpensiones o el fondo privado correspondiente).

[…]

Un certificado de salarios de la entidad empleadora no es suficiente. Este solo prueba
la relación laboral y los salarios pagados con ese empleador, pero no acredita que las
cotizaciones correspondientes hayan sido efectivamente pagadas y registradas en el
sistema pensional. Además, el aporte del documento expedido por COLFONDOS
donde se informa del número de semanas cotizadas 15 se realizó por fuera del término
probatorio ya que se allegó con el recurso de apelación, razón por la cual no puede ser
valorado en esta instancia ya que, por principio de preclusión, esta etapa ya se evacuó.

[…]

Al revisarse la demanda con las pruebas aportadas, la parte demandante solo atinó en
allegar certificaciones laborales expedidas por el alcalde de San Rafael 16 que dan
cuenta de los períodos laborados junto con sus salarios, pero no de las semanas
cotizadas al fondo de forma efectiva.

[…]

Por lo anterior para la Sala no existen las pruebas, dentro del proceso, que permitirían
dar aplicación de la flexibilización realizada por el Consejo de Estado a la sentencia de
unificación que constituye el precedente constitucional, en lo que respecta a la
información oportuna de la calidad de pre pensionada, la edad, y, especialmente, el
número de semanas cotizadas para el momento de su desvinculación. (Énfasis propio).

14
CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda, Subsección A, 22 de octubre de 2020. C.P. William Hernández Gómez.
Radicado 25000-23-42-000-2016-05246-01(3487-18).
15
Archivo digital identificado como «03. 2016-00606 Apelación sentencia parte demandante.pdf».
16
Folios 15 a 18.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00496-00
Accionante: Ruby Cardona Zuluaga
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión

32. Con base en lo expuesto, se observa que, después de efectuar el
correspondiente estudio probatorio, la autoridad accionada estableció que no era
dable acceder a las pretensiones formuladas por la parte actora dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-005-2016-
00606-01, comoquiera que, no acreditó los requisitos necesarios para poder
analizar si puede ser aplicado un criterio flexible como el señalado por el Consejo
de Estado en la sentencia del 22 de octubre de 2020, frente a la regla definida por
la Corte Constitucional en su sentencia de unificación SU-003 de 2018, «[…] los
cuales corresponden a: i) [p]resentar evidencia de que […] hubiera informado a su empleador sobre
la posibilidad de mantener la condición de pre pensionada y ii) [a]portar la prueba pertinente y
conducente que permita establecer la edad y las semanas cotizadas […]».

33. El primer presupuesto, con fundamento en que, « [s]i bien el fuero de pre pensionado

es una garantía de origen constitucional, su aplicación en un caso concreto no es automática, [dado
que] […] para que la protección especial se active y genere obligaciones correlativas para el
empleador, este debe tener conocimiento de la situación particular del servidor », lo que no fue

probado en este caso, siendo ello una carga del extremo activo.

34. La segunda regla, por cuanto, aunque la actora insiste en que satisface los

requisitos de edad y semanadas cotizadas para tener la condición de
prepensionada, lo cierto es que la autoridad accionada dedujo que no aportó las
pruebas idóneas para ello, pues, por ejemplo, en el caso de las semanas cotizadas
solo adjuntó «[…] certificaciones […] de los períodos laborados junto con sus salarios, pero no
de las semanas cotizadas al fondo de forma efectiva » y, pese a que posteriormente allegó

el certificado de historia laboral expedido directamente por la administradora de
pensiones (Colfondos), lo hizo por fuera de la etapa procesal correspondiente, por
lo que, no pudo ser valorado.

35. Siendo así, más que evidenciarse actuaciones irregulares o merecedoras de

reproche por parte de la autoridad judicial accionada, lo que se constata es una
falencia en la defensa de los intereses completamente atribuible a la parte
demandante.

36. En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de

una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, toda vez que sus
argumentos estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron

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Accionante: Ruby Cardona Zuluaga
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión

aportadas en el proceso ordinario con radicado 05001-33-33-005-2016-00606-01,
por lo que no se incurre en el defecto fáctico alegado.

37. Cabe aclarar que el hecho que la autoridad accionada no haya valorado los

medios de convicción adosados al proceso ordinario, como lo pretendía la tutelante,
no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, en razón a que en acatamiento
de sus competencias jurisdiccionales tienen la potestad de examinar la pertinencia,
utilidad y conducencia de los elementos probatorios obrantes en el expediente, así
como la de brindarles diferentes grados de certeza, siempre que lo hagan de
manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, como aconteció en el asunto
materia de controversia.

38. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de

una valoración integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita
al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las
garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. En lo que atañe a este
aspecto, la Corte Constitucional17 sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e
independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus
actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez
de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario,
que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” […].

39. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de

Decisión ya había resuelto con suficiente motivación la inconformidad planteada
por la accionante (cumplimiento de requisitos para adquirir la condición de
prepensionada) en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 30 de
octubre del 2020, en el que el Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Medellín negó
las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del

17
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión

derecho promovida contra el municipio de San Rafael (Antioquia) [expediente
05001-33-33-005-2016-00606-01], la cual reiteró en esta acción de tutela (para lo
cual invocó la causal de defecto fáctico), lo que denota que su intención, más allá
de manifestar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar
este mecanismo constitucional como una instancia adicional con el fin de
obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.

40. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

IV. DECISIÓN

41. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la actora

no acreditó que la providencia de 19 de septiembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, hubiere incurrido en
defecto fáctico. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.

42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
seguridad social invocados por la señora Ruby Cardona Zuluaga, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Accionante: Ruby Cardona Zuluaga
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

14

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