RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00497-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00497-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00497-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Juan Carlos Molina Sánchez por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00497-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

26 de febrero de 2026

Demandante: Juan Carlos Molina Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00497-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00497-00
Demandante: JUAN CARLOS MOLINA SÁNCHEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, SALA QUINTA DE
DECISÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio de la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el
artículo 13 de Acuerdo 0801 del 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 26 de enero de 2026, el señor Juan Carlos Molina Sánchez, actuando a través de
apoderada judicial, promovió solicitud de amparo contra la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo del Quindío con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la «remuneración mínima, vital y móvil bajo
criterios de justicia y equidad», junto con el principio de favorabilidad.

La parte demandante consideró vulneradas las mencionadas garantías con ocasión de
la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por la autoridad judicial accionada, que
revocó el fallo del 28 de agosto de 2024 a través del cual el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia accedió parcialmente a las pretensiones
y, en su lugar, denegó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho identificada con el radicado 63001-33-33-006-2023-00223-00/01, promovida
contra la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ).

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de la Corporación.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Carlos Molina Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00497-00

(…) PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al principio de
favorabilidad, y a percibir sus cesantías bajo criterios de justicia y equidad dada la
naturaleza del auxilio y su íntima relación con la dignidad humana y su remuneración
mínima, vital y móvil del señor JUAN CARLOS MOLINA SÁNCHEZ vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, Sala Quinta de decisión, M.P LUIS
JAVIER ROSERO VILLOTA, Sentencia 167-2025 del 24 de julio de 2025, radicado:
63001-3333-006-2023-00223-01 en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho laboral en contra de la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ-.

SEGUNDO: ORDENAR a la Sala quinta de decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL QUINDÍO, para que dentro del término perentorio que considere la Sala, profiera
nuevo fallo de segunda instancia en el que se proteja el derecho al debido proceso de mi
mandante otorgando prevalencia y aplicación al principio de favorabilidad en la resolución
del caso en concreto.

TERCERO: ORDENAR Cualquier otra medida que bajo su facultad de Juez
Constitucional considere pertinente y necesaria para proteger y evitar la vulneración de
los derechos fundamentales que se acusan como conculcados.2

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por el señor Juan Carlos Molina Sánchez se
sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia.

Narró que se vinculó a la Corporación Autónoma Regional del Quindío el día 30 de
septiembre de 1993 en el cargo de profesional especializado y que, mediante escrito
del 4 de abril de 2023, solicitó a dicha entidad el reconocimiento, liquidación y pago de
sus cesantías bajo el régimen de retroactividad.

Refirió que, a través de oficio del 4 de mayo de 2023, la citada corporación negó lo
solicitado y argumentó que el régimen de retroactividad no es el correspondiente a los
funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con lo
consagrado en el Decreto 1768 de 19943, que estableció que el régimen laboral
aplicable es el dispuesto para los funcionarios públicos de la rama ejecutiva del orden
nacional, por lo que el régimen de cesantías correspondiente es el anualizado,
administrado por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

Relató que, frente a la negativa de la administración, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en
la cual pretendió la nulidad del acto administrativo que rechazó lo solicitado y el
consecuente reconocimiento, liquidación y pago de sus cesantías bajo el régimen de
retroactividad.

Indicó que el proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, el cual, en providencia del 28 de agosto
de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control. Al respecto,
afirmó que el régimen aplicable para la liquidación de las cesantías era el retroactivo, y
no el anualizado, ya que, «al no corresponder la entidad demandada a un Ministerio,

2 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
3 Decreto 1768 de 1994. «Por el cual se desarrolla parcialmente el literal h) del artículo 116 en lo
relacionado con el establecimiento, organización o reforma de las corporaciones autónomas regionales y
de las corporaciones de régimen especial, creadas o transformadas por la Ley 99 de 1993.»

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Carlos Molina Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00497-00

Departamento Administrativo, Superintendencia, Establecimiento Público o Empresa
Industrial y Comercial del Estado, no puede considerarse que su vinculación al Fondo
Nacional del Ahorro era obligatoria para dicha época».

Igualmente, el juzgado precisó que dicha afiliación al Fondo Nacional del Ahorro debía
ser voluntaria, lo cual no se pudo acreditar en el proceso, puesto que no se encontró
prueba alguna de que el señor Molina Sánchez hubiera optado voluntariamente por el
régimen anualizado de cesantías.

El demandante declaró que, ante dicha decisión, la entidad condenada interpuso
recurso de apelación, el cual fue desatado por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío en sentencia del 24 de julio de 2025 que dispuso revocar el
fallo impugnado.

Lo anterior, al considerar que, si bien la vinculación como empleado público del señor
Molina Sánchez se dio con anterioridad a 1996, lo que en principio lo haría beneficiario
del régimen retroactivo de cesantías, lo cierto es que, para la fecha en que fue
vinculado, las Corporaciones Autónomas Regionales estaban equiparadas, en lo no
regulado específicamente, a las entidades descentralizadas del orden nacional, y de
conformidad con el Decreto 3118 de 19684 que creó el Fondo Nacional del Ahorro, las
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de dichas
entidades debían ser liquidadas y entregadas a dicho fondo.

En este sentido, el ad quem argumentó que el régimen de cesantías del señor Molina
Sánchez se inició a través del FNA, y ninguna manifestación hizo para que dicha
situación no continuara de esa manera, es decir, aceptó de manera voluntaria que el
régimen anualizado antiguo se le aplicara sin reparos. En consecuencia, negó las
súplicas de la demanda.

1.4. Sustento de la petición

El accionante manifestó que el amparo solicitado cumple con los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, y que el proveído
dictado en segunda instancia incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la
Constitución y fáctico.

Adujo que se configuran los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución,
en virtud de que el fallo cuestionado extendió los efectos jurídicos de un conjunto de
normas que, a su juicio, no resultan aplicables al caso en concreto, como lo son las
relativas al régimen anualizado de cesantías administrado por el Fondo Nacional del
Ahorro, creado mediante el Decreto 3118 de 1968. Esto, debido a que, desde la
entrada en vigor de la Constitución Política, las Corporaciones Autónomas Regionales
pasaron a ser órganos autónomos, no pertenecientes a la rama ejecutiva del poder
público.

En este sentido, alegó que es inconstitucional la aplicación del régimen de cesantías
estatuido en el Decreto 3118 de 1968 a funcionarios públicos de las CAR vinculados a
partir de la vigencia de la Carta Política. Al igual, refirió que asemejar las referidas

4 Decreto 3118 de 1968. «Por el cual se crea el Fondo Nacional del Ahorro, se establecen normas sobre

el auxilio de cesantía de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones».

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Carlos Molina Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00497-00

corporaciones a los establecimientos públicos del orden nacional, cuando median
derechos laborales prestacionales, vulnera el principio de favorabilidad y transgrede el
régimen autonómico de estos organismos.

Como fundamento de dichos cargos, la parte actora realizó un recuento normativo y
jurisprudencial sobre la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas
Regionales (en adelante CAR) y concluyó que estas no pertenecen a ninguna rama del
poder público, y que, a pesar de que se han equiparado a figuras orgánicas como
establecimientos públicos o entidades territoriales, lo cierto es que no se definen de
forma irrestricta en ninguno de estos esquemas.

De igual forma expuso que, tal como se reconoció en el fallo accionado, existe una
laguna jurídica en lo atinente al régimen prestacional de los funcionarios públicos
vinculados a las CAR, y que, pese a que el artículo 2 del Decreto 1768 de 1994
consagra que a estas entidades les son aplicables las normas previstas para las
entidades descentralizadas del orden nacional, no es posible imponer dicha
estipulación al caso concreto, en vista de que su vinculación laboral a la Corporación
Autónoma Regional del Quindío se dio con anterioridad a la entrada en vigencia de
dicha normativa. Adicionalmente, sostuvo que, para ese momento, el único régimen de
cesantías cuya afiliación le resultaba aplicable legalmente era el retroactivo.

En lo que respecta al defecto fáctico, el accionante reprochó que la autoridad
demandada hubiera considerado que, al no acreditarse manifestación alguna en contra
de la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro, se entiende que aceptó que el régimen
anualizado antiguo, propio de dicho fondo, se le aplicara sin reparos. Como respaldo de
este cargo, trajo a colación diversos pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de
Estado que establecen que el consentimiento expreso del funcionario es un requisito
para llevar a cabo un cambio de régimen de cesantías, y señaló que no obra prueba en
el expediente ordinario del proceso en cuestión que demuestre que optó de manera
consciente y expresa por el régimen anualizado.

Finalmente, arguyó que el tribunal se sustrajo de realizar una valoración integral de la
prueba, al considerar que la permanencia en la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro
implicaba la aceptación voluntaria del régimen de cesantías anualizado.

1.5. Trámite y contestaciones

Mediante auto del 29 de enero de 2026, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados que conforman el Tribunal Administrativo del Quindío. De
igual forma, se ordenó vincular al juez sexto administrativo del Circuito Judicial de
Armenia y al director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), en
calidad de terceros con interés en las resultas del proceso.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo del Quindío

Por medio de informe allegado el 4 de febrero de 2026, el magistrado ponente de la
decisión accionada solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo o, en su

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Carlos Molina Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00497-00

defecto, negar las pretensiones. Lo anterior, al considerar que lo pretendido es utilizar la
acción de tutela como una tercera instancia.

Expuso que, si bien en primera instancia se accedió a las pretensiones de la demanda,
al arribar el proceso en segunda instancia ya la Sección Segunda del Consejo de
Estado se había pronunciado sobre asuntos similares al planteado, procesos en los
cuales negó lo pedido.

Adujo que, a pesar de que el tutelante reprochó la ausencia de prueba que acreditara el
consentimiento expreso y escrito de la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro, lo cierto
es que en este caso se siguió la línea jurisprudencial contenida en el fallo proferido
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
63001-23-33-000-2023-00016-01, por la Subsección A de la Sección Segunda del
máximo tribunal contencioso-administrativo.

Indicó que, en dicho precedente, el Consejo de Estado encontró que no había lugar a
acceder a lo incoado toda vez que la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro no fue
caprichosa o abusiva sino, por el contrario, estuvo acompasada a la normatividad que
regía la materia, para la fecha de la vinculación de la demandante en ese medio de
control.

Finalmente, concluyó que ninguno de los derechos fundamentales invocados por la
parte actora fue vulnerado, y adicionó que los argumentos elevados en el escrito de
amparo corresponden a una reiteración de los presentados en el trámite ordinario, que
ya fueron estudiados en ese escenario y, a pesar de no satisfacer las pretensiones del
accionante, lo cual no puede ser motivo para desplazar, en sede de tutela, las
competencias del juez natural.

1.5.2 Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia

En correo electrónico enviado el 5 de febrero de 2026, fue enviado el enlace contentivo
del expediente virtual del proceso que dio origen al presente mecanismo de amparo.

1.5.3 Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)

Mediante comunicación allegada el 6 de febrero de la presente anualidad, el jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de dicha entidad solicitó negar las peticiones del amparo o, en
su defecto, declarar su improcedencia. Al respecto, argumentó que no se evidencian
acciones u omisiones que hubieran vulnerado los derechos fundamentales invocados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo
previsto en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20155, así como en el Acuerdo 806 de
12 de marzo de 2019.

5 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
6 Modificado por el Acuerdo 434 del 2024 de la Sala Plena de la Corporación.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Carlos Molina Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00497-00

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la
«remuneración mínima, vital y móvil bajo criterios de justicia y equidad», junto con el
principio de favorabilidad del señor Juan Carlos Molina Sánchez, con ocasión de la
sentencia proferida el 24 de julio de 2025, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 63001-33-33-006-2023-00223-01, que
revocó la dictada el 28 de agosto de 2024 por el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Armenia.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales; ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados, se
estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han
abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas
que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento
jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual
y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo
86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas
características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y
otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que se
conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden
efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Carlos Molina Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00497-00

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela, iii) inmediatez y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el
contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto
del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación
del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii)
que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(…) el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto
de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional
para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.

Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que este mecanismo se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en
detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta
exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Carlos Molina Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00497-00

tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En el caso que ocupa a la sala, la parte actora cuestionó la providencia del 24 de julio
de 2025 proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío, que revocó la dictada el 28 de agosto del 2024 por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia y, en su lugar, denegó las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el radicado
63001-33-33-006-2023-00223-00/01, promovida contra la Corporación Autónoma
Regional del Quindío (CRQ).

En criterio del accionante, la decisión reprochada incurrió en defecto sustantivo,
violación directa de la Constitución y defecto fáctico. Sobre los dos primeros, arguyó
que se configuran en virtud de que el fallo cuestionado vulnera el principio de
favorabilidad, ya que extendió los efectos jurídicos de un conjunto de normas que, a su
juicio, no resultaban aplicables al caso particular, como lo son el Decreto 3118 de 1968,
que creó el Fondo Nacional del Ahorro y estableció el régimen anualizado de cesantías
administrado por éste, o el Decreto 1768 de 1994, que consagra que a las
Corporaciones Autónomas Regionales se les aplican las normas previstas para las
entidades descentralizadas del orden nacional.

Al respecto, indicó que, desde la entrada en vigor de la Carta Política, las CAR pasaron
a ser órganos autónomos, por lo que la aplicación del régimen de cesantías estatuido
en el Decreto 3118 de 1968 no era admisible para la fecha de su vinculación a la
corporación.

Con relación al Decreto 1768 de 1994, arguyó que esta norma cobró vigencia con
posterioridad a la fecha en la que fue vinculado a la Corporación Autónoma del Quindío,
por lo que no es posible decidir el asunto con fundamento en dicha disposición.
Además, adujo que el único régimen de cesantías que resultaba legalmente viable en
su caso era el retroactivo.

Por otro lado, como sustento del cargo por defecto fáctico, cuestionó que el tribunal
demandado se hubiera sustraído de realizar una valoración probatoria integral y que
hubiera considerado que la ausencia de manifestación en contra de la afiliación al
Fondo Nacional del Ahorro implicara la aceptación del régimen anualizado, propio de
dicho fondo. A su vez, anotó que en el expediente tampoco se encuentra prueba que
demuestre que optó de manera consciente y expresa por dicho régimen.

Ahora bien, en lo tocante a la presunta configuración de los defectos sustantivo y
violación directa de la Constitución, se advierte que los razonamientos desarrollados no
satisfacen el requisito de relevancia constitucional, ya que el reproche presentado
persigue variar la decisión de la autoridad enjuiciada, al no concordar con lo pretendido
por el actor, más allá de proponer alguna discusión que comporte sensatamente un
quebranto desproporcionado de los derechos fundamentales invocados.

Se observa, además, que los argumentos traídos a colación corresponden a una
reiteración de los elevados en el curso del proceso ordinario, que ya fueron abordados
por el juez de instancia, aunque la decisión allí adoptada hubiere resultado desfavorable
a sus intereses. Si bien el accionante afirmó que se vulneró el principio de favorabilidad

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Carlos Molina Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00497-00

al rechazar sus pretensiones con sustento en normas que no son aplicables, lo cierto es
que la autoridad judicial expresó lo siguiente:

9. Sobre un tema similar el Consejo de Estado dispuso en sentencia de segunda
instancia dentro de un asunto conocido por este Tribunal, revocar el fallo que accedió a
las pretensiones, señalando lo siguiente:

“(…)

En este sentido, no obstante que la vinculación de la demandante tuvo lugar el 13
de septiembre de 1993, esto es, con anterioridad al 31 de diciembre de 1996,
cuando entró en vigencia la Ley 344, lo que en principio la haría beneficiaria del
régimen de liquidación de sus cesantías con retroactividad; no puede pasarse por
alteo que desde siempre estuvo afiliada al Fondo Nacional del Ahorro, entidad
para la cual el legislador previó un régimen de liquidación anual del auxilio en
comento y, a éste se acogió la demandante, sin que en momento alguno hubiera
manifestado su inconformidad o deseo de traslado, pues de ello no reposa
prueba en el expediente; lo cual sólo tuvo lugar cuando fueron liquidadas de
manera definitiva sus prestaciones sociales.

Así las cosas, debe concluirse que a la actora no le asiste el derecho reclamado,
puesto que, a diferencia de lo concluido por el Tribunal, la afiliación de la
demandante al Fondo Nacional del Ahorro no fue caprichosa o abusiva, por el
contrario, como antes se anunció, se acompasó a la normatividad que para esa
fecha regía sobre la materia, lo que la hace beneficiaria del régimen anualizado
de cesantías, por lo que hay lugar a REVOCAR la decisión de primera instancia,
para en su lugar, negar las pretensiones en la medida que no se logró desvirtuar
la legalidad de los actos demandados”7

10. En esa misma línea, si bien el demandante por estar vinculado con anterioridad a
1994, no estaba sujeto al régimen anualizado de cesantías, sino al retroactivo – debe
expresarse, que esta afirmación no es exacta, por cuanto si bien a partir del año 1996 se
dispuso un régimen anualizado de cesantías para todos los servidores públicos, en aras
de unificar el sistema, desde antes existían subsistemas diferentes, que continuaron
rigiendo, por vía de ejemplo: el del sector docente con el FOMAG, el de las fuerzas
armadas, o el mismo del FNA.

(…)

12. La ley 3118 de 1968 que creó el FNA era aplicable a empleados públicos y
trabajadores oficiales de ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del orden
nacional. Si bien en efecto, tal normativa, comprendía a dichos empleados y
trabajadores, no se puede pasar por alto, que las normas creadoras y reguladoras de las
CARs, las equiparaba, en lo no regulado específicamente – como en el tema de las
cesantías -, a las entidades descentralizadas de orden nacional, llámese departamentos
administrativos, superintendencias o establecimientos públicos, por lo cual la afiliación
del accionante al FNA no resultaba ilegal.

13. Pese a lo consignado con antelación, no obstante haberse vinculado como
empleado público con anterioridad a 1994, su régimen de cesantía se inició a través del
FNA y ninguna manifestación hizo para que dicha situación no continuara siendo así, es
decir, de manera voluntaria aceptó que el régimen anualizado antiguo, propio del FNA,
se le aplicara sin reparos.8

Es oportuno señalar que, en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022, la Corte
Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene relevancia

7 Sentencia de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de radicado 63001-23-33-

000-2023-00016-01.
8 Sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, de radicado 63001-33-33-

006-2023-00223-01.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Carlos Molina Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00497-00

constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la mera
«inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» y que dicho
enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir «asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial».

En tal sentido, se avizora que la discusión propuesta no cumple con el requisito
mencionado, toda vez que su finalidad es la de convertir la acción de tutela en una
instancia adicional, sin que se pueda reabrir el debate zanjado en sede ordinaria, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios para su defensa.

Así las cosas, es claro que los argumentos planteados por el actor para sustentar los
cargos por defecto sustantivo y violación directa de la Constitución denotan en realidad
un desacuerdo con lo resuelto en el proceso ordinario, más que una discusión de
entidad constitucional, lo cual no amerita la intervención del juez constitucional.

La misma suerte corren los razonamientos que fundamentan el presunto defecto
fáctico. Sobre este, el actor censuró la interpretación realizada por la autoridad judicial,
al estimar que se sustrajo de realizar una valoración integral de la prueba, ya que
consideró que había aceptado voluntariamente la pertenencia al régimen anualizado de
cesantías, al no haberse manifestado nunca en contra de la afiliación al Fondo Nacional
del Ahorro.

De la revisión de lo argumentado en este cargo, resulta claro que tampoco cumple con
el requisito de relevancia constitucional, toda vez que los reparos de la parte actora solo
demuestran una discrepancia con lo decidido por ser contrario a sus intereses, mas no
conducen a efectuar un estudio sobre el alcance de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados, frente a la providencia judicial cuestionada.

En este orden, lo que se pretende es volver sobre el debate ya superado por el ad
quem, pues no existe una argumentación tendiente a demostrar la grave violación de
sus garantías constitucionales y solo plantea un desacuerdo con la interpretación
realizada en el fallo objeto de tutela, con el fin de que el juez de amparo reevalúe la
postura finalmente adoptada por la autoridad enjuiciada, circunstancia que es
improcedente.

Esto es de suma importancia, por cuanto el fallador de tutela no puede realizar de
nuevo el análisis que respaldó la decisión proferida por el juez ordinario, máxime si se
tiene en cuenta que los jueces están amparados por los principios de autonomía e
independencia judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada.

De esta forma, al no advertirse la trascendencia constitucional de la discusión
planteada, no es dable en este escenario asumir las facultades propias del funcionario
judicial de instancia, en tanto que conllevaría un menoscabo del principio de juez
natural; además, porque la acción de tutela no es un «juicio de corrección» de la
apreciación o valoración probatoria ya realizada en el trámite ordinario. Así, este cargo
carece de relevancia constitucional, al intentar reabrir el debate ya zanjado en la
sentencia reprochada.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Juan Carlos Molina Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00497-00

En tal medida, es necesario destacar que la acción de tutela contra providencias
judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para traer a colación los
argumentos ya expuestos dentro del proceso ordinario, sino que es un medio
excepcionalísimo a través del cual se revalúan las decisiones que recaen en la
arbitrariedad, al sopesar los principios rectores de la autoridad judicial.

Por consiguiente, esta sala de decisión declarará improcedente la solicitud de amparo
de la referencia por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la
accionante no desarrolló planteamientos que permitan considerar, prima facie, que su
caso amerita algún pronunciamiento adicional al realizado en la providencia objeto de
reproche.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor
Juan Carlos Molina Sánchez por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión de conformidad con lo establecido en el
inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.