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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00503-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00503-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00503-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado, únicamente en relación con la alegada vulneración del derecho fundamental de petición, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 12 Expediente: 11001-03-15-000-2026-00503-00 Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez Acción de tutela 2º) Declárase improcedente la acción de tutela respecto de la pretensión encaminada al pago del retroactivo de la bonificación judicial y del reajuste de la prima de navidad del mismo año, por no cumplirse el requisito de subsidiariedad. 3º) Deniégase la solicitud de desvinculación formulada por el Consejo Superior de la Judicatura. 4º) Exhórtase a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá para que adelante de manera diligente las actuaciones administrativas necesarias tendientes a garantizar la efectiva inclusión de la señora Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez en la nómina correspondiente para el pago del retroactivo de la bonificación judicial y del reajuste de la prima de navidad reclamados, y para que refuerce los mecanismos internos de verificación y control en la gestión de novedades de nómina, especialmente cuando se trate de servidores judiciales que ostenten la condición de sujetos de especial protección constitucional. 5º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00503-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

19 de febrero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00503-00
Demandante: CARMEN ROSA DE JESÚS DÍAZ GÓMEZ
Demandado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
RESPECTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE
PETICIÓN Y SE DECLARA IMPROCEDENTE LA
ACCIÓN DE TUTELA FRENTE AL PAGO DE
ACREENCIAS LABORALES POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: la actora estimó vulnerados sus derechos fundamentales por la falta de
respuesta a una petición relacionada con pago del retroactivo de la bonificación judicial y el
reajuste de la prima de navidad como empleada de la Rama Judicial. La Sala constató que
durante el trámite de la acción de tutela la autoridad demandada respondió la petición de la
demandante y la notificó, razón por la cual se declara la carencia actual de objeto por hecho
superado en relación con el derecho de petición. En cuanto a la pretensión de pago
inmediato de las acreencias laborales, se concluye que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para su reconocimiento y pago.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por Carmen Rosa de Jesús Díaz
Gómez contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Superior de
la Judicatura, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de
petición, trabajo y mínimo vital, presuntamente vulnerados por la falta de respuesta
a las solicitudes relacionadas con el reconocimiento y pago del retroactivo de la
bonificación judicial correspondiente al año 2025 y el reajuste de la prima de
navidad, además de la no inclusión inicial de dichos conceptos en la nómina de la
actora.

1
Mediante escrito del 27 de enero de 2026.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00503-00
Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda y el fundamento de la vulneración

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Se desempeña como profesional universitario grado 21, en provisionalidad,
adscrita a la relatoría de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y para la fecha de presentación de la acción de tutela se encontraba en
estado de embarazo avanzado.

2) El 26 de diciembre de 2025, informó a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial que, a diferencia de otros servidores judiciales, no podía visualizar en la
plataforma institucional la liquidación del retroactivo correspondiente a la
bonificación judicial que fue objeto de ajuste por el periodo comprendido entre enero
y noviembre de 2025, ni el reajuste de la prima de navidad del mismo año.

3) El 29 de diciembre de 2025, a través de correo electrónico, elevó un derecho de
petición a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en el cual solicitó i) el
pago inmediato del retroactivo de la bonificación judicial correspondiente al periodo
enero-noviembre de 2025, ii) el pago del reajuste de la prima de navidad de 2025
con el incremento de dicha bonificación, y iii) la correcta aplicación de la retención
en la fuente para el momento de liquidar los valores reclamados.

4) La parte actora afirmó que, a pesar de sus comunicaciones y del derecho de
petición, para el momento de promover la acción de tutela no había recibido
respuesta, lo cual consideró vulnerador de sus derechos fundamentales de petición,
trabajo y mínimo vital.

5) Destacó su condición de sujeto de especial protección constitucional por
encontrarse en un estado de embarazo avanzado, acreditado mediante certificado
médico expedido el 29 de diciembre de 2025, en el cual se indicó que tenía
aproximadamente 34.1 semanas, con fecha probable de parto del 9 de febrero de
2026, por lo cual requería el pago para atender gastos asociados con su situación.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00503-00
Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez
Acción de tutela

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“1. Se me pague de manera inmediata la suma de $2.810.254 o un valor
superior si es del caso, que corresponde a $255.478 x 11 meses, que es
el valor del aumento mensual del retroactivo de la bonificación judicial de
enero a noviembre de 2025.

2. Adicionalmente, se me pague el reajuste de la prima de navidad del
año 2025, porque al momento del pago de la misma aún no se había
aplicado el incremento del año en la bonificación judicial, que, insisto, en
mi caso es de naturaleza salarial.

3. Al momento de liquidar los conceptos mencionados, solicito que se
aplique el descuento por retención en la fuente adecuadamente, es decir,
en el monto que señala la ley, pues en oportunidad anterior me
descontaron un valor equivocado, lo que llevó a que se me devolviera lo
cobrado en exceso.” (mayúsculas y negrillas del original – archivo
disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4. Actuación procesal

La demandante presentó su acción de tutela ante la Oficina de Reparto de los
Juzgados del Circuito Judicial de Bogotá y mediante auto del 26 de enero de 2026,
el Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil del Circuito Judicial de Bogotá se abstuvo de
avocar conocimiento de la acción de tutela y ordenó remitir el expediente al Consejo
de Estado por considerar que la competencia para conocer del asunto en primera
instancia correspondía a esa corporación, en razón de que la demanda se dirigía,
entre otras autoridades, contra el Consejo Superior de la Judicatura.

Mediante auto del 28 de enero de 2026, la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar al director de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, al director de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al presidente del Consejo Superior
de la Judicatura, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

La magistrada auxiliar del despacho de la presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de

4
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00503-00
Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez
Acción de tutela

esa autoridad y se disponga su desvinculación del presente trámite con fundamento
en que la competencia para reconocer y pagar salarios, retroactivos y prestaciones
sociales a los servidores judiciales corresponde a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a sus dependencias seccionales, encargadas del manejo
de nómina y del registro de novedades de personal, por lo cual carece de aptitud
jurídica para atender la reclamación formulada por la actora o para cumplir una
eventual orden de amparo.

La apoderada adscrita a la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado, por cuanto, mediante oficio DEAJRHO26 del 9 de febrero de 2026, se
respondió de manera clara, completa y de fondo la petición presentada por la actora
al correo electrónico suministrado por ella.

En ese documento se le explicó la liquidación de sus prestaciones y se reconoció
que el incremento correspondiente al retroactivo de la bonificación judicial no había
sido procesado inicialmente por el sistema, razón por la cual se efectuó la
liquidación respectiva y se gestionaron los ajustes en el aplicativo de nómina para
que el pago se realizara a través de la nómina histórica de reserva correspondiente
al año 2025, programada para finales de febrero de 2026.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) la
solicitud de desvinculación y 3) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00503-00
Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez
Acción de tutela

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador ni para desplazar o variar
los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. La solicitud de desvinculación

Frente a la alegada falta de legitimación en la causa por pasiva que formuló el
Consejo Superior de la Judicatura, la Sala considera que, en la medida en que esa
autoridad fue directamente demandada por la parte actora en la acción de tutela, en
atención a su condición de órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial
y al contexto institucional en el cual se inscribió la reclamación formulada, en aras
de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de esa autoridad, la Sala
considera procedente mantenerla vinculada dentro del presente trámite.

Por tal razón, en la parte resolutiva de este fallo se negará la referida solicitud de
desvinculación de esa autoridad pública.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de obtener
la protección de los derechos fundamentales de petición, trabajo y mínimo vital, que
la actora consideró vulnerados por la falta de respuesta a una petición relacionada
con el pago del retroactivo correspondiente a la bonificación judicial del año 2025 y
el reajuste de la prima de navidad del mismo año.

En los términos en que fue planteada la controversia y por razones metodológicas,
la Sala dividirá el estudio y abordará de manera separada los dos aspectos que
estructuran el debate constitucional: de un lado, se analizará la alegada vulneración
del derecho de petición y, de otro, la pretensión encaminada al pago inmediato de

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00503-00
Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez
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las acreencias laborales reclamadas; en relación con el primer aspecto, desde ya
se anuncia que se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado y
respecto del segundo, se examinará la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo para obtener el pago de prestaciones sociales, por las razones que se
exponen a continuación.

3.1 En relación con el derecho fundamental de petición y el fenómeno de la
carencia actual de objeto por hecho superado

En los hechos y los fundamentos de la vulneración de su escrito de tutela la actora
afirmó que, para el momento de presentar la acción de tutela, no había recibido
respuesta a la solicitud que presentó el 29 de diciembre de 2025, razón por la cual
la Sala se pronunciará sobre tal aspecto.

Sobre el particular, es necesario precisar que la figura de la carencia actual de objeto
se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de amparo se extingue o “ha
cesado2” y se caracteriza principalmente por hacer que la orden impartida por el
juez en la sentencia carezca de efectos o se torne inocua, pues en tales casos
resulta intrascendente que este se pronuncie de fondo frente a la amenaza de
derechos fundamentales cuando esta situación ha desaparecido en el transcurso
de la acción de tutela.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia
actual de objeto se presenta cuando la acción de tutela ha perdido su razón de ser
para la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, debido a tres
circunstancias puntuales: i) hecho superado, ii) daño consumado y iii) acaecimiento
de una situación sobreviniente. Al respecto, dicha Corporación indicó:

“41. Inicialmente, la jurisprudencia solo contempló dos categorías en las que
podían subsumirse los casos de carencia actual de objeto: hecho
superado y daño consumado. Aunque la distinción no siempre fue clara,
el hecho superado responde al sentido obvio de las palabras que
componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo
pedido en tutela, como producto del obrar de la entidad accionada. En otras
palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de
tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Es importante
precisar que en estos casos le corresponde al juez de tutela constatar que:
(i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía
mediante la acción de tutela; (ii) y que la entidad demandada haya actuado
(o cesado en su accionar) a motu propio, es decir, voluntariamente.

2
Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019 y T-060 de 2019.

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Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez
Acción de tutela

42. El daño consumado, por su parte, tiene lugar cuando se ha
perfeccionado la afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma
que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden para
retrotraer la situación (…).

44. El hecho sobreviniente es un tercer tipo de configuración de la carencia
actual de objeto, diseñada para cubrir escenarios que no encajan en las
categorías originales. Se trata de un concepto más reciente y más amplio,
el cual fue propuesto por primera vez con la Sentencia T-585 de 2010, en
un caso originado por las trabas administrativas impuestas por una EPS para
impedir la interrupción voluntaria del embarazo. En sede de revisión, la Sala
fue avisada que la accionante “no había continuado con el embarazo”. No
se trataba entonces de un hecho superado, pues la pretensión de la actora
de acceder a una IVE dentro del sistema de salud en condiciones de calidad
fue rechazada, pero tampoco de un daño consumado en vista de que el
nacimiento tampoco se produjo. La Sala Octava de Revisión explicó
entonces que existen “otras circunstancias” en las que la orden del juez
resultaría inocua dado que el accionante perdió “el interés en la satisfacción
de la pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo3”.

En particular, esa misma Corporación ha considerado que la figura del hecho
superado se configura cuando entre la fecha de interposición de la acción de tutela
y la decisión del juez constitucional, esto es, en el curso del proceso de acción de
tutela, la autoridad demandada pone fin a la situación que generaba la vulneración
o amenaza de las garantías fundamentales, en los siguientes términos:

“3.1.2. Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el
momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia
que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la
vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha
superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u
abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier
intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho
fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado (…)4”.

En suma, para constatar que en una determinada hipótesis se está en presencia de
un hecho superado es necesario verificar tres requisitos concurrentes, a saber: i)
que haya una variación en los hechos que dieron lugar a la acción de tutela; ii) que
esta suponga la garantía o protección de los derechos fundamentales invocados
como amenazados o vulnerados, y iii) que haya obedecido a una conducta
voluntaria de la accionada5.

3
Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, MP Diana Fajardo Rivera.
4
Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2016, MP Luis Ernesto Vargas Silva.
5
Corte Constitucional, sentencia T-010 de 2023, MP Paola Andrea Meneses.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00503-00
Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez
Acción de tutela

3.2 La configuración del hecho superado en el caso concreto

1) En el presente asunto, la demandante, quien se desempeña como profesional
universitario grado 21 en provisionalidad en la Relatoría de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, formuló solicitudes ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial los días 26 y 29 de diciembre de 2025,
encaminadas a obtener información y el pago del retroactivo de la bonificación
judicial correspondiente al período enero-noviembre de 2025, así como el reajuste
de la prima de navidad del mismo año.

2) La acción de tutela fue promovida por considerar que dichas solicitudes no habían
sido atendidas oportunamente y que no se había efectuado el pago de los valores
reclamados.

3) Sin embargo, durante el trámite de la presente acción, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial informó que, mediante comunicación del 9 de febrero de
2026, respondió el derecho de petición presentado por la actora y en dicha
respuesta se explicó la situación de la liquidación del retroactivo de la bonificación
judicial y le indicó que el ajuste correspondiente sería tramitado a través de la
nómina histórica de reserva del año 2025, con programación de pago para finales
de febrero de 2026.

4) Igualmente, la autoridad pública demandada acreditó que el envío de dicha
respuesta se hizo mediante correo electrónico del 13 de febrero de 2025 al buzón
suministrado por la accionante en su petición “carmendg@cortesuprema.gov.co”, lo
cual evidencia que la administración atendió la solicitud formulada y adoptó las
medidas necesarias para gestionar el reconocimiento y pago de los valores
reclamados.

5) En ese orden de ideas, la Sala advierte que, entre la interposición de la acción
de tutela y la adopción de la presente decisión, se produjo una variación sustancial
en las circunstancias que dieron lugar al amparo por cuanto la entidad demandada
respondió de fondo el derecho de petición elevado por la actora y le informó las
razones por las cuales el retroactivo de la bonificación judicial no había sido
inicialmente liquidado en su caso, así como el trámite administrativo dispuesto para
su reconocimiento y pago a través de la nómina histórica de reserva.

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Acción de tutela

6) Tales actuaciones evidencian que la administración dio trámite a la solicitud de la
demandante y emitió respuesta de fondo durante el curso de la presente acción de
tutela, la cual fue debidamente comunicada a la interesada y, en dicha medida,
respecto de la alegada vulneración del derecho fundamental de petición, se constató
que la situación que motivó la presentación de la acción de tutela fue superada en
el curso del proceso; por consiguiente, se configuran los presupuestos que la
jurisprudencia constitucional ha establecido para declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado em lo que atañe a la garantía del derecho fundamental
de petición.

3.3 En relación con la pretensión de pago del retroactivo de la bonificación
judicial y el reajuste de la prima de navidad

1) A partir de la literalidad de las súplicas formuladas en la demanda se advierte
que, además de la respuesta a su solicitud, la actora pretende que se le paguen
unas acreencias laborales, esto es, el retroactivo de la bonificación judicial
correspondiente al periodo enero-noviembre de 2025 y el reajuste de la prima de
navidad del mismo año, derivados de su vinculación como servidora judicial.

2) En ese contexto, la Sala debe examinar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela como mecanismo para alcanzar
dicho cometido.

3) Respecto del requisito de subsidiariedad, la Sala debe señalar que la acción de
tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales,
como se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

4) En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que
el demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

5) En lo que concierne a la reclamación de acreencias laborales por la vía de la
acción de tutela, la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que, por

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regla general, el amparo es improcedente para obtener el pago de ese tipo de
prestaciones, salvo cuando se demuestre que su desconocimiento compromete de
manera directa el mínimo vital y se configure un perjuicio irremediable. En ese
sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-120 de 2015, indicó:

“Sobre el reconocimiento de acreencias laborales, la Corte ha señalado
que, por regla general, dicha pretensión es improcedente por la vía del
juicio de amparo, por cuanto en el ordenamiento jurídico se prevén otros
mecanismos de defensa judicial, ya sea ante el juez ordinario laboral o
ante el juez contencioso administrativo, dependiendo de si la vinculación
se realizó mediante contrato de trabajo o por relación legal y
reglamentaria, para resolver este tipo de controversias. Sin embargo, de
manera excepcional, se ha contemplado la viabilidad del amparo para
obtener el pago de dicho tipo de acreencias, cuando por virtud de su
desconocimiento se afectan los derechos fundamentales de los
accionantes, concretamente el derecho al mínimo vital”

6) En el caso concreto, la actora reclamó el pago de un retroactivo de la bonificación
judicial y el reajuste de la prima de navidad que no le fueron incluidos en la nómina
general de diciembre de 2025.

7) Sin embargo, no se aportó prueba que permitiera concluir que la falta de pago
inmediato del retroactivo generara una afectación grave, actual e inminente del
derecho fundamental al mínimo vital de la actora.

8) Aunque la Sala no pasa por alto el estado de embarazo avanzado de la
demandante, circunstancia que efectivamente la hace merecedora de una garantía
reforzada dada su condición de sujeto de especial protección constitucional, lo cierto
es que no se demostró que la falta de pago del retroactivo comprometiera de manera
directa su subsistencia o su mínimo vital; por el contrario, se acreditó que continúa
vinculada al cargo que desempeña en la Rama Judicial y que percibe su salario
ordinario, lo cual permite inferir que contaba con los medios básicos de subsistencia.

9) En ese contexto, si a bien lo tiene, la parte demandante puede ventilar la
controversia relativa al reconocimiento y pago de las acreencias laborales
reclamadas, a través de los medios ordinarios de defensa judicial previstos en el
ordenamiento jurídico, por lo cual la acción de tutela no resulta procedente para
ordenar el pago de dichas sumas.

10) Sin perjuicio de ello, la Sala observa que en la respuesta emitida con ocasión
de la acción de tutela de la referencia a sus solicitudes, la accionada reconoció la

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existencia de la novedad administrativa que impidió su inclusión inicial en la
liquidación general y, mediante respuesta del 9 de febrero de 2026, le informó que
el ajuste sería tramitado a través de la nómina histórica de reserva del año 2025,
con programación de pago para finales del mes en curso (febrero de 2026).

11) Por consiguiente, considerando el estado de gravidez de la actora y con el fin
de prevenir la eventual afectación de derechos fundamentales, se exhortará a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá para que
adelante de manera diligente las actuaciones que garanticen la efectiva inclusión de
la demandante en la nómina y adopte las medidas administrativas pertinentes para
evitar la reiteración de situaciones similares, especialmente cuando se trate de
personas que ostenten la condición de sujetos de especial protección constitucional.

4. Conclusión

La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con
la alegada vulneración del derecho fundamental de petición, en la medida en que,
durante el trámite de la acción de tutela, la autoridad demandada emitió y notificó
respuesta de fondo a la solicitud elevada por la actora.

En cuanto a la pretensión encaminada al pago del retroactivo de la bonificación
judicial y del reajuste de la prima de navidad, la acción de tutela se declarará
improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad, sin perjuicio de lo cual
la Sala exhortará a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá para que adopte las medidas administrativas necesarias.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:

1°) Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado, únicamente en
relación con la alegada vulneración del derecho fundamental de petición, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

12
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00503-00
Demandante: Carmen Rosa de Jesús Díaz Gómez
Acción de tutela

2º) Declárase improcedente la acción de tutela respecto de la pretensión
encaminada al pago del retroactivo de la bonificación judicial y del reajuste de la
prima de navidad del mismo año, por no cumplirse el requisito de subsidiariedad.

3º) Deniégase la solicitud de desvinculación formulada por el Consejo Superior de
la Judicatura.

4º) Exhórtase a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá para que adelante de manera diligente las actuaciones administrativas
necesarias tendientes a garantizar la efectiva inclusión de la señora Carmen Rosa
de Jesús Díaz Gómez en la nómina correspondiente para el pago del retroactivo de
la bonificación judicial y del reajuste de la prima de navidad reclamados, y para que
refuerce los mecanismos internos de verificación y control en la gestión de
novedades de nómina, especialmente cuando se trate de servidores judiciales que
ostenten la condición de sujetos de especial protección constitucional.

5º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

6º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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