Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00508-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00508-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00508-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00508-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante DAVID BENAVIDES LOZANO
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y
OTRO
Temas Tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo, por violación
directa de la Constitución, y por desconocimiento del precedente.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Reajuste
de la asignación en actividad y de la asignación de retiro. Índice de
Precios al Consumidor. Sentencia C-931 de 2004. Requisitos
generales de procedibilidad: relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora, contra el fallo del 19
de febrero de 2026, proferido por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que
dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida el señor David
Benavides Lozano por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. […]»
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de enero de 20261, el señor David Benavides Lozano, actuando a través de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, «a la seguridad
jurídica y a la remuneración móvil y vital», con las sentencias de 19 de marzo de 2021, y
del 8 de mayo de 2025 proferidas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2019-01097-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Trascripción literal)
«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, a la IGUALDAD,
al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, a la SEGURIDAD JURÍDICA y a la
REMUNERACIÓN MÓVIL Y VITAL del señor DAVID BENAVIDES LOZANO.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el Consejo de Estado (ocho
(8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)) y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno (2021)).
1
Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2026-00508-00.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
TERCERA: ORDENAR a la Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” que, en el
término perentorio de diez (10) días, PROFIERA UNA NUEVA SENTENCIA de reemplazo en
la que:
1. Reconozca la plena vigencia del Régimen Especial y el principio de Oscilación,
entendiendo que la pérdida de poder adquisitivo acumulada en el salario de los activos
afecta directamente la base de liquidación de los retirados.
2. Aplique la Excepción de Inconstitucionalidad sobre los decretos de aumento salarial
(1992-2004)
3. Ordene la reliquidación integral de la Asignación de Retiro, saneando la base salarial
de la pérdida inflacionaria acumulada durante el tiempo de servicio del actor, tal como lo
ordenó la Sentencia C-931 de 2004». (Sic a toda la cita)
2. Hechos
Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor David Benavides Lozano laboró en la Policía Nacional como oficial
desde 1987, llegando al cargo de Coronel en el año 2016.
Mediante resolución 7250 del 28 de septiembre de 2016, la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) reconoció la asignación de retiro.
2.2. Sostuvo que durante los años 1987 y 2016 el Gobierno Nacional expidió varios
decretos de aumento salarial inferiores al IPC (certificado por el DANE) lo que
generó una pérdida del poder adquisitivo de su salario base.
2.3. Para el año 2019 el señor David Benavides Lozano haciendo uso del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra
la Nación, Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (CASUR), con el fin de que se declarara la nulidad de los oficios S-
2018-068270/ANOPA-GRULI-1.10 del 21 de diciembre de 2018 y E-00001-
201903933-CASUR id 403516 del 25 de febrero de 2019, por medio de los
cuales la Policía Nacional y CASUR, negaron al actor la reliquidación de la
asignación mensual en los meses de enero a diciembre del año 2004,
establecidos según el Decreto 4158 de 2004, así como, el reajuste a la
asignación mensual pagada por la entidad a partir del mes de enero del año
2005 y hasta la fecha de su retiro.
En consecuencia, pidió se reconociera y pagara las diferencias salariales a
partir de enero de 2005 y se reajustara y pagara el incremento que resultó de
la diferencia de la asignación mensual pagada por la entidad en los meses de
enero a diciembre del año 2004, según lo establecido en el Decreto 4158 de
2004.
2.4. En primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E (Expediente 25000-23-42-000-2019-01097-00) mediante
sentencia del 19 de marzo de 2021 negó las pretensiones de la demanda.
Señaló que el problema jurídico se circunscribía a determinar si procedía
ordenar el reajuste de la asignación en actividad que el demandante percibió
teniendo en cuenta la actualización de la inflación causada y acumulada en
los años 1992 a 2017, para, de resultar procedente ordenar el reajuste de las
prestaciones sociales percibidas durante ese periodo, modificar la hoja de
servicios y el reajuste de la asignación de retiro.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
Al respecto indicó que, el incremento de las asignaciones en actividad de los
miembros de las Fuerzas Militares se realiza teniendo como fundamento el
decreto anual que dicta el Gobierno Nacional, de conformidad con el artículo
1° de la Ley 4 de 1992.
Añadió que, en el caso concreto no era posible el reajuste en el periodo
comprendido entre 1992 a 1995, pues para esa época la asignación de los
miembros de la Fuerza Pública no se fijó en proporción a la asignación de un
general.
En lo relacionado con las sentencias de constitucionalidad invocadas dijo que
la Corte Constitucional aceptó la posibilidad de que los servidores que tuviera
una asignación mayor a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes
tuvieran un reajuste menor al de la inflación del año anterior, como en el caso
en estudio, permitiendo que el aumento pudiera limitarse sin afectar el principio
de la movilidad salarial.
Esta decisión fue apelada por la parte demandante.
2.5. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con sentencia del 8
de mayo de 2025 confirmó parcialmente la decisión del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
Como fundamento indicó que no procedía el reajuste de la asignación en
actividad y de retiro teniendo como fundamento el índice de precios al
consumidor, toda vez que los incrementos salariales de la Policía Nacional son
determinados por el Gobierno Nacional de conformidad con la Ley 4 de 1992.
Precisó que para quienes devengaban más de dos salarios mínimos legales
mensuales vigentes los ajustes salariales se pueden realizar con parámetros
diferentes al IPC, sin que se considere que se vulneran los derechos
fundamentales, pues no se configuró un derecho adquirido del demandante
dado que las decisiones cuestionadas fueron ajustadas a derecho. Y revocó
la condena en costas en primera instancia.
3. Fundamentos de la acción
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, ya que: (i) reviste relevancia constitucional pues se vulnera
el artículo 4, 13, 53 de la Constitución Política y las órdenes dadas por la Corte
Constitucional en la sentencia C-931 de 2004, «la cual ordenó la actualización plena del
poder adquisitivo de los salarios de los servidores públicos frente a la inflación acumulada (1992-
2004)», y en el auto 291 de 2017 en donde se hizo referencia al incumplimiento
sistemático de las sentencias de constitucionalidad, mencionando que en estos
casos procede la acción de tutela; (ii) se agotaron todos los medios de defensa
disponibles; (iii) se cumple con el requisito de inmediatez ya que «La providencia de
segunda instancia fue proferida el ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) y notificada
electrónicamente el 22 de julio de 2025»; (iv) se identificaron los hechos y derechos
vulnerados, como la falta de aplicación de la sentencia C-931 de 2004 y la pérdida
de poder adquisitivo del salario y de la asignación de retiro y (v) las providencias
cuestionadas no pertenecen a una acción de tutela sino al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2019-01097-00/01.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en un
defecto sustantivo, por violación directa de la Constitución y por desconocimiento
del precedente.
3.1. Defecto sustantivo: Se configura en este caso porque se desconoció el
régimen especial de la Fuerza Pública generando que al señor David
Benavides Lozano se le sometiera a una situación de inferioridad. Indicó que,
si bien se da aplicación al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, este resulta ser
una trampa dado que «Los jueces usan esa norma para corregir la inflación año a año
después del retiro, pero se niegan a corregir la pérdida estructural de la base salarial ocurrida
antes del retiro.», pues en su concepto si el salario está viciado por la pérdida del
poder adquisitivo de forma acumulada a causa de los decretos dictados en el
periodo 1992 a 2004 «el sistema de oscilación transmite esa pérdida al retirado».
Señaló que, la sentencia C-931 de 2004 pone de presente la necesidad de
actualizar plenamente el salario, no como un beneficio hacia el futuro, sino
como un reconocimiento judicial de que «la estructura salarial estaba viciada.»,
manifestó que, si el salario de quien se encuentra activo debe ser corregido
por mandato constitucional, la mesada del retirado también debe reflejar la
misma corrección.
3.2. Violación directa de la Constitución: Se da en este caso, pues el juez de
segunda instancia fundamentó su decisión en una norma contraria a la
Constitución ya que presumió la legalidad de los decretos salariales expedidos
por el Gobierno Nacional entre 1992 y 2002 sin dar aplicación a la excepción
de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4° de la Constitución Política,
a su vez, indicó que también se desconoció el artículo 53 constitucional que
consagra el derecho a la remuneración mínima vital y móvil, aspecto que no
fue tenido en cuenta ya que se legitimó el enriquecimiento sin causa del Estado
a costa del patrimonio del accionante.
3.3. Desconocimiento del precedente: El Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, al dictar la sentencia de segunda instancia desconoció la ratio
decidendi y los efectos erga omnes de la sentencia C-931 de 2004, a pesar de
que esta providencia estableció que el Estado tenía la obligación de subsanar
el déficit acumulado. Destacó que las bonificaciones no salariales como las de
los ministros y generales constituye un fraude al mandato de la Corte
Constitucional que ordenó que se debía «actualizar el salario (la base), no entregar
"auxilios" periféricos», validar esto es colaborar con el enriquecimiento sin causa
del Estado.
Manifestó que al no dar aplicación a este precedente «el Consejo de Estado está
desconociendo la fuerza vinculante de la interpretación constitucional sobre el artículo 53
superior», aseguró que la situación pensional del actor se liquidó sobre una base
inconstitucional y ese vicio se presenta mes a mes con cada pago.
Explicó que si para el año 2005 y 2006 el demandante hubiera estado activo
«el Estado habría tenido la obligación de pagarle la "actualización plena" retroactiva (1992-
2004)», luego la única diferencia es la fecha del retiro. De ahí que cuestionara
que, fue erróneo que esa alta Corporación considerara que «que la Sentencia C-
931 de 2004 “no ordenó ninguna actualización plena”, sino que solo protegió los salarios
bajos.». Dijo que, en el recurso de apelación solicitó la inaplicación de los
efectos inter partes de los decretos anuales «hasta que se determine la correcta
actualización plena» y que al respecto el Consejo de Estado despachó esa
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
solicitud indicando que no se logró acreditar que esos decretos estuvieran
viciados de nulidad, respuesta que considera es «insuficiente y constitutiva de
defecto sustantivo», concluyendo así que «Al negarse a realizar el control de
constitucionalidad difuso sobre esos decretos, el juez natural renunció a su función de
garante de la Carta Política, permitiendo que normas inferiores (decretos) prevalezcan
sobre normas superiores (Art. 53 C.P.)».
Finalmente, puso de presente la imprescriptibilidad de los derechos humanos
laborales, conforme al artículo 7 del Protocolo de San Salvador y el artículo 25 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. E indicó que la acción de
tutela es el último recurso ante la jurisdicción interna, luego una decisión adversa
activaría la competencia de las instancias internacionales.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 30 de enero de 2026 se admitió la acción de tutela presentada
por el señor David Benavides Lozano contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B.
Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés a la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional CASUR; se ofició a las autoridades accionadas para que allegaran
copia digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-
42-000-2019-01097-00/01; se reconoció personería al abogado de la parte
actora; y ordenó las notificaciones correspondientes.
4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B2 rindió informe en
el que manifestó que esta acción es improcedente por no superar el requisito
de la inmediatez, ya que no fue interpuesta dentro del término razonable de
los seis meses.
Adujo que al accionante no le asiste derecho al reajuste de la asignación en
actividad con el índice de precios al consumidor, ya que los incrementos
salariales son de competencia del Gobierno Nacional a través de los decretos
anuales, razón por la cual, consideró que no se vulneraron sus derechos
fundamentales. En consecuencia, solicitó que se negaran las pretensiones de
la acción.
4.3. El Ministerio de Defensa, Policía Nacional3 indicó que no existe vulneración
de los derechos fundamentales del actor, dado que se determinó que el
Gobierno Nacional cada año reconoció el incremento porcentual, de
conformidad con la Ley 4 de 1992, lo que hace improcedente esta acción.
Indicó que la autoridad judicial accionada realizó la valoración de la
improcedencia del reajuste de la asignación mensual y las prestaciones desde
enero de 2004 hasta la fecha de retiro, «tomando como ingreso base de liquidación
el sueldo del empleo de general de la república, ajustada con el índice de precios al
consumidor de los años 1992 a 2004».
Añadió que en este evento no se presenta un perjuicio irremediable o una
amenaza inminente e injustificada que amerite la intervención del juez
2
Samai, índice 13. Expediente 11001-03-15-000-2026-00508-00.
3
Samai, índice 18. Expediente 11001-03-15-000-2026-00508-00.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
constitucional, más aún cuando el asunto sujeto a discusión fue conocido por
el juez natural quien resolvió la litis propuesta. Finalmente, solicitó que se
negaran las súplicas de la acción.
4.4. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR4 manifestó que
el accionante tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos, pruebas,
saneamientos y recursos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, luego no era correcto utilizar la acción de tutela como un escenario
para revisar el fondo del proceso ordinario por considerar que la decisión que
allí se adoptó fue adversa.
Explicó que un claro ejemplo de esto es pretender que el juez de tutela
reemplace al juez contencioso administrativo para «reevaluar la correcta
interpretación de la Sentencia C-931 de 2004», lo que permitiría advertir que se está
utilizando este mecanismo constitucional como una tercera instancia.
Aseguró que las providencias cuestionadas no adolecen de ningún defecto
especial que haga procedente la acción de tutela ya que: (i) no se desconoció
la aplicación de la sentencia C-931 de 2004, pues los accionados sí analizaron
esa decisión, sin embargo la conclusión a la que llegaron no fue la pretendida
por el demandante, pues la jurisprudencia ha diferenciado de manera enfática
entre el reajuste pensional y el reajuste de salarios del personal en servicio
activo (evento en el cual rigen «los decretos expedidos por el Gobierno anualmente
respecto del aumento salarial, es entonces esto una discrepancia interpretativa que no
configura un defecto sustantivo»); y (ii) las sentencias cuestionadas se encuentran
debidamente motivadas ya que en ellas se explicó «por qué la pretensión de
reajustar los salarios de actividad con base en el IPC y la Sentencia C-931 de 2004 es
improcedente.».
Finalmente, solicitó se declarara improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito de relevancia constitucional, y en el evento de realizarse
un estudio de fondo pidió se negaran las pretensiones de la acción.
4.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E guardó silencio a pesar de haber sido notificado5.
5. Providencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 19 de febrero de
20266 declaró la improcedencia de la acción al considerar que no se cumplió con el
requisito de relevancia constitucional.
Como primer aspecto, mencionó que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en su informe manifestó que esta acción no cumplía con el
requisito general de la inmediatez, por ello procedió a analizar este aspecto
determinando que la sentencia de segunda instancia en el medio de control en
cuestión fue dictada el 8 de mayo de 2025 y el correo electrónico se remitió el 22 de
julio de 2025, razón por la cual, se entendió notificada el 24 de julio de la misma
anualidad y adquirió ejecutoria el 29 de julio de 2025, por lo que, al haberse
presentado la acción de tutela el 26 de enero de 2026, el amparo fue presentado
4
Samai, índice 19. Expediente 11001-03-15-000-2026-00508-00.
5
Samai, índice 8. Expediente 11001-03-15-000-2026-00508-00.
6
Samai, índice 22. Expediente 11001-03-15-000-2026-00508-00.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
dentro del término razonable ya que no se superaron los seis meses del plazo
prudencial.
Superado el requisito de la inmediatez, procedió a identificar los argumentos que
planteó el accionante contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, enmarcados en un defecto sustantivo, por desconocimiento del
precedente y por violación directa de la Constitución, explicándolos de la siguiente
forma: «i) prefirió la observancia de decretos reglamentarios inconstitucionales sobre el
mandato del artículo 53 de la Constitución Política, ii) dejó de acoger la regla de actualización
plena fijada en la sentencia C-931 de 2004 bajo el argumento temporal formalista que
desconoce la realidad económica del daño causado y ii) permitió la desmejora progresiva de la
remuneración y prestaciones sociales de un miembro de la fuerza pública».
Respecto a los anteriores argumentos dijo que no se superaba el requisito de la
relevancia constitucional pues el debate giraba en torno a un asunto de
interpretación meramente legal y no se advertía afectación a derechos
fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia.
De ahí que, los planteamientos del tutelante tenían como finalidad cuestionar
nuevamente la presunción de legalidad de los decretos salariales expedidos por el
Gobierno entre 1992 y 2003, y que su asignación básica fue ajustada por debajo
del IPC, aspectos que fueron estudiados a lo largo del proceso ordinario, lo que
desnaturaliza el mecanismo de amparo al utilizarlo como una instancia adicional.
Frente a la sentencia que se planteó como desconocida advirtió que no se cumplió
la carga mínima necesaria para verificar si las situaciones fácticas y jurídicas
resultaban similares y aplicables, como tampoco se indicó como esa decisión podría
influir o cambiar el sentido de la providencia cuestionada.
Finalmente declaró la improcedencia de esta acción al no cumplir con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, al no
superar el requisito de relevancia constitucional pues la discusión se circunscribió a
una inconformidad con la sentencia adoptada.
6. Impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia para que fuera revocado.
Consideró que el juez de primera instancia constitucional erró al indicar que no se
cumplía con el requisito de relevancia constitucional cuando lo cierto era que si se
superaba pues esta acción se fundamentó «en pruebas documentales irrefutables y
mandatos imperativos que demuestran una vía de hecho sistemática».
Reiteró que la sentencia C-931 de 2004 no fue aplicada. Señaló que al no existir
título ejecutivo «directo que obligue a la Policía Nacional y a CASUR a reajustar automáticamente
las asignaciones salariales y de retiro frente a la inflación demostrada en las certificaciones del
DANE» el mandato de la sentencia quedó condicionado a que los jueces
contenciosos administrativos dieran cumplimiento inaplicando los decretos que
resultaban lesivos. Añadió que en el auto 291 de 2017 la Corte Constitucional
precisó que cuando los procesos ordinarios no permiten «para hacer valer los efectos de
sentencias de constitucionalidad» la acción de tutela termina siendo el mecanismo
idóneo, por lo que no es de recibo que se haya considerado que la acción era
improcedente.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
Explicó que la Constitución estableció la remuneración del Congreso en el artículo
187 y fijó un régimen especial para la Fuerza Pública en los artículos 217 y 218,
que, a su vez, la Ley 42 de 1980 y el Decreto Legislativo 335 de 1992 ató la
asignación salarial y de retiro de la Fuerza Pública a «la protección del Congreso». Sin
embargo, se permitió la expedición de decretos que «rompen este bloque de legalidad»,
lo que afectó al señor Benavides. Como ejemplo, trajo a colación la coherencia y
armonía de los decretos salariales dictados en el año 1987 para compararlos con
los dictados en la actualidad.
Mencionó que las autoridades accionadas desconocieron que el DAPRE en el oficio
OFI26-00012341 del 27 de enero de 2026 hizo una confesión en donde indicó «la
plena vigencia de la Ley 42 de 1980 y su aplicación actual para el Presidente de la República»,
prueba que resultaba de relevancia.
De otro lado, mencionó que la Sección Quinta confundió el requisito de la
subsidiariedad con el de crear una instancia adicional. Dijo que el señor Benavides
desde el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho planteó que se
inaplicaran los decretos salariales lesivos y se acatara la sentencia C-931 de 2004,
por lo que, el hecho de que las autoridades accionadas hayan negado las
pretensiones «no extingue la naturaleza constitucional del problema jurídico». Cuestionó que
no se hubiera estudiado de fondo el defecto sustantivo y de violación directa de la
Constitución.
Finalmente dijo que se vulneraban los artículos 13 y 228 de la Constitución, pues
«Permitir que un decreto derrote la orden constitucional de mantener el poder adquisitivo frente a la
inflación no es un asunto meramente legal o económico; es la destrucción del principio de primacía
de lo sustancial sobre las formas».
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8 y
7
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto».
8
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso.
Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y, el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por una
alta corte (Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), la procedencia de la acción
de amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas
de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende, los
principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es
por tal razón que la Corte Constitucional ha establecido como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, y es que la providencia judicial
atacada contenga un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera
directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez
constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
2. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta el escrito de impugnación y por tratarse de una acción de tutela
contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al
juez de tutela de primera instancia al declarar improcedente la acción, para ello se
estudiará si la acción supera el requisito de relevancia constitucional.
De superar dicho análisis, la Sala pasará a analizar si al proferir las sentencias de
primera y segunda instancia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho 25000-23-42-000-2019-01097-00/01 las autoridades judiciales
9
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
10
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
accionadas incurrieron en los defectos sustantivo, por violación directa de la
Constitución y por desconocimiento del precedente.
3. Alcance del requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por
las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.
En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez
verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le
corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la
providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si
estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.
4. Análisis del caso concreto
4.1. La Sala advierte que la tutela en estudio es en efecto improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la
parte actora busca que esta acción se convierta en un mecanismo adicional
para prolongar la discusión que ya fue conocida y resuelta por el juez natural
pues los argumentos que presentó el accionante en el escrito de tutela y de
impugnación, guardan gran similitud con el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia. Como se analizará a continuación.
4.2. Se advierte que los planteamientos propuestos por el actor en el recurso de
apelación11 presentado contra la sentencia del 19 de marzo de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E coinciden con los fundamentos del escrito de tutela y la
impugnación, pues manifestó que se dio una interpretación errónea de la
sentencia C-931 de 2004 en la cual se mencionó el derecho de los servidores
públicos a mantener el poder adquisitivo del salario, en donde ordenó
taxativamente lo siguiente: «debe haberse reconocido la actualización plena del derecho
a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos». De ahí
que el demandante tiene el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario
a través del ajuste anual, como también lo ha mencionado la Sala de Consulta
y Servicio Civil (Exp. 11001-03-06-000-2008-00009-00), lo que demostraría que
el fallo se «se encuentra viciado por un defecto sustantivo».
Dijo que ante la persistente inactividad del legislador en lo referente al artículo
53 de la Constitución, específicamente en lo relacionado con el principio de
«remuneración mínima, vital y móvil», la Corte Constitucional acudió a criterios
jurisprudenciales a fin de mantener el poder adquisitivo real del salario en su
sentencia C-931 de 2004, en donde se decantó el régimen salarial establecido
para los integrantes de la Fuerza Pública, de conformidad a los artículos 217
y 218 de la Constitución Política, la Ley 4 de 1992 y de los decretos
reglamentarios, lo cual, debe ser considerado como un todo en el régimen
especial del que gozan los integrantes de la Fuerza Pública, pese a ello afirmó
que el tribunal dio otra interpretación. Esto en los siguientes términos:
«La colegiatura aunque cita, no avoca lo ordenado en la sentencia C-931 del 29 de septiembre
de 2004 de la Honorable Corte Constitucional y deja de lado, el sentido propio de la sentencia
en las consideraciones normativas dadas por la Corte Constitucional; así como el cambio,
modificación o inflexión que dicha jurisprudencia realiza a la RATIO DECIDENDI, con la cual
la Honorable Corte Constitucional fija una formula (sic) específica y única para la actualización
de los salarios medios y altos de los servidores a los cuales se les ajusta estos factores de
conformidad a la ley anual de presupuesto.»
De otro lado manifestó que afirmar bajo el principio de legalidad de los actos
que los incrementos anuales se presumen legales es desconocer la
Constitución y la jurisprudencia. Explicó que, contrario a lo ordenado por la
Corte Constitucional el Gobierno Nacional para los años 2005 a 2011 congeló
11
Samai, índice 15. Expediente 11001-03-15-000-2026-00508-00.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
la pérdida acumulada y le dio una aplicación diferente al punto de que se creó
«en el año 2005 para los Ministros del Despacho mediante el Decreto 3150 de 2005, la
Bonificación de Dirección, como una prestación social, equivalente a cuatro (4) veces la
remuneración mensual compuesta por la asignación básica más gastos de representación»,
y no se reconoció una actualización plena del derecho a mantener el poder
adquisitivo real del salario de los servidores públicos, entre los cuales se
encuentran los integrantes de la Fuerza Pública. Lo que no garantiza la
igualdad dado que si no se actualiza la asignación básica y los gastos de
representación fijados a los ministros de despacho conforme al índice
acumulado de inflación en el periodo 1992 a 2004.
Expuso su inconformidad con que el tribunal justificara la falta de aumento en
que el demandante devengaba más de dos salarios mínimos mensuales
vigentes, pues consideró que era un pretexto para justificar la negación del
derecho, y reiteró que «Para el caso particular, y contrario a lo indicado por la sala en
este aparte, SI EXISTE MANDATO JURISPRUDENCIAL, que ordenó hacer la actualización
plena de conformidad a la inflación causada y acumulada». Añadió que debía aplicarse
con efectos inter partes los decretos que fijaban la escala salarial básica a
partir del 2004 y hasta la fecha en que se le diera fin al medio de control,
concluyendo que:
«Se ha indicado con claridad y suficiencia al despacho, la estructura del régimen salarial,
prestacional y pensiones y de asignación de retiro, otorgado a la Fuerza Pública; con el fin de
garantizar los derechos de mi prohijado, y poner fin al daño antijuridico (sic) por el cual es
afectado, he solicito, se dé aplicación de manera integral al régimen especial consagrado en
toda la normatividad expuesta, al igual, que se dé cumplimiento a lo ordenado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-931 de 2004, que produce efectos erga omnes, con carácter
obligatorio, oponible a todas las personas y a las autoridades públicas, sin excepción alguna.»
4.3. Mediante sentencia del 8 de mayo de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, confirmó parcialmente la sentencia del 19
de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que negó las pretensiones de la demanda.
Estableció como problema jurídico a resolver, si el señor David Benavides
Lozano tenía derecho al reajuste de la asignación devengada en servicio
activo de los años 1992 a 2016, en aplicación del índice de precios al
consumidor y de la sentencia C-931 de 2004, y que, en consecuencia, se
incrementara su asignación de retiro. Luego, pasó a referirse al régimen
salarial y prestacional de los integrantes de la fuerza pública y a los hechos
probados en el proceso.
Al realizar el estudio del caso concreto, se identificó que el demandante se
retiró en el grado de coronel de la Policía Nacional y que la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional le reconoció una asignación de retiro, a través
de la Resolución 7250 del 28 de septiembre de 2016. A su vez, mencionó que
estaba demostrado que el actor solicitó el incremento de la asignación
mensual con el IPC desde diciembre de 2004, con fundamento en la sentencia
C-931 de 2004 de la Corte Constitucional, y el consecuente reajuste de la
asignación de retiro, sin embargo, esas reclamaciones fueron negadas.
Explicó que la Corte Constitucional en la sentencia C-931 de 2004 declaró la
exequibilidad condicionada del artículo 2 de la Ley 848 de 2003, considerando
que ante la falta de un estatuto del trabajo que definiera el alcance del derecho
a la remuneración mínima vital y móvil, la Corte reiteraría los criterios
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
jurisprudenciales establecidos en la sentencia C-1017 de 2003 con el objetivo
de preservar el poder adquisitivo y evitar políticas que redujeran el salario real.
Añadió que los servidores públicos tienen derecho a un ajuste salarial anual
en proporción a la inflación del año anterior, no obstante, ese derecho no es
absoluto de tal forma que «los servidores públicos que devengan hasta dos salarios
mínimos deben recibir el ajuste completo de su salario con base en la inflación, sin
excepciones», mientras que a quienes ganan los salarios más altos se les puede
imponer restricciones respetando la progresividad y la proporcionalidad. Así:
«Por consiguiente, la Corte Constitucional estableció como criterio de decisión que los
servidores públicos que perciban salarios iguales o inferiores a dos SMLMV tenían derecho a
mantener el poder adquisitivo de conformidad con el nivel de inflación registrada en el año
2003. Sin embargo, el derecho a una remuneración mínima vital y móvil, sí se puede limitar
para los servidores que tienen un salario superior a dos SMLMV, sin que se entienda que es
posible congelarlos. En consecuencia, esta Subsección ha considerado que el Gobierno
nacional, en el caso de los servidores con mayores salarios, puede mantener el poder
adquisitivo de la remuneración con incrementos diferentes al IPC».
Por lo que, tal análisis jurisprudencial permitía concluir que el ajuste anual del
demandante para el año 2004 podría ser inferior al índice de precios al
consumidor, al desempeñar el cargo de oficial en la Policía Nacional, dado
que se consideró que su salario era superior a dos salarios mínimos
mensuales vigentes al no haber acreditado lo contrario. También mencionó
que la sentencia C-931 de 2004 no podía ser aplicada de forma retroactiva
pues el incremento de los salarios del personal uniformado se dio en ejercicio
de la Ley 4 de 1992.
Frente a la solicitud de inaplicación de los efectos inter partes de los decretos
salariales, mencionó que no se probó que dichos decretos estén viciados de
nulidad, ya que claramente la Corte Constitucional determinó que para
quienes devengaban más de dos salarios mínimos mensuales vigentes, como
en el caso del señor Benavides quien ostentó el grado de coronel, sí era
posible establecer un incremento salarial inferior al IPC. Los argumentos que
mencionó han sido adoptados por las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
También menciona que el demandante pedía que se valorara la prueba del
Departamento Administrativo de la Función Pública en donde se informó cómo
se determinó la asignación mensual de los generales y almirantes para los
años 1996 a 2004, al respecto mencionó que el accionante no tenía derecho
al incremento de la asignación en actividad y la asignación de retiro en los
términos pedidos en la demanda, pues la fijación de las escalas graduales
salariales es una competencia que el presidente de la república conforme a la
Ley 4 de 1992 y «El incremento de la asignación de retiro del actor, que fue reconocida
mediante la Resolución 7250 del 28 de septiembre de 2016, está regida por el Decreto 4433
de 2004».
Finalmente, revocó la condena en costas impuesta en primera instancia y se
abstuvo de condenar en costas en la segunda instancia conforme al artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
4.4. Ahora bien, en el escrito de tutela la parte actora presentó los mismos
argumentos que planteó en el recurso de apelación, pero anunciados desde la
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
presunta configuración de un defecto sustantivo, por violación directa de la
Constitución y por desconocimiento del precedente.
Mencionó que se desconoció el régimen especial de la Fuerza Pública.
Cuestionó la aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, pues este
resultaba ser una trampa dado que «Los jueces usan esa norma para corregir la
inflación año a año después del retiro, pero se niegan a corregir la pérdida estructural de la
base salarial ocurrida antes del retiro.», pues en su concepto si el salario está viciado
por la pérdida del poder adquisitivo de forma acumulada a causa de los
decretos dictados en el periodo 1992 a 2004, «el sistema de oscilación transmite esa
pérdida al retirado».
Señaló que, la sentencia C-931 de 2004 pone de presente la necesidad de
actualizar plenamente el salario, no como un beneficio hacia el futuro, sino el
reconocimiento judicial, de ahí que manifestó que, si el salario de quien se
encuentra activo debe ser corregido por mandato constitucional, la mesada
del retirado también debe reflejar la misma corrección.
El fundamento de la sentencia fue una norma contraria a la Constitución, ya
que se presumió la legalidad de los decretos salariales expedidos por el
Gobierno Nacional entre 1992 y 2002 sin dar aplicación a la excepción de
inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4° de la Constitución Política,
desconociendo también el artículo 53 constitucional que consagra el derecho
a la remuneración mínima vital y móvil.
Mencionó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, al dictar
la sentencia de segunda instancia desconoció la ratio decidendi y los efectos
erga omnes de la sentencia C-931 de 2004, a pesar de que esta providencia
estableció que el Estado tenía la obligación de subsanar el déficit acumulado.
Destacó que las bonificaciones no salariales como las de los ministros y
generales constituye un fraude al mandato de la Corte Constitucional que
ordenó que se debía «actualizar el salario (la base), no entregar "auxilios" periféricos»,
validar esto es colaborar con el enriquecimiento sin causa del Estado.
Aseguró que la situación pensional del actor se liquidó sobre una base
inconstitucional y ese vicio se presenta mes a mes con cada pago. Cuestionó
que, fue erróneo que esa alta Corporación considerara que «que la Sentencia C-
931 de 2004 “no ordenó ninguna actualización plena”, sino que solo protegió los salarios
bajos.».
Señaló que, en el recurso de apelación solicitó la inaplicación de los efectos
inter partes de los decretos anuales «hasta que se determine la correcta actualización
plena» y que al respecto el Consejo de Estado despachó esa solicitud indicando
que no se logró acreditar que esos decretos estuvieran viciados de nulidad.
4.5. En el escrito de impugnación el accionante insistió nuevamente en los
planteamientos realizados en el escrito de tutela y en el recurso de apelación
contra la sentencia del 19 de marzo de 2021, pues mencionó nuevamente que
se desconoció el precedente constitucional vinculante de la Sentencia C-931
de 2004.
Mencionó que la Sección Quinta confundió el requisito de la subsidiariedad
con el de crear una instancia adicional.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
Dijo que el señor Benavides desde el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho planteó que se inaplicaran los decretos salariales lesivos y se
acatara la sentencia C-931 de 2004, por lo que, el hecho de que las
autoridades accionadas hayan negado las pretensiones «no extingue la naturaleza
constitucional del problema jurídico».
Señaló que al no existir título ejecutivo «directo que obligue a la Policía Nacional y a
CASUR a reajustar automáticamente las asignaciones salariales y de retiro frente a la inflación
demostrada en las certificaciones del DANE» el mandato de la sentencia quedó
condicionado a que los jueces contenciosos administrativos dieran
cumplimiento inaplicando los decretos que resultaban lesivos. Añadió que en
el auto 291 de 2017 la Corte Constitucional precisó que cuando los procesos
ordinarios no permiten «para hacer valer los efectos de sentencias de constitucionalidad»
la acción de tutela termina siendo el mecanismo idóneo.
Explicó que la Constitución estableció la remuneración del Congreso en el
artículo 187 y fijó un régimen especial para la Fuerza Pública en los artículos
217 y 218, que, a su vez, la ley 42 de 1980 y el Decreto Legislativo 335 de
1992 ató la asignación salarial y de retiro de la Fuerza Pública a «la protección
del Congreso». Sin embargo, se permitió la expedición de decretos que «rompen
este bloque de legalidad», lo que afectó al señor Benavides.
Finalmente dijo que se vulneraban los artículos 13 y 228 de la Constitución,
pues «Permitir que un decreto derrote la orden constitucional de mantener el poder
adquisitivo frente a la inflación no es un asunto meramente legal o económico».
4.6. En lo relacionado con el argumento según el cual las autoridades accionadas
desconocieron que el DAPRE en el «Oficio No. OFI26-00012341 expedido el 27 de
enero de 2026 por el DAPRE (prueba documental aportada)» hizo una confesión sobre
la vigencia de la Ley 42 de 1980, lo cierto es que ese oficio data de una fecha
posterior al trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho 25000-23-42-000-2019-01097-00/01, razón por la cual, no es de recibo
pretender que ese documento modifique la decisión que fue dictada en
segunda instancia el 8 de mayo de 2025. Pues para estos eventos la ley ha
dispuesto el recurso de revisión.
4.7. De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela analizada se está empleando
para insistir nuevamente en los planteamientos que ya fueron propuestos ante
el juez natural lo que no permite que se supere el requisito general de la
relevancia constitucional, pues los argumentos de esta acción buscan reabrir
el debate judicial ya que se pretende cuestionar la decisión del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B al insistir nuevamente en que se
vulneraron sus derechos del actor con la falta de reajuste de la asignación en
actividad y de retiro con base en el IPC, toda vez que los incrementos
salariales del personal de la Policía Nacional fueron determinados de manera
privativa por el Gobierno nacional conforme a la Ley 4 de 1992, lo que asegura
perpetúa la desigualdad, situación que, a su juicio, contraviene el principio de
igualdad y el debido proceso.
En consecuencia, como se ha expuesto, aunque en la presente acción de
tutela se argumenta que la providencia cuestionada vulneró derechos
fundamentales al incurrir en un defecto sustantivo, por violación directa de la
Constitución y por desconocimiento del precedente, lo cierto es que la parte
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
actora pretende utilizar este mecanismo constitucional para reiterar los mismos
planteamientos que ya fueron debatidos y resueltos en el proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Dichos argumentos fueron analizados por el juez natural, quien no solo los
desestimó, sino que además explicó de manera detallada las razones jurídicas
y técnicas que sustentan la legalidad y razonabilidad de la decisión adoptada
por la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
En su decisión, se precisó que «para quienes devengaban más de dos salarios mínimos
legales mensuales vigentes, los ajustes salariales pueden realizarse con parámetros distintos
al IPC, sin que ello implique la vulneración de sus derechos». Aspectos que de antemano
suponen para esta colegiatura, que el asunto versa sobre una situación que
resultó desfavorable a la parte accionante y que se limita a poner de presente
su inconformidad con la decisión.
De manera que, es posible concluir que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, como juez natural ya resolvió los planteamientos de
la parte actora dentro del trámite ordinario 25000-23-42-000-2019-01097-01, al
resolver el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
No debe olvidarse, que tratándose de providencias judiciales proferidas por
altas Cortes (quienes cumplen la función de unificar la jurisprudencia y actuar como
órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la configuración de
un error en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera
abierta con la Constitución Política y que sea incompatible con la
jurisprudencia constitucional. Lo cual no acontece en el sub examine.
Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales «la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios»,
pues la competencia del juez de tutela se restringe «a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales»12.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, al no encontrarse satisfecho el requisito de relevancia
constitucional en el caso examinado, se procederá a confirmar la decisión de
primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 19 de febrero de 2026, proferido
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas en la
motivación precedente.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00508-01
Demandante: David Benavides Lozano
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.