Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00509-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00509-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00509-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
4 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Cuatro (4) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00509-011
Accionante : Nidia Urbano Riascos
Accionado : Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Vinculados : Juzgado Once (11) Administrativo de Cali, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca,
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura
Acción : Tutela
Tema : Auto que rechazó por improcedente el recurso de apelación
interpuesto contra una calificación integral de servicios
Decisión : Sentencia de segunda instancia
1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la parte actora contra el
fallo del 28 de febrero de 2026, proferido por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora respecto del acto administrativo objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
3. La señora Nidia Urbano Riascos, quien actúa en nombre propio, interpuso el
presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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Expediente digital disponible en SAMAI.
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-00509-01
Demandante: Nidia Urbano Riascos
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
4. Por consiguiente, solicitó «[…] [q]ue se dejen sin efectos las Resoluciones No. 99 del 15 de
diciembre de 2025 y No. 06 del 21 de enero de 2026, proferidas por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante las cuales se rechazaron por improcedentes los
recursos de apelación y de queja interpuestos oportunamente. […[ [q]ue se ordene a la Sala Plena
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dar trámite al recurso de apelación interpuesto contra
la calificación insuficiente, o, en caso de considerar que carece de competencia, que se remita a la
autoridad judicial competente para su resolución. […] [y q]ue se ordene a la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca emitir, dentro del término de 48 horas, un nuevo pronunciamiento
ajustado a derecho».
1.3 Hechos2.
5. El Primero (1°) de Diciembre de Dos Mil Nueve (2009), la accionante Nidia
Urbano Riascos ingresó en la carrera judicial en propiedad. Posteriormente, el
Once (11) de Enero de Dos Mil Veintidós (2022), tomó posesión en propiedad del
cargo de profesional universitario grado 16 en el Juzgado Once (11) Administrativo
de Cali.
6. El Catorce (14) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), la juez once (11)
administrativa de Cali le notificó a la accionante el acto administrativo del Trece (13)
de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante el cual, le impuso a la servidora
una calificación integral insatisfactoria de 55 puntos. En vista de ello, el Veintisiete
(27) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025) la empleada interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación contra la mencionada evaluación de
desempeño.
7. El Once (11) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), la titular del Juzgado
Once (11) Administrativo de Cali resolvió no reponer la decisión. Así las cosas, la
funcionaria concedió el recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y, el Diecinueve (19) siguiente, la accionante presentó argumentos
adicionales ante la Presidencia de dicha corporación.
8. El Dieciséis (16) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), la Presidencia del
Tribunal le notificó la Resolución número 99 del Quince (15) de los mismos mes y
año, por medio de la cual, la Sala Plena de la Corporación rechazó el recurso de
apelación por considerarlo improcedente. Por consiguiente, la accionante interpuso
de inmediato un recurso de queja.
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Demandante: Nidia Urbano Riascos
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
9. Finalmente, el Veintitrés (23) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026), la
Presidencia del Tribunal dio a conocer la Resolución número 06 del Veintiuno (21)
de los mismos mes y año, mediante la cual el cuerpo colegiado rechazó igualmente
el recurso de queja por improcedente. La peticionaria argumenta que el Acuerdo
PSSA16-10618 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura garantiza los
recursos en sede administrativa contra las decisiones de calificación integral. Así,
señala que la corporación accionada interpreta el artículo 74 del CPACA de manera
restrictiva y errónea, pues, aplica las excepciones de la Rama Ejecutiva a los
empleados de la Rama Judicial.
10. En vista de ello, la accionante sostiene que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca funge como superior funcional del juzgado y como calificador del factor
cualitativo. Esta condición faculta a la Sala Plena para decidir sobre el recurso de
apelación interpuesto. Para ello, invoca el Acuerdo PCSJA25-12364 de Dieciocho
(18) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025) del Consejo Superior de la
Judicatura, norma que reitera las atribuciones de la Sala Plena de los Tribunales
Superiores de Distrito para resolver las apelaciones contra calificaciones integrales
de servicios.
11. La ciudadana indicó que, el acto de calificación insatisfactoria constituye una
decisión definitiva con un impacto directo en sus derechos de carrera. Por esta
razón, manifestó que, el Tribunal debió haber remitido el expediente a la autoridad
competente o haber interpuesto una consulta para resolver las dudas relativas a
sus facultades. En vista de ello, la peticionaria reclamó la aplicación del principio de
favorabilidad laboral y, en consecuencia, que el Tribunal Administrativo se
pronunciara sobre la solicitud elevada.
II. TRÁMITE PROCESAL
12. Por satisfacer los requisitos formales, mediante auto del 29 de enero de 2026,
se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca como accionado y al Juzgado Once Administrativo de Cali, a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca, al
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura como
terceros interesados en las resultas de este asunto.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-00509-01
Demandante: Nidia Urbano Riascos
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
2.1 Contestaciones de la acción
2.1.1 La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura3 solicitó negar el amparo solicitado por la accionante, precisando
que, la competencia exclusiva para evaluar recae en la titular del Juzgado Once
Administrativo de Cali.
2.1.2 El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca 4 manifestó que,
carece de facultades legales para intervenir en el proceso de evaluación de los
empleados de los juzgados ni para revocar las decisiones del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por lo que señaló que, no ha vulnerado los
derechos fundamentales de la accionante.
2.1.3 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca5 solicitó declarar la
improcedencia o negar las pretensiones, para lo cual, argumentó que, la actora
cuenta con el medio de control ordinario para controvertir la evaluación. Además,
precisó que, esa corporación no funge como superior jerárquico del Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Cali, por lo que carece de competencia para conocer
del recurso de apelación contra dicho acto administrativo.
2.2 Providencia impugnada6
13. Mediante sentencia del Veintiséis (26) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026),
la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia, debido a que, consideró que, no se cumplía el requisito de
subsidiariedad, porque, «[…] los actos objeto de reproche por la actora, junto con aquel que la
desvinculó del empleo que ocupaba, son susceptibles de control de legalidad ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que estableció el legislador en el artículo 13811 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), lo que
torna improcedente la tutela por configurarse la causal prevista en el numeral 1° del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991».
2.3 La impugnación7
14. Inconforme con esa decisión, la tutelante la impugnó, para lo cual, reiteró los
argumentos expuestos en su escrito inicial y refirió que, analizar la subsidiariedad
3
Índice 11 en el expediente judicial de primera instancia en SAMAI.
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Índice 11 en el expediente judicial de primera instancia en SAMAI.
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Índice 11 en el expediente judicial de primera instancia en SAMAI.
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Índice 21 en el expediente judicial de primera instancia en SAMAI.
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Índice 26 en el expediente judicial de primera instancia en SAMAI.
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Demandante: Nidia Urbano Riascos
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
desde la omisión en la interposición del medio de control indicado es un ejercicio
que vulnera sus derechos fundamentales sin analizar su situación de fondo.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
15. En virtud de los artículos 328 del Decreto Ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201911 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
3.2 La acción.
16. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección
de los derechos constitucionales fundamentales. Dicha acción de amparo permite
a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción
o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no
se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un
daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico
17. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela promovida por la
accionante satisface los requisitos de procedibilidad. En el evento de superarse
este análisis, se deberá establecer si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la
peticionaria, al no haber estudiado de fondo el recurso de apelación interpuesto
contra la calificación integral de los servicios de la accionante.
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«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección
o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
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Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
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3.4 Subsidiariedad de la acción de tutela
18. El principio de subsidiaridad está consagrado en el inciso 4.º del artículo 86 de
la Constitución, que establece: «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos de
defensa judicial más eficaces para la protección reclamada, se debe recurrir a ellos
antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla, el constituyente
buscó que esta acción no desplazara los mecanismos específicos de defensa
previstos en la regulación común aplicable.12
19. Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de
buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones
administrativas o judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso
específico.13 Esto es porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace
los mecanismos ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia.14
20. En consecuencia, ha manifestado la Corte Constitucional que «[…] de perderse de
vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su
obrar a la protección de los derechos fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de
decisión de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del
juez de amparo».15
21. No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos
del afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no
es idóneo o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a, la
inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la
eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual, la Carta prevé la
procedencia excepcional de la tutela.
12
Ver sentencia T-680 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
13
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
14
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
15
Cfr. Sentencia T-406 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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22. El primer evento se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la
respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, ya que, por ejemplo, no permite
resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta,
por lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente.
El requisito de idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según
el cual, el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos frente a
las consideraciones de índole formal16.
23. La aptitud del medio de defensa ordinario debe analizarse en cada caso
concreto, considerando las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa
que, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela cuando
salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado17.
24. En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un
medio judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez
constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Tal perjuicio irremediable se caracteriza «(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una
amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas
que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de
tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo
en toda su integridad»18.
3.5 Solución al caso concreto
25. El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que esta solo
procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; sin
embargo, no debe perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es
preferente y sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del
derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente
residual y subsidiario, es decir que únicamente procede en aquellos eventos en que
no exista un instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante
los jueces la protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar que se cause
de un perjuicio irremediable.
16
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
17
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
18
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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26. De acuerdo con la sentencia SU-026 del 2021 de la Corte Constitucional19 y ante
la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que
quien requiere el amparo de un derecho constitucional fundamental, «[…] [haya]
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable».
27. La jurisprudencia constitucional ha señalado que, la acción de tutela no resulta
procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de
los derechos; sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas
jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; de lo contrario, la acción de
tutela procede de manera transitoria20.
28. La parte actora expresó en su escrito de tutela que su inconformidad se
fundamenta en que, «mediante las Resoluciones No. 99 del 15 de diciembre de 2025 y No. 06
del 21 de enero de 2026, la Sala Plena rechazó, por supuesta improcedencia, tanto el recurso de
apelación como el recurso de queja que interpuse oportunamente [contra la calificación integral de
servicios insatisfactoria de la que fue objeto]».
29. El presente asunto resulta improcedente ante el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad. Al respecto, resulta preciso señalar que, el artículo 125 de la Ley
270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, clasifica a los servidores
de la Rama Judicial según la naturaleza de sus funciones en funcionarios y
empleados judiciales. Según dicha normativa, los primeros corresponden a los
magistrados de las corporaciones judiciales, jueces de la República y fiscales,
mientras que los segundos son las personas que ocupan los demás cargos en
despachos y otras entidades administrativas de la jurisdicción. En vista de ello, es
indiscutible que la accionante ostenta la calidad de empleada judicial.
30. Por su parte, el Acuerdo PSAA16-10618 del 7 de diciembre de 2016 regula el
sistema de evaluación para los funcionarios y empleados de carrera de la Rama
Judicial. El artículo 97 de este instrumento establece que la calificación integral de
servicios de los empleados es una actividad de control permanente a cargo del
superior jerárquico para hacer seguimiento a los factores evaluables. Asimismo, el
artículo 27 de la referida reglamentación consagra que contra dicha evaluación
proceden los recursos en sede administrativa previstos en el Código de
19
M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
20
Corte Constitucional, sentencia C 132 del 2018.
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Demandante: Nidia Urbano Riascos
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así las cosas, el
artículo 74 de dicho estatuto dispone de manera general la procedencia de los
recursos de reposición, apelación y queja.
31. No obstante, la norma exige de manera perentoria que sea el superior
administrativo quien conozca del recurso de apelación. En el presente caso, esta
condición no se materializa bajo ninguna circunstancia. El Tribunal Administrativo,
al definir el recurso de apelación, rechazó su estudio mediante un razonamiento
lógico y ajustado a derecho, pues, adujo que, carece de competencia administrativa
jerárquica sobre los juzgados administrativos. Por tal motivo, la corporación señaló
que la actora debió acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para cuestionar la decisión.
32. Por consiguiente, la regla general enuncia que contra las calificaciones
satisfactorias o insatisfactorias de los empleados solo procede el recurso de
reposición. Lo anterior obedece a que las Cortes, los Tribunales y los Juzgados
carecen del superior administrativo o funcional exigido por el referido artículo 74,
situación que torna improcedentes las impugnaciones de apelación y queja de
plano. Esta regla general admite excepciones limitadas a los casos en los que el
calificador tiene un superior jerárquico, como ocurre con los empleados de carrera
vinculados a las secretarías de las cortes.
33. Debido a la ausencia legal de competencia para tramitar la apelación en sede
administrativa, la vía idónea para debatir la inconformidad recaía en la jurisdicción
contencioso-administrativa. En consecuencia, la omisión de agotar el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consolida el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad y conduce inexorablemente a la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela.
34. Si bien es cierto que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional 21, «las
normas procesales sirven como medio para hacer efectivo el derecho sustancial» , este principio
no autoriza el desconocimiento de las reglas del procedimiento, por el contrario, la
efectividad del derecho sustancial en el Estado Social de Derecho depende de que
los ciudadanos utilicen los canales legales establecidos para defender sus
derechos fundamentales.
21
En concreto la Sentencia T 1306 de 2001.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-00509-01
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35. En consecuencia, para la Sala, la accionante contaba con otro mecanismo para
obtener lo pretendido, por lo que esta acción constitucional resulta improcedente,
lo que de suyo impide analizar el fondo del asunto.
IV. DECISIÓN
36. En consecuencia, la Sala considera que, comoquiera que la presente acción no
supera el requisito de subsidiariedad, se confirmará la sentencia de primera
instancia que declaró improcedentes las pretensiones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de primera instancia proferido por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, que declaró improcedentes las pretensiones, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991
TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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