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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00513-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00513-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud del magistrado William Edgardo Barrera Muñoz de declarar la temeridad de la Fundación Jacarandas. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo del derecho fundamental de petición frente a los magistrados Ana María Charry Gaitán, Juan Manuel Laverde Álvarez, Omar Joaquín Barreto Suárez, Alberto Montaña Plata, Pedro Pablo Vanegas Gil, Luis Eduardo Mesa Nieves, María del Pilar Bahamón Falla, Claudia Rodríguez Velásquez, Pablo Andrés Córdoba Acosta, José Roberto Sáchica Méndez, Nicolás Yépes Corrales, Elizabeth Becerra Cornejo, Germán Eduardo Osorio Cifuentes, John Jairo Morales Álzate, Jorge Edison Portocarrero Banguera, Nubia Margoth Peña Garzón, Juan Enrique Bedoya Escobar y William Edgardo Barrera Muñóz. TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida contra los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra, Luis Antonio Rodríguez Montaño, Wilson Ramos Girón y Jorge Iván Duque Gutiérrez. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00513-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00513-00
Demandante: FUNDACIÓN JACARANDAS
Demandados: MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

Tema: Tutela por la presunta vulneración del derecho fundamental de
petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

La Fundación Jacarandas2, a través de su representante legal, instauró acción de
tutela contra 22 consejeros de Estado3, con el fin de amparar su derecho fundamental
de petición. Lo anterior, por cuanto consideró que no le han dado respuesta de fondo
a la solicitud que presentó el 12 de diciembre de 2025.

1 Índice 2 expediente de Samai.
2 Para acreditar tal calidad aportó el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de

Comercio de Bogotá, expedido el 24 de marzo de 2026.
3Pablo Andrés Córdoba Acosta (Sección Primera), Germán Eduardo Osorio Cifuentes (Sección

Primera), Nubia Margoth Peña Garzón (Sección Primera), Jorge Iván Duque Gutiérrez (Sección
Primera), Juan Enrique Bedoya Escobar (Sección Segunda), Jorge Edison Portocarrero Banguera
(Sección Segunda), Luis Eduardo Mesa Nieves (Sección Segunda), Elizabeth Becerra Cornejo (Sección
Segunda), William Edgardo Barrera Muñoz (Sección Tercera), José Roberto Sáchica (Sección Tercera),
Alberto Montaña Plata (Sección Tercera), Nicolás Yepes Corrales (Sección Tercera), Wilson Ramos
Girón (Sección Cuarta), Luis Antonio Rodríguez Montaño (Sección Cuarta), Claudia Rodríguez
Velásquez (Sección Cuarta), Luis Alberto Álvarez Parra (Sección Quinta), Pedro Pablo Vanegas Gil
(Sección Quinta), Omar Joaquín Barreto Suárez (Sección Quinta), Ana María Charry Gaitán (Sala de
Consulta), Juan Manuel Laverde Álvarez (Sala de Consulta), María del Pilar Bahamón Falla (Sala de
Consulta), John Jairo Morales Alzate (Sala de Consulta).

Demandante: Fundación Jacarandas
Demandados: Magistrados del Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00513-00

1.2. Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la accionante solicitó la salvaguarda de su derecho
fundamental de petición y, en consecuencia, peticionó:

SEGUNDO: ORDENAR a los cinco (5) magistrados/as que no dieron ninguna
respuesta ( Jorge Iván Duque Gutiérrez, William Edgardo Barrera Muñoz, Wilson
Ramos Girón, Luis Antonio Rodríguez Montaño, Luis Alberto Álvarez Parra) que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la
sentencia, emitan una respuesta completa, de fondo, clara, precisa y congruente a las
tres preguntas formuladas en el derecho de petición del 12 de diciembre de 2025,
incluyendo la remisión de sus declaraciones de conflictos de intereses totalmente
diligenciada.

TERCERO: ORDENAR a los catorce (17) magistrados/as que dieron respuesta parcial
e incompleta (Pablo Andrés Córdoba Acosta, Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Nubia
Margoth Peña Garzón, Juan Enrique Bedoya Escobar, Jorge Edison Portocarrero
Banguera, Luis Eduardo Mesa Nieves, Elizabeth Becerra Cornejo, José Roberto
Sáchica, Alberto Montaña Plata, Nicolás Yepes Corrales, Pedro Pablo Vanegas Gil,
Omar Joaquín Barreto Suárez, Ana María Charry Gaitán, Juan Manuel Laverde
Álvarez, María del Pilar Bahamón Falla, John Jairo Morales Alzate, Claudia Rodríguez
Velásquez) que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la sentencia, emitan una respuesta completa, de fondo, clara, precisa y
congruente a las pregunta dejadas de responder, incluyendo la remisión de sus
declaraciones de conflictos de intereses totalmente diligenciada.4

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 12 de diciembre, la fundación accionante presentó petición dirigida a múltiples
magistrados del Consejo de Estado, y a través de los correos electrónicos indicados
por la Secretaría General de la Corporación en Oficio JEVH-082 del día 9 de la misma
mensualidad, mediante la cual solicitó la siguiente información:

1. Informe si tuvo algún familiar nombrado o contratado en la Defensoría del Pueblo
durante el período en que el señor Carlos Camargo Assis se desempeñó como
Defensor del Pueblo. En caso afirmativo, sírvase indicar:
i) Nombre completo del familiar.
ii) Grado de parentesco.
iii) Fecha de nombramiento o contratación.
iv) Número de la resolución de nombramiento o del contrato, según corresponda.

2. Conforme al numeral 9° del artículo 141 del Código General del Proceso, que establece
como causal de recusación: "existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y
alguna de las partes, su representante o apoderado", manifieste si existe amistad
íntima entre usted y el señor Carlos Camargo Assis.

4 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.

2

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3. Remita copia de sus declaraciones de conflictos de intereses.5

1.4. Fundamentos de la vulneración

La accionante sostuvo que la petición fue radicada el 12 de diciembre de 2025 ante
los correos electrónicos institucionales de los magistrados del Consejo de Estado.
Indicó que, conforme al artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, el término para responder
lo solicitado venció el 23 de enero de 2026.

Señaló que, para la fecha de presentación de la acción de tutela, ya había operado el
vencimiento del término sin que se hubiese garantizado una respuesta adecuada. En
particular, afirmó que algunos magistrados no emitieron respuesta alguna 6, mientras
que otros suministraron respuestas incompletas7, bien porque omitieron remitir las
declaraciones de conflictos de interés solicitadas, o porque dejaron de contestar una o
varias de las preguntas formuladas.

Argumentó que la información requerida, como las declaraciones de conflictos de
interés de magistrados de altas cortes, tiene carácter público y debe ser suministrada
a los ciudadanos. Para respaldar este planteamiento, invocó el precedente fijado por
la Corte Constitucional en la Sentencia SU-328 de 2025, en la cual se advirtió la
obligación de garantizar el acceso a este tipo de información como manifestación de
los principios de transparencia y publicidad en la función pública, tratándose de
magistrados de altas cortes.

1.5. Trámite de la acción de tutela

1.5.1. Declaraciones de impedimento

Los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra, Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro
Pablo Vanegas Gil, por escrito del 4 de febrero de 2026, manifestaron de manera
conjunta estar impedidos para conocer del asunto de la referencia, con fundamento en
la causal contemplada en el numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal. Al respecto, evidenciaron que la acción de tutela está dirigida en su contra.
Por su parte, la magistrada ponente de esta decisión, mediante oficio del 30 de enero
de 2026, señaló igualmente estar impedida, con base en el numeral 5º del artículo 56

5 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.
6 Jorge Iván Duque Gutiérrez (Sección Segunda), William Edgardo Barrera Muñoz (Sección Tercera),

Wilson Ramos Girón (Sección Cuarta), Luis Antonio Rodríguez Montaño (Sección Cuarta) y Luis Alberto
Álvarez Parra (Sección Quinta).
7 Pablo Andrés Córdoba Acosta (Sección Primera), Germán Eduardo Osorio Cifuentes (Sección

Primera), Juan Enrique Bedoya Escobar (Sección Segunda), Jorge Edison Portocarrero Banguera
(Sección Segunda), Luis Eduardo Mesa Nieves (Sección Segunda), José Roberto Sáchica (Sección
Tercera), Alberto Montaña Plata (Sección Tercera), Nicolás Yepes Corrales (Sección Tercera), Pedro
Pablo Vanegas Gil (Sección Quinta), Omar Joaquín Barreto Suárez (Sección Quinta), Ana María Charry
Gaitán (Sala de Consulta), Juan Manuel Laverde Álvarez (Sala de Consulta), María del Pilar Bahamón
Falla (Sala de Consulta), John Jairo Morales Alzate (Sala de Consulta), Nubia Margoth Peña Garzón
(Sección Primera), Elizabeth Becerra Cornejo (Sección Segunda) y Claudia Rodríguez Velásquez
(Sección Cuarta).
3

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de del Código de Procedimiento Penal, aduciendo sostener una relación de amistad
íntima y entrañable con el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, quien forma parte
del extremo pasivo de este mecanismo.

En auto del 2 de marzo de 2026, la Sala de conjueces8 resolvió declarar fundados los
impedimentos manifestados por los magistrados, Luis Alberto Álvarez Parra, Omar
Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas Gil e infundado el propio de la
magistrada Gloria María Gómez Montoya.

1.5.2. Admisión de la acción de tutela
Mediante auto del 20 de marzo de 20269, la magistrada ponente resolvió inadmitir el
escrito de tutela para que la actora aportara el certificado de existencia y
representación legal de la Fundación Jacarandas y le otorgó el término de tres (3) días;
este requerimiento se atendió en debida forma a través del memorial radicado el 25 de
marzo de este año10.

Así las cosas, en proveído del 9 de abril de 202611, se resolvió admitir la solicitud de
amparo y notificar a los magistrados Pablo Andrés Córdoba Acosta12, Germán Eduardo
Osorio Cifuentes13, Nubia Margoth Peña Garzón14, Jorge Iván Duque Gutiérrez15, Juan
Enrique Bedoya Escobar16, Jorge Edison Portocarrero Banguera17, Luis Eduardo Mesa
Nieves18, Elizabeth Becerra Cornejo19, William Edgardo Barrera Muñoz20, José
Roberto Sáchica21, Alberto Montaña Plata22, Nicolás Yepes Corrales23, Wilson Ramos

8 Compuesta por los conjueces Germán Alberto Bula Escobar, Diana Carolina Fuquen Avella, Pedro

Luis Blanco Jiménez y Jesús Vall de Rutén Ruíez, según sorteo visible en índice 12 de Samai.
9 Índice 50 del expediente de Samai.
10 Índice 70 del expediente de Samai.
11 Índice 72 del expediente de Samai.
12 Notificación surtida a notifpcordoba@consejodeestado.gov.co lbastidasg@consejodeestado.gov.co
13 Notificación surtida a notifgosorio@consejodeestado.gov.co
14 Notificación surtida a notifnpena@consejodeestado.gov.co dmontezumac@consejodeestado.gov.co

jfayadc@consejodeestado.gov.co crodriguezf@consejodeestado.gov.co
15 Notificación surtida a notifjduque@consejodeestado.gov.co
16 Notificación surtida a notifjbedoya@consejodeestado.gov.co
17 Notificación surtida a tutelasportocarrero@consejodeestado.gov.co
18 Notificación surtida a dgavirias@consejodeestado.gov.co notiflmesa@consejodeestado.gov.co
19 Notificación surtida a notifebecerra@consejodeestado.gov.co sjaimesv@consejodeestado.gov.co

javilas@consejodeestado.gov.co dcogoloj@consejodeestado.gov.co
20 Notificación surtida a despacho303@consejodeestado.gov.co jcelyc@consejodeestado.gov.co

wbarreram@consejodeestado.gov.co mrodriguezd@consejodeestado.gov.co
spcalderon@consejodeestado.gov.co
21 Notificación surtida a notifjsachica@consejodeestado.gov.co
22 Notificación surtida a despacho004s3@consejodeestado.gov.co lsanchez@consejodeestado.gov.co
23 Notificación surtida a notifnyepes@consejodeestado.gov.co lfaciolinceb@consejodeestado.gov.co

ncardenasa@consejodeestado.gov.co
4

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Demandante: Fundación Jacarandas
Demandados: Magistrados del Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00513-00

Girón24, Luis Antonio Rodríguez Montaño25, Claudia Rodríguez Velásquez26, Luis
Alberto Álvarez Parra27, Pedro Pablo Vanegas Gil28, Omar Joaquín Barreto Suárez29,
Ana María Charry Gaitán30, Juan Manuel Laverde Álvarez31, María del Pilar Bahamón
Falla32 y John Jairo Morales Álzate33.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, de conformidad con
las constancias que obran en el expediente digital34, se recibieron las siguientes
contestaciones, que se agrupan a continuación en atención a los argumentos
esbozados:

1.6.1. Oposición a las pretensiones

Los magistrados Ana María Charry Gaitán35, Juan Manuel Laverde Álvarez36, Omar
Joaquín Barreto Suárez37, Alberto Montaña Plata38, Pedro Pablo Vanegas Gil39, Luis
Eduardo Mesa Nieves40, María del Pilar Bahamón Falla41, Claudia Rodríguez
Velásquez42, y Pablo Andrés Córdoba Acosta43 se opusieron a la prosperidad de las
pretensiones tras indicar que dieron respuesta de fondo a la petición elevada por la
fundación accionada dentro de los términos legales.

Refirieron que le señalaron a la peticionaria que no tuvieron vínculos personales o
familiares con personas que hayan tenido relación laboral o contractual con la
Defensoría del Pueblo en el periodo temporal consultado por la solicitante. Asimismo,
manifestaron no tener amistad íntima con el señor Carlos Camargo Assis.

24 Notificación surtida a yacevedoa@consejodeestado.gov.co sladinoc@consejodeestado.gov.co
notifwramos@consejodeestado.gov.co
25 Notificación surtida a lruizh@consejodeestado.gov.co lopezr@consejodeestado.gov.co
notiflrodriguez@consejodeestado.gov.co
26 Notificación surtida a notifcrodriguez@consejodeestado.gov.co apuertasr@consejodeestado.gov.co
27 Notificación surtida a acardenasr@consejodeestado.gov.co
28 Notificación surtida a avelasquezf@consejodeestado.gov.co
notifpvanegas@consejodeestado.gov.co
29 Notificación surtida a notifobarreto@consejodeestado.gov.co kdiazl@consejodeestado.gov.co
30 Notificación surtida a notifacharry@consejodeestado.gov.co lgarciad@consejodeestado.gov.co
31 Notificación surtida a notifjlaverde@consejodeestado.gov.co
32 Notificación surtida a dlopezc@consejodeestado.gov.co mbahamonf@consejodeestado.gov.co

acalvanol@consejodeestado.gov.co mpovedao@consejodeestado.gov.co
33 Notificación surtida a notifjmorales@consejodeestado.gov.co kmelgarejop@consejodeestado.gov.co
34 Índice 74 del expediente de Samai.
35 Índice 27 expediente de Samai.
36 Índices 30 y 85 expediente de Samai.
37 Índices 34 y 82 expediente de Samai.
38 Índices 40 y 95 del expediente de Samai.
39 Índice 46 del expediente de Samai.
40 Índice 48 del expediente de Samai.
41 Índices 52 y 86 del expediente de Samai.
42 Índice 63 del expediente de Samai.
43 Índices 66 y 94 del expediente de Samai.

5

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Demandante: Fundación Jacarandas
Demandados: Magistrados del Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00513-00

Lo anterior, salvo por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez quien, en respuesta
del 18 de diciembre de 2025, indicó que el único familiar vinculado a la Defensoría del
Pueblo era su hijo, nombrado en provisionalidad mediante Resolución 1212 del 2 de
mayo de 2024 y posesionado el 27 de mayo siguiente. Además, el consejero informó
que sostiene una amistad con el señor Camargo Assis y, en tal sentido, remitió las
manifestaciones de impedimento presentadas en los expedientes relacionados con las
demandas de nulidad electoral promovidas contra su elección como magistrado de la
Corte Constitucional.

Explicaron que, de manera posterior a la interposición de la acción de tutela, remitieron
complementación a la repuesta inicial adjuntando copia de sus declaraciones de
conflicto de interés, o explicando a la accionante como acceder a ellas a través del
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), en aras de absolver el
tercer punto peticionado.

En este sentido, solicitaron negar el amparo deprecado, o, en su defecto, declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado ante la respuesta adicional.

Finalmente, el magistrado William Edgardo Barrera Muñóz44, además de lo anterior,
solicitó declarar que la parte actora incurrió en temeridad, por cuanto afirmó falsamente
en el escrito tutelar que no había absuelto su petición cuando la misma se absolvió a
través de oficio del 18 de diciembre de 2025.

1.6.2. Solicitud de declaratoria de carencia actual de objeto

Los magistrados Wilson Ramos Girón45 y Jorge Iván Duque Gutiérrez46 refirieron que,
tras la notificación del auto admisorio de la acción de tutela, absolvieron de fondo la
petición que motiva la acción de tutela de la referencia. En sus respuestas, informaron
que no tienen parentesco con personas vinculadas laboral o contractualmente con la
Defensoría del Pueblo en el periodo en que estuvo en la entidad el señor Carlos
Camargo Assis. Descartaron entablar amistad íntima con el mencionado.

Por otro lado, o remitieron copia de su declaración de conflicto de interés, o le
informaron a la Fundación Jacarandas que las mismas se encuentran publicadas en
el aplicativo por la integridad pública, que la Función Pública - Sistema de Información
y Gestión del Empleo Público (SIGEP), de acceso abierto a la ciudadanía.

En ese orden, solicitaron que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado, en razón a que se atendieron satisfactoriamente las pretensiones que dieron
lugar a la solicitud de amparo.

44 Índices 41 y 98 del expediente de Samai.

45 Índice 28 y 89 expediente de Samai.
46 Índice 43 del expediente de Samai.

6

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1.6.3. Negativa de la solicitud de amparo

Los magistrados José Roberto Sáchica Méndez47, Nicolás Yépes Corrales48, Elizabeth
Becerra Cornejo49, Germán Eduardo Osorio Cifuentes50, Luis Alberto Álvarez Parra51
John Jairo Morales Alzate52, Jorge Edison Portocarrero Banguera53, Luis Antonio
Rodríguez Montaño54, Nubia Margoth Peña Garzón55 y Juan Enrique Bedoya
Escobar56 indicaron que contestaron la petición del 12 de diciembre de 2025,
resolviendo puntualmente los dos primeros interrogantes al indicar la ausencia de
parentesco frente al personal de la Defensoría del Pueblo y de amistad íntima respecto
del señor Carlos Camargo Assis.

Sostuvieron que remitieron tales contestaciones a la peticionaria antes de la fecha de
radicación de la acción de tutela; salvo por los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra
y Luis Antonio Rodríguez Montaño, quienes comentaron que la respuesta se entregó
el 6 de febrero y el 20 de marzo de 2026, respectivamente.

En el caso del consejero Álvarez Parra, aclaró que indicó a la fundación actora que su
hija ha trabajado en la Defensoría del Pueblo y que la documentación relacionada a su
nombramiento puede ser consultada en el SIGEP. Pese a ello, refirió que en oficio del
20 de marzo de 2026 complementó su respuesta, remitiendo copia de las resoluciones
a través de las cuales cuáles se designó a su hija en empleo público al interior de la
entidad.

Pese a que en la respuesta a la petición no abordaron lo relacionado con la declaración
de conflicto de interés, consideraron que ello no representa una vulneración al derecho
fundamental de petición comoquiera que tal información es pública y de libre acceso
para la accionante a través de la página web de la Rama Judicial y el aplicativo de
Función Pública dispuesto para ello.

En particular, los consejeros Nicolás Yépes Corrales, Jhon Jairo Morales Alzate y Luis
Antonio Rodríguez Montaño, sostuvieron que la petición de la parte actora tuvo por
finalidad determinar si existía amistad o relación entre los Consejeros de Estado y los
funcionarios de la Defensoría del Pueblo o el señor Carlos Camargo Assis, con el
objeto de evaluar posibles situaciones que pudiesen afectar la imparcialidad de estos
en los asuntos que son conocimiento de la Sala Plena del Consejo de Estado. En ese
orden, al contestarse negativamente a las 2 primeras preguntas, se disipó la necesidad

47 Índice 31 y 83 expediente de Samai.
48 Índice 35 y 80 expediente de Samai.
49 Índice 37 expediente de Samai.
50 Índices 55 y 92 del expediente de Samai.
51 Índices 55 y 92 del expediente de Samai.
52 Índice 60 y 78 del expediente de Samai.
53 Índice 67 del expediente de Samai.
54 Índices 57 y 97 del expediente de Samai.
55 Índice 68 del expediente de Samai.
56 Índice 102 del expediente de Samai.

7

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de remitir las declaraciones de conflicto de interés, por lo que su falta de envío no
constituye violación a la garantía constitucional solicitada en amparo.

El consejero Morales Alzate recalcó que, atendiendo al contexto de la petición, no se
desprende que lo pedido fuera expresamente el formato que suscribió y que se
encuentra en el portal de transparencia activa de la Rama Judicial y en el aplicativo de
transparencia del Departamento Administrativo de la Función Pública. Sin embargo,
argumentó que en todo caso se configuraría la carencia actual de objeto por hecho
superado ya que a su respuesta a la acción de tutela anexó tales documentos.

En cuanto a los magistrados Elizabeth Becerra Cornejo, Luis Alberto Álvarez Parra,
Jorge Edison Portocarrero Banguera y Germán Eduardo Osorio Cifuentes, aclararon
que tampoco enviaron copia de manifestaciones de impedimento, por cuanto no han
sido participes en algún asunto en que advirtieran comprometida su imparcialidad por
causa de amistad o enemistad con el señor Camargo Assis.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
constitucional de la referencia por cuanto esta se dirige contra múltiples magistrados
de la Sala Plena del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Esto, en consonancia con lo establecido en el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, y el
artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019 «Reglamento Interno del Consejo de Estado».

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:

• ¿Es procedente amparar el derecho de petición de la Fundación Jacarandas
respecto de los 22 magistrados accionados que hacen parte de la Sala Plena
del Consejo de Estado, por no responder de fondo la solicitud formulada el 12
de diciembre de 2025??

Para resolver la interrogante planteada, se analizarán los siguientes temas: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; (iii) la carencia actual
de objeto por hecho superado y (iv) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
8

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fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable57.

2.5. Derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta resolución»58. El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos
parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, así:

El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido59.

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante
la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar
sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al
asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario
debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.

57 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
58 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
59 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.

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Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada»60.

Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…)
la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»61.

Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando la
respuesta se circunscriba a indicar que se remitió la petición a la autoridad competente.
En palabras de la Corte Constitucional:

(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones
dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la
remisión a la entidad encargada62.

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes
elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de
tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone
que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su
competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena
correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o
elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia
de que su sentido sea positivo o negativo63.

En suma, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de petición, la
contestación debe: i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y precisando lo que el
peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el solicitante entienda el porqué de
los argumentos de la autoridad aun cuando no los comparta; iii) mantener coherencia

60 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
61 Ibídem.
62 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
63 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.

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con lo solicitado; iv) ser proferida dentro de la oportunidad fijada por la ley para ello; y,
finalmente v) notificarse de manera eficaz para su debida materialización.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo
pedido, ya que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.6. Carencia actual de objeto

La Sala ha explicado en varias ocasiones64 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional
tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos
fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por
hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.

Al respecto, dicha alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1.º de septiembre de
2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por
lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción65.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:

64 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
65 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se

transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».
11

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La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido
o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un
peligro ya subsanado. (Negrillas propias)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular,
se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente
descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar
por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente66.

Con base en el marco referencial, el máximo tribunal constitucional ha sostenido que
el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de
1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando
en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha
realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos
fundamentales67.

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante
determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta), lo que
indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad
demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese tribunal68.

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere
antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado
que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta
desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso
de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los
derechos afectados69.

66 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se

transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».
67 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
68 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
69 Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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2.7. Caso Concreto

En el presente asunto, la Fundación Jacarandas promovió acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de su derecho fundamental de petición, el cual
estima vulnerado ante la falta de respuesta y de la emisión de respuestas incompletas
frente a la solicitud presentada el 12 de diciembre de 2025. Mediante dicha petición
requirió a diversos magistrados del Consejo de Estado información relacionada con la
existencia de vínculos familiares en la Defensoría del Pueblo durante un período
determinado, la eventual configuración de relaciones de amistad íntima con un servidor
público específico y la remisión de sus declaraciones de conflictos de intereses.

Previo al análisis individual de las actuaciones desplegadas por los magistrados
accionados, la Sala estima necesario efectuar algunas precisiones generales.

Respecto del término legal con que contaban los consejeros de Estado destinatarios
de la petición para emitir respuesta, debe atenderse a lo dispuesto en el numeral 1°
del artículo 14 del CPACA, conforme al cual «las peticiones de documentos y de
información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción».

Dado que la solicitud fue radicada el 12 de diciembre de 2025 y que entre el 20 de
diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026 operó la vacancia judicial, circunstancia
que comporta la suspensión de términos al interior de los despachos judiciales, se
concluye que el término para resolver de fondo la petición venció el 19 de enero de
2026.

En ese orden, y conforme se delimitó en el problema jurídico, la Sala analizará las
actuaciones desplegadas por los magistrados de la Corporación que recibieron la
petición, con el fin de establecer si éstos dieron trámite a la misma, garantizando el
núcleo esencial del derecho de petición, o si, por el contrario, incurrieron en una
omisión que pudiera dar lugar a una vulneración iusfundamental.

2.6.1. DE LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONDADOS

Los consejeros de Estado que se relacionan a continuación acreditaron haber dado
respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la primera y segunda solicitud
formulada por la Fundación Jacarandas, antes de la radicación de la acción de tutela,
circunstancia que incluso fue aceptada por la actora. Además, algunos
complementaron su respuesta sobre la tercera petición, remitiendo comunicaciones
adicionales a la accionante, a los correos linea@somosjacarandas.com;
coordinacion@somosjacarandas.com.

Magistrado/ Fecha de Respuesta a la pregunta Respuesta a la pregunta 3
remisión de la respuesta 2y3

Ana María Charry Gaitán
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Refirieron que no han Remitieron a la accionante
15 de diciembre de 2025 y 10 de tenido vínculos de carácter copia de sus
abril de 2026.
personal o familiar con declaraciones de
Alberto Montaña Plata personas que hubiesen conflictos de interés.
sostenido relación laboral
12 de diciembre de 2025 y 19 de o contractual con la
marzo de 2026.
Defensoría del Pueblo y
Pedro Pablo Vanegas Gil que tampoco mantenían
amistad o enemistad
18 de diciembre de 2025 y 20 de alguna con el señor Carlos
marzo de 2026. Camargo Assis.

Luis Eduardo Mesa
Nieves

18 de diciembre de 2025 y 20 de
marzo de 2026.

Pablo Andrés Córdoba
Acosta

14 de enero de 2026 y 24 de marzo
de 2026.

Juan Manuel Laverde Adujeron que no tienen Precisaron la ubicación y
Álvarez amistad íntima, ni forma de acceso a su
enemistad grave con el declaración de conflictos
15 de diciembre de 2025 y 18 de doctor Carlos Camargo de interés a través del
marzo de 2026.
Assis y tampoco tienen aplicativo dispuesto para
María del Pilar Bahamón conflicto de interés alguno. tal efecto por el
Falla Departamento
Administrativo de la
18 de diciembre de 2025 y 18 de Función Pública.
marzo de 2026.

Claudia Rodríguez Informó a la accionante Remitió a la accionante
Velásquez que no «tenía consciencia copia de su declaración de
explícita o implícita de conflictos de interés
16 de diciembre de 2025 y 20 de parentesco alguno»,
marzo de 2026.
dentro de los grados de
consanguinidad, afinidad
o civil, con funcionarios o
empleados de la
Defensoría del Pueblo
14

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durante el período
consultado.

José Roberto Sáchica Adujeron que no tienen
Méndez familiares nombrados o
contratados en la
16 de diciembre de 2025 Defensoría del Pueblo y
que tampoco mantienen
amistad o enemistad
Jorge Edison alguna con el señor Carlos
Portocarrero Banguera Camargo Assis.

13 de enero de 2025

Nubia Margoth Peña
Garzón

15 de diciembre de 2025

Juan Enrique Bedoya
Escobar

15 de diciembre de 2025

Nicolás Yépes Corrales Informaron que no tienen
Indicaron que, dado que
familiares nombrados o
no tenían familiares
19 de diciembre de 2025 contratados en la
vinculados a la Defensoría
Defensoría del Pueblo
del Pueblo ni amistad
Elizabeth Becerra durante el período en que
íntima con el señor
Cornejo el señor Carlos Camargo
Camargo Assis, no
Assis se desempeñó como
resultaba procedente
15 de enero de 2026
Defensor del Pueblo.remitir copia de
declaraciones de
Germán Eduardo Osorio
Asimismo, manifestaron conflictos de interés
Cifuentes
que no tienen una amistad relacionadas con esa
18 de diciembre de 2025 íntima con el referido situación.
funcionario.
William Edgardo Barrera
Muñóz

18 de diciembre de 2025

15

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John Jairo Morales Informó que tiene dos
Álzate familiares vinculados a la
Defensoría del Pueblo:
19 de diciembre de 2025 (i) Johanet Morales
Suárez, vinculada desde
abril de 2024, con quien
tiene un vínculo de tercer
grado de consanguinidad;
y (ii) Julio Camilo del
Campo Restrepo,
vinculado desde mayo de
2024, con quien vínculo de
segundo grado de
afinidad.

Dijo no tener amistad
íntima ni enemistad grave
con el doctor Carlos
Camargo Assis.

Omar Joaquín Barreto Informó que su hijo, Remitió las
Suárez Joaquín Andrés Barreto manifestaciones de
Rodríguez, está nombrado impedimento presentadas
18 de diciembre de 2025 y 19 de en provisionalidad en la en los expedientes
marzo de 2026.
Defensoría del Pueblo, relacionados con las
mediante Resolución 1212 demandas de nulidad
del 2 de mayo de 2024 y electoral promovidas
fue posesionado el 27 de contra la elección del
mayo siguiente. referido ciudadano como
magistrado de la Corte
Además, manifestó la Constitucional, junto con
existencia de una amistad las providencias que
íntima y entrañable con el resolvieron dichos
doctor Carlos Ernesto impedimentos.
Camargo Assis.
Adjuntó el registro de
conflictos de intereses
presentado con ocasión
de su posesión como
magistrado de la Sección
Quinta del Consejo de
Estado.

16

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Del recuento efectuado por la Sala se advierte que las contestaciones emitidas por los
magistrados analizados en el presente acápite garantizaron el núcleo esencial del
derecho fundamental de petición de la Fundación Jacarandas. Las respuestas
otorgadas absolvieron de manera oportuna, clara y de fondo la consulta relacionada
con la eventual existencia de familiares vinculados a la planta de personal o
contratados por la Defensoría del Pueblo durante el período en que el doctor Carlos
Camargo Assis se desempeñó como Defensor del Pueblo y si existía alguna relación
de amistad íntima con el mencionado ciudadano.

Ahora, en relación con la tercera solicitud formulada por la Fundación Jacarandas,
consistente en la entrega de las declaraciones de conflicto de intereses de los
magistrados accionados, se destaca que algunos magistrados entregaron copia de su
declaración a la fundación accionante y otros le explicaron como acceder a la
información en el canal disponible para el efecto.

No obstante, es de destacar que de conformidad con los principios constitucionales
que rigen la función pública, dicha información está al alcance de cualquier ciudadano,
debido a que nuestro sistema normativo establece la obligación de publicar dicha
información de manera anualizada como un mecanismo legítimo, necesario y
proporcional para garantizar la transparencia en el ejercicio del poder público, la
moralidad administrativa y la prevalencia del interés general sobre el interés particular.

En tal sentido, la Ley 2013 de 2019 desarrolló los mandatos constitucionales de
publicidad, transparencia y acceso a la información pública, imponiendo a
determinados servidores públicos, entre ellos los magistrados de altas cortes el deber
de divulgar sus declaraciones de bienes y rentas, conflictos de interés e información
tributaria, con el propósito de fortalecer el control institucional y ciudadano sobre el
ejercicio de sus funciones públicas.

La Sala considera que la publicidad de dicha información responde a la necesidad de
prevenir fenómenos de corrupción, tráfico de influencias, favorecimiento indebido y
captura de la administración por intereses particulares, y permite identificar situaciones
que puedan comprometer la imparcialidad, objetividad e independencia en la adopción
de decisiones públicas.

La divulgación pública de los conflictos de interés se erige, entonces, como una
garantía del principio democrático y del derecho ciudadano al acceso a la información
pública, en cuanto posibilita el control social sobre las actuaciones estatales y fortalece
la confianza pública en las instituciones, dicha obligación, prevista en la Ley 2013 de
2019 encuentra sustento en los artículos 2, 74, 123 y 209 de la Constitución Política,
así como en los principios de transparencia, moralidad administrativa, publicidad y
prevalencia del interés general, razón por la cual constituye una medida
constitucionalmente legítima y acorde con los fines esenciales del Estado.

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Que dicha información se encuentre disponible para consulta ciudadana a través del
Aplicativo por la Integridad Pública administrado por el Departamento Administrativo
de la Función Pública, es razón suficiente para que no se vulnere el derecho de petición
cuando los magistrados no entregan de manera individual dicho documento a la
accionante, en la medida en que la información solicitada se encuentra disponible
mediante un mecanismo público, abierto y accesible para cualquier ciudadano sin
restricción alguna, en el siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/,
utilizando el micrositio de consulta ciudadana.

En consecuencia, frente a los magistrados relacionados en este acápite, la Sala
negará el amparo solicitado por la Fundación Jacarandas.

2.6.2. DE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO

Otros magistrados dieron respuesta íntegra a la petición presentada por la Fundación
Jacarandas; sin embargo, le fueron comunicadas a la peticionaria con posterioridad al
vencimiento del término legal previsto en el artículo 14 del CPACA y luego de la
radicación de la presente acción de tutela, tal como se observa a continuación:

Magistrado/ Fecha de Respuesta a la pregunta Respuesta a la pregunta 3
remisión de la respuesta 2y3

Luis Alberto Álvarez Informó que la señora Remitió a la accionante
Parra Valentina Álvarez copia de sus
Sanabria, hija del declaraciones de
6 de febrero de 2026 y 24 de marzo magistrado, ha estado conflictos de interés.
de 2026.
vinculada a la Oficina de
Asuntos Internacionales
de la Defensoría del
Pueblo, en el cargo de
profesional universitario.

Dijo no tener amistad
íntima con el doctor Carlos
Camargo Assis, ni tener
algún vínculo con él.

Luis Antonio Rodríguez Manifestó (i) que no ha
Montaño tenido familiares con algún
tipo de vinculación a la
20 de marzo de 2026 Defensoría del Pueblo
durante el período
señalado por la
accionante; (ii) que no ha
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tenido relación alguna con
quien se desempeñó
como Defensor del Pueblo
en el período mencionado;
y (iii) que, como
consecuencia de las
respuestas anteriores, no
resultaba procedente
efectuar declaración
alguna sobre conflictos de
interés.

Wilson Ramos Girón Indicó que ni su cónyuge Aportó la presentada con
ni sus familiares dentro del ocasión de su postulación
18 de marzo de 2026 cuarto grado de al cargo de consejero de
consanguinidad, segundo Estado, así como las
de afinidad o primero civil correspondientes al
tuvieron vínculo laboral o ingreso y sus
contractual con la actualizaciones anuales,
Defensoría del Pueblo precisando que estas
durante el período en que pueden ser consultadas a
el doctor Carlos Camargo través del Aplicativo por la
Assis ejerció como Integridad Pública.
Defensor del Pueblo.

Del mismo modo,
manifestó que no tiene
amistad íntima ni
enemistad con el
mencionado ciudadano.

Jorge Iván Duque Respecto del primer Adjuntó copia de la
Gutiérrez interrogante, adujo que no declaración juramentada
tenía familiares vinculados de bienes, rentas y
20 de marzo de 2026 a la Defensoría del Pueblo conflictos de intereses.
en el período consultado.
En relación con la
segunda petición,
manifestó que no existe
amistad íntima ni
enemistad grave con la
persona referida en la
solicitud.

De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que los magistrados relacionados en
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el presente acápite absolvieron de manera completa la petición presentada por la
Fundación Jacarandas, aunque ello ocurrió con posterioridad a la interposición de la
acción de tutela.

En consecuencia, la eventual vulneración del derecho fundamental de petición cesó
durante el curso del presente trámite constitucional, al haberse satisfecho
materialmente la pretensión, por lo tanto, la Sala declarará la carencia actual de objeto
por hecho superado respecto de los magistrados relacionados.

2.6.3. DE LA INEXISTENCIA DE TEMERIDAD

Finalmente, el magistrado William Edgardo Barrera Muñoz solicitó que se declarase la
temeridad de la presente acción de tutela, al considerar que la parte accionante faltó a
la verdad al afirmar que no había dado respuesta al derecho de petición, pese a que
este fue atendido por su Despacho mediante oficio del 18 de diciembre de 2025.

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 señala que existe temeridad cuando, «sin
motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales», evento en el cual
«se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes». En desarrollo de
esta disposición, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la temeridad se
configura únicamente cuando concurren de manera concurrente los siguientes
elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de causa petendi; (iii) identidad de
objeto; y (iv) ausencia de justificación para la interposición de una nueva acción70.

En el caso concreto, el argumento del magistrado solicitante se fundamenta en la
presunta inexactitud de los hechos narrados en el escrito de tutela, en relación con la
afirmación de ausencia de respuesta al derecho de petición. Sin embargo, dicha
circunstancia, aun en el evento de ser cierta, no encuadra en el supuesto de hecho
previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, pues no se trata de la presentación
simultánea o sucesiva de múltiples acciones de tutela con identidad de partes, objeto
y causa, sino de una discrepancia fáctica sobre el cumplimiento de la obligación de
responder que deberá ser dilucidada en el estudio de fondo del asunto para determinar
el eventual amparo del derecho fundamental invocado.

En consecuencia, al no acreditarse los elementos de la temeridad decantados por la
jurisprudencia constitucional, la Sala negará la solicitud elevada por el magistrado
William Edgardo Barrera Muñoz.

70 Corte Constitucional. Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la Sentencia T-151 de 2010.

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud del magistrado William Edgardo Barrera Muñoz de
declarar la temeridad de la Fundación Jacarandas.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo del derecho fundamental de petición frente
a los magistrados Ana María Charry Gaitán, Juan Manuel Laverde Álvarez, Omar
Joaquín Barreto Suárez, Alberto Montaña Plata, Pedro Pablo Vanegas Gil, Luis
Eduardo Mesa Nieves, María del Pilar Bahamón Falla, Claudia Rodríguez Velásquez,
Pablo Andrés Córdoba Acosta, José Roberto Sáchica Méndez, Nicolás Yépes
Corrales, Elizabeth Becerra Cornejo, Germán Eduardo Osorio Cifuentes, John Jairo
Morales Álzate, Jorge Edison Portocarrero Banguera, Nubia Margoth Peña Garzón,
Juan Enrique Bedoya Escobar y William Edgardo Barrera Muñóz.

TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción
de tutela promovida contra los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra, Luis Antonio
Rodríguez Montaño, Wilson Ramos Girón y Jorge Iván Duque Gutiérrez.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

DIANA CAROLINA FUQUEN AVELLA
Conjuez

PEDRO LUIS BLANCO JIMÉNEZ
Conjuez

GERMÁN ALBERTO BULA ESCOBAR
Conjuez
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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