Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00519-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00519-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00519-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00519-01
Accionante: Edilma Cielo Tigreros Bernal
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 12 de febrero
de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
cual se negó la solicitud de amparo.
SÍNTESIS1
La accionante cuestiona la sentencia del 31 de julio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante la cual se confirmó la decisión que negó las
pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho llevado a cabo contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el
Municipio de Valledupar con el fin de que se reconocieran y pagaran las diferencias
derivadas de los incrementos salariales decretados para el año 2009. Se revoca la
sentencia de primera instancia que negó el amparo y, en su lugar, se declara la
improcedencia de la demanda por no superar el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 26 de enero de 2026, la señora Edilma Cielo Tigreros Bernal, mediante
apoderada judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para
obtener la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, los cuales, a su juicio
fueron vulnerados con ocasión de la sentencia del 31 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado núm. 20001-33-33-007-2024-00202-01, mediante la
cual se confirmó la decisión de primera instancia, emitida por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Valledupar que negó las pretensiones de la demanda.
2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia proferida
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Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Confirma
improcedencia por falta de relevancia constitucional / Incrementos salariales en el escalafón docente
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00519-01
Accionante: Edilma Cielo Tigreros Bernal
Se revoca la decisión de primera instancia
el día 31 DE JULIO DE 2025, en el expediente radicado bajo número 20001-33-33-007-
2024-00202- 01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) EDILMA CIELO
TIGREROS BERNAL, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el
material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente
EDILMA CIELO TIGREROS BERNAL a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.
B. Hechos
3.La señora Edilma Cielo Tigreros Bernal es docente oficial ubicada en la categoría
2BE del escalafón docente vigente, regulado por el Decreto 1278 de 20022.
4.El Gobierno Nacional decretó incrementos salariales desiguales para cada categoría
del escalafón docente. De tal modo, para el año 2009 se dispuso un incremento del
15.61% para el grado 2AE, mientras que el grado 2BE obtuvo un aumento del 7.67%.
5. La docente interpuso reclamación administrativa ante la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar con el fin de
obtener el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los
incrementos desiguales decretados para el año 2009.
6. Tal solicitud fue respondida mediante los oficios núm. 2024-EE-054124 del 27 de
diciembre de 2024 y VAL2024ER002499-VAL2024EE005893 del 15 de febrero de 2024
por el Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Valledupar, respectivamente.
7. La señora Edilma Cielo Tigreros Bernal presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el Municipio de Valledupar con el fin de que (i) se inaplicara el
Decreto núm. 284 de 2024, (ii) se declarara la nulidad de los actos administrativos que
negaron la reclamación administrativa y (iii) se ordenara el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales causadas durante los últimos tres años anteriores a la
presentación de la solicitud administrativa.
8. Mediante sentencia del 20 de mayo de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Valledupar desestimó las pretensiones de la demanda, al concluir que no hubo
discriminación salarial en el caso concreto, ya que existieron criterios objetivos,
discernibles y razonables para justificar la diferenciación salarial y prestacional otorgada
a los docentes.
9. La demandante presentó recurso de apelación en contra de la decisión de primera
instancia, por medio del cual alegó, entre otros, un trato desigual respecto de los
incrementos porcentuales salariales aplicados al año 2009 e insistió en que hubo una
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Presidente de la República de Colombia. Decreto 1278 de 2002. “Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente”
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00519-01
Accionante: Edilma Cielo Tigreros Bernal
Se revoca la decisión de primera instancia
disparidad en el tratamiento salarial el cual no fue debidamente justificado.
10. El 31 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la sentencia del
20 de mayo de 2025, tras determinar que la diferencia porcentual en el aumento de la
asignación salarial para los grupos de docentes que adujo la demandante se encontraba
ajustada a derecho, ya que el Gobierno Nacional modificó la asignación salarial
conforme la Ley 4 de 1992.
C. Fundamentos de la vulneración
11. La accionante indicó que la sentencia del 31 de julio de 2025 incurrió en los defectos
sustantivo y fáctico.
12. Sobre el defecto sustantivo alegó que la conclusión a la que arribó el Tribunal
accionado no es compatible con la jurisprudencia constitucional y contencioso
administrativa que señala que toda diferenciación salarial debe fundarse en criterios
objetivos y razonables, tal como la proporcionalidad y cantidad y calidad del trabajo, por
el contrario, adujo que en el caso concreto no existió una justificación objetiva frente a
los tratos discriminatorios otorgados.
13. Señaló que no se argumentó de manera clara y coherente la razón por la cual se le
otorgó un incremento salarial menor a pesar de que se encontraba en un escalafón de
mayor nivel, pues tal trato desigual vulnera el principio de igualdad material y equidad
retributiva que rige el servicio público docente.
14. Adujo que la sentencia cuestionada contraviene el marco normativo que rige la
materia, en particular, el literal j del artículo 2 de la Ley 4 de 19923, los artículos 19, 20
y 21 del Decreto 1278 de 2002 y los artículos 23 y 53 de la Constitución Política.
15. Respecto el defecto fáctico, adujo que la autoridad judicial accionada realizó una
indebida valoración probatoria frente a la discusión planteada, debido a que no se
acreditó por parte de los demandados que los incrementos salariales decretados
obedecieran a razones objetivas, pues no se allegó ningún elemento de prueba para
demostrar la existencia de motivos válidos que justificaran tal determinación.
16. Agregó que en el proceso ordinario no se ofreció ninguna explicación objetiva ni
razonable en relación con el trato inequitativo que se otorgó, por lo cual se reprocha la
falta de justificación técnica y legal que se exige en estos casos, ya que si bien pueden
existir diferencias en los aumentos salariales, tal decisión debe sustentarse en criterios
objetivos.
D. Trámite procesal
17. Mediante auto del 28 de enero de 20264, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Tribunal
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Congreso de Colombia. Ley 4 de 1992. “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que
debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las
prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”
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Índice 5 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00519-01
Accionante: Edilma Cielo Tigreros Bernal
Se revoca la decisión de primera instancia
Administrativo del Cesar, y en calidad de terceros con interés, a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – FOMAG, al Municipio de Valledupar y al Juzgado Séptimo
Administrativo de Valledupar, para que rindieran un informe sobre los hechos objeto de
la demanda de tutela. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
E. Oposiciones e intervenciones
18. La Secretaría del Tribunal Administrativo del César5 (accionado) remitió el enlace
del expediente digital del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 20001-33-33-007-2024-00202-01 y manifestó que reitera y
acoge los fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales expuestos en la
sentencia del 31 de julio de 2025, así como los criterios fijados por el juez constitucional
dentro del trámite de tutela.
19. El Municipio de Valledupar – Secretaría de Educación Municipal6 (tercero con
interés) solicitó que se declare improcedente la demanda de tutela y la inexistencia de
vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad. Sostuvo que la
accionante pretende reabrir un debate de mera legalidad, sin acreditar arbitrariedad
judicial ni la configuración de algún defecto. Señaló que la tutela contra providencias
judiciales no puede convertirse en una tercera instancia y que el asunto carece de
relevancia constitucional porque involucra una controversia estrictamente económica y
particular sobre la legalidad de decretos salariales y eventuales efectos patrimoniales.
Añadió que las sentencias de primera y segunda instancia fueron adoptadas en
derecho.
20. El Ministerio de Educación Nacional7 (tercero con interés) solicitó que se declare
improcedente la demanda de tutela y sostuvo que la controversia recae exclusivamente
sobre la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que solicitó su desvinculación. Alegó
que la tutela pretende cuestionar una decisión judicial adoptada en ejercicio legítimo de
la autonomía e independencia judicial, sin demostrar la configuración de una vía de
hecho ni el cumplimiento de los requisitos excepcionales de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales. Además, afirmó que el asunto carece de relevancia
constitucional por tratarse de una controversia de naturaleza estrictamente económica
y legal relacionada con incrementos salariales docentes, y que la accionante pretende
utilizar la tutela como una instancia adicional para reabrir un debate ya resuelto.
21. El Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado fueron debidamente notificados, sin embargo, guardaron silencio.
F. Fallo impugnado
22. Mediante sentencia del 12 de febrero de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó la demanda de tutela interpuesta por Edilma Cielo
Tigreros Bernal contra el Tribunal Administrativo del Cesar, al concluir que no se
5
Índice 14 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
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Índice 16 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
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Índices 13 y 15 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00519-01
Accionante: Edilma Cielo Tigreros Bernal
Se revoca la decisión de primera instancia
acreditaron los defectos sustantivo y fáctico alegados respecto de la sentencia proferida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
23. La Sala concluyó que el Tribunal Administrativo del Cesar realizó un análisis
detallado de los elementos probatorios y de las disposiciones normativas aplicables, y
que la decisión cuestionada no obedeció a un capricho o arbitrariedad, sino a una
interpretación plausible del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto
Ley 1278 de 2002 sobre incrementos salariales docentes.
24. Indicó que la accionante se encontraba inconforme con la interpretación efectuada
por la autoridad judicial accionada y precisó que el análisis del juez constitucional en
tutela contra providencias judiciales es de validez y no de corrección, por lo cual solo
procede el amparo cuando el razonamiento judicial es arbitrario o caprichoso, situación
que no se configuró en el caso concreto.
G. Impugnación
25. Mediante escrito allegado el 20 de febrero de 20268, la accionante impugnó la
sentencia proferida el 12 de febrero de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y, en
su lugar, se ampararan los derechos fundamentales invocados y se dejara sin efectos
la sentencia cuestionada.
26. Alegó que la decisión de primera instancia partió de una lectura fragmentada del
marco normativo y probatorio, pues omitió un análisis material de los hechos acreditados
en el expediente, los cuales evidenciaban que la accionante, ubicada en el escalafón
2BE, recibió un trato salarial desigual e injustificado frente a docentes del nivel 2AE,
quienes pese a acreditar menores exigencias de formación y experiencia recibieron
incrementos porcentuales superiores durante el año 2009.
27. Sostuvo que la controversia tiene relevancia constitucional porque compromete
directamente los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, y afirmó
que la providencia cuestionada avaló un esquema de incrementos salariales
diferenciados sin exigir una justificación objetiva, técnica y razonable que explicara el
trato otorgado a categorías inferiores del escalafón docente.
28. Insistió en la configuración de defectos sustantivo y fáctico, al señalar que la
sentencia cuestionada validó incrementos salariales diferenciados entre los niveles 2AE
y 2BE sin respaldo normativo, técnico o probatorio suficiente, pese a que los docentes
del nivel 2BE acreditaban mayores exigencias de acceso y permanencia en la carrera
docente. Agregó que el incremento salarial desigual tuvo un impacto estructural y
permanente en la remuneración, prestaciones y derechos derivados de la accionante.
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Índice 24 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00519-01
Accionante: Edilma Cielo Tigreros Bernal
Se revoca la decisión de primera instancia
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
29. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora Edilma Cielo Tigreros
Bernal contra el Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y
en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019)
I. Sentido de la decisión
30. La Sala, en consonancia con decisiones recientes de naturaleza similar9, revocará la
decisión de primera instancia y, en su lugar, declarará la improcedencia de la demanda
de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, debido a que el
debate planteado por la accionante se circunscribe a un asunto económico y está
orientado a reabrir una discusión de mera legalidad, propia del juez natural del asunto.
31. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela10.
J. El requisito de relevancia constitucional
32. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.11 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada12, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.
33. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
9
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. radicados
núm. 11001-03-15-000-2025-08198-00; 11001-03-15-000-2025-07052-01; 11001-03-15-000-2026-00234-
00; 11001-03-15-000-2026-01070-00; 11001-03-15-000-2025-07187-00; 11001-03-15-000-2026-01685-00;
11001-03-15-000-2026-01648-00 y 11001-03-15-000-2025-07517-01.
10
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
12
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00519-01
Accionante: Edilma Cielo Tigreros Bernal
Se revoca la decisión de primera instancia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.13
34. En la sentencia SU-215 de 202214, la Corte Constitucional estableció, entre otros15,
que la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial no
debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico. En ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como una tercera
instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la solicitud
debe trascender la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales del asunto.
K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
35. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
36. En el asunto sub iudice, la accionante cuestiona la sentencia del 31 de julio de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, considera que
incurrió en los defectos sustantivo y fáctico. A continuación, la Sala describirá las
características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el
objeto de la litis.
37. Respecto del defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración
del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se
configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”16.
38.Sobre el defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una
norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u
13
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
15
La Corte Constitucional identificó los siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda de
tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional: (i) el caso debe
involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras,
el asunto debe ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o
para la determinación del alcance de un derecho fundamental, (ii) se deben plantear argumentos
suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental, entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental y (iii) el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00519-01
Accionante: Edilma Cielo Tigreros Bernal
Se revoca la decisión de primera instancia
opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica.
L. El caso concreto – tesis reiterada
39. La discusión que presenta la accionante carece de relevancia constitucional, toda
vez que se limita a reiterar los argumentos expuestos en el proceso ordinario para
sustentar los defectos fáctico y sustantivo y pretender una instancia adicional mediante
la cual se adopte una determinación distinta frente al reconocimiento y pago de las
diferencias salariales decretadas para el año 2008.
40. Si bien la accionante sustentó los defectos invocados como requisito de procedencia
de la demanda de tutela contra providencia judicial, lo cierto es que el fundamento de
tales yerros corresponde, en términos similares, a los argumentos que expuso en el
proceso ordinario. En efecto, en el recurso de apelación y en la demanda, la accionante
alegó, entre otros, que hubo una falta de justificación frente a las asignaciones
salariales, lo que configuró un trato discriminatorio y conllevó a la transgresión de los
derechos fundamentales de los docentes y los principios de equidad, igualdad, legalidad
y proporcionalidad.
41. La Sala advierte que, en el escrito de tutela, la accionante reiteró, en términos
similares, los argumentos expuestos en el trámite del proceso ordinario para sustentar
los defectos invocados, en específico, indicó:
[…] la ausencia de justificación suficiente que avale la asignación de incrementos salariales
en favor del personal docente que ostentan menores niveles de formación, experiencia o
desempeño (como se otorgó al nivel 2AE), en detrimento de quienes cumplen condiciones
superiores (como en el caso de la parte demandante que se ubica en la categoría 2BE),
comporta una vulneración de los principios constitucionales de igualdad material y mérito,
así como del derecho fundamental al debido proceso en su dimensión de estabilidad y
progresividad dentro de la carrera administrativa, razón por la cual corresponde al juez de
control de legalidad verificar rigurosamente la razonabilidad y legalidad de los actos
administrativos que afecten las condiciones salariales derivadas de la progresión legítima
en el escalafón, y, en caso de advertirse violaciones, proceder a su corrección en aras de
garantizar la protección efectiva de los derechos laborales adquiridos.
[…] durante el periodo 2009, la docente, a pesar de encontrarse en la categoría 2BE -
condición que implicó la acreditación de mayores requisitos de formación académica y
experiencia profesional respecto de quienes se hallaban en la categoría 2AE-, recibió un
ajuste salarial menos favorable que el conferido a estos últimos, situación que evidencia un
trato discriminatorio contrario a los principios de equidad y mérito establecidos en la
normativa que regula la carrera y la remuneración del personal docente. En estos términos
se planteó la irregularidad cometida en el caso de la demandante, pues se evidencia la
ilegalidad de los actos administrativos sometidos a control jurisdiccional, puesto que los
escalafones 2BE, 2CE Y 2DE, que son reubicaciones del escalafón dos y que son
categorías superiores en el escalafón, que requieren mayor preparación y requisitos de la
categoría 2AE, en cuanto requieren mayor ejercicio en su trabajo, esfuerzo, especialidad,
mayor tiempo de prestación del servicio docente para poder acreditar en las diferentes
evaluaciones diagnóstico formativas, siendo evidente que condiciones superiores a la
exigida a la categoría 2AE quien es el menor escalafón de esta línea y que tuvo un aumento
porcentual del doble que fue aplicado al 2BE, 2CE y 2DE, Contrario al argumento de
defensa de la entidad demandada, fueron acreditados sin tener en cuenta el grado de
formación, quedando en evidencia ese aumento caprichoso que se realizó en esta
anualidad.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00519-01
Accionante: Edilma Cielo Tigreros Bernal
Se revoca la decisión de primera instancia
[…] se comprobó en sede judicial que los incrementos salariales aplicados a los docentes
del nivel 2BE (categoría en la cual se ubica el (la) docente) fueron inferiores a los otorgados
al personal ubicado en el nivel 2AE, sin que el tribunal accionado ofreciera una justificación
clara y coherente que permitiera concluir que dicha diferencia era legal y ajustada al marco
normativo, pues se limitó a avalar el trato desigual sin examinar a fondo las condiciones
objetivas del caso ni las disposiciones que regulan el régimen salarial docente, las cuales
establecen de forma expresa que las retribuciones deben corresponder al nivel de
formación, experiencia y desempeño del trabajador, de manera que esta omisión no solo
refleja una ausencia de motivación adecuada, sino también un evidente error en la
interpretación de las normas y precedentes aplicables, razón por la cual se hace necesaria
la intervención del juez constitucional con el fin de restablecer los derechos fundamentales
al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la prevalencia del derecho sustancial sobre
formalismos infundados.
42. Incluso, en la impugnación presentada contra la sentencia del 12 de febrero de
2026, la accionante se limita a reproducir los mismos argumentos en aras de acreditar
la configuración de los defectos sustantivo y fáctico:
La configuración del defecto sustantivo o material en la sentencia objeto del recurso de
amparo se acredita de manera aún más evidente cuando se incorporan los porcentajes
reales de incremento salarial aplicados a los escalafones 2AE y 2BE durante la vigencia
2009, los cuales demuestran de forma objetiva la ruptura del principio de igualdad material
y la desnaturalización del sistema de mérito que estructura la carrera docente regulada por
el Decreto Ley 1278 de 2002. En efecto, conforme a los Decretos Nacionales 702 y 1238
de 2009, se reprodujo el trato salarial desigual, al reconocer a los docentes del grado 2AE
un incremento del 15,61%, con un salario de $1.171.300, mientras que a los docentes del
grado 2BE se les aplicó un incremento sustancialmente inferior del 7,67%. La reiteración
de este esquema de incrementos porcentuales diferenciados confirma que no se trató de
una situación aislada ni accidental, sino de una política salarial sostenida que favoreció de
manera injustificada a un grado inferior del escalafón en detrimento de uno superior, sin
respaldo normativo, técnico ni constitucional.
[…] el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria al aceptar como válida una
supuesta justificación del trato salarial diferenciado entre los docentes ubicados en los
escalafones 2AE y 2BE durante el año 2009, sin que dicha justificación hubiese sido
acreditada por la parte demandada a través de medios de convicción idóneos, objetivos y
verificables. En el expediente no obra prueba alguna que demuestre que los mayores
incrementos salariales otorgados a los docentes del nivel 2AE frente a los del nivel 2BE
respondieran a criterios técnicos, financieros, funcionales o de política pública debidamente
sustentados, ni mucho menos a los parámetros de mérito, experiencia y cualificación
profesional que estructuran la carrera docente conforme al Decreto Ley 1278 de 2002.
Por el contrario, el acervo probatorio demuestra que, durante la vigencia 2009, los docentes
del nivel 2AE recibieron un incremento salarial del 15,61%, mientras que los docentes del
nivel 2BE apenas obtuvieron un aumento del 7,67%, pese a que estos últimos se
encontraban en una categoría superior del escalafón. Tales diferencias porcentuales, lejos
de ser marginales, evidencian un tratamiento abiertamente desigual y regresivo que afectó
de manera directa a quienes acreditaban mayores exigencias de acceso, mayor experiencia
y la superación de evaluaciones de competencias con calificaciones superiores al 80%,
requisitos indispensables para la reubicación del nivel AE al nivel BE dentro del escalafón
docente.
43. Sin embargo, tal debate ya fue debidamente analizado y resuelto por parte del
Tribunal Administrativo del Cesar mediante la sentencia del 31 de julio de 2025, tras
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00519-01
Accionante: Edilma Cielo Tigreros Bernal
Se revoca la decisión de primera instancia
concluir que no existió discriminación al disponer incrementos salariales desiguales y
tampoco una vulneración al principio de “a trabajo igual salario igual”, pues los docentes
que se encuentran en el escalafón 2AE y 2BE no gozan de las mismas características
y deben acreditar el cumplimiento de unos requisitos que distan entre sí, razón por la
cual no son sujetos comparables. Además, la asignación salarial que dispuso el
Gobierno Nacional se ajustó al marco normativo vigente, en específico a la Ley 4 de
1992.
44. En ese sentido, la discusión contenida en el escrito de tutela y en la impugnación
presentada corresponde a un asunto de mera legalidad en la cual la accionante expone
su inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del asunto, sin que se
demuestre que la providencia cuestionada se profirió bajo un criterio arbitrario,
caprichoso u ostensiblemente ilegítimo que justifique la intervención excepcional del
juez de tutela, por el contrario, está orientada a que se realice, nuevamente, un estudio
frente a la interpretación y los elementos probatorios del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin advertir un debate de orden constitucional.
45. De tal modo, la Sala concluye que la accionante pretende utilizar el mecanismo
constitucional como una instancia adicional del proceso ordinario, aun cuando la
sentencia que se controvierte se fundamentó en criterios fácticos y jurídicos razonables.
46. Por otro lado, la solicitud de amparo no cuestiona el contenido, alcance o goce de
una garantía iusfundamental, ya que el núcleo de las pretensiones se circunscribe a un
asunto de índole económico, mediante las cuales se persigue el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales dispuestas para el año 2008, cuestión que, por sí misma,
no afecta el desarrollo y goce de los derechos fundamentales de la accionante.
47. Por lo anterior, la Sala revocará la decisión de primera instancia que negó el amparo
y, en su lugar, declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, por cuanto (i) corresponde a un asunto de
mera legalidad que persigue pretensiones económicas y (ii) la discusión se reduce a la
reiteración de los argumentos propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el 12 de febrero de
2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar,
DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00519-01
Accionante: Edilma Cielo Tigreros Bernal
Se revoca la decisión de primera instancia
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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