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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00529-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00529-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DESVINCULAR del presente trámite a la Corte Constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Agencia Nacional de Minerías, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, 5 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SUI-627 del 1 de octubre de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00529-00 REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00529-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Canteras de Florencia Ltda.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00529-00.
Asunto: Tutela contra fallo de tutela. Improcedencia por no cumplir con
los requisitos excepcionales de procedencia.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La sociedad actora presentó acción de tutela contra la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por la
presunta mora judicial dentro del trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación núm. 11001-03-26-000-2016-
00096-00.

1.2. El 19 de mayo de 2025, la parte accionante presentó recusación
contra el Magistrado Ponente de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado que conoció de aquella acción de tutela.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00529-00

1.3. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29
de mayo de 2025, rechazó la recusación por improcedente, al considerar
que “[…] el artículo 39 del Decreto 2591 de 19911, establece que las
recusaciones no son procedentes dentro del trámite de las acciones de
tutela […]” y, negó el amparo de los derechos fundamentales invocados
por la parte accionante en tanto no se acreditaron los presupuestos
necesarios para determinar la existencia de la mora judicial.

1.4. Inconforme con la decisión anterior, la parte accionante presentó
impugnación, en la que controvirtió el rechazo por improcedencia de la
recusación y la negativa de la existencia de la mora judicial.

1.5. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante providencia de
24 de julio de 2025, confirmó el fallo impugnado en cuanto a la
improcedencia de la recusación y lo revocó respecto de las pretensiones
asociadas a la mora judicial para en su lugar declarar la temeridad.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que las autoridades accionadas incurrieron en
violación directa de la Constitución porque la recusación no fue tramitada ni
decidida de forma previa y autónoma respecto de la decisión de fondo.

Indicó que “[…] El manejo irregular de la recusación —resuelta conjuntamente
con el fallo de fondo y sin un examen autónomo— vicia estructuralmente la
providencia, porque conduce a una situación en la cual no se puede considerar
que la decisión se adoptó por un juez verdaderamente imparcial […]”.

Manifestó que “[…] los magistrados llamados a decidir debían pronunciarse
sobre el incumplimiento de términos judiciales que ellos mismos, como
integrantes de la jurisdicción contenciosa administrativa, reproducen o toleran
en los procesos bajo su dirección, lo cual activa una causa objetiva de
recusación por interés institucional directo […]”.

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Afirmó que se incurrió en defecto procedimental y sustantivo al haberse
declarado la temeridad de la acción de tutela ya que se aplicó “[…] de manera
extensiva y desproporcionada, en abierta contradicción con la jurisprudencia
constitucional consolidada […]” y, en violación directa de la Constitución por
haberse adoptado sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales y sin
motivación suficiente.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Declare que las providencias de primera y segunda instancia
proferidas dentro del trámite de tutela identificado con el radicado
11001031500020250241800 / T-11.442.111 vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la imparcialidad judicial y al acceso
efectivo a la administración de justicia.

2. Ordene la nulidad de dichas providencias a partir del 19 de mayo de
2025, fecha en la cual se presentó la recusación, por configurarse un
defecto procedimental absoluto que afectó la validez constitucional de
la actuación judicial vulneraron los derechos fundamentales como
consecuencia del trámite irregular de la recusación y no por el
sentido material del fallo.

3. Ordene que la recusación sea tramitada y decidida de manera previa,
autónoma e independiente, con pleno respeto de las garantías del
debido proceso, antes de cualquier decisión de fondo sobre la acción
de tutela, dejando sin efectos la decisión adoptada irregularmente, sin
que esta acción implique pronunciamiento alguno sobre el sentido
de la decisión que deba adoptarse en dicho trámite.

4. Disponer que, en caso de prosperar la recusación, las actuaciones
posteriores sean conocidas y decididas por magistrados no incursos en
la causal invocada, conforme a las reglas de competencia y reparto
aplicables.

5.Conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados y
ordenar a las autoridades judiciales correspondientes que adelanten las
actuaciones necesarias para restablecerlos de manera efectiva, dentro de
un término perentorio y razonable […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 6 de febrero de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,

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a la Agencia Nacional de Minería y a la Corte Constitucional, en calidad de
terceros con interés directo en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado señaló que la accionante no alegó
que en el trámite de la acción de tutela se haya realizado alguna acción que
constituya una situación de fraude que justifique de manera exceptiva la acción
de tutela contra las decisiones judiciales.

Igualmente, indicó que “[…] debe precisarse que no existía lugar a dar trámite
incidental separado a la recusación planteada, ni al impedimento alegado por
el tutelante, en el entendido que el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991
prohíbe expresamente la recusación en el marco de la acción constitucional.
En igual sentido, en cuanto al impedimento, la sentencia fue clara al señalar
que las circunstancias fácticas alegadas por el actor no se enmarcaron en las
causales previstas en la norma para ese efecto […]”.

Por último, manifestó que en el trámite de acción de tutela que le correspondió
conocer “[…] no se configuró mora judicial injustificada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que existen causas objetivas
que justifican el término transcurrido, entre ellas, el turno cronológico para fallo
y la carga laboral del despacho […]”.

2. La Corte Constitucional – Presidencia solicitó su desvinculación dentro del
trámite de la acción de tutela, al considerar que no está legitimada en la causa
por pasiva, ya que en esta se cuestiona el alcance de decisiones que no hacen
parte de la Corporación.

Adicionalmente, resaltó que “[…] el expediente T-11442111 fue excluido de su
selección y que, todas actuaciones que respecto de este se surtieron en el
marco del trámite de la revisión eventual pueden ser consultas en la página
web de esta Corporación […]”.

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3. La Agencia Nacional de Minería solicitó declarar improcedente la acción de
tutela y advirtió que no está legitimada en la causa por pasiva por carecer de
competencia para pronunciarse frente a lo relatado y pretendido por el
accionante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que la Corte Constitucional y la Agencia Nacional de Minerías
solicitaron su desvinculación del presente trámite de tutela.

La Sala considera que comoquiera que la Agencia Nacional de Minerías fungió
como parte procesal dentro del proceso objeto de estudio identificado con el
radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02418-00/01, le asiste interés directo
en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se
le negará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.

Respecto de la solicitud de desvinculación presentada por la Corte
Constitucional la Sala considera que se accederá a ella toda vez que se
observa que dicha autoridad no fungió como sujeto procesal dentro del

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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proceso en el que se profirieron las sentencias cuestionadas por esta vía
constitucional ni tuvo injerencia en la expedición de las mismas.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales y
excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra fallo de
tutela y, si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

4. Caso concreto

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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De acuerdo con las reglas establecidas en la sentencia SU-627 de 2015, la
acción de tutela procede excepcionalmente contra fallos judiciales dictados en
el curso de una acción de tutela, cuando se cumplen los siguientes supuestos:

[…] a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada, es decir no se está frente al
fenómeno de la cosa juzgada.

b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada
en una anterior acción de tutela fue producto de una decisión de
fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho
(Fraus Omnia corrumpit),

c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que
tiene un carácter residual […]4.

De lo anterior, esta Sala destaca que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra fallos de tutela siempre y cuando se logre acreditar
que los mismos fueron proferidos fraudulentamente y, en consecuencia, se
encuentran revestidos de “cosa juzgada fraudulenta”.

En el presente caso, la Sala advierte que los argumentos expuestos por la
parte actora asociados con que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales porque no resolvieron la recusación
planteada de manera independiente y previa a la providencia definitiva y al
haber decretado la temeridad de la acción, no están orientados a demostrar
que los fallos de tutela objeto de censura por esta vía constitucional fueron
proferidos fraudulentamente.

Por tanto, la Sala encuentra que no se cumple con el requisito excepcional de
procedencia de la acción de tutela contra sentencias proferidas dentro de una
acción de misma naturaleza, toda vez que la parte actora no demostró que las
sentencias cuestionadas fueron adoptadas a partir de una situación
fraudulenta.

Cabe destacar que la cosa juzgada fraudulenta “[…] se predica de un proceso
que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que

4
Sentencia SU-627 de 2015.

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materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medio procesales,
que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad […]”5.

Así las cosas, se considera que no concurren los presupuestos de procedencia
de la acción de tutela contra un fallo de igual naturaleza, comoquiera que tal
posibilidad resulta excepcional y su propósito es “[…] revertir o detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una
orden proferida en un proceso de amparo […]”.

Por los anteriores razonamientos, la Sala declarará improcedente el
mecanismo de amparo de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DESVINCULAR del presente trámite a la Corte Constitucional, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Agencia
Nacional de Minerías, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

QUINTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,

5
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SUI-627 del 1 de octubre de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio
González Cuervo.

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REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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