Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00533-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00533-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00533-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
11 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 14
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 11 de mayo de 2026
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00533-00 (PI)
Solicitante: Nidia Esperanza Marquéz Monrroy
Demandado: Juan Carlos Lozada Vargas
Referencia: Pérdida de investidura
Temas: Pérdida de investidura - causales de pérdida de investidura del congresista - violación del
régimen de inhabilidades e incompatibilidades - carga de la prueba - prueba del parentesco -
naturaleza sancionatoria del proceso de pérdida de investidura - no admite confesión por
apoderado judicial - incumplimiento de la carga de la prueba - niega pérdida de investidura por
no encontrar demostrada la causal invocada
La Sala 14 especial de decisión procede a resolver, en primera instancia, la
solicitud de pérdida de investidura, de que trata el artículo 184 de la Constitución
Política, presentada por Nidia Esperanza Marquéz Monrroy en contra de Juan
Carlos Lozada Vargas, representante a la cámara por la circunscripción electoral
de Bogotá, para el periodo 2022-2026.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
1. El 27 de enero de 2026, Nidia Esperanza Marquéz Monrroy presentó un escrito1
dirigida a esta Corporación, mediante el cual interpuso (se trascribe) “solicitud
para que (…) de inicio al proceso de pérdida de investidura del representante
a la Cámara por la circunscripción electoral de Bogotá D.C., Juan Carlos Lozada
Vargas”.
2. En el relato de hechos, la solicitante alegó que Juan Carlos Lozada Vargas fue
elegido Representante a la Cámara por Bogotá, en los comicios del 13 de marzo
de 2022, por el “Partido Liberal Colombiano” y que, “(…) María Victoria Vargas
Silva fue elegida, hace dos años y medio, como concejal de Bogotá (…) por el
Partido Liberal Colombiano”.
3. En el anterior contexto, afirmó que “(…) es un hecho real y obvio que el
representante a la cámara por Bogotá [Juan Carlos Lozada Vargas] es el sobrino
materno de la concejal de Bogotá [María Victoria Vargas Silva], por lo cual,
entre ellos existe un vínculo de consanguinidad del tercer grado”. En
1 Índice 2, SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00533-00 (PI)
Solicitante: Nidia Esperanza Marquéz Monrroy
Demandada: Juan Carlos Lozada Vargas
Referencia: Pérdida de Investidura
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consecuencia, considera que ambos ejercen autoridad política en la misma
circunscripción electoral.
4. Por lo tanto, alegó que Juan Carlos Lozada Vargas está incurso en la causal
de pérdida de investidura, prevista en el numeral 5 del artículo 179 de la
Constitución, pues tiene un vínculo en tercer grado de consanguinidad con
María Victoria Vargas Silva, quien ejerce autoridad política, en la misma
circunscripción electoral.
5. Mediante Auto de 3 de febrero de 20262, notificado por anotación en el
estado electrónico de 4 de febrero de 20263, el despacho sustanciador inadmitió
la solicitud y concedió 10 días para que se subsanara. A través de escrito de 11
de febrero de 20264, dentro del término concedido, la solicitante aportó los
documentos requeridos5.
6. A través de Auto de 23 de febrero de 20266, debidamente notificado7, el
despacho sustanciador admitió la solicitud. Mediante escrito, radicado el 3 de
marzo de 20268, Juan Carlos Lozada Vargas, por medio de apoderado judicial,
se pronunció sobre la solicitud de pérdida de investidura, se opuso a su
prosperidad y no aportó, ni solicitó pruebas. Por su parte, el Ministerio Público,
dentro del término del traslado, guardó silencio.
7. Mediante Auto de 12 de marzo de 20269, el despacho sustanciador decidió
“Decretar y tener como pruebas, las documentales aportadas con la solicitud y
con el escrito de subsanación de aquella, las cuales obran en los índices 2 y 9
de la sede electrónica para la gestión judicial del presente proceso”. La referida
decisión fue notificada en debida forma a todos los interesados10.
8. En relación con las pruebas documentales decretadas en Auto de 12 de
marzo de 2026, mediante Auto de 24 de marzo de 202611, se corrió traslado a
las partes, por el término de 3 días, de conformidad con lo previsto por el artículo
110 del CGP12 para que, si lo consideraban pertinente, se pronunciaran sobre las
mismas. Vencido el término, no hubo pronunciamiento.
2 Índice 4, SAMAI.
3 Índice 7, SAMAI.
4 Índice 9, SAMAI.
5 1) Copia completa del formulario E-26 CAM, “acta parcial del escrutinio general” de la Cámara por Bogotá, para las
elecciones del 12 de marzo de 2022, en donde consta que Juan Carlos Lozada Vargas, candidato del partido Liberal
Colombiano, fue declarado electo como representante a la Cámara por Bogotá. 2) Copia de la cédula de ciudadanía
de la solicitante. 3) Copia del correo a través del cual se remitió el escrito de subsanación a los correos electrónicos la
Secretaría General de la Cámara de Representantes (secretaria.general@camara.gov.co) y de Juan Carlos Lozada
Vargas (juan.lozada@camara.gov.co).
6 Índice 12, SAMAI.
7 Índices 15, 18 y 19. SAMAI.
8 Índice 23, SAMAI.
9 Índice 25, SAMAI
10 Índices 28 y 29, SAMAI.
11 Índice 33, SAMAI.
12 El inciso segundo del artículo 110 del CGP dispone: “Salvo norma en contrario, todo traslado que deba surtirse por fuera
de audiencia, se surtirá en secretaría por el término de tres (3) días y no requerirá auto ni constancia en el expediente.
Estos traslados se incluirán en una lista que se mantendrá a disposición de las partes en la secretaría del juzgado por un
(1) día y correrán desde el siguiente”.
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Solicitante: Nidia Esperanza Marquéz Monrroy
Demandada: Juan Carlos Lozada Vargas
Referencia: Pérdida de Investidura
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9. La audiencia pública, de que trata los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018,
se fijó y llevó a cabo el miércoles 8 de abril de 2026, a las 9:00 a.m., de manera
virtual, a través de la plataforma tecnológica Microsoft Teams13. A la audiencia
concurrieron la solicitante (Nidia Esperanza Marquéz Monrroy), el congresista
(Juan Carlos Lozada Vargas), su apoderado (Héctor Riveros Serrato), el agente
del Ministerio Público (Procurador Delegado Silvano Gómez Strauch).
10. En la audiencia, en resumen, las partes reiteraron los argumentos
presentados en la solicitud de pérdida de investidura y su contestación. Por su
parte, el Procurador Delegado ante esta Corporación conceptuó14 que debía
negarse la solicitud de pérdida de investidura porque, primero, la solicitante
incumplió la carga probatoria pues allegó pruebas insuficientes y no solicitó la
práctica de otros medios probatorios tendientes a demostrar la configuración
de la causal invocada y, segundo, en todo caso, no se cumplen con todos los
elementos constitutivos de la causal contemplada en el numeral 5 del artículo
179 constitucional pues, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el cargo
de concejal (con quien supuestamente el congresista tiene vinculo de
consanguinidad) no es considerado “funcionario público”, ni tampoco ejerce
autoridad civil o política.
2. CONSIDERACIONES
11. Le corresponde a la Sala15 decidir si se encuentra configurada la causal de
pérdida de investidura contenida en el numeral 1 del artículo 183 de la
Constitución, debido a que la solicitante alegó que María Victoria Vargas Silva
es concejal en Bogotá y tiene un vínculo de parentesco en tercer grado de
consanguinidad con el Representante a la Cámara demandado, Juan Carlos
Lozada Vargas. Producto de ello, alegó que este último estaría incurso en la
prohibición contenida en el numeral 5 del artículo 179 constitucional, según la
cual no pueden ser congresistas “[q]uienes tengan vínculos por matrimonio, o
unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad,
primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o
política”.
12. La Sala negará la pérdida de investidura, pues no están demostrados los
requisitos de configuración de la causal invocada por la solicitante.
13. En relación con la prohibición contenida en el numeral 5 del artículo 179 de
la Constitución, invocada como violatoria del régimen de inhabilidades e
13 Índice 44, SAMAI.
14 Alegatos escritos del agente del ministerio público. Índice 43, SAMAI.
15Esta Sala es competente para decidir la solicitud de pérdida de investidura del Congresista demandado, de
conformidad con lo previsto en los artículos 184 y 237.5 de la Constitución Política, 37.7 de la Ley 270 de 1996, 2 de la Ley
1881 de 2018, y 33 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, adoptado por la Sala Plena del Consejo de Estado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00533-00 (PI)
Solicitante: Nidia Esperanza Marquéz Monrroy
Demandada: Juan Carlos Lozada Vargas
Referencia: Pérdida de Investidura
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incompatibilidades para ser congresista, está Corporación ha considerado que
su configuración requiere: “(…) i) El vínculo por matrimonio o unión permanente,
o de parentesco hasta en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad,
o único civil, entre el congresista y quien ejerce la autoridad civil o política; ii) La
calidad de funcionario del pariente, cónyuge o compañero permanente de
quien resultó electo; iii) Que dicho funcionario, en el marco de las funciones que
ejerce, ostente autoridad civil o política. iv) Que tal funcionario esté investido de
autoridad civil o política dentro del límite temporal establecido por el
ordenamiento jurídico. v) Que las circunstancias o condiciones inhabilitantes
tengan lugar en la circunscripción territorial de la respectiva elección.”16 Estos
requisitos han sido denominados, por esta Corporación17, como elementos: i)
material; ii) objetivo; iii) modal; iv) temporal; v) territorial, respectivamente.
14. Además, debe resaltarse que la prohibición y, por lo tanto, la causal de
pérdida de investidura, se configuran solo si concurren simultáneamente los
cinco elementos referidos. Lo cual es relevante al recordar que, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 167 del CGP, “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
En consecuencia, en el marco de procesos de pérdida de investidura, le
corresponde al solicitante demostrar todos los elementos configurativos de la
causal invocada, tal como lo ha considerado está corporación18.
15. Con base en lo anterior, la Sala resalta que, en el expediente, salvo en lo
concerniente a la calidad de congresista del demandado y a la calidad de
concejal de María Victoria Vargas Silva, no obran pruebas en relación con los
cinco elementos necesarios para la configuración de la causal invocada de
pérdida de investidura.
16. En efecto, según las pruebas obrantes en el expediente, la calidad de
congresista de Juan Carlos Lozada Vargas está demostrada porque la solicitante
aportó la copia completa del formulario E-26 CAM, “acta parcial del escrutinio
general” de la Cámara por Bogotá, para las elecciones del 12 de marzo de 2022,
en donde consta que Juan Carlos Lozada Vargas, candidato del partido Liberal
Colombiano, fue declarado electo como representante a la Cámara por
Bogotá19.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 18 Especial de Decisión, Sentencia de 26 de enero de
2026, Exp. 11001-03-15-000-2025-06584-00. Que reitera otros precedentes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala 6 Especial de Decisión, Sentencia de 15 de octubre de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-03204-00;
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 27 de septiembre de 2018. Exp.
11001-03-28-000-2018-00055-00; entre otros.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 27 de abril de 2023, Exp. 11001-
03-28-000-2022-00033-001 acumulado.
18 “(…) la aplicación del principio “onus probandi incumbit actori” acogido en el artículo 167 del C.G.P., mueve a decir
que corresponde al solicitante de la pérdida de investidura, la demostración de la conducta que reprocha al congresista
acusado, tanto en lo que atañe a sus elementos objetivos, como en lo referente al elemento subjetivo del dolo o de la
culpa grave. (…)”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 8 de septiembre de
2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04145-01.
19 Índice 9, SAMAI.
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Solicitante: Nidia Esperanza Marquéz Monrroy
Demandada: Juan Carlos Lozada Vargas
Referencia: Pérdida de Investidura
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17. Igualmente, está demostrado que María Victoria Vargas Silva es concejal de
Bogotá, pues en el expediente obra la copia de las Actas de Escrutinio y
Certificación de Elección, de la Registraduría y del CNE, correspondiente a los
resultados electorales para la circunscripción de Bogotá, primero, de las
elecciones del 27 de octubre de 2019 y, segundo, de las elecciones del 29 de
octubre de 2023, en donde se certifica la elección de María Victoria Vargas Silva,
como concejal de Bogotá, en ambas elecciones20.
18. En relación con el elemento material, esto es, el parentesco entre el
congresista demandado y la concejal María Victoria Vargas Silva, en la
demanda se alegó que esta última es tía materna de aquel y, por lo tanto, que
entre ellos existe un vínculo de parentesco por consanguinidad en tercer grado.
Sin embargo, con la solicitud no se aportó, ni se solicitó prueba alguna tendiente
a demostrar dicho vínculo. Al respecto, el agente del ministerio público y el
apoderado del demandando alegaron, en la audiencia pública, que, según el
artículo 105 del Decreto 1260 de 1970, la prueba conducente para demostrar
“los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas” eran los
respectivos registros civiles. Además, el apoderado del congresista demandando
adujo, en la audiencia pública, que su confesión, como apoderado judicial, no
es un medio de prueba idóneo para demostrar el parentesco alegado en la
demanda e indicó que, solo por lealtad procesal, confirmaba el vínculo de
parentesco, y aclaró que ello no producía efecto procesal alguno21.
19. En relación con lo anterior, la Sala precisa que, por regla general, la confesión
del apoderado judicial, además de ser un medio de prueba idóneo del
parentesco, tiene plena validez y cuenta con valor demostrativo porque, según
el artículo 193 del CGP, “(l)a confesión por apoderado judicial valdrá cuando
para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende
otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes
contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario.
Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”22. Con base en ello,
esta corporación ha considerado que en procesos de pérdida de investidura
20 Índice 2, SAMAI.
21 “(…) la confesión, por ejemplo, no es una prueba válida del parentesco, en mi escrito de contestación de demanda
no me referí a si el parentesco invocado por la demandante existía o no. Por lealtad procesal, debo decir que sí, la
concejal María Victoria Vargas es la tía del congresista Juan Carlos Lozada, pero este dicho, o el que yo hubiera podido
incluir en la contestación de la demanda, no suple la obligación y el deber probatorio del actor, que ha debido allegar
los documentos correspondientes para acreditar ese parentesco. El solo dicho, como digo, pues la confesión, no es una
prueba de parentesco y, por lo tanto, no se acredita ese elemento en el caso presente. (…).” Grabación de la audiencia
pública, minutos 28:49 a 29:40. Índice 44, SAMAI.
22 La Corte Constitucional declaró exequible la presunción de autorización para confesar por parte del apoderado
judicial en, entre otros, la contestación porque “(…) en términos constitucionales, lo que persigue el nuevo esquema es
garantizar una más eficiente administración de justicia”. Además, precisó que se trata de una presunción de pleno de
derecho, es decir, “juris et de jure”, lo cual explica que el legislador haya previsto que cualquier estipulación contraria a
dicha presunción se tendrá por no escrita. Corte Constitucional, Sentencia C-551 de 2016.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00533-00 (PI)
Solicitante: Nidia Esperanza Marquéz Monrroy
Demandada: Juan Carlos Lozada Vargas
Referencia: Pérdida de Investidura
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rige el principio de libertad probatoria23 y, por lo tanto, sería admisible la
confesión del apoderado judicial para demostrar el vínculo de parentesco.
20. No obstante, la Sala se aparta de la anterior conclusión pues considera que,
en el presente proceso, la confesión del apoderado judicial del parentesco o de
cualquier otro aspecto objeto de la controversia no es admisible por las
siguientes razones: 1) se trata de un proceso de naturaleza sancionatoria, en el
cual no es posible admitir dicho medio de prueba porque aquella debe ser
personal, asertiva, libre, espontánea, para que produzca consecuencias
jurídicas adversas concretas24; 2) si bien las reglas probatorias del CGP resultan
aplicables en los procesos de pérdida de investidura regidos la Ley 1881 de 2018,
en virtud de la remisión que hacen los artículos 211 y 306 del CPACA, según esta
última norma la aplicación del CGP es permitida siempre que “sea compatible
con la naturaleza de los procesos” y, como se indicó, la naturaleza sancionatoria
del proceso es incompatible con confesión del apoderado judicial; por último,
3) si en gracia de discusión se considerara admisible y compatible ese medio de
prueba con el proceso de pérdida de investidura, el artículo 193 del CGP prevé
que la autorización para confesar por apoderado judicial se entiende “otorgada
para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la
audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario”, sin que se haga
mención expresa a la audiencia pública de la Ley 1881 de 2018, razón por la cual
en este proceso no se habría producido en alguno de los momentos procesales
permitidos.
21. Por lo tanto, dado que la solicitante no aportó ningún medio de prueba
tendiente a demostrar el parentesco alegado y que en este proceso judicial de
pérdida de investidura no es admisible la confesión del apoderado judicial, no
quedó demostrado el elemento material de la causal invocada.
22. Ahora bien, en relación con el elemento objetivo, esto es, la calidad de
funcionario del pariente del congresista electo, la jurisprudencia de esta
corporación es pacífica y uniforme al considerar que los miembros de las
Corporaciones Públicas, como los congresistas y concejales, no son funcionarios
23 Se ha considerado que es diferente el régimen probatorio “(…) del estado civil cuando se aduce como fuente de
obligaciones o cuando se invoca una relación simplemente de “parentesco” para deducir consecuencias jurídicas
distintas a la esfera propia del estado civil, como ocurre en materia del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
En el primer caso, es necesario acudir al régimen probatorio previsto en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de
1970. En cambio, en la segunda hipótesis, el registro civil no constituye un elemento ad sustanciam actus, por lo que
resulta posible remitirse a los demás medios de prueba previstos en el ordenamiento procesal”. Por lo tanto, se ha
concluido que la prueba del parentesco, a efectos de la configuración de causales de inhabilidad e incompatibilidad
para ser congresista, según el artículo 165 del CGP, se rige por el criterio de libertad probatoria. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de abril de 2021, Exp. 13001-23-33-000-2020-00066-01
(PI). Que reitera el precedente contenido en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Sentencia de 5 de mayo de 2016, Exp. 54001-23-33-000-2013-00290-01; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sentencia de 22 de enero de 2008, Expediente: 11001-03-15-000-2007-00163-00; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 24 de agosto de 2006, Exp. 25000-23-15-000-2005-01477-
01, entre otros.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 19 de marzo de 2019, Exp. 11001-03-15-
000-2016-03385-01(IJ). Postura que reitera: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Sentencia de 18 de enero de 2017, Exp. 11001-03-15-000-2016-03385-00 (AC); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 23 de febrero de 2017, Exp. 05001-23-31-000-2011-00442-0100 (PI).
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00533-00 (PI)
Solicitante: Nidia Esperanza Marquéz Monrroy
Demandada: Juan Carlos Lozada Vargas
Referencia: Pérdida de Investidura
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públicos25, tal como lo resaltaron el agente del ministerio público y el apoderado
del demandado. Con lo cual no estaría configurado el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura invocada.
23. A su turno, tampoco se encuentra configurado el elemento modal de la
causal, esto es, que la concejal María Victoria Vargas Silva, en el marco de las
funciones que ejerce, ostente autoridad civil o política. Lo anterior porque en el
expediente no obra prueba alguna de ello. Al respecto, la Sala resalta que
incluso si la solicitante hubiese aportado o solicitado pruebas, con base en el
contenido que la jurisprudencia de esta corporación les ha dado a los
conceptos de autoridad civil26 o política27, los concejales no ejercen ninguna de
ellas; premisa que también fue subrayada por el agente del ministerio público y
el apoderado del demandado en este proceso. Ello porque sus funciones no
implican potestad de dirección o mando sobre los civiles o particulares
(autoridad civil), ni tampoco el poder de decidir en los asuntos del gobierno, con
un alcance de obligatoriedad y con el fin alcanzar metas de carácter general y
de beneficio común (autoridad política). Por lo anterior, tampoco se configura
el elemento modal de la causal de pérdida de investidura invocada.
24. Según lo expuesto, no se encuentra demostrado el vínculo de parentesco
entre Juan Carlos Lozada Vargas (congresista demandado) y María Victoria
Vargas Silva (elemento material), ni la calidad de funcionaria pública de esta
última (elemento objetivo), ni que en ejercicio de sus funciones ostente autoridad
civil o política (elemento modal). Por lo tanto, si para la prosperidad de la causal
invocada se requiere de la configuración simultanea de todos los elementos
25 Para efectos de la causal analizada, esta Corporación ha considerado que el término “funcionario” es equiparable al
de “empleado público” y, de ese modo, “(…) comprende a todos los servidores que prestan sus servicios a una entidad
pública y ejercen las funciones que a esta le corresponden, es decir, a los empleados públicos y a los trabajadores
oficiales.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 18 Especial de Decisión, Sentencia de 26 de
enero de 2026, Exp. 11001-03-15-000-2025-06584-00. Que reitera los precedentes contenidos en: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sala 21 Especial de Decisión, Sentencia de 15 de noviembre de 2019, Exp. 11001-03-15-
000-2019-03209-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 29 de enero de 2019, Exp.
11001-03-28-000-2018-00031-00 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia
de 26 de marzo de 2015, Exp. 11001-03-28-000-2014-00058-00, entre otras.
26 “(…) la autoridad civil es aquella confiada a un servidor público o un particular con función pública por razón de sus
funciones y se expresa por medio de la toma de decisiones, o su injerencia efectiva en ellas, o por la ejecución de las
mismas, las cuales deben reflejar la idea de mando, poder, dirección, coordinación y control que se tiene sobre los actos
y las personas sujetos a control; sobre los bienes que posee o administran las entidades públicas, o sobre los sectores
sociales y económicos; pero, en todo caso, no se trata de cualquier clase de decisión, sino de aquella que determine la
forma de actuar o de obrar del propio Estado.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 18
Especial, Sentencia de 26 de enero de 2026, Exp. 11001-03-15-000-2025-06584-00. Que reitera los precedentes contenidos
en: Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 14 de marzo de 2024, Exp. 76001-23-33-000-2023-00734-01; Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 11 de febrero de 2008, Exp. 11001-03-15-000-2007-
00287-00; entre otras.
27 “(…) el término autoridad política (…) sirve como referente conceptual sobre ésta especie o clase de autoridad, siendo
definido como la capacidad para “presentar proyectos de Ley y sancionarlos, manejar las relaciones con los otros
poderes y con otros Estados, gestionar, trazar y apalancar el rumbo de la Nación”, y también se ha dicho que es “la que
ejercen los que ‘gobiernan y mandan ejecutar las leyes”, es la que ejerce quien tiene el poder de decidir, con un alcance
de obligatoriedad y con el fin de alcanzar metas de carácter general y de beneficio común, al menos teóricamente”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 6 Especial de Decisión, Sentencia de 15 de octubre de
2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-03204-00. Que reitera los precedentes contenidos en:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 7 febrero de 2019, Exp. 11001-
03-28-000-2018-00048-00, 11001-03-28-000-2018-00017-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, Sentencia de 30 mayo de 2019, Exp. 11001-03-28-000-2018-00091-00, 11001-03-28-000-2018-00601-00;
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 22 de enero de 2008, Exp. 11001-03-15-
000-2007-00163-00, entre otros.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00533-00 (PI)
Solicitante: Nidia Esperanza Marquéz Monrroy
Demandada: Juan Carlos Lozada Vargas
Referencia: Pérdida de Investidura
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requeridos, lo considerado hasta este punto es suficiente para resolver de forma
negativa la solicitud de pérdida de investidura. Lo anterior, además, porque el
análisis subsiguiente, relativo a la configuración de los restantes elementos (el
temporal y el territorial), carece de necesidad y pertinencia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura 14,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de pérdida de investidura presentada por Nidia
Esperanza Marquéz Monrroy, en contra del Representante a la Cámara por la
circunscripción electoral de Bogotá, Juan Carlos Lozada Vargas, según las
consideraciones expuestas.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, comunicar a la Mesa Directiva de la
Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral, y al Ministerio del
Interior.
TERCERO: Contra esta Sentencia procede el recurso de apelación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Magistrada Magistrada
(Aclara el voto)
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrado Magistrada
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
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