Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00534-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00534-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00534-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
28 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C. veintiocho (28) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00534-00
Accionantes: Jaqueline Mattos Cantero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 003
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por Jaqueline
Mattos Cantero –y otros– contra la sentencia proferida el 30 de agosto de 2024 por la
Sala De Decisión No. 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar.
SÍNTESIS1
La parte actora cuestiona la sentencia de segunda instancia, que confirmó la decisión
que denegó las pretensiones de la demanda en el medio de control de reparación directa
promovido por los accionantes –y otros– contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional y el Municipio de Villanueva,
con el fin de que se les declarara responsables por la masacre y el desplazamiento
forzado del cual fueron víctimas.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 27 de enero de 2026, los señores Jaqueline Mattos Cantero, Eduardo Pájaro
Vásquez, Erika Zulay Orozco Muñoz, Leonela Orozco Rodríguez, Werlen Murillo Espitia,
Carmen Danith Hernández Aroca, Francia Elena Jurado Padilla, Yudith Del Socorro
Campo Brieva, Carmen Lucila Escobar Anillo, Luis Manuel Orozco, Deivis Lucia Orozco
Quintana, Emilse Del Carmen Orozco Murillo, Griselda Polo Castilla, Niurka Yasira García
Perozo, Vicenta Álvarez Romero, Calixta Suarez Campo, Rubiela Orozco Castro, Maribel
Campo Brieva, Sady Paola Orozco Campo, Katris Orozco Campo, Carlos José Orozco
Campos, Eladio García Pedroza, Gloria María Sierra De La Rosa, Rafael Dionicio García
Sierra, Mery Muñoz Contreras y Francia Elena Arellano Muñoz, presentaron, en nombre
propio, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad.
1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Medio de control de reparación directa / Delitos de lesa
humanidad / Desplazamiento forzado / Se declara la improcedencia por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00534-00
Accionantes: Jaquelin Mattos Cantero y otros
Se declara la improcedencia
2.Según la parte actora, esas garantías constitucionales fueron vulneradas por la
sentencia proferida el 30 de agosto de 20242 por la Sala de Decisión No. 003 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, en el medio de control de reparación directa con radicado
13001-33-33-011-2015-00422-00/01.
3. Los accionantes formularon las pretensiones que se transcriben a continuación:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
justicia de los accionantes.
2. DEJAR SIN EFECTO la Sentencia No. 25/2024 del Tribunal Administrativo
de Bolívar.
3. ORDENAR la emisión de una nueva providencia que valore el
desplazamiento bajo los estándares de flexibilidad probatoria y previsibilidad
situacional fijados en las sentencias de unificación y en la jurisprudencia de 2025
del Consejo de Estado.
4. Que el fallo tenga el alcance a todos los demandantes del proceso de
reparación directa que dio origen a la sentencia tutelada3.
B. Hechos
4. La parte actora afirmó que, el 6 de enero de 2001 un grupo de aproximadamente
cincuenta paramilitares incursionó en el corregimiento de Zipacoa, ubicado en el
Municipio de Villanueva (Bolívar), concentró a los habitantes en la plaza principal y
asesinaron a los jóvenes Rider Arellano, Gilberto Bellido, Germis Jiménez y Eligio Niño.
A su vez, constriñeron al resto de la población a abandonar sus tierras bajo la amenaza
de muerte.
5.Los referidos accionantes –y otros4– presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
2 Notificada el 15 de agosto de 2025.
3 Índice 2 del expediente digital en Samai.
4 Dayana Michel Pajaro Murillo (representada por Celina María Murillo Castro), Mayerlis Pajaro Mutillo (representada
por Celina María Murillo Castro), Sandy Vanessa Carrillo Orozco (representado por Erika Zulay Orozco Muñoz), Yuranis
Murillo Melendez (representado por Werlen Murillo Espitia), Loraine Carolina Orozco Hernández (representado por
Carmen Denith Hernández Aroca), Manuel Antonio Orozco Jurado (representado por Francia Elena Jurado Padilla),
Lina Marcela Orozco Campo (representado por Yudith Del Socorro Campo Brieva), María José Castro Escobar
(representado por Carmen Lucila Escobar Anillo), Luis Ángel Orozco Hernández (representado por Luis Manuel Orozco
Orozco), Laudith María Campo Orozco (representado por Deivis Lucia Del Ca Orozco Quintana), Yelisa Catrina Pérez
Orozco (representado por Emilse Del Carmen Orozco Murillo), Deley Liliana Arellanopolo (representado por Griselda
Polo Castilla), Miurika Yasira Orozco García (representado por Niurka Yasira García Perozo), Daniela Murillo Álvarez
(representada por Vicenta Álvarez Romero), Manuel Eduardo Pérez Suarez (representado por Calixta Suarez Campo),
Tatiana Karina Pérez Orozco (representado por Rubiela Orozco Castro), Pablo Absalón Orozco, Alexander Orozco-
Campo, Víctor Manuel López Romero, Willian Romero Polo, Silena Arellano Obozca, Henry Arellano Rodríguez, Carlos
Manuel Velez Orozco, Guillermina Rodríguez Morillo, Raul Enrique Suarez Guerrero, Amaury Arellano Puerta, Lisbeth
Arrelano Polo, JuanEnrique Pérez Orozco., Yuranes Murillo Castro, Estefania Matas Murillo, Edgar Manuel Matas
Murillo, Franklin Murillo Segovia, Rosario Judith Pérez Montalvan, Remberto Cueto Pérez, Teodulo Ruiz Vega, Gleidy
Luz Orozco Rodrígez, Elvia Patricia Orozco Rodríguez, Rubis Del Carme Matos Beltran, Wendy Yoranis Mata Barrios,
Wilmer Antonio Orozco Villa, Alicia Rodríguez Barrio, Wilmer Antonio Orozco Rodríguez (representado por Alicia
Rodríguez Barrio), Marisol Campo Obqzco, Milver Elena Orozco Jurado, Cruz Marina Arellano Puerta (Esposa de una
de las victimas Gilberto Beltido Torrecilla), Norma Arellano Puerta, Vespaciano Arellano Orozco, Nidia Orozco Orozco,
Edulfa Puerta De Polo, Ana Avelina Hernandez Jimenez, Erasmo Bellido Rocha, Marilin Sabaliza Gracia, Omar Enrique
Segovia Polo, Abel Antonio Segovia Polo, Glarys Nargib Madero Orozco, Jonatan Javier Sabalza Orozco, Yuliana
Castro Lara, Nuris Teresa Rodríguez Murillo, Yohanis María Orozco Castro, Eva Sandrith Bellido Arellano, Angela
Patricia Matas Murillo, José De Los Santos Murillo Camargo, Ricardo De Jesús Murillo Rodríguez, Raquel Polo Murillo,
Cesar Polo Villamil, Farid Orozco Escobar, Gustavo Rodríguez Polo, Rafael Andrés Salas Murillo, Naiker Eduardo
Pérez Suarez, Herlan Enrique Brieva Rqdriguez, Deivis Manuel Escqrcia Suarez, Osiris María Murillo Pérez, Abel
Enrique Brieva Murillo, Luis Gonzaga Arrelano Polo, Margarita Murillo De Arellano, Everlides Arellano Murillo, Yacira
Del Carmen Brieva Rodríguez, Yadira Rodríguez Murillo, Carmen Rosa Escobar Camargo, Julia Senelis Castilla De
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Accionantes: Jaquelin Mattos Cantero y otros
Se declara la improcedencia
Nacional, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el Municipio de Villanueva con el fin
de que se les declarara responsables por la masacre y el desplazamiento forzado masivo
en Zipacoa (Bolívar), pues a su juicio, dichas autoridades permitieron que los grupos
subversivos ingresaran a la comunidad.
6. Mediante sentencia del 23 de enero de 2020, el Juzgado Decimoprimero
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena denegó las pretensiones de la demanda,
toda vez que no se aportaron elementos de prueba que evidenciaran que el Ejército
Nacional, la Armada Nacional y la Policía Nacional tenían conocimiento de las amenazas
antes de la incursión de los grupos ilegales, así como tampoco se demostró que los
demandantes hubiesen elevado solicitudes expresas de protección de sus vidas y bienes.
Murillo, Segismundo Polo Arellano, Donal Utria Orzoco, Mirna Del Rosario Polo Castilla, Daira Rodríguez Espitia, Galvis
Enrique Murillo Rodríguez, Lesly Marcela Murillo Rodríguez, Jairo Henrique Murillo Padilla, Yorelis Orozco Campo,
Eduardo Orozco Arellano, Alex De Jesús Orozco Orozco, Jaime Enrique Orozco Escobar, Ramon Castellon Casarcas,
Maria Concepcion Herrera Aguilar, Marta Estela Matas Murillo, Bibiana Margot Murillo Arellano, Sayuris Murillo Herrera,
Nivia Esther MurillaMartelo, Eliz Patricia Polo Ramos, Libardo Arellano Peñates, Humberto Murillo Segovia, Pedro Luis
Barreto Castro, Eloisa Segovia De Murillo, Concepción María Murilloorozoo, Saray Patricia Sierra Pérez, Dayana Paola
Pérez Bellido, Amaury Méndez Ruiz, Vina Pérez Bellido, Luis Andrés Sierra Pérez, Melba María Polo Murillo, Emelis
Orozco Castro, Alexander Gamarra Murillo, Yamir Enrique Bellido Castro, Yudis Esperanza Jaramillo Polo, Islenia
Murillo Segovia, Estiven Orozco Esoobar, Lorenzo Nicolas Jaramillo Aguilar, Alix Mercedes Orozco Polo, Lilibeth Pérez
Campo, Gabriel Enrique Murillo Pérez, Norgela María Villadiego López, Karina Sofia Pérez Campo, Katherine Sofia
Pérez Campo, Sandra Milena Polo Obeso, Zulay Orozco Muñoz, Mirlena Rodríguez Suarez, Roñal Antonio Murillo
Rodríguez, Andy Gabriel Arellano Polo, Elmer David Arellano Polo, Alcira Orozco Escobar, Luis Ángel Velez Orozco,
María Alejandra Martelo Álvarez, Jarol Murillo Arellano, Justo Pastor Murillo, Lorenzo Arellano Villamil, Saida Ester
Orozco Polo, Maribel Orozco Polo, Margarita Arellano Murillo, Enrique Pérez Murillo, Víctor Daniel López Polo, Libia
María Polo Villamil, Yesel Patricia López Polo, Carmen Alicia Murillo Beltran, Agustina Murillo Beltran, Blas Eduardo
Murillo Beltram, Kelis María Orozoo Polo, Elis María Jaramillo Polo, Carlos Manuel Velez Pino, Carlos Javier Polo
Murillo, Nubia De Jesús Velez Orozoo, Parid Lenin Orozoo Gaboia, Carmen Alioiá Gómez Castilla, José Gabriel Espitía
Martelo, Gilberto Orozoo Escobar, Juana Bautista Obeso Herazo, Marcos Antonio Castillo Campo, Yolanda Del Socorro
Castro Obeso, Jhan Carlos Cantillo Orozco, Sonia María Brieva De Campo, Pablo Absalon Orozcooonzalez, Olga
Raquel 0.R0zc0_De-0r0zc,0, Olga Patricia Orozco 0r0zc,0, Jhon Jairo Campo Castellon, Eduardo Marquez Romero,
Carlos Manuel Murillo Polo, Javier Agustin Romero Arellano, Evangelina Orozco De Orozco, Carmen Josefina Castro
Obeso, Catalina Padilla Cardona, Manuel Ricardo Orozco Jiménez, Jeison Javier Morales Orozco, Ever Luis Orozco-
Castro, Richar Enrique Jaramillo Polo, Guillermo Orozco Escobar, María Del Socorro Orozco de Utria, Abelardo Antonio
Orozco Niño, Emerson Arellano Püertá, Marcos Fidel Alarcon Peinado, Nelis Polo Sabalza, Belquis Orozco Rodríguez,
Juan Carlos Polo Sabalza, Ademir Enrique Orozco Castro, Luis María Orozco González, Eduardo Marquez Ortiz, Gleint
Yair Narvaes Polo, Sabina Muñoz Hernández, Edilsa Orozco Murillo, Jesús Alberto Arrellano Orozco, Rita Eva Castro
Obeso, Bilfredo Villamil Martelo, Harold Javier Hurtado Vivando, Yesica María Taborda Monterroza, Nelson Zavier
Murillo Arellano, María Alexandra Utrias Pérez, María Bernarda Utria Orozco, Moises Hernández Padilla, Bladimir Polo
Obeso, Jairo Enrique Orozco Brieva, Telma Regina Campo Brieva, Dagoberto Orozco Murillo, William Nicolás Cantillo
Rodríguez, Mercedes Amelia Orozco Brieva, Orfelina Brieva Orozcgo, Gabriel Enrique Orozco Brieva, Jorge Eliecer
Orozco Rodríguez, Benjamín Campo Brieva, Pedro Manuel Barreto Solano, Luz Carine Pérez Bellido, Jesús David
Pérez Castilla, Arlen Isabel Castilla Murillo, Juan Carlos Perez Bellido, Martha Estela Murillo Murillo, Luis Carlos Orozco
Escobar, Yulis Margarita Murillo Arrellano, Luz Mina Orozco Quintana, María Luisa Quintana Camargo, Ramon Antonio
Rodríguez Villadiego, Marco Fidel Castellon Paoini, Yeison Peñaranda Niño, Robinson Enrique Martelo Arellano, Vikys
Paola Jaramillo Polo, Eloisa Niña De Orozco, Tania Katherine Pérez Orózoo, Orlando Orozco Aellano, Kevin Rafael
Murillo Arellano, Rodolfo Enrique Orozco Polo, Antonia María Castello Paccini, Maritza Arellano Puerta, Rosa Bellido
Tordeoilla, Melisa Murillo Arellano, Cindy Paola Pontes Orozoco, Carlos Mario Guerrero Bellido, Fabian De Jesús
Machacon Orozco, Michel Orozco Quintana, Félix Enrique Murillo Martelo, Leonalda Rodríguez Murillo, Yenis Karolina
Salas Murillo, Ramiro De Jesus Salas Castro, Eduardo Miguel Perez Atendia, Armando José Romero Tarra, Cesar Ivan
Padilla Patermina, Heriberto Ramírez Simancas, Miguel Polo Hernández, Ana Milena Maza Murillo, Salustiano Arellano
Orozoojqo, Pedro Maza Pérez, Pedro Luis Maza Murillo, Marbelis Mercedes Arellano Rodríguez, Reginaldo Murillo
Murillo, Elvira Hernández Gutiérrez, Adriana Milagro Murillo Polo, Andrés Murillo Murillo, Leonardo J.
Bellido Arellano,
Karina E. Bellido Arellano, Sebastián Bellido Arellano, Zoraida Murillo Balvin, Octavio Manuel Hernández Pereira, Luz
Enith Jiménez Murillo, Angie Zoraida Hernández Jiménez, Luis Octavio Hernández Jiménez, Alfredo Bellido Tordecillas,
Edrio José Murillo Polo, Hortacio Jiménez Murillo, Pablo Jiménez Murillo, Samir Enrique Jiménez Murillo, María Carolina
Jiménez Banquez, Jairo Castro Obeso, Yonis Murillo Arellano, Manuel De Jesús Murillo Orozco, Luis Miguel Baena
Polo, Estela María Murillo Herrera, Alcira Castro De Marrugo, Meilis Yoana Pardo Castro, Alfair José Alfaro Castro,
Osbaldo Orozco Marrugo, Lira Auxiliadora Regino López, Angelica Patricia Orozco Regino, Eloisa Orozco Castro,
Alexander Pérez Rodríguez, Armando José Barrios, Slendy Yulieth Zuñiga Orozco, Emilce Judith Barrios, Tatiana Paola
Guerrero Bellido, Rita Eva Orozco Orozco, Oscar Mata Beltran, Leydi Martínez Ramos, Andrés Camilo Acevedo
Taborda, Angela María Taborda Berdugo, Edilberto Eleno Lara García, Kellis Johana Barrios Mat0s, Eduardo David
Sierra De La Rosa, Marta Elisa Orozco Orozco, Zamanda Romero orozco, Jhonatan Enrique Torrenegra Aceved0,
Briana Paola Padilla Martelo, Alvaro José Romero Ramos, Darwin Martínez Rodríguez, Gina Luz Martínez Ramos,
Jorge Armando Barrios Matos, Nelson Pérez Castellon.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00534-00
Accionantes: Jaquelin Mattos Cantero y otros
Se declara la improcedencia
7. La parte demandante apeló la decisión de primera instancia5 y, mediante sentencia del
30 de agosto de 2024, la Sala de Decisión No. 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar
la confirmó. Expuso que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, para
atribuir la responsabilidad patrimonial al Estado en estos casos, existían los siguientes
criterios: (i) se debía conocer la situación general de orden público en la zona antes y
después de los hechos; (ii) había conocimiento de circunstancias particulares que
afectaban a un grupo vulnerable; (iv) se conocía el peligro al que estaba expuesta la
víctima debido a su actividad profesional y (v) no se tomaron las medidas para prevenir
el daño.
7.1. De acuerdo con lo anterior, afirmó que para que el Estado pudiera ser considerado
responsable por el incumplimiento de la obligación de proporcionar protección y
seguridad, se requería demostrar que las autoridades tenían conocimiento de la situación
de riesgo y peligro en la que se encontraba la víctima.
7.2. Señaló que, no obstante, la parte demandante no aportó los elementos de prueba
que permitieran corroborar que los habitantes del corregimiento de Zipacoa (Bolívar)
informaron a la fuerza pública sobre los acontecimientos ocurridos el 6 de enero de 2001.
Además, afirmó que tampoco se demostró la ocurrencia previa de algún hecho
extraordinario que afectara el orden público del municipio, que permitiera inferir el
conocimiento de la existencia de un riesgo que ameritara de reforzar las medidas de
seguridad por parte de las autoridades.
C. Fundamentos de la vulneración
8. La parte actora señala que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente jurisprudencial y procedimental por
exceso ritual manifiesto.
9. Frente al defecto fáctico, indica que el Tribunal accionado incurrió “en una
contradicción lógica insalvable” pues encontró probado el daño por los acontecimientos
ocurridos el 6 de enero de 2001, pero manifestó que no existía prueba de la “coacción”.
Expone que la autoridad judicial accionada ignoró arbitrariamente que “la masacre es la
fuente misma de la coacción violenta e irresistible” y desconoció los testimonios de
Oswaldo Orozco Marrugo –y otros–, los cuales calificó previamente como “claros y
coherentes”.
10. Respecto del defecto sustantivo, afirma que el Tribunal impuso a las víctimas una
carga probatoria excesiva al exigir que demostraran un “aviso previo” o una denuncia en
medio de un contexto de “terror paramilitar”. Según la sentencia T-117 de 20226, proferida
5 Expuso que la Fuerza Pública y la Alcaldía tenían pleno conocimiento de que la comunidad Zipacoa se encontraba
“en peligro de muerte y transgresión de sus derechos fundamentales”. Afirmó que no se tuvieron en cuenta las pruebas
solicitadas en la demanda y en la reforma de esta y que se pasó por alto que se trata de un caso de graves violaciones
de derechos humanos y que el Consejo de Estado ha manifestado que se permite una flexibilidad en la valoración
probatoria. Añadió que al demandarse por desplazamiento forzado de manera masiva de toda una población y no un
desplazamiento individual, no podía exigirse que se probara que cada uno de los demandantes solicitó ayuda de
protección personal o individual.
6 Corte Constitucional, sentencia T-117 de 2022, M.P. Karena Caselles Hernández.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00534-00
Accionantes: Jaquelin Mattos Cantero y otros
Se declara la improcedencia
por la Corte Constitucional, el juez debe acudir a criterios flexibles y distribuir la carga
probatoria, por lo cual correspondía al Estado demostrar que “su omisión fue diligente
dado el contexto de orden público”. En consecuencia, el Tribunal desconoció el principio
pro persona y el artículo 167 del Código General del Proceso (en adelante CGP)7.
11. Añade que se incurrió en un desconocimiento del precedente, por cuanto la autoridad
judicial accionada se apartó de la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera del
Consejo de Estado. Invoca como desconocida la sentencia proferida el 18 de junio de
2025, en el radicado No. 37980 y la aclaración de voto de dicha providencia8.
12. Finalmente, expone que se incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en tanto el Tribunal privilegió la forma sobre “la verdad real” y renunció a su
deber de búsqueda de la justicia material, pues omitió valorar las pruebas obrantes en el
expediente de reparación directa, las noticias que documentaron los hechos ocurridos en
Zipacoa (Bolívar), y los testimonios practicados.
D. Trámite procesal
13. Mediante auto del 29 de enero de 20269, se admitió la demanda de tutela y se notificó
al Tribunal Administrativo de Bolívar como autoridad accionada y al Juzgado
Decimoprimero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional, a la Policía Nacional, a la Armada Nacional, al Municipio
de Villanueva y a los demandantes del proceso de reparación directa con radicado 13001-
33-33-011-2015-00422-00/01, en calidad de terceros con interés.
E. Oposiciones e intervenciones
14. El Tribunal Administrativo de Bolívar10 (accionado) aportó el expediente digital del
proceso de reparación directa, sin embargo, no rindió informe.
15. La Policía Nacional11 (tercero con interés) solicitó que se declarara la improcedencia
de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en
tanto no se está ante el acontecimiento de un perjuicio irremediable o una amenaza
inminente e injustificada que amerite la procedencia del mecanismo constitucional.
7 Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al
decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer
los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber
intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la
cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicado No. 05001-23-31-000-2002-04846-01, C.P. Nicolás
Yepes Corrales.
9 Índice 5 del expediente digital en Samai.
10 Índice 12 del expediente digital en Samai.
11 Índice 13 del expediente digital en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00534-00
Accionantes: Jaquelin Mattos Cantero y otros
Se declara la improcedencia
16. Algunos de los demandantes12 del proceso de reparación directa13 (terceros con
interés) solicitaron que se les reconociera formalmente la calidad de accionantes dentro
del trámite de la tutela.
17. El Juzgado Decimoprimero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, el
Ejército Nacional, la Armada Nacional y el Municipio de Villanueva (terceros con interés)
pese a estar debidamente notificados, guardaron silencio.
12 Carmen Lucila Escobar Anillo, Pablo Absalón Orozco Orozco, Yulieth Irina Arellano Muñoz, Dainer José Murillo
Rodríguez, Alexander Orozco Campo, Víctor Manuel López Romero, Willian Romero Polo, Silena Arellano Orozco,
Henry Arellano Rodríguez, Carlos Manuel Velez Orozco, Guillermina Rodríguez Morillo, Raul Enrique Suarez Guerrero,
Amaury Arellano Puerta, Lisbeth Arrelano Polo, Juan Enrique Pérez Orozco, Yuranes Murillo Castro, Estefania Matas
Murillo, Edgar Manuel Matas Murillo, Franklin Murillo Segovia, Rosario Judith Pérez Montalvan, Remberto Cueto Pérez,
Teodulo Ruiz Vega, Gleidy Luz Orozco Rodríguez, Elvia Patricia Orozco Rodríguez, Rubis Del Carme Matos Beltran,
Wendy Yoranis Mata Barrios, Wilmer Antonio Orozco Villa, Alicia Rodríguez Barrio, Marisol Campo Orozco, Milver
Elena Orozco Jurado, Cruz Marina Arellano Puerta (Esposa de una de las victimas Gilberto Beltido Torrecilla), Norma
Arellano Puerta, Vespaciano Arellano Orozco, Nidia Orozco Orozco, Edulfa Puerta De Polo, Ana Avelina Hernández
Jiménez, Erasmo Bellido Rocha, Marilin Sabaliza Gracia, Omar Enrique Segovia Polo, Abel Antonio Segovia Polo,
Glarys Nargib Madero Orozco, Jonatan Javier Sabalza Orozco, Yuliana Castro Lara, Nuris Teresa Rodríguez Murillo,
Yohanis María Orozco Castro, Eva Sandrith Bellido Arellano, Angela Patricia Matas Murillo, José De Los Santos Murillo
Camargo, Ricardo De Jesús Murillo Rodríguez, Raquel Polo Murillo, Cesar Polo Villamil, Farid Orozco Escobar,
Gustavo Rodríguez Polo, Rafael Andrés Salas Murillo, Naiker Eduardo Pérez Suarez, Herlan Enrique Brieva Rodríguez,
Deivis Manuel Escorcia Suarez, Osiris María Murillo Pérez, Abel Enrique Brieva Murillo, Luis Gonzaga Arrelano Polo,
Margarita Murillo De Arellano, Everlides Arellano Murillo, Yacira Del Carmen Brieva Rodríguez, Yadira Rodríguez
Murillo, Carmen Rosa Escobar Camargo, Julia Senelis Castilla De Murillo, Segismundo Polo Arellano, Mirna Del
Rosario Polo Castilla, Daira Rodríguez Espitia, Galvis Enrique Murillo Rodríguez, Lesly Marcela Murillo Rodríguez,
Jairo Henrique Murillo Padilla, Yorelis Orozco Campo, Eduardo Orozco Arellano, Alex De Jesús Orozco Orozco, Jaime
Enrique Orozco Escobar, Ramon Castellon Cabarcas, María Concepcion Herrera Aguilar, Marta Estela Matas Murillo,
Bibiana Margot Murillo Arellano, Sayuris Murillo Herrera, Nivia Esther Murillo Martelo, Eliz Patricia Polo Ramos, Libardo
Arellano Peñates, Humberto Murillo Segovia, Pedro Luis Barreto Castro, Eloisa Segovia De Murillo, Concepcion María
Murillo Orozco, Saray Patricia Sierra Pérez, Dayana Paola Pérez Bellido, Amaury Méndez Ruiz, Vina Pérez Bellido,
Luis Andrés Sierra Pérez, Melba María Polo Murillo, Emelis Orozco Castro, Alexander Gamarra Murillo, Yamir Enrique
Bellido Castro, Yudis Esperanza Jaramillo Polo, Islenia Murillo Segovia, Estiven Orozco Escobar, Lorenzo Nicolas
Jaramillo Aguilar, Alix Mercedes Orozco Polo, Lilibeth Pérez Campo, Gabriel Enrique Murillo Pérez, Norgela María
Villadiego López, Karina Sofia Pérez Campo, Katherine Sofia Pérez Campo, Sandra Milena Polo Obeso, Zulay Orozco
Muñoz, Mirlena Rodríguez Suarez, Ronal Antonio Murillo Rodruiguez, Andy Gabriel Arellano Polo, Elmer David Arellano
Polo, Alcira Orozco Escobar, Luis Ángel Velez Orozco, María Alejandra Martelo Álvarez, Jarol Murillo Arellano, Justo
Pastor Murillo, Lorenzo Arellano Villamil, Saida Ester Orozco Polo, Maribel Orozco Polo, Margarita Arellano Murillo,
Enrique Pérez Murillo, Donal Utria Orozco, Víctor Daniel López Polo, Libia María Polo Villamil, Yesel Patricia López
Polo, Carmen Alicia Murillo Beltran, Agustina Murillo Beltran, Blas Eduardo Murillo Beltram, Kelis María Orozco Polo,
Elis María Jaramillo Polo, Carlos Manuel Velez Pino, Carlos Javier Polo Murillo, Nubia De Jesús Velez Orozco, Farid
Lenin Orozco García, Carmen Alicia Gómez Castilla, José Gabriel Espitía Martelo, Gilberto Orozco Escobar, Juana
Bautista Obeso Herazo, Marcos Antonio Castillo Campo, Yolanda Del Socorro Castro Obeso, Jhan Carlos Cantillo
Orozco, Sonia María Brieva De Campo, Pablo Absalon Orozco González, Olga Raquel Orozco De Orozco, Olga Patricia
Orozco Orozco, Jhon Jairo Campo Castellon, Eduardo Marquez Romero, Carlos Manuel Murillo Polo, Javier Agustin
Romero Arellano, Evangelina Orozco De Orozco, Carmen Josefina Castro Obeso, Catalina Padilla Cardona, Manuel
Ricardo Orozco Jiménez, Jeison Javier Morales Orozco, Ever Luis Orozco Castro, Richar Enrique Jaramillo Polo,
Guillermo Orozco Escobar, María Del Socorro Orozco De Utria, Abelardo Antonio Orozco Niño, Emerson Arellano
Puerta, Marcos Fidel Alarcon Peinado, Nelis Polo Sabalza, Belquis Orozco Rodríguez, Juan Carlos Polo Sabalza,
Ademir Enrique Orozco Castro, Luis María Orozco González, Eduardo Marquez Ortiz, Gleint Yair Narvaes Polo, Sabina
Muñoz Hernández, Edilsa Orozco Murillo, Jesús Alberto Arrellano Orozco, Rita Eva Castro Obeso, Bilfredo Villamil
Martelo, Harold Javier Hurtado Vivanco, Yesica María Taborda Monterroza, Nelson Zavier Murillo Arellano, María
Alexandra Utrias Pérez, María Bernanrda Utria Orozco, Moises Hernández Padilla, Bladimir Polo Obeso, Jairo Enrique
Orozco Brieva, Telma Regina Campo Brieva, Dagoberto Orozco Murillo, William Nicolas Cantillo Rodríguez, Mercedes
Amelia Orozco Brieva, Orfelina Brieva Orozco, Gabriel Enrique Orozco Brieva, Jorge Elieces Orozco Rodríguez,
Benjamin Campo Brieva, Pedro Manuel Barreto Solano, Luz Carine Pérez Bellido, Jesús David Pérez Castilla, Arlen
Isabel Castilla Murillo, Juan Carlos Pérez Bellido, Martha Estela Murillo Murillo, Luis Carlos Orozco Escobar, Yulis
Margarita Murillo Arrellano, Luz Mina Orozco Quintana, María Luisa Quintana Camargo, Ramon Antonio Rodríguez
Villadiego, Marco Fidel Castellon Pacini, Yeison Peñaranda Niño, Robinson Enrique Martelo Arellano, Vikys Paola
Jaramillo Polo, Eloisa Niña De Orozco, Tania Katherine Pérez Orozco, Orlando Orozco Arellano, Kevin Rafael Murillo
Arellano, Rodolfo Enrique Orozco Polo, Antonia María Castello Paccini, Maritza Arellano Puerta, Rosa Bellido
Tordecilla, Melisa Murillo Arellano, Cindy Paola Pontes Orozco, Carlos Mario Guerrero Bellido, Fabian De Jesús
Machacon Orozco, Michel Orozco Quintana, Félix Enrique Murillo Martelo, Leonalda Rodríguez Murillo, Yenis Karolina
Salas Murillo, Ramiro De Jesus Salas Castro, Eduardo Miguel Perez Atencia, Armando José Romero Tarra, Cesar Iván
Padilla Patermina, Heriberto Ramírez Simancas, Miguel Polo Hernández, Ana Milena Maza Murillo, Salustiano Arellano
Orozco, Pedro Maza Pérez, Pedro Luis Maza Murillo, Marbelis Mercedes Arellano Rodríguez, Reginaldo Murillo Murillo,
Elvira Hernández Gutiérrez, Adriana Milagro Murillo Polo, Andres Murillo Murillo.
13 Índice 14 del expediente digital el Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00534-00
Accionantes: Jaquelin Mattos Cantero y otros
Se declara la improcedencia
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
18. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
G. Cuestión preliminar
19. Mediante memorial presentado el 4 de febrero de 2026 algunos demandantes del
proceso de reparación directa solicitaron se les reconociera “formalmente la calidad de
accionantes dentro del presente trámite”.
19.1.Sin embargo, la Sala advierte que esa solicitud resulta improcedente, por cuanto la
demanda de tutela fue admitida el 29 de enero de 2026 y en esta obraban como
accionantes únicamente los señores Jaqueline Mattos Cantero, Eduardo Pájaro Vásquez,
Erika Zulay Orozco Muñoz, Leonela Orozco Rodríguez, Werlen Murillo Espitia, Carmen
Danith Hernández Aroca, Francia Elena Jurado Padilla, Yudith Del Socorro Campo
Brieva, Carmen Lucila Escobar Anillo, Luis Manuel Orozco, Deivis Lucia Orozco
Quintana, Emilse Del Carmen Orozco Murillo, Griselda Polo Castilla, Niurka Yasira García
Perozo, Vicenta Álvarez Romero, Calixta Suarez Campo, Rubiela Orozco Castro, Maribel
Campo Brieva, Sady Paola Orozco Campo, Katris Orozco Campo, Carlos Jose Orozco
Campos, Eladio García Pedroza, Gloria María Sierra De La Rosa, Rafael Dionicio García
Sierra, Mery Muñoz Contreras y Francia Elena Arellano Muñoz.
19.2.Admitir la vinculación en calidad de accionantes con posterioridad a la admisión de
la demanda de tutela, implicaría la vulneración de los derechos de defensa y
contradicción de los demás intervinientes en el proceso y la celeridad propia del
mecanismo constitucional. Además, los demandantes en el proceso de reparación directa
fueron vinculados a la tutela en calidad de terceros con interés.
19.3.En todo caso, se dispondrá la aceptación de aquellos en calidad de coadyuvantes.
Frente a la coadyuvancia, la Corte Constitucional estableció:
La coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero
con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y
argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste
puede realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva
tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia14.
19.4.En ese sentido, la Sala se limitará a analizar los reparos planteados en la demanda
de tutela.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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H. Sentido de la decisión
20. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional. En ese sentido y por razones metodológicas, en
esta providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de
procedencia15.
I. El requisito de relevancia constitucional
21. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales16. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión
cuestionada17, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.
22. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones18.
23. En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
(i) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
15 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
17 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021,
M.P. Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
18 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental.
(ii) La controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
(iii) Se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.
Entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías
superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se
debe justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental.
(iv) El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.
24. Para la Corte Constitucional19, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
25. De conformidad con la anterior, la Corte Constitucional ha insistido en que la
intervención del juez constitucional sólo está justificada cuando “(…) la providencia
judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía
en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional20”.
J. Requisitos específicos de procedibilidad de los reparos contra la providencia
judicial invocados en la demanda de tutela
26. En el caso objeto de estudio la parte actora presentó una demanda en ejercicio de
la acción de tutela contra la sentencia proferida el 30 de agosto de 2024 por la Sala de
Decisión No. 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se confirmó la
providencia del 23 de enero de 2020, en la cual el Juzgado Decimoprimero Administrativo
del Circuito Judicial de Cartagena denegó las pretensiones de la demanda de reparación
directa.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
20 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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27. La parte actora afirma que esa decisión vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, pues a su juicio incurrió
en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente; la Sala precisa que,
aunque se alegó la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, los argumentos presentados por la parte actora se encuadran en un defecto
fáctico, por cuanto afirmó que se descalificaron las pruebas y los testimonios obrantes en
el expediente y se omitió la valoración de las noticias que documentaron los hechos
ocurridos en Zipacoa (Bolívar).
28. A continuación, la Sala describirá las características y elementos de esos defectos,
con el propósito de determinar el objeto de la litis.
29. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido de la decisión. Es decir que, en esencia, se configura
cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”21. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.
29.1. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias22. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción o,
habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.
29.2.Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba23. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción24.
30. Por otro lado, el defecto sustantivo se configura cuando un operador judicial
desconoce la Constitución o la ley. La Corte Constitucional25 ha determinado que se
está ante un defecto sustantivo cuando el juez, en ejercicio de su autonomía e
independencia, desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios,
derechos y deberes superiores. En ese sentido, puede configurarse un defecto
sustantivo por la errónea interpretación o aplicación de la norma.
30.1. La jurisprudencia constitucional26 ha establecido que, para que se configure este
defecto, el error del juzgador debe ser ostensible, arbitrario y caprichoso, en
desconocimiento de lineamientos constitucionales y legales pertinentes, pues el juez
constitucional no puede inmiscuirse ni definir la forma en que el juez ordinario tiene que
decidir.
21 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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31. Finalmente, sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Corte
Constitucional ha determinado que constituye precedente una sentencia previa relevante
para la solución de un nuevo caso. En cuanto a su influencia en resolver nuevos casos,
ha establecido que “como los supuestos de hecho similares deben recibir un tratamiento
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión
posterior”.
31.1. Sumado a lo anterior, ha sostenido que “los precedentes judiciales proyectan un
valor vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los
principios de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguirlos, o a
justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.
K. El caso concreto
32. La Sala evidencia que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en tanto tiene como propósito reabrir el debate concluido en el proceso de
reparación directa, sin que se advierta una actuación arbitraria o ilegítima por parte de la
autoridad judicial accionada.
33. En primer lugar, la Sala precisa que, si bien en el recurso de apelación no se invocó
expresamente la configuración de los defectos planteados en la presente demanda de
tutela, lo cierto es que la parte actora cuestionó la valoración probatoria realizada en la
sentencia de primera instancia. Además, adujo que, al tratarse de un caso de violación
de derechos humanos se requería realizar una flexibilización probatoria e insistió en la
responsabilidad de las autoridades demandadas, argumentos fueron expuestos en la
demanda de tutela.
34. En ese sentido, la Sala advierte que los argumentos presentados por la parte actora,
dirigidos a cuestionar la valoración probatoria y a que se declare la responsabilidad de
las demandadas en el proceso de reparación directa, fueron expuestos ante la autoridad
judicial accionada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el
23 de enero de 2020 por el Juzgado Decimoprimero Administrativo del Circuito Judicial
de Cartagena.
35. En el recurso de apelación, la parte actora indicó expresamente lo siguiente:
Para demostrarse que las autoridades de la Fuerza Pública y Alcaldía demandadas, sí
tenían pleno conocimiento de que los pobladores de esta región de Zipacoa, sí estaban
en peligro de muerte y transgresión de sus derechos fundamentales, estimo que este
Juzgado a su muy digno cargo, tal vez por exceso de trabajo, no tuvo en cuenta la
existencia de las pruebas solicitadas en el texto de la demanda, y también en el
escrito de subsanación y reforma de la demanda inicial de fecha 19 de febrero del
año 2016, y que obran en el expediente (…)
La parte demandante inconforme con la decisión del despacho, en cuanto a la tesis
planteada por este fallador, el cual no tuvo en cuenta que estamos ante un caso de
graves violaciones de derechos humanos, como lo es el delito de desplazamiento
forzado, casos en los cuales ha manifestado el Consejo de Estado que al momento
de fallar estos casos el juez debe dar una flexibilidad a los medios probatorios,
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incluso basado en indicios, con tal de lograr una efectiva reparación integral de
los daños a los derechos humanos (…)
Así pues, no se comparte lo resuelto por el Juzgado, en cuanto liberta de responsabilidad
a las entidades demandadas, teniendo en cuenta que sí se probaron los elementos que
configuran la responsabilidad del Estado (…)
Con las pruebas documentales que obran en el expediente, y de los testimonios
recepcionados en debida forma, que si bien fueron tachados por la parte demandada
(…) estos deben ser valorados conforme lo establece la sentencia del 20 de octubre de
2014.
Por otro lado, en el caso que nos ocupa, se demanda por el desplazamiento forzado de
manera masiva, de toda una población, incluidos los demandantes, no es un
desplazamiento individual, por cuanto no se puede exigir que se pruebe que cada
uno de los demandantes solicitó ayuda de protección personal o individual (…)
(negrillas de la Sala).
36. Los anteriores planteamientos fueron resueltos por la Sala de Decisión No. 003 del
Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia del 30 de agosto de 2024 –aquí
cuestionada–, en la cual indicó que no se allegaron los elementos de prueba que
demostraran que los habitantes de Zipacoa (Bolívar) informaron a la fuerza pública sobre
los acontecimientos ocurridos el 6 de enero de 2001.
37. Además, el Tribunal afirmó que no se demostró la ocurrencia previa de algún hecho
extraordinario que afectara el orden público del corregimiento, que permitiera inferir el
conocimiento por parte de las autoridades de la existencia de un riesgo que ameritara
reforzar las medidas de seguridad.
38. Expuso que, de conformidad con el artículo 167 del CGP, a las partes incumbe probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Sin
embargo, la parte demandante no logró probar la responsabilidad de las demandadas en
el proceso de reparación directa, por cuanto no demostró que las demandadas –Policía
Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional y Municipio de Villanueva– tuviesen
conocimiento de la situación de riesgo.
39. Particularmente, el Tribunal accionado, al realizar la valoración probatoria, indicó:
En el sub judice, encontramos que no se encuentran elementos de prueba que
puedan corroborar que los habitantes del corregimiento de Zipacoa Bolívar
informaran a la fuerza pública sobre los acontecimientos ocurridos el día 6 de
enero de 2001. Inclusive, en las pruebas practicadas en el proceso, se desprende el
Oficio No. 2077 de 02 de noviembre de 2016, suscrito por el comandante de la Brigada
de Infantería de Marina No. 1 con sede en Corozal - Sucre, en el cual informa la
jurisdicción de los Batallones de Infantería de Marina No. 12 y No. 13. En el municipio
de Villanueva, donde se encuentra ubicado el corregimiento de Zipacoa tiene jurisdicción
el Batallón de Infantería de Marina No. 12. También se informa en este oficio que en los
archivos de la Brigada de Infantería de Marina No. 1 no se encontraron informes o
documentos relacionados con el desplazamiento forzado de Zipacoa, como tampoco
denuncias, solicitudes de protección o informes de amenazas. Igual respuesta se dio en
Oficio No. 20180043450285701 de 12 de julio de 2018 (…)
Es preciso destacar, que, conforme a la cláusula residual del principio de integración
residual normativa, el primer inciso del artículo 167 del Código General Del Proceso
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dispone que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. De ahí que en sub lite, no se logró
probar la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
Ejército Nacional, Armada Nacional y Municipio de Villanueva, toda vez que no se
logró demostrar la omisión por parte las demandadas, de hecho, como ha sido
contemplado por la jurisprudencia para la declaratoria de la responsabilidad
estatal por daños causado por un tercero, se requiere una razón de atribución para
imputarle la responsabilidad al Estado por los daños, la cual no se demostró en el
sub júdice, tal como lo sostuvo el a quo.
En síntesis, no le asiste responsabilidad administrativa y patrimonial a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional y
Municipio de Villanueva, con ocasión del desplazamiento forzado del que fueron
víctimas los demandantes, valorando que no se acreditó la falla del servicio por la
omisión reclamada en el libelo de la demanda, pues no obra en el plenario que se
le informaron a la Fuerza Pública los acontecimientos para adoptar las medidas
correspondientes como tampoco se logra corroborar con las pruebas, que había
un conocimiento general de alteración del orden público en la zona donde
acaecieron los hechos de desplazamiento o que existía con conocimiento previo de las
autoridades, una situación de riesgo constante, que obligara la intervención de
salvaguarda de la fuerza pública. (negrillas de la Sala).
40. Cabe agregar que, la autoridad judicial accionada se pronunció frente a los
testimonios de los señores Oswaldo Orozco Marrugo, Enrique Pérez Murillo y Alex de
Jesús Orozco Orozco, al analizar el daño alegado en la demanda. Frente a estos, indicó
que manifestaron que se encontraban en el corregimiento de Zipacoa al momento de los
hechos, que conocen a los demandantes y que los sucesos provocaron que parte de la
población tuviera que ser exiliada a ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cartagena. En
ese sentido, de acuerdo con la valoración de los elementos de prueba, encontró probado
el daño por los acontecimientos ocurridos del 6 de enero de 2001, pues se evidenció que
los demandantes fueron forzados a abandonar su residencia.
41. No obstante, consideró que no se demostró la responsabilidad de las demandadas
por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas los accionantes, por cuanto no se
acreditó la falla en el servicio, pues no se evidenció que hubiesen informado a la Fuerza
Pública los acontecimientos para que se tomaran las medidas correspondientes.
42. De conformidad con lo expuesto la Sala advierte que, con la demanda de tutela, la
parte actora pretende que se profiera una decisión favorable a sus intereses y pretende
utilizar el mecanismo constitucional para controvertir las decisiones adoptadas en el
medio de control de reparación directa, con el fin de que se realice una nueva valoración
probatoria, con el fin de que se declare la responsabilidad de las demandadas por la
masacre y el desplazamiento forzado, asunto fue plenamente estudiado, analizado y
fundamentado por la autoridad judicial accionada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Se declara la improcedencia
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela, por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: ADMITIR la solicitud de coadyuvancia presentada por los demandantes en
el proceso de reparación directa.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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