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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00538-01

Fecha
21 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00538-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de Dieciséis (16) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, pero, solamente 24 Artículo 86 de la Carta Política. 13 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00538-01 Accionantes: Juan Carlos Londoño Jaramillo y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión en cuanto al presupuesto de la subsidiariedad, por las razones consignadas en la parte considerativa. SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación y remitir copia. CUARTO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00538-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

21 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintiuno (21) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-00538-011
Accionantes : Juan Carlos Londoño Jaramillo y otros2
Accionado : Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Decisión
Vinculados : Juzgado Veinte (20) Administrativo de Medellín, Nación -
Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación y Girleza,
Kevin, Johanna y Salome Marín Escobar; Carolina y Juan
Carlos Londoño Marín; Alejandro Vergara Marín; Diana
María y Sandra Milena Escobar Ruiz, Estefany Londoño
Escobar, David Cano Escobar, Pablo León Echavarría
Escobar, Marcela Herrera; Daniela y Mateo Rodríguez
Herrera; Luz Marina Herrera Gómez, Sara Isabel Olarte
Herrera, Luz Marina Gómez de Ortiz, Carolina Herrera
Rivera, Eduardo Antonio Ortiz Gómez y Marlon Alberto Ruiz
Ortiz
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa por
privación de la libertad
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por los accionantes contra el

1
Expediente digital disponible en Samai.
2
Grupo familiar 1: Juan Carlos Londoño Jaramillo, Luz Stella Muñoz Estrada; Carlos Andrés y Paula Andrea Londoño Muñoz,
Stefanny Londoño Palacio, Blanca Oliva Jaramillo de Londoño, Carmen Elena Londoño Jaramillo, Juan Camilo Cardona
Londoño y Stefanía González Mejía.
Grupo familiar 2: Francisco Javier Correa Zapata, en nombre propio y heredero de Adriana Castillo Tovar y de Francisco
Luis Correa Parra; Laura Cristina Correa Castillo, en nombre propio y heredera de Adriana Castillo Tovar; Melisa Alejandra
Correa Castillo, en nombre propio y heredera de Adriana Castillo Tovar; Manuela Correa Castillo, en nombre propio y heredero
de Adriana Castillo Tovar; María Lilian Zapata López, en nombre propio y heredera de Francisco Luis Correa Parra; Elsy Edith
Correa Zapata, en nombre propio y heredera de Francisco Luis Correa Parra; Francy Emilsen Correa Zapata, en nombre
propio y heredera de Francisco Luis Correa Parra; Mary Neidy Correa Zapata, en nombre propio y heredera de Francisco Luis
Correa Parra; Juan Camilo Zapata Galeano; David y Daniel Villa Correa; Juan Fernando Correa Zapata, Iván Esteban Bedoya
Correa; Jennifer Andrea, María Paula y Kathia Suárez Correa; Tatiana Bedoya Correa, Natalia Marcela Bedoya Correa, en
nombre propio y en representación de Samantha López Bedoya y Miguel Ángel López Bedoya.
Grupo familiar 3: Álvaro César Tangarife Upegui, Sandra María Sánchez Ayala; César Andrés, Ana María y Juliana Tangarife
Sánchez, Ana Milena Tangarife Rojas, Leidy Johanna Tangarife Rojas, Santiago Tangarife Rojas, Luis Arturo Tangarife
Upegui, en nombre propio y heredero de Antonio Jesús Tangarife Sánchez, Beatriz Elena Velásquez Tangarife, Sandra
Viviana Tapias Tangarife, María Cristina Tangarife Arredondo, Edwin Arley Tangarife Correa, en nombre propio y heredero
de Gildardo de Jesús Tangarife Upegui, Giovanny Alberto Tangarife Correa, en nombre propio y heredero de Gildardo de
Jesús Tangarife Upegui, Lenis Johana Tangarife Correa, en nombre propio y heredera de Gildardo de Jesús Tangarife Upegui,
Marllely Cristina Tangarife Correa, en nombre propio y heredera de Gildardo de Jesús Tangarife Upegui, Yina Marcela
Tangarife Correa, en nombre propio y heredera de Gildardo de Jesús Tangarife Upegui y Xiomara Durley Tangarife Correa,
en nombre propio y heredera de Gildardo de Jesús Tangarife Upegui.
Aunque en el escrito introductorio, el apoderado de la parte actora explicó que también representaba a dos grupos familiares
adicionales, los cuales fungieron como demandantes en el trámite ordinario, estos no se incluyeron en el pie de página
anterior, en la medida en que, al momento en que se calificó la admisión de esta tutela, no se habían allegado los poderes
correspondientes y, por ende, no se les puede tener como accionantes. Sin embargo, se aclara que fueron vinculados
directamente a este proceso con el fin de garantizar sus derechos constitucionales.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00538-01
Accionantes: Juan Carlos Londoño Jaramillo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión

fallo de Dieciséis (16) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), emitido por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C3, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por los actores frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo
que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

2. Los accionantes, quienes actúan a través de apoderado judicial, interpusieron el

presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Decisión.

3. Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos la sentencia de Treinta (30) de Julio

de Dos Mil Veinticinco (2025), por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Decisión confirmó la providencia de Treinta (30) de
Junio de Dos Mil Veinte (2020), con la que, el Juzgado Veinte (20) Administrativo
de Medellín negó las pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa
promovida contra la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación
(expediente 05001-33-33-020-2017-00241-01). En su lugar, pidieron que se ordene
a la autoridad accionada emitir un nuevo pronunciamiento en el que «[…] valore las
pruebas aportadas en el juicio penal, haciendo un análisis completo y en conjunto de todo el material
probatorio que reposa en el Expediente».

1.3 Hechos4.

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por los

accionantes se puede evidenciar que, el Nueve (9) y Trece (13) de Marzo de Dos
Mil Doce (2012), el Juzgado Primero (1°) Penal Municipal con Función de Control

3
C. P. Nicolás Yepes Corrales.
4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00538-01
Accionantes: Juan Carlos Londoño Jaramillo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión

de Garantías Ambulante de Antioquia –Bacrim le impuso medida de aseguramiento
en establecimiento carcelario a los señores Juan Carlos Londoño Jaramillo,
Francisco Javier Correa Zapata, Álvaro Cesar Tangarife Upegui, Marcela Herrera y
Girleza Marín Escobar, por la presunta comisión del delito de concierto para
delinquir agravado, «[…] por darse con fines de extorsión, desplazamiento forzado, homicidio y
secuestro», relacionado con una organización delincuencial que operaba en la
Central Mayorista de Antioquia; sin embargo, el Veintiocho (28) de Agosto de Dos
Mil Dieciséis (2016), el Juzgado Primero (1°) Penal del Circuito Especializado con
Funciones de Conocimiento de Medellín profirió fallo absolutorio.

5. Al considerar que la mencionada restricción de la libertad fue injusta, el Dieciséis

(16) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017) los señores Juan Carlos Londoño
Jaramillo, Francisco Javier Correa Zapata, Álvaro Cesar Tangarife Upegui, Marcela
Herrera y Girleza Marín Escobar, junto con sus correspondientes grupos familiares,
instauraron demanda de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial y
Fiscalía General de la Nación (expediente 05001-33-33-020-2017-00241-01), con
el propósito que se les declarara administrativamente responsables de los agravios
causados por su aprehensión y se ordenara la respectiva compensación económica.

6. De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Veinte (20) Administrativo de Medellín

que, el Treinta (30) de Junio de Dos Mil Veinte (2020) negó las súplicas, en tanto
consideró que, «[…] el daño alegado […] [no] puede ser atribuido a una actuación u omisión
imputable al Estado, puesto que no se demostró la existencia de una falla en el servicio o lo que es
lo mismo, la antijuridicidad […], que permita endilgar un título de atribución de la obligación de reparar
[…], lo anterior, teniendo en cuenta que las medidas adoptadas dentro del proceso penal en contra
del Álvaro César Tangarife Upegui, Francisco Javier Correa Zapata, Juan Carlos Londoño Jaramillo,
Girleza Marín Escobar y Marcela Herrera estuvieron soportadas en pruebas debidamente allegadas
al proceso las cuales sirvieron de fundamento para tomar las decisiones que restringieron su libertad,
por tanto, se reitera, la medida que soportaron […], sólo puede ser considerada como necesaria,
razonable y proporcional a la conducta investigada y al material probatorio disponible para su
adopción».

7. Inconformes con esa decisión, los demandantes interpusieron recurso de
apelación, desatado el Treinta (30) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, en el sentido de
confirmarla, al estimar que, «[…] de conformidad con el artículo 297 del régimen de la libertad
y su restricción, contenido en el título IV, capítulo I, de la ley 906 de 2004, la privación de la libertad
se ajustó a los requisitos establecidos en la legislación, pues se contaba con elementos

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00538-01
Accionantes: Juan Carlos Londoño Jaramillo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión

materiales de prueba y evidencia física que [daban cuenta de] la posible comisión de un ilícito,
concierto para delinquir agravado cuya pena privativa de la libertad es superior a cuatro (4) años y,
debe recordarse que respecto de este tipo [penal] procede detención preventiva conforme a lo
previsto en el artículo 313, numeral 2 íd., previo análisis de los criterios de necesidad,
proporcionalidad, razonabilidad y legalidad que se efectuó en este caso; es decir que de ella no
puede deducirse responsabilidad para el Estado a causa de la final absolución de los procesados ».

8. Sobre la precedente situación, los tutelantes adujeron que la providencia objeto

de censura incurrió en (i) defecto fáctico, comoquiera que, «[…] no examinó los
“reparos” del recurso de apelación, respecto del caso de cada uno de los cinco [privados de la
libertad]»; y, (ii) violación directa de la Constitución, porque, se les vulneraron sus

derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al «[…]
desconoc[er] la presunción de inocencia […] a pesar de existir una sentencia absolutoria penal que
descartó la comisión del delito».

1.2 Contestaciones de la acción.

9. 1.2.1 La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial5 pidió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, toda vez
que, «[…] en el presente asunto respecto al daño, […] aunque se presente su componente material,
ello no convalida que sea antijurídico conforme a lo que establece el artículo 90 de la Carta y a los
estándares convencionales, ni que sea contrario al sistema normativo […], ya que para el momento
en que se solicitó y decretó la medida, habían elementos probatorios suficientes que permitían
establecer razonablemente la participación […] en el delito objeto de investigación, por lo tanto
existían razones para que la Fiscalía así lo hiciera».

10. 1.2.2 El Juzgado Veinte (20) Administrativo de Medellín6 aportó el enlace

digital del proceso ordinario con radicado 05001-33-33-020-2017-00241-01, pero no
emitió pronunciamiento alguno frente a los hechos y pretensiones expuestos por los
actores en este trámite constitucional.

11. 1.2.3 La Fiscalía General de la Nación7 deprecó su desvinculación del presente

trámite constitucional al carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que, «[…] la actuación y/o omisión cuestionada no está directamente relacionada con e[se] ente
instructor […] [y] supera su competencia».

5
Índice 00013 del expediente de Samai de primera instancia.
6
Índice 00014 del expediente de Samai de primera instancia.
7
Índice 00015 del expediente de Samai de primera instancia.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00538-01
Accionantes: Juan Carlos Londoño Jaramillo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión

12. Los demás vinculados guardaron silencio en la oportunidad prevista para el

efecto.

1.3 Providencia impugnada8.

13. Mediante sentencia de Dieciséis (16) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), el

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia, al considerar que, no satisfizo los requisitos de relevancia
constitucional y de subsidiariedad, puesto que, «[…] la parte accionante pretende utilizar
este mecanismo constitucional como una instancia adicional, pues, […] la autoridad judicial criticada
estudió minuciosamente los elementos de convicción que obraban en el expediente y determinó que
la medida de aseguramiento se ajustó a los requisitos legales necesarios para su imposición. Por
ende, resulta diáfano que las quejas elevadas por los convocantes se limitan a criticar lo resuelto en
el proceso No. 05001333302020170024100/01, con el fin […] que se desconozca la tesis del Tribunal
Administrativo de Antioquia».

14. Asimismo, porque, «[…] si los convocantes consideran que el fallo de segunda instancia pasó

por alto aspectos de la litis que debía resolverse en esa actuación, […] esto debió plantearse
mediante una solicitud de adición de la decisión o, en su defecto, a través del recurso extraordinario
de revisión», por vulneración al principio de congruencia.

1.4 La impugnación9.

15. Inconformes con esa determinación, los accionantes la impugnaron, para cuyo

propósito reiteraron los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y,
agregaron que, contrario a lo allí indicado, no era procedente la solicitud de adición,
«[…] ya que [la autoridad accionada] s[í]resolvió la litis […], esto es, […] la pretensión de la privación
injusta, otra cosa es que al resolver ese aspecto, omitió revisar “minuciosamente” el material
probatorio, para evidenciar que no existían indicios en contra de los 5 demandantes [que fueron
privados de la libertad]», así como tampoco, el recurso extraordinario de revisión, en

tanto que, solo «[…] procede cuando se presenta una causal de nulidad, [de las contempladas
taxativamente en] el Art. 133 del Código General del Proceso (CGP)».

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

8
Índice 00022 del expediente de Samai de primera instancia.
9
Índice 00027 del expediente de Samai de primera instancia.
5

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16. En virtud de los artículos 3210 del Decreto ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo

80 del Doce (12) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)13 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.

2.2 La acción.

17. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema Jurídico.

18. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar si

la sentencia de Treinta (30) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante la cual,
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión confirmó la
providencia de Treinta (30) de Junio de Dos Mil Veinte (2020), con la que, el Juzgado
Veinte (20) Administrativo de Medellín negó las pretensiones formuladas en la
demanda de reparación directa con radicado 05001-33-33-020-2017-00241-01,
adolece de defecto fáctico y violación directa de la Constitución y, por consiguiente,
vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia invocados por los accionantes.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

19. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 14 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado15, es posible acudir

10
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
13
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
14
Sentencia C-590 de 2005.
15
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
6

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a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

20. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

21. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
7

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decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

2.5 Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela.

22. El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no
debe perderse de vista que, aunque el trámite de esta acción es preferente y
sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial,
economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario,
es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en que no exista un
instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces la
protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar la causación de un perjuicio
irremediable.

23. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional16 y ante la naturaleza
eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien depreca
el amparo de un derecho fundamental haya agotado todos los mecanismos de
defensa que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición
de la acción.

24. De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela no solo es

improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de defensa,
sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante las autoridades
que presuntamente han quebrantado sus derechos constitucionales fundamentales
a efectos de solicitar de ellas una respuesta favorable o la satisfacción de sus
intereses.

25. De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia de la

16
Corte Constitucional, T-480 de 2011, entre otras.
8

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acción constitucional frente al caso particular17.

26. Así entonces, también ha previsto la jurisprudencia constitucional que el recurso

de amparo no es procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para
la protección de los derechos, sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras
herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser
suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues
de lo contrario la acción de tutela procede de manera transitoria.

27. En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos

ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el juez de
tutela debe adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas de
vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer cesar
una violación a prerrogativas inalienables.

28. Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que, si bien deben ser valoradas en cada caso concreto,
deben acreditarse los siguientes supuestos: «(i) el perjuicio debe ser inminente, es decir,
no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se
cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la persona
afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la acción
es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna »18.

29. En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los anteriores requisitos se

hará necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento de los
derechos involucrados a través de medidas inmediatas de protección,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras el juez
competente decide de fondo la acción correspondiente19.

30. Asimismo, la jurisprudencia constitucional20 ha precisado que el perjuicio
irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues, si bien no es dable
exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos donde se discute
la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe demostrar al menos
someramente los posibles perjuicios que se llegaren a originar en los hechos que

17
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
18
Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2022. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
19
Consejo de Estado, sección segunda, sentencias AC-2010-00032 de 18 de marzo de 2010, y AC-2010-01795-01 de 9 de
diciembre de 2010.
20
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.
9

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motivaron la presentación de la solicitud de amparo, por cuanto, al juez
constitucional no le concierne probar las circunstancias fácticas en que se
fundamenta la acción de tutela, salvo que sea evidente la inminencia del perjuicio.

2.6 Solución al caso concreto.

31. En el asunto sub judice, la Sala evidencia que, aunque los actores alegan la

configuración de un defecto fáctico y violación directa de la Constitución Política, su
inconformidad consiste en que, en la providencia cuestionada, la autoridad judicial
accionada no se pronunció sobre la totalidad de los argumentos expuestos en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia dentro del
proceso ordinario, respecto del caso de cada una de las cinco personas que fueron
privadas de su libertad.

32. Ahora bien, es dable precisar que, el artículo 287 del Código General del Proceso

(CGP), regula lo relativo a la adición de providencias judiciales, en los siguientes
términos:

ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser
objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en
la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que
la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda
de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que
dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a
solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal.

33. Conforme a la citada disposición, la adición es procedente, dentro del término de

la ejecutoria de la sentencia, cuando en esta se omita decidir acerca de cualquiera
de los extremos de la litis o sobre algún punto que debió ser objeto de
pronunciamiento, tal como lo alega la actora en esta acción de tutela.

34. Sin embargo, verificado el proceso ordinario con radicado 05001-33-33-020-
2017-00241-01, el cual fue aportado en el presente trámite constitucional, se
evidencia que los tutelantes no formularon la aludida solicitud de adición o
complementación de la sentencia en discusión, máxime, teniendo en cuenta que
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fueron apelantes únicos contra la decisión de primera instancia.

35. Asimismo, se advierte que, como en este caso, en el evento en el que la autoridad

judicial en su decisión incurra en un posible desconocimiento del principio de
congruencia, el ordenamiento jurídico prevé otro instrumento judicial, esto es, el
recurso extraordinario de revisión.

36. Lo anterior, toda vez que, dentro de las causales de procedencia del mencionado

mecanismo, se encuentra la consagrada en el numeral 5 del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 21,
consistente en «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación», la cual se configura, entre otras situaciones, cuando

la providencia desconoce el referido principio, tal como lo anotó esta Corporación22
en los siguientes términos:

[…] la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse
que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por
nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia,
en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la
causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos
dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el
desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una
actuación sin competencia.

[…] la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia […] pues
[…] el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a
las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para
abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar.

37. Desde esta perspectiva, se colige que el recurso extraordinario de revisión
comporta un instrumento judicial apropiado para corregir yerros, como el
desconocimiento del principio de congruencia, contenidos en providencias
ejecutoriadas, con la finalidad de preservar el sistema normativo y alcanzar la
justicia material, el cual está supeditado a la configuración de alguna de las causales

21
Comoquiera que la sentencia atacada quedó ejecutoriada el 13 de marzo de 2024, esto es, en vigor del referido
ordenamiento, este le resulta aplicable al recurso extraordinario de revisión que contra aquella eventualmente se interponga.
22
Sala especial 22 de lo contencioso-administrativo, providencia de 2 de febrero de 2016, expediente: 11001-03-15-000-2015-
02342-00.
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expresamente enunciadas en el artículo 250 del CPACA, en asuntos tramitados
ante la jurisdicción contencioso administrativa.

38. En ese orden de ideas, se tiene que, tal como se indicó en primera instancia, la

acción de tutela de la referencia no colma la exigencia de procedibilidad de la
subsidiariedad, en razón a que, si los demandantes consideraban que la autoridad
accionada omitió pronunciarse frente a los argumentos propuestos en el recurso de
apelación, se reitera, debieron solicitar la adición de la sentencia, en el término de
ejecutoria o, interponer el recurso extraordinario de revisión por vulneración al
principio de congruencia.

39. Conforme a lo expuesto en precedencia, para la Sala, los argumentos expuestos

por los actores en su escrito de impugnación, relacionados con que la solicitud de
adición y el recurso extraordinario de revisión no eran procedentes, no
corresponden a la realidad, pues, como se explicó, el primero se utiliza cuando el
juez guarda silencio frente a algún punto que de conformidad con la ley debía ser
objeto de pronunciamiento, como sucede con los reparos del recurso de apelación;
y, en cuanto al segundo, porque, según el criterio de esta Corporación, la
vulneración del principio de congruencia encaja en la causal prevista en el numeral
5 del artículo 250 del CPACA.

40. Resulta oportuno señalar que, ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de

la acción de tutela, es indispensable que quien depreca el amparo de un derecho
fundamental haya agotado todos los mecanismos de defensa judicial que el
ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición de la acción.

41. De tal manera que la falta de diligencia de la parte actora, entendida como la

renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa, constituye una causal válida para declarar la improcedencia del trámite
constitucional en el caso particular.

42. Frente a la improcedencia de la acción de tutela en los eventos en que se
pretende revivir oportunidades no aprovechadas por alguna de las partes dentro de
un trámite judicial, la Corte Constitucional, en sentencia T-396 de 201423, indicó:

[…] es reiterativa la posición de la Corte en cuanto a la improcedencia de la tutela
cuando en desarrollo de un proceso judicial las partes pudieron valerse de los
recursos judiciales ordinarios pero estos no fueron empleados oportunamente,

23
M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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ya que no puede constituirse en la vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas
que adquirieron firmeza por la caducidad de los recursos y acciones que no fueron
utilizados oportunamente por los interesados […].

En conclusión, es necesario que quien alega la vulneración de sus derechos
fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la legislación
para el efecto. Esta exigencia responde al principio de subsidiariedad de la tutela,
que pretende asegurar que la acción constitucional no sea considerada en sí misma
una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún, que resulte ser
un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes o para
corregir oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios.
(Énfasis propio).

43. En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa), es aplicable la

preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que guarda
estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en atención a la cual
la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial»24.

44. Además, en este punto la Sala destaca que el ejercicio de la acción de tutela no

habilita al juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni
interferir en ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente
vulneración al debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto.

III. DECISIÓN

45. Por las razones señaladas, comoquiera que, para la Sala, contrario a lo indicado

en primera instancia, en este caso el análisis efectuado supera el requisito de
relevancia constitucional; sin embargo, la parte actora no acreditó el presupuesto
de la subsidiariedad, se confirmará parcialmente el fallo impugnado, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.

46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de Dieciséis (16) de Marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026), emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, pero, solamente

24
Artículo 86 de la Carta Política.
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en cuanto al presupuesto de la subsidiariedad, por las razones consignadas en la
parte considerativa.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección C
de esta Corporación y remitir copia.

CUARTO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591
de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

14

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