Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00539-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00539-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00539-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00539-00
Accionante: Luis Enrique Giraldo Vásquez
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura, Juzgado 34 Civil Municipal de
Bogotá y Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda presentada por el señor Luis Enrique
Giraldo Vásquez en contra del Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado 34 Civil
Municipal de Bogotá y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por
considerar que esas autoridades vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, trabajo y dignidad humana.
SÍNTESIS1
El accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo y a la dignidad humana, por su presunta desvinculación irregular del cargo que
desempeñaba en provisionalidad y la consecuente exclusión de nómina. La Sala
declarará improcedente la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, toda vez que el accionante puede acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir los actos administrativos cuestionados, sin
que se acreditara un perjuicio irremediable.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 26 de enero de 2026, el señor Luis Enrique Giraldo Vásquez presentó, en nombre
propio, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y dignidad humana. En criterio
del accionante, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas por el Consejo
Superior de la Judicatura, el Juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá por su desvinculación del cargo que
desempeñaba, en provisionalidad, como Escribiente Nominado.
2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo (art. 29
1
Temas: Acción de tutela contra autoridad judicial / Tutela contra actos administrativos / Solicitud de
reintegro / Desempeño de cargo en provisionalidad / Improcedencia / Subsidiariedad
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00539-00
Accionante: Luis Enrique Giraldo Vásquez
Se declara improcedente la demanda
C.P.), Derecho al trabajo (art. 25 C.P.), minino vital y protección a la familia;
Derecho a la dignidad humana, Principios de legalidad, competencia y buena fe
(arts. 6, 83, 209 C.P.), Confianza legítima, Protección Laboral reforzada a familias
con personas con discapacidad.
DEJAR SIN EFECTOS cualquier actuación administrativa que haya derivado en
mi desvinculación de facto del cargo de Escribiente en provisionalidad.
ORDENAR al Juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá mi reintegro inmediato o la
continuidad en el cargo en provisionalidad y en los términos del traslado efectuado
por el JUZGADO OCHENTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL (Transitoriamente
Juzgado 64 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá - Acuerdo
PCSJA-18-11127 del 12 de octubre de 2018 del C.S.J) dado que la vacante
temporal (licencia de la titular) persiste en la realidad.
ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial el pago inmediato
de los salarios de diciembre de 2025 y la normalización de mis aportes a seguridad
social.
B. Hechos
3. Mediante Resolución No. 002 del 8 de mayo de 2025, el Juzgado Ochenta y Dos
Civil Municipal de Bogotá concedió licencia no remunerada por el término de tres (3)
años a la señora María Alejandra Guzmán Cuervo, titular en propiedad del cargo de
Escribiente Municipal Nominado. En ese mismo acto se nombró en provisionalidad al
señor Luis Enrique Giraldo Vásquez para desempeñar dicho cargo por el término de la
licencia.
4. El 29 de diciembre de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA25-12371, mediante el cual dispuso la creación y traslado permanente de cargos
en la jurisdicción ordinaria, incluyendo el traslado de un cargo de Escribiente Municipal
del Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal al Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal
de Bogotá, con efectos a partir del 13 de enero de 2026.
5. En cumplimiento de dicho Acuerdo, la titular del Juzgado Ochenta y Dos Civil
Municipal expidió la Resolución No. 001 del 13 de enero de 2026, mediante la cual dio
cumplimiento al artículo 11 del Acuerdo y dispuso el traslado permanente del cargo de
Escribiente Municipal Nominado al Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá.
En esa resolución se dejó constancia de que el cargo se encontraba inscrito en el
escalafón seccional de la carrera judicial a favor de la señora María Alejandra Guzmán
Cuervo, designada en propiedad desde diciembre de 2021, y que estaba siendo
desempeñado en provisionalidad por el señor Luis Enrique Giraldo Vásquez desde el 8
de mayo de 2025.
6. El 14 de enero de 2026, el Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá
expidió la Resolución No. 002 de 2026, por medio de la cual aceptó el traslado
permanente del cargo proveniente del Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal de
Bogotá, en cumplimiento del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura y de la
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00539-00
Accionante: Luis Enrique Giraldo Vásquez
Se declara improcedente la demanda
Resolución No. 001 del 13 de enero de 2026.
7. Ese mismo 14 de enero de 2026, la señora María Alejandra Guzmán Cuervo
presentó escrito dirigido al Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal mediante el cual
renunció a los términos restantes de la licencia no remunerada que le había sido
concedida en mayo de 2025 y solicitó su reintegro al cargo en propiedad a partir del 14
de enero de 2026. En el mismo documento solicitó que, una vez reintegrada, se le
concediera una nueva licencia no remunerada hasta por tres años para ejercer un cargo
vacante transitoriamente en la Rama Judicial.
8. Mediante Resolución No. 003 del 14 de enero de 2026, el Juzgado Treinta y Cuatro
Civil Municipal aceptó la renuncia a la licencia no remunerada y ordenó el reintegro de
la señora María Alejandra Guzmán Cuervo en el cargo de Escribiente Nominado en
propiedad. El señor Luis Enrique Giraldo Vásquez fue notificado del contenido de la
Resolución No. 003 el 20 de enero de 2026 e interpuso recurso de reposición contra
dicho acto administrativo el 22 de enero de 2026.
9. El 21 de enero de 2026, el señor Luis Enrique Giraldo Vásquez presentó derecho
de petición ante el Área de Talento Humano de la Rama Judicial. Pidió que se informara
si a la fecha aparecía vinculado y registrado en nómina; en caso contrario, solicitó que
se indicara hasta cuándo estuvo vigente su vinculación, el motivo por el cual no figuraba
en la nómina y copia de los actos administrativos mediante los cuales se hubiera
dispuesto directa o indirectamente la finalización de su vinculación. Asimismo, solicitó
que se informara la situación administrativa y laboral actual de la señora María Alejandra
Guzmán Cuervo.
10. Mediante Resolución No. 008 del 30 de enero de 2026, el Juzgado Treinta y Cuatro
Civil Municipal resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No.
003 y confirmó la decisión adoptada en ese acto2.
C. Fundamentos de la vulneración
11. El accionante sostiene que fue desvinculado de su cargo de Escribiente en
provisionalidad de manera automática e irregular, como consecuencia del reintegro de
la titular del empleo dispuesto mediante la Resolución No. 003 del 14 de enero de 2026,
sin que se hubiera expedido un acto administrativo expreso que decidiera sobre la
terminación de su vinculación ni se le hubiera garantizado el derecho de defensa.
12. Aduce que la decisión produjo su exclusión de nómina y la interrupción de su
vinculación con la Rama Judicial, lo que, en su criterio, vulneró sus derechos
fundamentales “al debido proceso administrativo, al trabajo, a la dignidad humana, la
confianza legítima y buena fe”.
13. Manifiesta que es padre cabeza de hogar y responsable del cuidado y sostenimiento
de su hijo menor de edad en condición de discapacidad. Señala, además, que tiene a
su cargo el apoyo económico y personal de su madre, persona adulta mayor que carece
2
Si bien este hecho es posterior a la presentación de la demanda de tutela, fue informado por el accionante
a través de memorial allegado durante el trámite de la acción de la referencia, así como también por los
informes rendidos por las autoridades accionadas.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00539-00
Accionante: Luis Enrique Giraldo Vásquez
Se declara improcedente la demanda
de ingresos o pensión, lo que incrementa su carga familiar y económica.
14. Expone que el 12 de diciembre de 2025, por un error en nómina relacionado con la
señora María Alejandra Guzmán Cuervo, fue excluido anticipadamente del sistema, lo
que ocasionó que no se le pagara correctamente el salario correspondiente al mes de
diciembre de 2025.
D. Trámite procesal
15. Mediante auto del 30 de enero de 20263 se admitió la demanda de tutela presentada
por el señor Luis Enrique Giraldo Vásquez contra el Consejo Superior de la Judicatura,
el Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá y la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Área de Talento Humano, y se ordenó notificar a
dichas autoridades para que, dentro del término de dos (2) días, rindieran informe sobre
los hechos y pretensiones expuestos en el escrito de tutela.
16. En la misma providencia se estudió la solicitud de medida provisional elevada por
el accionante, encaminada a que se ordenara mantenerlo en nómina, conservar activa
su afiliación al sistema de salud y garantizar el pago de su salario mientras se decidía
de fondo la acción, la cual fue negada por el despacho al no advertirse, en ese momento
procesal, la configuración de los presupuestos exigidos para su decreto.
E. Oposiciones e intervenciones
17. El Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá4 (accionado) rindió informe
en el que expuso que las actuaciones cuestionadas se adelantaron en cumplimiento del
Acuerdo PCSJA25-12371 del Consejo Superior de la Judicatura, que dispuso el traslado
permanente del cargo de Escribiente Municipal desde el Juzgado Ochenta y Dos al
Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal. Indicó que mediante Resolución 002 de 2026
aceptó el traslado del cargo y que, el 14 de enero de 2026, la señora María Alejandra
Guzmán Cuervo presentó renuncia a la licencia no remunerada y solicitó su reintegro,
lo cual dio lugar a la expedición de la Resolución 003 de 2026 y a su posesión en el
cargo.
17.1. Señaló que el accionante interpuso recurso de reposición contra la Resolución 003,
el cual fue resuelto mediante Resolución 008 de 2026, confirmando lo decidido. Informó
además que posteriormente concedió a la señora Guzmán Cuervo una nueva licencia
no remunerada mediante Resolución 004 de 2026, que se publicó aviso para proveer el
cargo durante esa licencia, que se nombró en provisionalidad a Lizeth Dayanna Parada
García mediante Resolución 007 de 2026 y que esta tomó posesión el 28 de enero de
2026.
17.2. Frente a los cargos de la tutela, sostuvo que actuó dentro de su competencia como
nominadora del despacho receptor del cargo trasladado, que el reintegro de la titular se
produjo conforme a la normativa aplicable y que la situación del accionante derivó de la
provisión del empleo en propiedad, en el marco del traslado ordenado por el Consejo
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Índice 4 del expediente digital disponible en Samai
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Índice 10 del expediente digital disponible en Samai
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00539-00
Accionante: Luis Enrique Giraldo Vásquez
Se declara improcedente la demanda
Superior de la Judicatura.
18. El Consejo Superior de la Judicatura5 (accionado), por conducto de su Presidencia,
alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva. Manifestó que la autoridad
competente para responder por la controversia administrativa descrita por el accionante
sería la Unidad de Recursos Humanos de las Direcciones Seccionales de
Administración Judicial y/o la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de acuerdo
con la estructura y competencias asignadas, por lo que solicitó su desvinculación del
proceso de la referencia.
19. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Área de Talento
Humano6 (accionada) se refirió a los derechos invocados por el accionante y al error en
nómina ocurrido en diciembre de 2025, que, según lo expuesto, habría generado su
exclusión anticipada del sistema y afectaciones en el pago del salario correspondiente
a ese mes. Indicó que el accionante presentó reclamaciones a través de la plataforma
JUDIT y remitió soportes por correo electrónico, y que, una vez vinculada al trámite,
recaudó informe del Área de Talento Humano sobre la gestión realizada. Con base en
ese informe, sostuvo que la situación ya habría sido atendida, por lo que propuso la
configuración de una carencia actual de objeto por hecho superado.
20. El accionante presentó memorial de adición a la demanda de tutela7, en el que
solicitó integrar el contradictorio y vincular al Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá y a la señora María Alejandra Guzmán Cuervo como tercera con interés legítimo.
En el mismo escrito pidió el decreto y práctica de pruebas, en particular que se oficiara
al Juzgado 82 Civil Municipal para que remitiera la carpeta o expediente administrativo
del asunto, y puso en conocimiento como hechos sobrevinientes la expedición de la
Resolución 008 de 2026 y la publicación de un aviso de vacancia del cargo objeto de
discusión. Además, aportó varios documentos8, los cuales ya había aportado con la
demanda de tutela.
20.1. Con posterioridad, el accionante presentó un escrito9 en el que solicitó copia íntegra
de la providencia que resolviera la acción de tutela e información sobre su notificación.
En respuesta, la Secretaría General del Consejo de Estado10 informó que, según el
sistema SAMAI, la última providencia registrada era el auto admisorio, que el expediente
se encontraba al despacho del magistrado ponente y que aún no se había registrado
sentencia para efectos de notificación, dejando constancia de que el escrito fue
incorporado al expediente y puesto en conocimiento del despacho.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por el señor Luis Enrique Giraldo
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Índice 8 del expediente digital disponible en Samai
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Índice 11 del expediente digital disponible en Samai
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Índice 17 del expediente digital disponible en Samai
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Índice 19 del expediente digital disponible en Samai
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00539-00
Accionante: Luis Enrique Giraldo Vásquez
Se declara improcedente la demanda
Vásquez contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado 34 Civil Municipal de
Bogotá y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
G. Sentido de la decisión
22. La Sala declarará improcedente la demanda de tutela por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad, toda vez que el accionante cuenta con el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho para controvertir los actos administrativos que, en su
criterio, dieron lugar a su desvinculación y a la afectación de su situación laboral. En ese
sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de
los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela11.
H. Cuestión previa
23. La Sala negará la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Superior
de la Judicatura, toda vez que dicha autoridad fue vinculada al proceso de la referencia
en calidad de autoridad accionada de acuerdo con lo expuesto por el accionante en la
demanda de tutela.
I. El caso concreto
24. Conforme a los artículos 86 de la Constitución Política y 6.1 del Decreto 2591 de
1991, el requisito de subsidiariedad implica que la acción de tutela es un mecanismo
excepcional y residual, al que solo puede acudirse en ausencia de medios judiciales
ordinarios idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales. En
consecuencia, la demanda de acción de tutela solo procede en dos supuestos
excepcionales: (i) cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial
adecuado, caso en el cual la tutela procede como mecanismo de protección definitivo;
y (ii) cuando el afectado utiliza la tutela con el propósito de evitar un perjuicio
irremediable, evento en el que opera como mecanismo transitorio.
24.1.En este sentido, tanto la Constitución como la jurisprudencia de la Corte
Constitucional12 han precisado que, si el ordenamiento jurídico ofrece mecanismos de
defensa judicial idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos
fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados, se debe recurrir a ellos, y
11
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
12
Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2024. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00539-00
Accionante: Luis Enrique Giraldo Vásquez
Se declara improcedente la demanda
no a la acción de tutela, de tal forma que se impida el uso indebido de este mecanismo
constitucional.
24.2.La Sala advierte que, aunque las pretensiones de la demanda no se dirigen de
manera expresa a solicitar la nulidad de las Resoluciones número 003 y 008 de 2026 ni
de los actos derivados del traslado del cargo, lo cierto es que lo que pretende el
accionante (su reintegro al cargo que desempeñaba en provisionalidad y la continuidad
de su vinculación) solo podría alcanzarse dejando sin efecto tales actos administrativos.
De hecho, en una de sus pretensiones solicita que se dejen sin efectos las actuaciones
administrativas que dieron lugar a su desvinculación. En consecuencia, la controversia
planteada recae materialmente sobre la legalidad de actos administrativos concretos.
25. Para controvertir actos administrativos de contenido particular y obtener el
restablecimiento del derecho presuntamente vulnerado, el ordenamiento jurídico prevé
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. El medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho no solo permite examinar la validez de los actos cuestionados, sino también
solicitar las consecuencias restitutorias que el actor pretende, como el reintegro al
empleo y el reconocimiento de salarios y prestaciones.
26. En ese orden de ideas, la tutela no puede operar como vía paralela o sustitutiva
para obtener, en sede constitucional, un efecto propio del control de legalidad de actos
administrativos. La Corte Constitucional13 ha reiterado que, por regla general, la acción
de tutela contra actos administrativos es improcedente cuando existen medios de control
idóneos para controvertirlos y solicitar el restablecimiento correspondiente. En el mismo
sentido, ha reconocido14 que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho es apto para debatir la eventual nulidad de un acto administrativo del cual se
derivan las afectaciones alegadas, incluidas supuestas vulneraciones al debido proceso
en su expedición o por sus efectos.
27. En el presente asunto, el accionante no acreditó que el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho resulte inidóneo o ineficaz para la protección de sus
derechos. Por el contrario, dicho proceso permite discutir la legalidad de los actos
administrativos que, según afirma, dieron lugar a su desvinculación, así como solicitar
el reintegro y el reconocimiento de las sumas que considere adeudadas.
28. Adicionalmente, la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, prevé la posibilidad de solicitar medidas cautelares,
incluso desde la presentación de la demanda. En particular, el artículo 230 de la
mencionada ley prevé la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo,
mecanismo que permite evitar la consolidación de efectos jurídicos mientras se adopta
una decisión de fondo. De esta manera, el ordenamiento no solo ofrece un medio judicial
principal, sino también instrumentos para garantizar de manera inmediata los derechos
comprometidos, en caso de que se advierta la necesidad de ello.
29. En cuanto a la alegación de un perjuicio irremediable, la Sala observa que, aunque
el accionante expone su condición de padre cabeza de hogar y las cargas familiares
13
Corte Constitucional, sentencia T-423 de 2024. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
14
Corte Constitucional, sentencia T-092 de 2024. M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00539-00
Accionante: Luis Enrique Giraldo Vásquez
Se declara improcedente la demanda
que asume, no se acreditó una situación que haga impostergable la intervención del
juez constitucional. La afectación económica derivada de la terminación de su
vinculación –que, además, era en provisionalidad– puede ser discutida ante el juez
natural de la causa y, de ser el caso, reparada mediante las decisiones que allí se
adopten, incluso con apoyo en medidas cautelares, como se mencionó anteriormente.
30. En consideración de lo anterior, para la Sala resulta evidente que el accionante
cuenta con al menos un medio judicial idóneo y eficaz, pues el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho le permite atender su solicitud, que consiste en
revisar la legalidad del acto administrativo del cual deriva la presunta vulneración de sus
derechos, e incluso puede prevenir la vulneración de manera inmediata mediante el
decreto de una medida cautelar. Bajo este panorama, es claro que la acción de tutela
como mecanismo de protección definitivo se encuentra desplazado con ocasión de un
remedio judicial ordinario idóneo y eficaz, que puede y debe adelantarse por el
accionante, razón por la cual la Sala declarará la improcedencia de la demanda por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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