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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00541-00

Fecha
13 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00541-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación planteada por CASUR. 6 Radicación: 11001-03-15-000-2026-00541-00 Accionante: Oscar Augusto Castro Cedeño Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F y otros SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00541-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00541-00
Accionante: Oscar Augusto Castro Cedeño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección F y otros
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional
– Se pretende emplear la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 28 de enero de 2026, el señor Oscar Augusto Castro Cedeño presentó acción
de tutela contra el Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito de
Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección F y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-, con el
fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia, igualdad, mínimo vital y seguridad social.

2.
Solicitó que se deje sin efectos las providencias del 9 de agosto de 2023 y 22 de
julio de 20252, emitidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3
que promovió contra CASUR, a fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo a través del cual se le negó la asignación de retiro.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificada el 25 de agosto de 2025.
3 Radicado: 11001-33-35-026-2021-00261-00/01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00541-00
Accionante: Oscar Augusto Castro Cedeño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otros

3.
El Juzgado 26 Administrativo de Bogotá, en fallo del 9 de agosto de 2023, negó
las pretensiones de la demanda. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
sentencia del 22 de julio de 2025, confirmó la decisión del a quo. Estimó que al
demandante se le aplicaba el Decreto 754 de 2019, vigente para la época en que se
causó su desvinculación y, en consecuencia, no era le era aplicable: (i) el Decreto
1157 de 2014 comoquiera que dicha norma no reguló al personal del nivel ejecutivo,
y (ii) la jurisprudencia según la cual los agentes policiales vinculados antes de la
entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 tenían derecho a que no se les exigiera
un tiempo superior de servicios a aquel consagrado en normas previas. Tampoco
consideró pertinente aplicar por analogía lo dispuesto por el Consejo de Estado en
sentencia del 3 de septiembre de 2018, en la que se declaró la nulidad del artículo 2
del Decreto 1858 de 2012.

4.
La parte actora sostuvo que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al incurrir en los siguientes defectos:

5.
Defecto sustantivo, debido a que las sentencias cuestionadas se ampararon en
normas inaplicables al caso concreto, que fueron proferidas y cobraron vigencia
después del 2004. El demandante ingresó por incorporación directa al nivel ejecutivo
de la Policía Nacional el 10 de octubre de 2003, esto es, antes de la entrada en
vigencia de la Ley 923 de 2004. Por ende, le era aplicable lo dispuesto en el artículo
3.1 de dicha norma, según el cual al personal que cumplía la condición referida, no
le era exigible como requisito para el reconocimiento de la asignación de retiro un
tiempo de servicio superior al fijado por las disposiciones vigentes al momento de la
expedición de dicha ley.

6.
Acorde a ello, el estudio del reconocimiento y pago de la prestación social
reclamada debió hacerse acorde a lo dispuesto en los Decretos 1212 y 1213 de
1990, normatividad vigente al ingresar a la institución policial y al momento de
entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, en la que se exigía un tiempo de 15 años
de servicios. En este punto, también pidió tener en cuenta la nulidad con efectos ex
tunc de los Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012. Así, consideró que no era
procedente haber aplicado lo dispuesto en el Decreto 754 de 2019, norma posterior
al régimen de transición descrito y que aumentó desfavorablemente el requisito de
tiempo total laborado a 20 años.

7.
Desconocimiento del precedente, por no haber seguido el criterio del Consejo
de Estado, Sección Segunda – Subsección B, establecido en la sentencia del 11 de
abril de 20184, relativo a que luego de la declaratoria de nulidad del artículo 51 del
Decreto 1091 de 1995 y del parágrafo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, a
los uniformados pertenecientes al nivel ejecutivo de la Policía Nacional al momento
de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, les era aplicable el régimen de
transición previsto en el artículo 3 de dicha norma y, en consecuencia, los cobijaban
los Decretos 1212 y 1213 de 1990 para determinar los requisitos exigibles para

4 Radicado: 25000-23-42-000-2015-01949-01, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00541-00
Accionante: Oscar Augusto Castro Cedeño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otros

conceder la asignación de retiro. Esto, sin importar la causal de retiro del servicio,
pues incluso, se han equiparado las causales de separación absoluta con la de mala
conducta.

8.
Respecto a la aplicación del régimen de transición y la equiparación de las
causales de desvinculación, mencionó que fueron desconocidos los siguientes fallos,
de instancias judiciales de igual nivel a las accionadas: (i) sentencia del 28 de
noviembre de 2025, Rad. 52835-33-33-001-2021-00488-01, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño y (ii) sentencia del 10 de diciembre de 2025, Rad. 05001-
33-33-025-2021-00209-01, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

9.
Mediante auto de 30 de enero de 20265, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a las autoridades demandadas. De igual modo, se dispuso comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo y
se requirió al Juzgado 26 Administrativo de Bogotá para que remitiera copia digital
del expediente con radicado 11001-33-35-026-2021-00261-00/01.

(i) CASUR6

10.
Solicitó su desvinculación del trámite de tutela al estimar que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la presunta violación a los derechos
fundamentales del accionante no se sustenta en actuación adelantada por la entidad,
sino en la decisión adoptada por las autoridades judiciales. A su vez, pidió declarar
improcedente la acción de tutela al evidenciarse que con su interposición el
accionante busca surtir una tercera instancia.

(ii) Juzgado 26 Administrativo de Bogotá7

11.
Indicó que las decisiones judiciales cuestionadas fueron debidamente sustentadas
en referentes normativos y jurisprudenciales aplicables al caso concreto y se
notificaron en debida forma, es decir, son ajustadas a derecho y no se acreditó
vulneración alguna a los derechos fundamentales del actor.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión previa

12.
Esta Subsección negará la solicitud de desvinculación propuesta por CASUR toda
vez que le asiste un interés legítimo para intervenir en el presente asunto, en la

5 Notificado el 10 de febrero de 2026.
6 Intervención contenida en 4 folios.
7 Intervención contenida en 3 folios.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00541-00
Accionante: Oscar Augusto Castro Cedeño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otros

medida que ostentó la calidad de parte demandada dentro del proceso en el cual se
profirió la providencia que se pretende dejar sin efectos.

D. Análisis del caso concreto

13. La tutela deviene en improcedente al no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional. A través de los alegatos propuestos, la parte actora pretende
convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional al litigio
tramitado y concluido, al querer reabrir el debate normativo ya zanjado por los jueces
naturales de la causa, por no estar de acuerdo con la decisión adoptada al ser
adversa a sus intereses8.

14. Se observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó un estudio

completo, coherente y razonable de las disposiciones aplicables al asunto, las
pruebas obrantes en el plenario y los reparos puestos a su consideración, con el fin
de determinar si el señor Oscar Castro tenía derecho a la asignación de retiro
solicitada.

15. De la lectura del fallo del 22 de julio de 2025, se advierte que dentro del mismo

se realizó un recuento normativo de todas las leyes que el Gobierno nacional ha
proferido con el fin de regular la asignación de retiro de los integrantes del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, así como la jurisprudencia que se ha dictado al
respecto por parte del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

16. En dicho recuento jurídico, se hizo expresa mención a que mediante la Ley 923

de 2004 se fijaron los criterios que el Gobierno nacional debía observar para la
fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública, y que en desarrollo de dicha norma se expidió el Decreto Reglamento 4433
de 2004, el cual fue nulitado por el Consejo de Estado en sentencia del 12 de abril
de 20129 porque aumentó el tiempo de servicios para acceder a la prestación social
de retiro.

17. Refirió que a fin de suplir dicho vacío normativo fue proferido el Decreto 1858 de

2012, por medio del cual se fijó el régimen pensional del personal del nivel ejecutivo
de la Policía Nacional, tanto para quienes ingresaron por homologación, como para
aquellos que lo hicieron por incorporación directa antes del 1 de enero de 2005,
disposición que fue anulada por esta Corporación en fallo del 3 de septiembre de
201810. En consecuencia, el Gobierno nacional en uso de sus facultades conferidas

8 La Sala advierte que el estudio del caso únicamente versará sobre lo decidido por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca en sentencia del 22 de julio de 2025, dado que aquella decisión judicial zanjó de forma definitiva
el proceso ordinario iniciado por el accionante contra CASUR.
9 Consejo de Estado - Sección Segunda del 12 de abril de 2012, Radicado: 11001032500020060001600, M.P.

Alfonso Vargas Rincón.
10 Consejo de Estado, sentencia del 3 de septiembre de 2018, Radicado: 11001-03-25-000-2013-00543-00, M.P.

César Palomino Cortés.
4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00541-00
Accionante: Oscar Augusto Castro Cedeño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otros

por la Ley 923 de 2004, profirió el Decreto 754 de 201911 en cuyo artículo 1 dispuso
que: el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó al escalafón
por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, tendría derecho cuando
fuera retirado de la institución con quince (15) años o más de servicio por
llamamiento a calificar servicios o por voluntad del Director General de la Policía, o
por disminución de la capacidad psicofísica, “y los que se retiren a solicitud
propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después
de veinte (20) años de servicios (…)” a que CASUR les pagara una asignación
mensual de retiro.

18. Al respecto, el Tribunal mencionó que el Consejo de Estado – Sección Segunda

– Subsección A, en sentencia del 21 de enero de 202112, en un caso similar al que
se analiza, indicó que no era posible aplicar el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990
que exige 15 años de servicios cuando el retiro se produzca por causa distinta a la
voluntad propia, toda vez que con la expedición del Decreto 754 de 2019 se
estableció como requisito para acceder a la asignación de retiro para ese personal
el acreditar 20 años de servicio, cuando el retiro se produjera por destitución, norma
que se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el artículo 3, ordinal 3.1.,
inciso 2 de la Ley 923 de 2004. Análisis normativo reiterado en fallo del 6 de mayo
de 2021, por la misma Sección de esta Corporación13 y que denota que se ha venido
aplicando el Decreto 754 de 2019 cuando el retiro se produce con posterioridad a
su expedición, toda vez que dicha norma continúa vigente.

19. Con todo, la autoridad accionada precisó que actualmente cursa en el Consejo

de Estado demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° del referido Decreto
754 de 2019, bajo el radicado 11001-03-25-000-2021-00403-00, en la que se solicitó
como medida provisional suspender los efectos de la referida norma por considerar
que se configuró el “quebrantó los artículos 3.1. de la Ley 923 de 2004 y 144 del
Decreto 1212 de 1990 en razón a que impuso el deber de cumplir 20 años de servicio
para acceder a la asignación de retiro… pese a que las mencionadas normas
solamente exigen 15 años de servicio para acceder a la prestación”. No obstante,
en auto del 20 de junio de 2025, se negó la medida cautelar deprecada.

20. Apartir de ello, el Tribunal accionado con base en las pruebas allegadas al
plenario, indicó que el señor Castro prestó servicios en la Policía Nacional por 19
años, 2 meses y 18 días y fue retirado del servicio activo bajo la causal de separación
absoluta, la cual se hizo efectiva el 14 de abril de 2021.

21. Teniendo en cuenta lo anterior, la sala confirmó la sentencia de primera instancia

que negó las pretensiones de la demanda, en razón a que estimó que al demandante
se le aplica el Decreto 754 de 2019, por estar vigente al momento de su
desvinculación. Aclaró que no era viable que se le aplicara lo dispuesto en el Decreto

11 “Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro de personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional,

que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004”.
12 Radicado 63001-23-33-000-2017-00469-01, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
13 Radicado 54001-23-33-000-2017-00388-01, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00541-00
Accionante: Oscar Augusto Castro Cedeño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otros

1157 de 2014 en el sentido de que no le exijan más de 15 años de servicios,
comoquiera que dicha norma no regula al personal del nivel ejecutivo, como lo hace
el Decreto 754 de 2019, que estableció el tiempo de servicios que resulta exigible
para quienes se vincularon al nivel ejecutivo de forma directa y fueron retirados bajo
la causal separación absoluta.

22. Conforme con lo anterior, para esta Sala de Subsección es claro que la discusión

que el actor trae a colación ya fue resuelta por los jueces naturales de la causa
Aunado a que se trata de un asunto netamente legal, en el que se busca que el juez
constitucional haga un estudio de la aplicación de las leyes en el tiempo para
determinar si en el caso del señor Castro se aplica o no el Decreto 1212 de 1990 y
si él está cobijado por el régimen de transición de la Ley 923 de 2004, artículo 3,
numeral 3.1.

23.
Por otra parte, el accionante aduce que se desconoció una sentencia proferida por
el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B con fecha del 11 de abril
de 2018, en la que en un caso similar se dispuso adoptar la interpretación normativa
propuesta en la tutela. A su vez, refirió que el Tribunal desconoció lo decidido por
otras autoridades judiciales de igual jerarquía en fallos del 28 de noviembre y 10 de
diciembre de 2025, en relación con la aplicación de la Ley 923 de 2004, el Decreto
1212 de 1990 y la equiparación de causales de retiro para acceder a reconocer la
prestación social reclamada exigiendo únicamente 15 años de servicio.

24. Esta argumentación carece por completo de relevancia constitucional, dado que

el fallo proferido por esta Corporación, por su fecha de expedición, es evidente que
versa sobre un asunto en el que no estaba en discusión si era aplicable o no el
Decreto 754 de 2019. Respecto al desconocimiento de las sentencias proferidas por
otros tribunales administrativos, se considera que tampoco pueden considerarse
precedente jurisprudencial desconocido, no solo porque la única autoridad judicial
con competencia para definir las líneas jurisprudenciales a seguir por todos los
jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa es el Consejo de Estado, sino
también porque fueron proferidos con posterioridad a la fecha en que se expidió la
sentencia objeto de tutela.

25.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.

26.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación planteada por CASUR.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00541-00
Accionante: Oscar Augusto Castro Cedeño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F y otros

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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