Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00544-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00544-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00544-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Yerlyn Alicia Méndez Verbel.
Parte accionada: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de
Justicia y Paz y otros.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00544-00.
Asunto: Acción de tutela contra acto administrativo. Improcedencia por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. Mediante Resolución núm. 002 de 15 de enero de 2024, la señora
Yerlyn Alicia Méndez Verbel fue nombrada en provisionalidad en el cargo
de relatora de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá
a partir del 16 de enero de 2024, designación que surgió como
consecuencia de la licencia no remunerada concedida al señor Diego
Mauricio Torres Reyes en calidad de relator en propiedad.
1.2. Mediante Resolución núm. 047 de 16 de diciembre de 2025, se
concedió licencia no remunerada al señor Diego Mauricio Torres Reyes
hasta por el término de tres años y se confirmó el nombramiento en
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provisionalidad a la señora Yerlyn Alicia Méndez Verbel, como relatora
de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá a partir del
16 de enero de 2026, mientras estuviese vigente la licencia concedida al
titular del cargo.
1.3. Mediante Resolución núm. 001 de 26 de enero de 2026, se le
comunicó a la señora Yerlyn Alicia Méndez Verbel el nombramiento en
provisionalidad de la señora Johanna Paola Ramírez Núñez en el cargo
de relatora de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá
durante la licencia no remunerada concedida al señor Diego Mauricio
Torres Reyes.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la buena fe y a la estabilidad laboral, al
haber expedido la Resolución 001 del 26 de enero de 2026 mediante la cual
se nombró en provisionalidad a la señora Johanna Paola Ramírez Núñez en
el cargo de relatora de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, ya que este acto administrativo revocó tácitamente
la Resolución núm. 002 de 2024 y la Resolución núm. 047 de 2025 mediante
las cuales fue nombrada en provisionalidad en el mismo cargo.
Aseguró que “[…] la Resolución 002 de 2024 y Resolución 0047 de 2024, no
podían ser revocadas sin mí consentimiento expreso y escrito, razón por la
cual la Sala de Justicia del Tribunal Superior de Bogotá debía o está en la
obligación de demandar su propio acto […]”.
Señaló que la autoridad accionada desconoció los preceptos normativos y
jurisprudenciales que regulan el retiro de los empleados vinculados en
provisionalidad, por cuanto realizó una convocatoria para ocupar una vacante
temporal que ya estaba suplida con su nombramiento en provisionalidad.
Indicó que se dio “[…] inicio a una convocatoria por la supuesta generación de
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una vacante temporal, situación que no ha ocurrido, en cuanto en la
Resolución 047 del 16 de diciembre, se le otorga al doctor Diego Mauricio
Torres Reyes una nueva licencia no remunerada, sin necesidad de
reintegrarse a su cargo en propiedad, mismo cargo que yo venía
desempeñando en provisionalidad desde el 16 de enero de 2024, razón por la
cual en ningún momento existió solución de continuidad, tal como lo reconoce
la Sala en la misma resolución, por lo resulta infundado manifestar que se
generó una vacancia temporal de cargo […]”.
Adujo que la autoridad accionada afectó gravemente sus derechos laborales
al desvincularla del cargo, por tanto, solicitó intervención transitoria frente a la
decisión que superó los límites de discrecionalidad.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: CONCEDER LA MEDIDA PROVISIONAL INVOCADA,
Y MI REINTEGRO INMEDIATO, al ser desvinculada con violación al
debido proceso, toda vez que fui ratificada en el cargo como RELATORA
nombrada en provisionalidad, mediante resolución 002 de fecha 15 de
enero de 2024 y ratificada en resolución No. 047 de 2025 de fecha 16 de
diciembre de 2025, cual consolidó una situación particular de carácter
laboral la cual debe ser reversada con la autorización del titular del
derecho generado y en su defecto a través del mecanismo de revocatoria
directa ante la jurisdicción contencioso administrativa.
SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO, ESTABILIDAD LABORAL RELATIVA,
BUENA FE, ESTABILIDAD JURIDICA, TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL,
DIGNIDAD HUMANA y los derechos que el honorable Juez constitucional
considere conculcados en su caso.
TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ - SALA
DE JUSTICIA Y PAZ; CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA;
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA; RAMA JUDICIAL, MI
REINTEGRO LABORAL INMEDIATO, dejando sin efecto resolución No.
001 del 26 de enero de 2026, y el pago de los salarios dejados de percibir
por la declaratoria de insubsistencia tacita que se materializó en mi contra.
CUARTO: EXHORTAR a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal superior
de Bogotá a interponer la respectiva acción de revocatoria directa ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que sea ese el
escenario, en que con el pleno de las garantías legales y constitucionales,
y en respeto del derecho de defensa y contradicción, se discuta sobre la
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legalidad mí nombramiento en provisionalidad. […]”. [Sic en toda la cita]
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 3 de febrero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela.
III. INTERVENCIONES
1. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
solicitó su desvinculación de la acción de tutela, al considerar que no le es
atribuible la vulneración de derechos fundamentales invocados por la
accionante, en tanto no fue partícipe de la Sala en la que se concedió la
licencia y se confirmó el nombramiento, como tampoco tuvo conocimiento de
la convocatoria núm. 001 de 2026 auspiciada por el presidente de la Sala para
suplir la vacante temporal.
2. La Presidencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá
rindió informe en el que solicitó negar el amparo constitucional, al considerar
que la accionante “[…] muestra su inconformidad es con el contenido de un
acto administrativo que se presume dictado en legalidad, y con la consecuente
regla de que cualquier controversia contra los mismos, por su forma y
contenido, habrá de debatirse y dirimirse ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo vía acción de nulidad y restablecimiento del derecho […]”.
Al respecto, agregó que “[…] pretende la accionante en sede de tutela
simplificar para reducir los términos y espacios procesales del procedimiento
ordinario reglado de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Ello se torna improcedente […]”.
3. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial solicitó la desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación
en la causa por pasiva, al considerar que los hechos expuestos por la
accionante no guardan relación con sus competencias “[…] ni está llamada a
definir la situación particular de la accionante, teniendo en cuenta que, se trata
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de actuaciones administrativas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá - Sala de Justicia y Paz, en su calidad de autoridad nominadora para
proveer el cargo de relator(a), decisión en la cual no tuvo injerencia […]”.
4. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá – Presidencia solicitó la
desvinculación de la acción de tutela al considerar que “[…] los nombramientos
y situaciones administrativas de quienes ocupan los cargos en provisionalidad
en los despachos judiciales o administrativos de la Rama Judicial, escapan a
la competencia de esta Corporación cuyas facultades fijadas y delegadas por
la Ley Estatutaria, se limitan a la administración de la carrera judicial […] sin
que tenga competencia alguna para interferir en el proceso de nombramientos
que se reitera, corresponde exclusivamente al nominador […]”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y, si
ello es así, se deberá:
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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B) Determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de la actora al desvincularla del cargo que ocupaba
como relatora de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Bogotá.
3. Cuestión previa
La Sala advierte que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala
de Justicia y Paz, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá solicitaron su desvinculación del presente trámite de tutela.
La Sala considera que, comoquiera que tales entidades fueron relacionadas
por la accionante como las posibles autoridades que ocasionaron la
vulneración de sus derechos fundamentales, les asiste interés directo en la
decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se les
negará las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
4. Caso concreto
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
19912.
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario, es
decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º del
artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
Ley 2591 de 1991.
De ahí que el mecanismo de amparo, en principio, no procede para controvertir
actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su defecto, el de nulidad3.
Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, la acción de tutela procede contra actos administrativos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una
vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo
anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que
el amparo procedería como mecanismo transitorio.
En el caso objeto de estudio, la accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a las accionadas a
reintegrarla al cargo de relatora de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá y se deje sin efectos la Resolución
núm. 001 del 26 de enero de 2026.
De ahí que resulte acertado concluir que lo pretendido, en últimas, por la parte
actora es controvertir la Resolución núm. 001 de 26 de enero de 2026.
Por tanto, la accionante cuenta con un medio de defensa judicial, como lo es
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en la
Ley 1437 de 2011 a través del cual puede discutir la legalidad del acto
3 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011.
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administrativo en cuestión, en el que, además, podrá solicitar medidas
cautelares.
En este contexto, resulta oportuno destacar que, esta Sala ha reiterado en
oportunidades anteriores4 que con la expedición de la Ley 1437 de 2011, ya
no es admisible el argumento según el cual los medios de control ordinarios
no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos
presuntamente conculcados en casos como el estudiado.
Lo anterior, en consideración a que, la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia5, como la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer
a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la parte actora debe
utilizar los medios ordinarios e idóneos que se encuentran establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
para efectos de revisar la legalidad del acto administrativo objeto de
cuestionamiento y, a título de restablecimiento del derecho, solicitar su
reintegro al cargo que venía ocupando, ya que no se advierte la existencia de
un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de la
4 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1o. de marzo de 2018, C.P. María
Elizabeth García González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-
2017-00626-01, Actor: Pio León Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la
Nación.
5 Artículo 234 del CPACA textualmente señala: “[…] Desde la presentación de la solicitud y sin
previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia,
no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete […]”.
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referencia como mecanismo transitorio.
Por las anteriores razones, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz, el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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