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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00547-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00547-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que radicó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. SEGUNDO: NO ACEPTAR como coadyuvantes a los señores Jorge Guzmán Pardo y Claudia Inés Guzmán Pardo. TERCERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la señora Claudia Leonor Martínez Afanador. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00547-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00547-00
Demandante: Claudia Leonor Martínez Afanador
Demandados: Sala Plena del Consejo de Estado y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés [23] de abril de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00547-00
Demandante: CLAUDIA LEONOR MARTÍNEZ AFANADOR
Demandados: SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente por no
cumplir el requisito de inmediatez1

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 20192, de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 28 de enero de 2025, la señora Claudia Leonor Martínez Afanador presentó
acción de tutela con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales «al
debido proceso (art. 29 CP.) al acceso a la administración de justicia (art.229 C.P.),
al derecho a la propiedad (art.58 C.P.) a la prohibición a la confiscación (art. 34
C.C.), así como los principios constitucionales de cosa juzgada, buena fe, confianza
legítima, respeto a los actos propios y seguridad jurídica».

Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por la Sala Plena del Consejo de
Estado, la Sección Tercera del Consejo de Estado, y la Sala Tercera B Especial
Transitoria de Decisión al proferir las providencias de 29 de octubre de 19963, 13 de
septiembre de 19994, y 12 de diciembre de 2012, proferidas al interior de los
expedientes con radicado S-404, 6.976 y 1100-103-15000-2000-06647-005.

1 Ver al respecto, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, fallo de 12 de mayo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01726-00; 6 de octubre de
2022, expediente 11001-03-15-000-2022-04855-00; 9 de febrero de 2023, expediente 11001-03-15-
000-2022-05795-01; 3 de agosto de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-01729-01, 5 de
octubre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-04653-00 y 25 de abril de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01351-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
3 Que «declaró parcialmente nulas las Resoluciones Ejecutivas Nos. 1181 de 1940 y 113 de 1971,

proferidas por el Presidente de la República».
4 Que declaró la «nulidad de las escrituras públicas otorgadas por la Notaría Séptima de Bogotá,

números 5565, 5576, 5577, 5578, 5590 y 6227 de 1971», y declaratoria de oficio la nulidad de los
contratos Nos. 15, 15A, 16 y 16A, celebrados entre los comuneros y la empresa Ecopetrol.
5 Que «negó» el recurso de súplica interpuesto contra la decisión de 13 de septiembre de 1999.

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Demandados: Sala Plena del Consejo de Estado y otros

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

a) Declarar la nulidad y/o suspensión de las sentencias proferidas por el Consejo
de Estado:

• Sala Plena de 1996, Exp. S-404
• Sección Tercera de 1999, Exp. 6976
• Sala Tercera B Especial Transitoria de Decisión, diciembre de 2012

b) Ordenar el cumplimiento integral de las sentencias proferidas por la Corte
Suprema de Justicia en 1927 y 1939, las cuales no han sido anuladas ni
desvirtuadas y conservan plena validez jurídica y son de obligatorio cumplimiento.

c) Subsidiariamente, ordenar el reconocimiento de la indemnización reparatoria
integral por los daños patrimoniales y morales causados, que son permanentes,
actuales y no han cesado6.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• El 22 de diciembre de 1920, el general Jorge Martínez Landínez celebró con el
Estado un contrato de «denuncia de bienes ocultos», en el cual se pactó que el
contratista tendría derecho al 45% del valor de los bienes denunciados7.

• El 30 de octubre de 1939, la Corte Suprema de Justicia dispuso que el avalúo de
los terrenos recuperados debía comprender el valor comercial del suelo y el
subsuelo, y que la participación del 45% correspondiente al general debía calcularse
sobre dicho valor, sin perjuicio de la facultad del Gobierno Nacional, conforme a la
Ley 28 de 1938, para reconocer dicha participación en especie.

• El 23 de octubre de 1940, mediante resolución ejecutiva 1181, el presidente de
la República dispuso pagar en especie al general, cediéndole el 45%, pro indiviso,
de la propiedad de los terrenos reivindicados.

• El 29 de mayo de 1971, por medio de la resolución 113, el presidente de la
República autorizó al ministro de Hacienda y Crédito Público para otorgar las
escrituras públicas8 correspondientes, transfiriendo a los herederos y cesionarios
del general el 45% del suelo y del subsuelo de los terrenos referidos.

6 Trascrito con posibles errores ortográficos y negritas del texto original.
7 Los bienes ocultos fueron recuperados, según sentencia del 11 de octubre de 1926 proferida por

el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, confirmada por la Corte Suprema de Justicia,
mediante sentencia del 15 de noviembre de 1927.
8 Mediante las escrituras públicas 5565, 5576, 5577, 5578, 5579, 5590 y 6227, otorgadas en 1971

ante la Notaría Séptima de Bogotá, se protocolizó la transferencia del dominio del suelo y del
subsuelo en proporción equivalente al cuarenta y cinco por ciento (45%) de los predios denominados
Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo de Cusiana, las cuales fueron debidamente registradas
conforme a lo dispuesto en el Decreto 1250 de 1970.

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• El señor Jesús Pérez González Rubio interpuso acción de nulidad 9, y el 29 de
octubre de 1996 la Sala Plena del Consejo de Estado profirió sentencia, en el
proceso identificado No. S-404, en la que declaró parcialmente nulas las
Resoluciones Ejecutivas Nos. 1181 de 1940 y 113 de 1971, proferidas por el
presidente de la República, en cuanto autorizaban la cesión 45% proindiviso del
subsuelo de los terrenos conocidos como Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo
de Cusiana.

• La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Minas y
Energía, también solicitaron la nulidad10 de la resolución No. 113 de 1971 y, de
manera consecuencial, de los actos dispositivos contenidos en las escrituras
públicas, mediante las cuales el Gobierno Nacional transfirió a favor de los
comuneros el 45% del subsuelo de Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo de
Cusiana.

• El 13 de septiembre de 1999, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
la nulidad de los actos dispositivos mencionados, dispuso la cancelación de los
respectivos registros en lo relacionado con la propiedad del subsuelo, declaró la
nulidad de los contratos 15, 15 A, 16 y 16 A11, y ordenó la restitución de los dineros
recibidos por los comuneros.

• Contra el fallo de 13 de septiembre de 1999 se interpusieron recursos de
súplica12, sin embargo, el 12 de diciembre de 2012, la Sala Especial de Transición
B del Consejo de Estado, estableció que «NO PROSPERAN los Recursos
Extraordinarios de Súplica interpuestos por Juan Pineda Jimeno, José María
Uscategüi Murillo, y Claudia Inés Guzmán Pardo y otros, contra la sentencia de 13
de septiembre de 1999 proferida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, […]».

• La última providencia de las referenciadas fue notificada por edicto desfijado el
23 de enero de 2013.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En el sub examine, la accionante consideró que las providencias emitidas al interior
de los expedientes con radicados S-404, 6.976 y 1100-103-15000-2000-06647-00
vulneraron sus garantías fundamentales, comoquiera que se incurrió en una vía de
hecho, porque, con pleno conocimiento, las autoridades judiciales accionadas
desatendieron los principios de «cosa juzgada, irretroactividad de la ley, seguridad
jurídica, buena fe y confianza legítima, así como el derecho de propiedad,
configurando actuaciones constitutivas de una ostensible vía de hecho que
atentaron contra el Estado de Derecho», porque la Corte Suprema de Justicia

9 Expediente con radicado S-404.
10 Radicación número 6.976.
11 En los años 1971 y 1982 se celebraron los contratos 15, 15 A, 16 y 16 A entre la Empresa

Colombiana de Petróleos – Ecopetrol – y los comuneros particulares, con el objeto de adelantar la
exploración y explotación comercial de los terrenos, reconociéndose a estos el pago de un canon
superficiario durante la etapa de exploración y regalías por explotación equivalentes al 4% de su
participación dentro del 45% correspondiente a la comunidad, que equivale al 1.8% sobre las
regalías, de acuerdo con la Cláusula Séptima de los contratos.
12 Expediente 1100-103-15000-2000-06647-00.

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dispuso, en los años 1927 y 1939, dos sentencias que conferían derechos a la
tutelante.

Destacó que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia «se encuentran
amparadas por el principio constitucional de la cosa juzgada y que no fueron
declaradas nulas, ni total ni parcialmente, por no haberse probado ni demostrado la
existencia de objeto ilícito constitucional o ilegalidad alguna. [por lo que] conservan
plena validez jurídica, cumplen con todos los requisitos legales y son inimpugnables,
inmutables y de obligatorio cumplimiento, conforme a lo establecido por la
jurisprudencia constitucional, en particular la Sentencia C-522 de 2009.»

En cuanto al requisito de inmediatez alegó que la vulneración de los derechos «se
mantienen de forma continua, al igual que el daño patrimonial y moral ocasionado»,
por lo que «[d]e conformidad con la Sentencia T-246 de 2015, la inmediatez no
puede analizarse de manera estrictamente cronológica, sino atendiendo a la
persistencia actual de la vulneración del derecho fundamental».

1.5. Trámite de la acción

El 2 de febrero de 2026 el magistrado sustanciador admitió la acción de tutela, y
dispuso notificar a las autoridades judiciales accionadas.

Como terceros con interés en las resultas del proceso vinculó a Jesús Pérez
González Rubio, Alfredo Castaño Martínez, Jorge Guzmán Pardo, María Isabel
Guzmán Pardo y Claudia Inés Guzmán Pardo, causahabientes del «General
Martínez Landinez» y los Comuneros13 de Santiago de Las Atalayas y Pueblo Viejo
de Cusiana; así como a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y
Ministerio de Minas y Energía, así como las demás partes, personas y/o entidades
que hayan participado en los expedientes con radicado S-404, «6976» y 1100-103-
15000-2000-06647-00.

También se dispuso requerir la señora Claudia Leonor Martínez Afanador con el fin
de que acreditara su legitimación en la causa por activa, ya que se limitó a afirmar
que es la legítima heredera de Jorge Martínez Villamil, reconocida, mediante hijuela
en el proceso de sucesión con sentencia ejecutoriada No. 2010-01423 del Juzgado
Séptimo de Familia de Bogotá, pero la notificación por edicto que aportó del proceso
de sucesión 2010-01423 no era suficiente para acreditar su legitimación, ya que no

13 Se destaca que los Comuneros, vinculados en el proceso con radicado número 6.976 son «Lucila

Villamil viuda de Martínez, Cecilia Martínez de Hernández, María de la Cruz Martínez Villamil, Lucy
Martínez Villamil, Jorge Martínez Villamil[,] Luis Enrique Martínez Villamil, Rafael Martínez Villamil,
José María Uscátegui Murillo, Enrique Caballero Escovar, Jesús Antonio de Guzmán, Odilio Vargas,
Hernando Casas F., Camilo Delgado Uribe, Jorge Enrique Delgado Uribe, Alberto Restrepo Delgado,
Fernando Restrepo Delgado, Guillermo Restrepo Delgado, Beatriz Restrepo Delgado, Doris
Restrepo de Uribe, Elena Restrepo de Álvarez, Maud Helena Cortés de Lema, Fabio Arango Mejía,
Jacoba Genoveva Sánchez de Delgado, Guillermo de Jesús Delgado Sánchez, Jorge Enrique
Delgado Sánchez, Ana Jiménez de Pombo, María Jiménez de Piñares, Arturo Jiménez Pombo, Clara
Inés Pombo de Krohne, Sergio Pombo Jiménez, Jorge Pombo Jiménez, Elvira Jimeno de Pineda,
Francisco Pineda Jimeno, Juan Pineda Jimeno, José Manuel Pineda Jimeno, Elvira Pineda Jimeno,
Margarita Pineda Jimeno, María Pineda Jimeno, Inocenta de Miranda, Ana Pombo de Lorenzana,
Clementina Pombo de Forero, María Georgina Sarmiento de Leal, Elvira Sarmiento Alarcón y Jesús
Alberto Sarmiento Alarcón, o a quienes sus derechos representen, la restitución a la Nación-
Ecopetrol».

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se conoce el contenido de tal fallo, ni mucho menos a quien favorece, e inclusive no
explica por qué ser hija del señor Jorge Martínez Villamil la faculta para interponer
la presente acción constitucional.

El 23 de febrero de 2026 la señora Claudia Leonor Martínez Afanador presentó la
siguiente solicitud:

Respetados señores:

Solicito aclaración sobre el numeral QUINTO de la notificación del Consejo de Estado,
debido a que se solicita que "aporte la providencia de 2012 proferida al interior del
expediente con radicado 1100-103-15000-2000-06647-00. Sin embargo, consultando
en la página de Consulta de Procesos el mencionado expediente no aparece.

De otro lado, para probar mi legitimación en la causa por activa, presenté el Edicto
expedido por el Juzgado 7 de Familia de Bogotá, mediante el cual se aprobó la
sentencia del proceso de sucesión de mi papá, señor Jorge Martínez Villamil ya
fallecido, con No. 2010-01423 con fechade Julio de 2012 y aport[é] el registro civil de
Nacimiento otorgado por la Notaría Cuarta de Bogotá.

El 12 de marzo de 2026, el despacho rechazó por extemporánea la solicitud, pero
se le recordó que «en auto que antecede se le precisó que, como uno de los
reproches de la acción de tutela lo fundamenta en la expedición de la providencia
dictada en el proceso “1100-103-15000-2000-06647-00” […] era necesario que
allegará copia de dicho proveído para determinar la autoridad judicial accionada».

El 15 de marzo de 2026 la accionante precisó que asumió que la providencia que
resolvió la súplica al interior del expediente 11001-03-15-000-2000-06647-00 «se
encontraba en los archivos de la institución», sin embargo, procedió a allegar el
auto, en formato Word.

El 27 de marzo de 2026 se consideró necesario ordenar a la Secretaría General de
esta Corporación establecer la ubicación del expediente 11001-03-15-000-2000-
06647-00, con el fin de requerir a esa dependencia que remitiera a este trámite
constitucional el expediente digital o digitalizado de ese proceso, quien a su vez
debía certificar la fecha de notificación de la providencia de 12 de diciembre de
2012, proferida en dicho asunto.

El 10 de abril de 2026, la secretaria general del Consejo de Estado certificó que el
proveído de 12 de diciembre de 2012 fue notificado por edicto desfijado el 23 de
enero de 2013. Además, aportó copia digitalizada del expediente 2000-06647, en
donde se pudo ratificar la fecha de notificación.

Así mismo, se ordenó a la oficina de sistemas de la Corporación, realizar la
publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la página web
del Consejo de Estado, y el 26 de febrero de 2026 se notificó por aviso a los señores
«Luis Enrique Martínez Afanador, Arturo Jiménez Pombo, Clara Inés Pombo de
Krhone, Jorge Pombo Jiménez, Inocencia de Miranda y los demás causahabientes
del «General Martínez Landinez» y los Comuneros de Santiago de Las Atalayas y
Pueblo Viejo de Cusiana».

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1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. La Presidencia del Consejo de Estado, solicitó declarar improcedente el
mecanismo, al considerar que no se acreditaron los requisitos de inmediatez y
relevancia constitucional, lo primero porque las providencias controvertidas datan
de los años 1996, 1999 y 2000, y la tutela fue radicada en enero 2026, y lo segundo,
porque el asunto es de contenido predominantemente económico.

1.6.2. El presidente de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el consejero
William Barrera Muñoz, también manifestaron que el mecanismo no acreditó el
presupuesto de la inmediatez, ya que «la providencia expedida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado data del 13 de septiembre de 1999, es decir, hace
más de 26 años, por lo cual […] se superó con creces el término de seis (6) que se
ha considerado como razonable para el ejercicio de la acción».

El presidente de la Sección Tercera del Consejo de Estado agregó que la misma
consideración se aplica respecto de las otras dos providencias que fueron
controvertidas en esta acción, y destacó que, en todo caso, «esta herramienta
constitucional no puede ser empleada como una instancia adicional al proceso
ordinario con el fin de poner de presente las meras desavenencias o
inconformidades de las partes con el criterio que, en virtud de los principios de
independencia y autonomía judicial, aplicaron en su momento de manera unívoca
diferentes Salas de Decisión de esta Corporación».

1.6.3. El Ministerio de Minas y Energía pidió declarar improcedente, o en su
defecto negar la solicitud de amparo, porque no se acreditaron los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad.

Alegó que la señora Claudia Leonor Martínez Afanador no acreditó su legitimación
en la causa por activa, porque tal y como se expuso en el auto admisorio, la tutelante
«se limita a afirmar su calidad de heredera de Jorge Martínez Villamil, sin aportar el
contenido íntegro de la sentencia de sucesión ni demostrar que ostenta la titularidad
actual, exclusiva y directa de los derechos fundamentales cuya protección invoca.
Tampoco explica en qué medida su eventual condición de heredera la faculta para
cuestionar decisiones judiciales adoptadas hace décadas, ni si actúa en
representación de una sucesión, comunidad o pluralidad de causahabientes».

1.6.4. La señora Claudia Leonor Martínez Afanador aportó un documento
notariado y con constancia de recepción ante el Juzgado Séptimo de Familia del
Circuito Judicial de Bogotá, en donde consta que el 23 de enero de 2011 se le
reconoció como heredera del causante -Jorge Martínez Villamil-.

1.6.5. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público requirió su desvinculación
porque no es la destinataria de las trasgresiones que imputa la accionante, razón
por la cual carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.6. Los señores Jorge Guzmán Pardo y Claudia Inés Guzmán Pardo, por

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conducto de abogado, coadyuvaron la tutela14.

1.6.7. Los señores Eduardo, María Eugenia, Fernando, Sandra Liliana, Patricia,
Margarita, Jorge, y Lucy Martínez Afanador; Rafael Martinez Villamil, Álvaro
Rafael Martínez Afanador, y María José Martínez Garzón, declararon que se
entendían notificados de la admisión de la solicitud de amparo.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Claudia Leonor Martínez Afanador, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Legitimación por activa

Se considera que la señora Claudia Leonor Martínez Afanador se encuentra
legitimada en la causa por activa, en atención a que, acreditó, a través de un
documento notariado y con constancia de recepción ante el Juzgado Séptimo de
Familia del Circuito Judicial de Bogotá, que el 23 de enero de 2011 se le reconoció
como heredera del causante -Jorge Martínez Villamil-, quien fue uno de los
comuneros afectados con la orden judicial de restitución a la Nación, Ecopetrol, de
todos los dineros a ellos entregados en desarrollo de los contratos 15, 15A, 16 y
16A.

2.2.2. Solicitud de desvinculación

Esta colegiatura advierte que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó
su desvinculación del presente trámite, no obstante, la referida petición será
negada, en razón a que su comparecencia a este mecanismo se hizo en calidad de
tercero con interés en las resultas del proceso y no como autoridad judicial
demandada.

2.2.3. Coadyuvancia

En primer lugar, se destaca que la Corte Constitucional, al referirse al alcance de
esta figura en la acción de tutela, precisó que, quien coadyuva lo hace para apoyar
las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad
demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones15.

14 El profesional del derecho informó que la señora María Isabel Guzmán Pardo -tercera vinculada-

falleció.
15 Ver, por ejemplo: sentencia T-070 de 1° de marzo de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo y

sentencia T-269 de 2012, Luis Ernesto Vargas Silva, citada a su vez en la SU-326 de 2022.

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En este orden de ideas, en los términos del Decreto Ley 2591 de 199116, la
coadyuvancia puede alegarse por quien tenga un interés legítimo en el resultado
del proceso, y podrá intervenir para reafirmar las pretensiones del actor o de
quien ha sido demandado.

Ahora, si bien los señores Jorge Guzmán Pardo y Claudia Inés Guzmán Pardo
coadyuvaron el mecanismo de la referencia, ello lo hicieron a través de abogado,
pero no aportaron el mandato respectivo, razón por la cual, no es posible tener en
cuenta sus pronunciamientos, en atención a que no están debidamente
representados, ya que el poder para actuar al interior de la acción de tutela debe
ser especial.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a esta colegiatura determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la accionante, por parte
de la Sala Plena del Consejo de Estado, de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, y de Sala Tercera B Especial Transitoria de Decisión.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, y (iii) el
caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 17
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales19.

16 «Articulo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra

la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas
por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos,
sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la
acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud». [Negrilla fuera del texto original].
17 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
19 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201420, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Inmediatez

La sala considera que la presente solicitud de amparo no cumple con el requisito
de la inmediatez, por las razones que a continuación se explican:

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable21, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de
lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo22.

De acuerdo con lo anterior, esta sección23 ha considerado como plazo prudencial el
de seis [6] meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador, el cual es la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada que da lugar a la solicitud de
protección y la consecuencia de su presentación cuando se sobrepasa este límite
es que se declara su improcedencia.

En el caso objeto de estudio, como fueron diversas las providencias que se
controvirtieron, sería del caso establecer la ejecutoria de cada una de ellas, con el
fin de abordar los fundamentos de éstos en consonancia con la solicitud de tutela,
no obstante, ni siquiera tomando como punto de partida la notificación del último
proveído, que se refirió acerca de los recursos de súplica interpuestos contra la
sentencia de 13 de septiembre de 1999, es posible superar este requisito, ya que la

20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
21 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha
5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de febrero
del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-
01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
22 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
23 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada

Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01,
12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12
de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto
Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada
Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.

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notificación de tal proveído data del año 2013, esto es, de hace más de 13 años
contados desde la radicación de la acción de la tutela.

En esta línea argumentativa, en relación con aquellas circunstancias que justifican
el retardo para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-
256 de 2015, cuya tesis es acogida por este juez colegiado como criterio auxiliar,
indicó que la acción de tutela será procedente:

Cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de
los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable de la actora derivada del irrespeto
por sus derechos, continúa y es actual24.

En este punto cabe destacar que, de aceptarse un término superior, sin que se
exponga una razón de trascendencia constitucional, se atentaría en contra del
derecho a la igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia a
quienes se les ha declarado improcedente su solicitud de amparo, por superar el
lapso en mención.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 25, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200526, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales
y reiteró que seis meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.

De igual manera se destaca que controvertir una providencia judicial supone
cuestionar principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, lo cual impone
al interesado que se haga en un plazo pertinente, salvo justificación razonable,
carga que le corresponde alegar y demostrar a la parte accionante y que en este
asunto no se hizo.

Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las tutelas
contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la decisión que
se señala como vulneradora de derechos fundamentales sea conocida, en razón de

24 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
26
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos».

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la efectiva notificación y se encuentre ejecutoriada, para que la persona acuda ante
el juez constitucional y solicite el amparo de sus garantías.

Ahora bien, la sala resalta que en el presente asunto la parte accionante no justificó
la incapacidad para acudir ante el juez constitucional, más allá de afirmar que la
vulneración de los derechos en su caso es continua, pero solo en casos
excepcionales y debidamente acreditados es posible ponderar el principio de la
seguridad jurídica con el derecho de acceso a la administración de justicia, pero
como ya se expuso, ello no corresponde a los supuestos fácticos aquí analizados.

2.6. Conclusión

Así las cosas, es claro para esta colegiatura que en el sub examine, no puede el
juez constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez que
no se supera el requisito de inmediatez.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que radicó el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

SEGUNDO: NO ACEPTAR como coadyuvantes a los señores Jorge Guzmán Pardo
y Claudia Inés Guzmán Pardo.

TERCERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la señora Claudia Leonor Martínez Afanador.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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