Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00549-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00549-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00549-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00549-00
Accionante: DORA CONSUELO GONZÁLEZ VILLAMIL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencias judiciales-Improcedencia por
incumplimiento del principio de subsidiariedad, por cuanto el incidente de nulidad se
encuentra en curso.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 28 de enero de 20261 por la señora
Dora Consuelo González Villamil, quien actúa a través de apoderado judicial, contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. A su
juicio, dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, defensa e igualdad.
ANTECEDENTES
Hechos relevantes
1. La señora Dora Consuelo González Villamil es propietaria del inmueble ubicado
en la carrera 66 A No. 70-38 —hoy carrera 70 No. 70-40— del barrio La Estrada de
Bogotá D.C.
2. El 1º de junio de 2002, la actora celebró contrato de arrendamiento sobre un local
comercial del citado inmueble con el señor José del Carmen Chacón Mora.
3. El arrendatario instaló y puso en funcionamiento en el local una venta de pólvora,
actividad sujeta a inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades
distritales competentes. Según afirma la demandante, tales funciones no se
ejercieron respecto del establecimiento.
4. El 10 de mayo de 2019, se produjo un siniestro derivado del funcionamiento de
la venta de pólvora, consistente en una explosión que ocasionó la destrucción total
del predio. La actora atribuyó este resultado a la actuación negligente y omisiva de
las entidades distritales, al incumplir sus deberes de inspección, vigilancia y control.
1
Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL miércoles,
28 de enero de 2026 con secuencia: 767 - Cuad.:1”.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00549-00
Accionante: Dora Consuelo González Villamil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
5. En atención a los hechos expuestos, la señora Dora Consuelo González Villamil
promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa2 contra
el Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Gobierno –
Alcaldía Local de Engativá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático (IDIGER).
6. En dicha acción, la tutelante solicitó que se declare la responsabilidad
administrativa de las entidades demandadas por los perjuicios materiales y morales
ocasionados a ella y a sus familiares, como consecuencia de la falla del servicio
derivada de la omisión en las funciones de inspección, vigilancia y control, que
culminó con la explosión y la destrucción total del inmueble el 10 de mayo de 2019.
Asimismo, pidió que, como efecto de esa declaración, se condene a las
demandadas a indemnizar los perjuicios materiales y morales en cuantía no inferior
a $3.074.866.524,21, de pesos o la suma que resulte probada dentro del proceso,
y que se ordene la actualización de los valores reconocidos conforme a la variación
del índice de precios al consumidor (IPC), desde la fecha del siniestro hasta la
ejecutoria de la sentencia.
7. El 28 de noviembre de 2024, se llevó a cabo la audiencia de pruebas dentro del
proceso. Sin embargo, la parte tutelante afirma que ni ella ni su apoderado lograron
acceder a la diligencia, pese a haberse conectado oportunamente al enlace
dispuesto desde las 8:10 a.m.
8. Posteriormente, el 2 de diciembre de 2024, en el reporte de procesos de la página
web de la Rama Judicial, se informó la realización de la audiencia y las decisiones
adoptadas en ella.
9. El 10 de diciembre de 2024, la peticionaria promovió incidente de nulidad con
fundamento en el numeral 5° del artículo 133 del Código General del Proceso, al
considerar que la audiencia de pruebas debía repetirse, dado que no le fue posible
ingresar mediante el enlace dispuesto para tal efecto, lo que, en su criterio, le
impidió ejercer adecuadamente sus derechos de defensa y contradicción.
10. Mediante providencia del 9 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, dispuso correr traslado del
incidente de nulidad a las demás partes procesales por el término de tres (3) días,
para que se pronunciaran al respecto. Lo anterior, por cuanto el apoderado de la
solicitante no acreditó el cumplimiento del deber previsto en el artículo 3 de la Ley
2213 de 2022. En consecuencia, ordenó surtir el traslado a través de la Secretaría
de la Sección, en los términos del artículo 110 del Código General del Proceso, al
evidenciarse que el escrito no fue remitido a los demás sujetos procesales.
Pretensiones
11. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
2
Proceso identificado bajo el radicado: 25000-23-36-000-2021-00342-00.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00549-00
Accionante: Dora Consuelo González Villamil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
“De conformidad con los HECHOS antes narrados y LAS NORMAS
VIOLADAS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO que sirven de soporte legal
a esta Acción de Tutela, ruego les H. Señoras (es) consejeros de Estado
ORDENARLE al H. Accionado, se sirvan efectuar las siguientes
Declaraciones, así: 1.- ORDENAR QUE EL ACCIONADO, H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCIÓN 3ª.-SUBSECCIÓN “C”
ORALIDAD, por intermedio del H. Mag. Ponente, Dr. ANDREW JULIÁN
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, INMEDIATAMENTE ANULE Y/O REVOQUE
TODO LO ACTUADO DESDE EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024, fecha
de la diligencia en la cual NO PUDE INTERVENIR NI TAMPOCO MI
PODERDANTE, ya que, no obstante estar conectados al link respectivo, no
se nos permitió el acceso, razón más que evidente en pro de salvaguardar
el Debido Proceso y el Derecho de Defensa y contradicción.
2.- CONCORDANTE CON LO ANTERIOR ORDENAR QUE EL
ACCIONADO, H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-
SECCIÓN 3ª.-SUBSECCIÓN “C” ORALIDAD, por intermedio del H. Mag.
Ponente, Dr. ANDREW JULIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ,
INMEDIATAMENTE FIJE Y/O SEÑALE UNA NUEVA OPORTUNIDAD
PARA LA PRÁCTICA DE DICHA VISTA PÚBLICA RESPECTIVA. TODO LO
ANTERIOR RUEGO LES SE EFECTÚE DE MANERA INMEDIATA Y/O EN
EL TÉRMINO PERENTORIO QUE ORDENE ESTE H. ALTO CUERPO
COLEGIADO Y EN ARAS DE QUE SE PROTEJAN LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES VULNERADOS A MI PROHIJADA A LA PROTECCIÓN
AL DEBIDO PROCESO; AL DERECHO DE DEFENSA; A LA IGUALDAD Y
DEMÁS QUE SE DESPRENDAN”3.
Fundamentos de la demanda de tutela
12. La acción de tutela fue interpuesta por Dora Consuelo González Villamil, por
intermedio de su apoderado William Mosquera Vargas, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, derecho de defensa e igualdad. La presunta
vulneración se origina en la audiencia de pruebas del 28 de noviembre de 2024, a
la cual ni la demandante, ni su apoderado, ni el perito lograron acceder por fallas en
la conexión virtual, pese a haber intentado ingresar oportunamente, circunstancia
que generó una situación de indefensión.
13. A pesar de la falta de participación efectiva, el despacho judicial continuó con la
diligencia y adoptó decisiones que afectaron el curso del proceso, entre ellas la
desestimación del dictamen pericial de la parte demandante. Ante la inexistencia de
otros mecanismos judiciales eficaces e inmediatos, la tutela se presentó como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, solicitando la nulidad de
lo actuado desde la audiencia, la programación de una nueva diligencia con
garantías plenas y la intervención de la Procuraduría General de la Nación para
salvaguardar los derechos fundamentales invocados. La accionante sustentó la
interposición de la acción de amparo en diversos precedentes de la Corte
Constitucional, en especial en la Sentencia C-014 de 2004, así como en los artículos
4, 6, 23, 29, 36 y 83 de la Constitución Política. De igual manera, invocó como
fundamento normativo los artículos 7.5, 8, 9.6, 10.7, 24.8 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
3
Índice electrónico 02 de SAMAI.1_DemandaWeb_Demanda_CONSEJODEESTADO(.pdf) NroActua 2.
3
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Accionante: Dora Consuelo González Villamil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Trámite en primera instancia
14. Mediante auto del 30 de enero de 20264, el despacho sustanciador admitió la
acción de amparo y ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, dispuso la vinculación de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio
Climático – IDIGER, la Alcaldía Local de Engativá, la Secretaría Distrital de
Gobierno de Bogotá, el Ministerio Público y los demás intervinientes dentro del
medio de control de reparación directa radicado bajo el número 25000-23-36-000-
2021-00342-00, en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso.
Finalmente, requirió al abogado William Mosquera Vargas para que, dentro del
término de tres (3) días contados a partir de la notificación de la providencia, allegara
el poder que lo faculta para ejercer la representación judicial de la señora Dora
Consuelo González Villamil en el asunto de la referencia o, en su defecto, precisara
la forma en que ejerce la representación o agencia de sus derechos.
Intervenciones
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C5 manifestó que se encuentra pendiente por resolver la solicitud de nulidad
procesal presentada por la accionante, la cual será decidida una vez se verifiquen
integralmente los presupuestos que exige la normativa procesal vigente. Una vez
se adopte la determinación correspondiente sobre la nulidad, el proceso continuará
su trámite ordinario, avanzando hacia las etapas necesarias para proferir la
sentencia que en derecho corresponda. Finalmente, el Tribunal indicó que mantiene
su compromiso de garantizar la protección del debido proceso y la celeridad dentro
de los límites de la carga laboral y la naturaleza de cada actuación.
16. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático- IDIGER6
solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Asimismo, pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela, al estimar
que no se cumple el requisito de subsidiariedad, dado que la accionante dispone de
otros mecanismos judiciales ordinarios para la protección de sus derechos. Añadió
que, en todo caso, no se acreditó la inminencia de un perjuicio irremediable que
habilite la intervención del juez constitucional.
17. La Alcaldía Mayor de Bogotá7 pidió que se declarara su falta de legitimación
en la causa por pasiva. Señaló que, en el caso concreto, no se advierte conducta
alguna —ni por acción ni por omisión— que le sea atribuible y que pueda
considerarse determinante en la presunta vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales invocados en la acción de tutela.
4
Índice electrónico 05 de SAMAI. 5Autoqueadmite_220260054900ADMITEWI(.pdf) NroActua 5.
5
Índice electrónico 012 de SAMAI. 11_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-Contestaciontutela(.pdf)
NroActua 12.
6
Índice electrónico 013 de SAMAI.13_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-3_20260204Contestac(.pdf)
NroActua 13.
7
Índice electrónico 015 de SAMAI. 14_MemorialWeb_Alegatos-220261506_1(.pdf) NroActua 15.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00549-00
Accionante: Dora Consuelo González Villamil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
18. La Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía Local de Engativá8 solicitó su
desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que la presunta vulneración alegada no es atribuible ni a esa entidad ni
a la Alcaldía Local de Engativá, y que las actuaciones cuestionadas se dirigen
exclusivamente contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Tercera, Subsección C.
19. Asimismo, pidió declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad, en tanto el conflicto se origina en el marco de un
proceso de reparación directa, expediente identificado bajo el radicado 25000-23-
36-000-2021-00342-00, particularmente frente a la audiencia de pruebas del 28 de
noviembre de 2024, la presunta imposibilidad de intervención de la parte y la falta
de decisión sobre una solicitud de nulidad presentada el 10 de diciembre de 2024.
En ese sentido, sostuvo que la tutela no puede emplearse como una vía paralela
para controvertir actuaciones judiciales ni como instancia adicional dentro del
proceso contencioso, máxime cuando el accionante cuenta con mecanismos
ordinarios de defensa y no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
justifique la intervención del juez constitucional.
20. Mediante memorial del 6 de febrero de 20269, el abogado William Mosquera
Vargas allegó el poder conferido por la señora Dora Consuelo González Villamil,
con el fin de acreditar su representación judicial y actuar en su nombre dentro del
proceso de la referencia.
21. La Procuradora 137 Judicial II para Asuntos Administrativos10 informó que
en el proceso radicado 25000-23-36-000-2021-00342-00 ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la audiencia de pruebas reprogramada para el 28
de noviembre de 2024 contó con la asistencia de las apoderadas de las entidades
demandadas y del Ministerio Público, mas no de la parte actora ni del perito, por lo
que el magistrado aplicó las consecuencias del artículo 205 del CGP, decisión frente
a la cual manifestó conformidad.Frente a la acción de tutela, señaló que se atiene a
lo que se pruebe, pues el Ministerio Público no tiene injerencia en la administración
del enlace ni puede verificar si la parte demandante intentó conectarse o no.
22. La Procuraduría delegada de Intervención 9 Cuarta ante el Consejo de
Estado (Carlos José Holguin Molina- Procurador delegado)11 sostuvo que la
acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad. Señaló que dentro del
medio de control radicado bajo el número 25000-23-36-000-2021-00342-00, el
apoderado judicial de la parte demandante promovió incidente de nulidad mediante
escrito presentado el diez (10) de diciembre de 2024, trámite que actualmente se
encuentra en curso, conforme a lo dispuesto en auto del nueve (9) de febrero de
dos mil veintiséis (2026).
8
Índice electrónico 016 de SAMAI. 15_MemorialWeb_Respuesta-20261800056061Conte(.pdf) NroActua 16.
9
Índice electrónico 017 de SAMAI. 18_MemorialWeb_Poder-Servicopiado_2026020(.pdf) NroActua 17.
10
Índice electrónico 021 de SAMAI. Memorial_CHM_Anexo informe (.pdf) NroActua 21.
11
Índice electrónico 021 de SAMAI. Memorial_CHM_Oficio 016-2026(.pdf) NroActua 21.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00549-00
Accionante: Dora Consuelo González Villamil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
23. En consecuencia, advirtió que aún existe un mecanismo judicial ordinario idóneo
y en trámite para controvertir las actuaciones cuestionadas, lo que torna
improcedente el amparo constitucional por incumplimiento del presupuesto de
subsidiariedad.
24. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio a pesar
de haber sido notificados12.
CONSIDERACIONES
Competencia
25. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201913.
Problema jurídico y metodología de la decisión
26. La señora Dora Consuelo González Villamil promovió demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra el Distrito Capital — Alcaldía Mayor
de Bogotá —, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Alcaldía Local de Engativá y el
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), con el
propósito de que se declarara la responsabilidad administrativa de dichas entidades
por los perjuicios materiales y morales ocasionados a ella y a su familia, que atribuyó
a una falla del servicio derivada de la omisión en funciones de inspección, vigilancia
y control, la cual habría culminado con la explosión y destrucción total del inmueble
el 10 de mayo de 2019.
27. En el curso del proceso, el 28 de noviembre de 2024, se realizó la audiencia de
pruebas; sin embargo, la actora afirmó que ni ella ni su apoderado lograron acceder
a la diligencia, pese a haberse conectado oportunamente al enlace dispuesto, lo
que —en su criterio— afectó el ejercicio de sus derechos de defensa y
contradicción. Por ello, el 10 de diciembre de 2024 promovió incidente de nulidad
con fundamento en el numeral 5° del artículo 133 del Código General del Proceso,
con el fin de que la audiencia se repitiera.
28. Mediante providencia del 9 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, dispuso correr traslado del
incidente a las demás partes por el término de tres (3) días, al advertir que el
apoderado de la solicitante no acreditó el cumplimiento del deber previsto en el
artículo 3 de la Ley 2213 de 2022; en consecuencia, ordenó surtirlo por conducto de
12
Índice electrónico 08 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite tute(.pdf) NroActua 8.
13
Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos entre las
secciones”.
6
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Accionante: Dora Consuelo González Villamil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
la Secretaría de la Sección, en los términos del artículo 110 del Código General del
Proceso.
29. A partir de lo expuesto, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la
acción de tutela satisface el requisito general de subsidiariedad, conforme a la
jurisprudencia constitucional. Superado este análisis preliminar, la Sala abordará el
siguiente problema jurídico: ¿el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa e igualdad de la actora?
30. Para abordar el estudio del problema jurídico planteado, la Sala desarrollará la
siguiente ruta de análisis: (i) requisitos generales de tutela contra providencia
judicial; (ii) reiterará la jurisprudencia relativa al principio de subsidiariedad como
exigencia de procedibilidad de la acción de tutela. Además, examinará la aplicación
del principio de subsidiariedad en casos en los que el proceso judicial se encuentra
en curso; y (iii) realizará el análisis del caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
31. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200514,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
32. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar15; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela16, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional17 o el Consejo de Estado18,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-19; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
14
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
15
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
16
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
18
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
7
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Accionante: Dora Consuelo González Villamil
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable20 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Principio de Subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de
Tutela
33. La jurisprudencia constitucional ha manifestado, que la acción de tutela es un
mecanismo excepcional para proteger derechos fundamentales. Su finalidad es
brindar una respuesta inmediata y eficaz cuando dichos derechos resultan
vulnerados o amenazados. Sin embargo, esta herramienta sólo puede utilizarse en
situaciones específicas, toda vez que no reemplaza los procesos judiciales
ordinarios21.
34. En efecto, la tutela tiene un carácter subsidiario y residual, lo que significa que
sólo procede cuando no existe otro medio judicial de defensa, o cuando a pesar de
existir, estos no son lo suficientemente eficaces para evitar un perjuicio irremediable.
Así lo establece el artículo 86 de la Constitución, al indicar que este mecanismo de
amparo constitucional sólo es procedente si no hay otro mecanismo judicial
disponible, o si se usa como una medida temporal para prevenir un daño irreparable.
35. Por esta razón, la tutela no puede utilizarse como una vía adicional o
complementaria de los procesos ya previstos por la ley. Tampoco está diseñada
para reabrir debates ya resueltos por otras jurisdicciones, ni para evadir los recursos
o etapas propias de los procesos ordinarios. En otras palabras, la acción de tutela
no sustituye los mecanismos judiciales establecidos, ni puede convertirse en una
herramienta para reabrir discusiones que ya fueron decididas por los jueces
competentes22.
La subsidiariedad tratándose de procesos judiciales en curso
36. La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela no puede
emplearse como un mecanismo alterno o concurrente para resolver controversias
jurídicas que deben ventilarse dentro del proceso ordinario, mientras este aún se
encuentra en curso. Solo en caso de un perjuicio irremediable procede una
intervención excepcional del juez constitucional. Incluso una vez finalizado el
20
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
21
Sentencias SU-712 de 2013 y T-022 de 2017.
22
Sentencias SU-037 de 2009, T-565 de 2009 y T-520 de 2010.
8
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Accionante: Dora Consuelo González Villamil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
proceso, resulta necesario interponer y agotar los recursos previstos por el
ordenamiento jurídico antes de acudir a esta vía excepcional23.
37. En ese sentido, la Corte ha identificado tres situaciones específicas que hacen
improcedente la acción de tutela24. En particular, cuando: “i) el asunto está en
trámite; ii) el actor no ha agotado los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios para oponerse al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso
de amparo constitucional para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear
los recursos previstos en el ordenamiento jurídico”25.
38. En definitiva, cuando el ordenamiento jurídico ofrece mecanismos adecuados
de defensa, y el proceso judicial se encuentra activo o ha culminado sin que la parte
interesada los haya utilizado, la tutela no puede fungir como atajo para corregir
errores procesales ni para reabrir oportunidades perdidas. El juez constitucional, en
armonía con el principio de subsidiariedad, debe preservar la autonomía de las
jurisdicciones ordinarias y evitar que la tutela se transforme en una vía paralela que
desdibuje las reglas del debido proceso.
Análisis del caso concreto
39. La señora Dora Consuelo González Villamil promovió acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa
y a la igualdad. Señaló que dentro del proceso de reparación directa que cursa ante
dicha autoridad judicial, el 28 de noviembre de 2024 se llevó a cabo la audiencia de
pruebas; sin embargo, afirmó que no le fue posible acceder a la diligencia, pese a
haber intentado conectarse oportunamente.
40. Debido a lo anterior, el 10 de diciembre de 2024 promovió incidente de nulidad
con el propósito de que se repitiera la audiencia, al estimar que la imposibilidad de
participación afectó el ejercicio efectivo de sus derechos de defensa y contradicción.
41. Posteriormente, mediante providencia del 9 de febrero de 2026, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dispuso correr traslado del referido incidente a las
demás partes procesales por el término de tres (3) días, a través de la Secretaría
de la Sección, al advertir que el apoderado de la solicitante no acreditó el
cumplimiento del deber de remisión previsto en el artículo 3 de la Ley 2213 de 2022.
42. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; y, en segundo
lugar, verificará el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.
23
Sentencia T-335 de 2018.
24
Sentencia T-016 de 2022.
25
Ibid.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00549-00
Accionante: Dora Consuelo González Villamil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Legitimación en la causa por activa y pasiva
43. En primer lugar, Dora Consuelo González Villamil cuenta con legitimación en la
causa por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales
cuya vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente
afectada por la presunta violación de derechos fundamentales atribuidos al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.
44. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, autoridad judicial
a la que se le atribuye la presunta transgresión de los derechos fundamentales
alegados por la actora.
45. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático- IDIGER, La
Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía Local de
Engativá solicitaron su desvinculación del trámite de tutela por falta de legitimación
en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala advierte que fungen como parte
demandada dentro del proceso ordinario, de ahí que se mantendrán vinculadas
dentro de la presente acción de tutela.
Subsidiariedad
46. La Sala advierte que la presente acción de amparo constitucional no satisface
el requisito de subsidiariedad, por cuanto la controversia planteada por la actora se
origina en el marco de un proceso judicial que actualmente se encuentra en curso,
escenario natural en el que puede hacer valer sus pretensiones y controvertir las
actuaciones adoptadas por la autoridad judicial accionada.
47. En efecto, el 10 de diciembre de 2024, la peticionaria promovió incidente de
nulidad, con fundamento en el numeral 5° del artículo 133 del Código General del
Proceso, al considerar que la audiencia de pruebas debía repetirse, debido a que
no le fue posible ingresar al enlace dispuesto para su realización, circunstancia que
—en su criterio— afectó el ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción.
48. Posteriormente, mediante providencia del 9 de febrero de 202626, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, dispuso correr
traslado del referido incidente a las demás partes procesales por el término de tres
(3) días, con el fin de que se pronunciaran al respecto, al advertir que el apoderado
de la solicitante no acreditó el cumplimiento del deber previsto en el artículo 3 de la
Ley 2213 de 2022. En consecuencia, ordenó surtir dicho traslado a través de la
Secretaría de la Sección, en los términos del artículo 110 del Código General del
Proceso, al evidenciar que el escrito no fue remitido a los demás sujetos procesales.
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Índice electrónico 077 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C. 70Autoquecorre_25000233600020210034(.pdf) NroActua 77.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00549-00
Accionante: Dora Consuelo González Villamil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
49. En ese contexto, la Sala observa que el incidente de nulidad aún no ha sido
resuelto por la autoridad judicial accionada, pues previamente debe ponerse en
conocimiento de todas las partes del proceso, en atención a la solicitud orientada a
que se repita la audiencia de pruebas.
50. Así las cosas, la acción de tutela resulta improcedente, por cuanto no se
acreditan los requisitos generales de procedencia y, en especial, el principio de
subsidiariedad. La controversia planteada se inscribe en un proceso judicial que se
encuentra en trámite y respecto del cual la actora ya activó el mecanismo procesal
pertinente —el incidente de nulidad— para cuestionar la audiencia de pruebas y
obtener un pronunciamiento del juez natural.
51. En ese contexto, la intervención del juez constitucional resultaría prematura e
injustificada, pues desplazaría los instrumentos ordinarios previstos para la
corrección de eventuales irregularidades procesales y desnaturalizaría la acción de
tutela al convertirla en una vía paralela para incidir en la conducción del proceso o
apremiar la adopción de una decisión judicial pendiente. La tutela no está concebida
como una instancia adicional ni como un mecanismo sustitutivo de los medios de
defensa judicial ordinarios, menos aun cuando estos han sido promovidos y se
encuentran en curso de resolución ante la autoridad competente.
52. Además, la Sala no advierte la configuración de un perjuicio irremediable que
habilite la intervención del juez constitucional. Conforme a la jurisprudencia
constitucional, para que se configure un perjuicio irremediable que justifique la
intervención transitoria del juez de tutela, deben concurrir los siguientes
elementos27: (i) inminencia, esto es, que el daño esté próximo a ocurrir y exista un
grado considerable de certeza sobre su materialización; (ii) gravedad, en cuanto
implique un detrimento serio sobre un bien jurídico relevante; (iii) urgencia,
entendida como la necesidad de adoptar medidas inmediatas para evitar la
consumación del daño; y (iv) la acción impostergable de la protección, es decir, que
no exista otro mecanismo oportuno y eficaz que permita conjurar la afectación de
derechos fundamentales.
53. En el caso concreto, tales presupuestos no se encuentran acreditados. En
primer lugar, no se evidencia la inminencia del daño alegado, en la medida en que
el incidente de nulidad promovido por la actora aún se encuentra pendiente de
decisión, lo que demuestra que el proceso continúa en trámite y que existe una vía
procesal en curso que podría incidir en la situación cuestionada. En consecuencia,
no se configura un riesgo cierto e inmediato de afectación irreparable.
54. En segundo lugar, tampoco se demuestra la gravedad del perjuicio, pues la
actora no acreditó una afectación concreta y actual de sus derechos fundamentales,
más allá de la inconformidad con el desarrollo de la audiencia de pruebas. Además,
la eventual vulneración permanece supeditada a lo que se resuelva en el incidente
de nulidad, razón por la cual no puede afirmarse, en este estadio procesal, la
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Corte Constitucional, Sentencia SU-179 de 2021.
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Accionante: Dora Consuelo González Villamil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
materialización de un detrimento grave que torne indispensable la intervención
inmediata del juez de tutela.
55. Tampoco se configuran los requisitos de urgencia ni de impostergabilidad de la
protección, pues no se evidencia la necesidad de adoptar medidas inmediatas para
evitar un daño inminente y, además, la actora dispone de un mecanismo judicial
idóneo y eficaz —el incidente de nulidad— para controvertir la irregularidad alegada
y obtener una decisión dentro del proceso en curso, sin que resulte necesaria la
intervención excepcional del juez constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Dora
Consuelo González Villamil, quien actúa a través de apoderado judicial, por no
satisfacer el requisito general de subsidiariedad.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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