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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00558-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00558-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por el señor Brin Ariel Ortiz Gutiérrez. SEGUNDO: TENER a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional como tercero con interés en el resultado del proceso. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00558-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00558-00
Accionante: BRIN ARIEL ORTIZ GUTIÉRREZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
PRIMERA DE DECISIÓN Y OTRO.

Tema: Tutela contra providencia judicial — relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión y la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos
333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.

Por auto del 30 de enero de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Brin Ariel Ortiz Gutiérrez, en nombre propio, presentó acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión, y la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional. Con la
solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, de acceso a la administración
de justicia, a la «subsistencia mínima digna y al principio de favorabilidad».

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionados al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional. Asimismo, se dispuso la vinculación del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Medellín y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta última, en los términos del
artículo 610 del Código General del Proceso.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Brin Ariel Ortiz Gutiérrez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00558-00

2. La transgresión de sus garantías constitucionales se la adjudica a la
sentencia del 26 de enero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión, que revocó el fallo de primera instancia
proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Medellín que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho3 promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional. En su lugar, el tribunal negó lo pretendido por el actor.

3. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Amparar todos los derechos fundamentales del accionante.

2. Declarar la vulneración de derechos por parte del Tribunal Administrativo de
Antioquia.

3. Conceder las medidas cautelares solicitadas.

4. Ordenar al Ejército Nacional el reconocimiento inmediato del subsidio familiar.

5. Ordenar la revisión integral del fallo judicial, con rectificación de errores fácticos.

1.2. Hechos

4. El señor Ortiz Gutiérrez prestó servicio militar desde el 12 de diciembre de
2002 hasta el 7 de enero de 2005 y, una vez finalizó, se vinculó al Ejército
Nacional en calidad de soldado profesional desde el 10 de marzo de 2005.

5. El 3 de octubre de 2018, el actor elevó una petición ante el Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional mediante la cual solicitó la reliquidación retroactiva de
su salario básico aumentado en un 20%. Esto, al considerar que el Decreto
Reglamentario 1794 del 2000 es inconstitucional al establecer un criterio distinto
para los soldados profesionales vinculados a la institución con posterioridad al 31
de diciembre del 2000.

6. A su vez, solicitó la reliquidación del subsidio familiar en aplicación del
artículo 11 del Decreto 1794 del 2000, con reconocimiento del pago de las
respectivas diferencias, con adición de la indexación y los intereses causados
desde el momento en que ingresó a la categoría de soldado profesional hasta la
fecha en que se reconociera el derecho.

7. Mediante Oficio 20183171923951: MDN-CGFMCOEJC-SECEJ-JEMGF
COPER-DIPER-1.10 del 8 de octubre de 2018, el Ejército Nacional negó la
solicitud en lo relacionado con la reliquidación de su salario básico. La autoridad
manifestó que el régimen dispuesto en el Decreto Reglamentario 1794 del 2000
se encuentra establecido para soldados voluntarios que al 31 de diciembre del
2000 se encontraban vinculados a la institución.

3
Proceso identificado con el radicado 05001-33-33-007-2020-00262-00/01.

2
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8. El señor Ortiz Gutiérrez promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional mediante
al cual solicitó la declaratoria de nulidad de dicho acto administrativo y del acto
ficto que se habría configurado por el silencio administrativo negativo frente a la
petición de reliquidación del subsidio familiar que devengaba.

9. Mediante sentencia del 13 de septiembre de 2023, el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito de Medellín accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Declaró la nulidad del acto administrativo del 8 de
octubre de 2018 por medio del cual se le negó al demandante el reajuste salarial
del 20%, al considerar que se encontraba acreditado que este se vinculó como
soldado voluntario con anterioridad al 31 de diciembre del 2000, por lo que era
procedente el reconocimiento de una asignación mensual equivalente al salario
mínimo incrementado en un 60%. En relación con el subsidio familiar, indicó que
no era posible percibir dicho beneficio bajo los lineamientos del Decreto 1794 del
2000, puesto que este fue reconocido en vigencia del Decreto 1161 de 2014.

10. Inconforme con lo anterior, la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional apeló la decisión en relación con la declaratoria de nulidad del Oficio del
8 de octubre de 2018. El señor Ortiz Gutiérrez no presentó recurso de apelación
contra la decisión de primera instancia.

11. En fallo del 22 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que, de conformidad con la hoja
de servicios del actor, se acreditó que su vinculación al Ejército Nacional tuvo
lugar el 12 de diciembre de 2002, cuando ingresó a prestar el servicio militar.
Sostuvo que, para ese momento, se encontraba vigente el Decreto 1794 del
2000, motivo por el cual su situación se regía por esta norma y no era posible
equiparar su régimen al de aquellos que se encontraban vinculados con
anterioridad.

12. En segunda instancia, el Tribunal no se pronunció con respecto a la
solicitud de reliquidación del subsidio familiar, dado que el recurso de apelación
fue promovido exclusivamente por la autoridad demandada y se limitó a
cuestionar lo relacionado con la asignación salarial del actor.

1.3. Sustento de la vulneración

13. La parte actora indicó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión, vulneró los derechos fundamentales invocados, con
fundamento en los siguientes argumentos.

14. Afirmó que el tribunal incurrió en defecto fáctico al omitir «valorar
adecuadamente las pruebas que acreditan la notificación del matrimonio», lo que
implicó la afectación del reconocimiento de un derecho pensional.

3
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15. Agregó que la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del
precedente al omitir tomar en consideración «los precedentes constitucionales
que protegen el derecho a prestaciones sociales y seguridad social de quienes
prestan servicios públicos o Fuerzas Armadas en condición de actividad».

16. Sostuvo que el principio de igualdad «exige que situaciones análogas
tengan un trato similar» y que el principio de favorabilidad en materia laboral y de
seguridad social «impone que se adopte la interpretación más favorable al
trabajador». Al respecto, citó el siguiente extracto textual de la sentencia T-083
de 2018: «En materia de prestaciones laborales, la norma constitucional debe
interpretarse de la manera más favorable al trabajador cuando exista duda
razonable».

1.4. Intervención

17. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Medellín se
limitó a describir brevemente el trámite surtido en el proceso de nulidad y
restablecimiento objeto de esta acción constitucional.

18. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión
indicó que los fundamentos fácticos y jurídicos estudiados para proferir la
decisión cuestionada se encuentran en el texto de la providencia.

19. El Ministerio de Defensa solicitó que se declare la improcedencia de la
acción puesto que la intención del señor Ortiz Gutiérrez es usar este mecanismo
constitucional como una tercera instancia con la pretensión de reabrir debates
probatorios y normativos ya zanjados. Agregó que mediante el fallo cuestionado
no se vulneró ningún derecho fundamental, dado que el Tribunal accionado
justificó debidamente la decisión.

II. CONSIDERACIONES

20. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por
Riopaila. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se supera el requisito
general de relevancia constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

21. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge
Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-
388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.

4
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procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún
defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial.

22. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

23. En el caso estudiado, esta Sección considera que la solicitud de amparo
no cumple con todos los requisitos generales de procedencia, como pasa a
exponerse.

24. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

25. La Sala advierte que el señor Brin Ariel Ortiz Gutiérrez está legitimado en
la causa por activa, en la medida en que fue el demandante en el proceso objeto
de esta acción. A su vez, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Antioquia
está legitimado en la causa por pasiva al haber proferido la providencia
controvertida en este proceso.

26. Sin embargo, el actor también dirigió esta acción contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. De conformidad con las pretensiones
formuladas por el actor, en el presente asunto se cuestiona exclusivamente la
sentencia proferida el 22 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, motivo por el cual dicha autoridad carece de legitimación en la causa
por pasiva. Sin embargo, al ser la institución demandada en el proceso objeto de
este mecanismo de amparo, se le tendrá como tercero con interés en el resultado
del proceso.

27. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional8, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el

6
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto
decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del
derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia
de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
7
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
8
Sentencia SU-215 de 2022.

5
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debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

28. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional ante la evidente falta de carga
argumentativa en clave de derechos fundamentales.

29. En primer lugar, los reproches que sustentan el defecto fáctico formulado
están dirigidos a manifestar una simple inconformidad con respecto a la
valoración probatoria efectuada por el tribunal accionado. Esto, pues el actor se
limitó a establecer lo que, desde su criterio, se encontraba probado con el
material probatorio obrante en el expediente, sin exponer ninguna razón que
permita entrever algún tipo de arbitrariedad o capricho por parte del juez natural
de la causa al momento de valorar las pruebas.

30. Aunado a lo anterior, la parte actora no identificó ninguna prueba cuya
valoración hubiera sido omitida o que hubiera sido estudiada indebidamente. Por
tanto, no se expuso de forma mínima argumento alguno que permita entrever que
el Tribunal Administrativo de Antioquia hubiera llevado a cabo un análisis con
arbitraria desatención de las reglas de la lógica y la sana crítica. Al respecto, esta
sección, en la sentencia del 12 de noviembre de 20159, precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial.

31. Allí se estableció que la parte actora debe, mínimamente, precisar e
identificar lo siguiente: i) cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida
valoración o de omisión por parte del juez; ii) la razón por las que en cada caso,
la consideración del operador se alejó de las reglas de la lógica, la experiencia y
la sana crítica y, iii) la incidencia de las pruebas desconocidas o valoradas
erróneamente en el resultado del fallo.

32. En este orden de ideas, la parte actora no sustentó debidamente el defecto
fáctico alegado, pues no formuló las razones mínimas que permitan al juez
constitucional llevar a cabo un análisis del litigio propuesto.

33. Con respecto al cargo por desconocimiento del precedente formulado, no
se acreditó esta exigencia puesto que la actora se limitó a mencionar que, a su
juicio, la autoridad judicial accionada desconoció «los precedentes
constitucionales que protegen el derecho a prestaciones sociales y seguridad

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12 de
noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

6
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social de quienes prestan servicios públicos o Fuerzas Armadas en condición de
actividad». De igual forma, citó un extracto textual de la sentencia T-083 de 2018,
sin llevar a cabo un mínimo ejercicio reflexivo en torno a la relación existente
entre esta providencia y el asunto tratado en el proceso de nulidad y
restablecimiento objeto del presente mecanismo constitucional.

34. Por tanto, se tiene que el accionante no identificó alguna regla o subregla
de derecho aplicable a su caso y que hubiera sido desconocida por la sala de
decisión demandada, en consideración a las particularidades del caso concreto,
motivo por el cual es necesario concluir que no cumplió con la carga mínima
requerida para que exista un pronunciamiento de fondo por parte de la sala.

35. Sobre el cargo por desconocimiento del precedente es preciso resaltar que
esta Sección ha considerado que la parte que invoca este defecto debe cumplir
con la carga mínima de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii)
la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción
dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión
final que adopte el fallador de instancia.

36. Como fue expuesto con antelación, estos criterios no fueron desarrollados
por la parte demandante, por lo que no se satisface el deber de una carga mínima
que permita superar la relevancia constitucional.

37. Por lo anterior, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

38. Finalmente, la sala advierte que la acción constitucional tampoco supera
el requisito de subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró
el carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales10: i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo11 y eficaz12; y, ii) como mecanismo de protección
transitorio.

39. Los argumentos formulados en el escrito de tutela están dirigidos a
cuestionar la decisión mediante la cual se negó la reliquidación del subsidio
familiar en aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 del 2000. Sin embargo, en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de esta acción

10 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
11 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir el

efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
12 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está diseñado

para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.

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constitucional, esta pretensión fue negada mediante la sentencia dictada en
primera instancia, la cual no fue apelada por el accionante. Por tanto, en sede de
apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión se
limitó a estudiar los argumentos formulados por la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional en el respectivo recurso promovido contra el fallo de primer
grado, los cuales versaron exclusivamente sobre la reliquidación de la asignación
salarial del señor Ortiz Gutiérrez.

40. En virtud de lo anterior, la Sala considera que el actor no agotó los
mecanismos ordinarios con los que contó para solicitar la protección de sus
derechos, puesto que no promovió el recurso de apelación contra la decisión
negativa a sus intereses. En dicha medida, no se puede utilizar la acción de tutela
como un mecanismo mediante el cual se cual se pretendan corregir los errores
de la defensa técnica en el trámite adelantado ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

2.2. Conclusión

41. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia por no superar los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por el señor Brin Ariel Ortiz Gutiérrez.

SEGUNDO: TENER a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional como
tercero con interés en el resultado del proceso.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

8
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

9
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