RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00564-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00564-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00564-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en el presente caso. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00564-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

16 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00564-00
Demandante: Amparo Botello Valderrama

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00564-00
Demandante: Amparo Botello Valderrama
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de la Carrera Judicial
Temas: Derecho fundamental de petición. Hecho superado.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada en nombre propio, por la señora Amparo
Botello Valderrama contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial conforme a lo establecido en el artículo 1 del
Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de enero de 2026, la señora Amparo Botello Valderrama, ejerció acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES antes invocados, consagrados en
los artículos 23 y 229 de la Constitución Política.

2. ORDENAR que se responda el derecho de petición, en el sentido de que se envíe el
acta individual de reparto de la demanda radicada en línea con número de generación:
1490196.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 9 de enero de 2026, mediante derecho de petición, la demandante solicitó al
Consejo Superior de la Judicatura, información sobre: (i) la idoneidad del título de
Especialización en Gerencia de Instituciones Educativas (SNIES 109182) y; (ii) el
acceso a documentos técnicos de la convocatoria 28 (Reglamentada por el Acuerdo
PCSJA25-12348 del 13 de noviembre de 2025 «Por medio del cual se adelanta el
proceso de selección en las modalidades de ingreso y de ascenso y se convoca al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial».)

No obstante, señaló que, a la fecha de radicación de esta acción constitucional, la
demandada no dio respuesta a la solicitud.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00564-00
Demandante: Amparo Botello Valderrama

3. Argumentos de la acción de tutela

El demandante expuso que, al momento de interponer la acción de tutela, habían
transcurrido más de 12 días hábiles sin que la entidad emitiera una respuesta
sustancial, clara y coherente, con lo que incumplió los términos establecidos en la Ley
1755 de 2015, particularmente lo dispuesto en el artículo 14, numeral 1, que fija un
plazo máximo de 10 días para responder solicitudes de información o documentos.
Indicó que una vez superado dicho término sin respuesta, la petición se entiende
aceptada y la administración no puede negar la entrega de la información solicitada,
la cual debe suministrarse dentro de los 3 días siguientes.

Manifestó que, de acuerdo con el Acuerdo PCSJA25-12348 del 13 de noviembre de
2025, aunque el Consejo Superior de la Judicatura define el diseño y la administración
de las pruebas, la ejecución logística y la coordinación corresponden a la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial y a la Dirección Ejecutiva y en calidad de
ciudadano colombiano, existe el derecho a conocer los términos de referencia que
regulan dicha delegación.

Asimismo, sostuvo que para salvaguardar la seguridad jurídica y asegurar condiciones
de igualdad entre los participantes, resulta indispensable acceder a los criterios
técnicos de evaluación y a los documentos que determinan qué títulos académicos se
consideran afines a la especialidad administrativa del cargo. En este sentido, la Ley
1755 de 2015 impone a la administración la obligación de suministrar los documentos
técnicos y contractuales solicitados, siempre que no estén amparados por una reserva
legal expresa.

4. Trámite previo

En providencia del 23 de febrero de 20161, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y se ordenó notificar a la demandante y a el Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de la Carrera Judicial Unidad de Administración de la
Carrera Judicial.

5. Oposiciones

El Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Administración de la Carrera
Judicial sostuvo que no vulneró el derecho fundamental de petición, puesto que la
solicitud presentada el 9 de enero de 2026 fue atendida mediante el Oficio CJO26-
1090 del 2 de marzo de 2026. Dicho acto dio respuesta de fondo a lo solicitado y fue
notificado el mismo día al correo electrónico suministrado por la accionante, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755
de 2015, con lo que se garantizó así el ejercicio efectivo del derecho de petición.

En consecuencia, la entidad afirmó que se configura una carencia actual de objeto por
hecho superado, dado que la presunta vulneración alegada desapareció con la
emisión y notificación de la respuesta. Al haberse satisfecho plenamente la pretensión
de la accionante antes del pronunciamiento judicial, cualquier orden del juez de tutela
resultaría inocua, por lo que la acción pierde su finalidad constitucional y debe negarse
el amparo solicitado.

1
La demanda se inadmitió mediante proveído del 9 de febrero de 2026 y subsanado por la accionante el 12 de febrero de 2026.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00564-00
Demandante: Amparo Botello Valderrama

6. Intervenciones

La accionante se pronunció sobre la respuesta emitida por la entidad demandada.
Indicó que la respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial mediante
el Oficio CJO26-1090 fue extemporánea, pues se produjo casi dos meses después de
la radicación del derecho de petición del 9 de enero de 2026, y además carece de un
pronunciamiento de fondo. Afirmó que la entidad eludió resolver si su especialización
en Gerencia de Instituciones Educativas cumple los requisitos del cargo solicitado,
limitándose a consideraciones normativas generales, y negó injustificadamente el
acceso a documentos técnicos bajo el argumento de una fase precontractual.

Adicionalmente, advierte que gran parte de la respuesta aparenta haber sido generada
mediante inteligencia artificial, lo que comprometería el análisis jurídico humano
exigido, razón por la cual solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso y acceso a la información, y una nueva respuesta clara,
precisa y completa.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si la autoridad judicial demandada desconoció el
derecho fundamental invocado por la señora Amparo Botello Valderrama ante la falta
de respuesta de fondo de la petición presentada el 9 de enero de 2026 en relación
con información relacionada con la idoneidad de un título académico de postgrado
como requisito para acceder a un cargo de magistrada en los Consejos Seccionales
de la Judicatura y que se le remitan los documentos técnicos y de contratación de la
empresa que diseñará, administrará y aplicará la prueba de conocimientos de la
Convocatoria 28 (Acuerdo PCSJA25-12348 del 13 de noviembre de 2025).

La Sala anticipa que declarará carencia actual de objeto por hecho superado, porque
en el trámite de la presente acción de tutela, la tutelante obtuvo respuesta de la
petición que ejerció.

Al efecto, la Sala se referirá al derecho fundamental de petición y al análisis del caso
concreto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00564-00
Demandante: Amparo Botello Valderrama

(i) Derecho fundamental de petición

En el marco del artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución.
Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de la Carta.

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con esta
última, son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho: i) que la resolución
sea pronta; ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y iii) que la decisión adoptada se
le notifique al peticionario2.

Como derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido de
la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición. Por esto, se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que «existe una diferencia entre
el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido»3. Aun así, la Corte
Constitucional ha aclarado que «una respuesta es suficiente cuando resuelve
materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante»4.

Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de
fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser notificada
al peticionario. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del derecho
fundamental de petición.

(ii) De la carencia de objeto

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto se materializa en

2 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
3 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
4 Corte Constitucional. Sentencias T-561 de 2007 y T-556 de 2013.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00564-00
Demandante: Amparo Botello Valderrama

las siguientes circunstancias: el daño consumado5, el hecho superado6, y el
acaecimiento de una situación sobreviniente7.

(iii) Caso concreto

Como se indicó, la parte actora aduce la vulneración del derecho fundamental de
petición al no haber obtenido respuesta de fondo de la solicitud de validez de su
especialización en Gerencia de Instituciones Educativas para el cargo de magistrado
en los Consejos Seccionales de la Judicatura, y de acceso a los documentos técnicos
y de contratación de la empresa que diseñará, administrará y aplicará la prueba de
conocimientos de la Convocatoria 28 (Acuerdo PCSJA25-12348).

Al efecto se tiene que el 9 de enero de 2026, la demandante solicitó a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura lo siguiente:

«[…] me dirijo a ustedes para solicitar información precisa sobre los requisitos del cargo
de Consejero Seccional de la Judicatura en el marco del Acuerdo PCSJA25-12348.
PETICIONES
1. Consulta de Idoneidad de Título: Se me informe si la especialización en Gerencia de
Instituciones Educativas (con código SNIES 109182), otorgada por la Corporación
Universitaria Republicana, es válida para cumplir con el requisito de posgrado exigido para
el cargo de Consejero Seccional de la Judicatura (Anexo programas posgrados y Plan de
estudio.
2. Clasificación del Posgrado: Se aclare si dicha especialización es considerada por la
Unidad de Carrera Judicial como un posgrado en el área de Ciencias Administrativas,
conforme a la tabla de especialidades del artículo 6, numeral 4.2.5 del Acuerdo PCSJA25-
12348.
3. Entrega de Documentación Técnica: En los términos del artículo 14 (numeral 1) de la
Ley 1755de 2015, solicito que me sean remitidos los documentos técnicos y de
contratación que sirven de soporte y hacen parte integral de la Convocatoria No. 28.
PETICIONES TÉCNICAS Y CONTRACTUALES
3.1 Identificación del Operador: Se informe qué entidad pública o privada (Universidad
o firma especializada) fue contratada o designada para el diseño, administración y
aplicación de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades
de la Fase II o en su defecto en qué etapa se encuentra dicha fase.
3.2 Documento de Vinculación: Se remita copia integral del Contrato de Prestación de
Servicios o Convenio Interadministrativo, junto con su respectivo Anexo Técnico de
Ejecución, suscrito entre el Consejo Superior de la Judicatura (o la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial) y el operador del concurso.
3.3 Metodología de Evaluación: Se entregue el documento técnico que contenga la
Ficha Técnica de las Pruebas, donde se especifique:

5
Daño consumado Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de
tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que
se materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento
del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional
es improcedente cuando se ha consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida como preventiva mas no
indemnizatoria.
Ver, sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional.
6
Hecho superado Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se
evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto,
terminó la afectación, resultando inocuo cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental
alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.
Ver, entre otras, las sentencias: T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018.
7
Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que, a diferencia del escenario anterior, no debe
tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el
accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00564-00
Demandante: Amparo Botello Valderrama

3.4 La metodología psicométrica para la evaluación de atributos.
3.5 La estructura de los componentes general y específico de la prueba de
conocimientos.
3.6 El protocolo de seguridad y soporte técnico del software CARJUD APP para la
etapa de inscripciones y citaciones.
4. Temarios y Ejes Temáticos: Se me informe bajo qué documento técnico se definieron
los ejes temáticos para los cargo (sic) ofertados y que serán evaluados.»

La Sala observa que en el caso objeto de estudio existe carencia actual de objeto,
porque con ocasión a la interposición de la presente acción de tutela la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura dio respuesta
a la petición, como se procede a exponer.

El 2 de marzo de 2026, la citada Unidad del Consejo Superior de la Judicatura dio
respuesta a la petición de la actora, en la que solicitó información sobre la validez de
un título académico de postgrado para ocupar un cargo de magistrado en los Consejos
Seccionales de la Judicatura y acceder a los documentos técnicos de contratación que
sirven de soporte y hacen parte integral de la Convocatoria 28, en el cual señaló lo
siguiente:

«En atención a la petición remitida a esta Unidad, mediante la cual solicita se informe i) sí
la especialización en Gerencia de Instituciones Educativas de la Corporación Universitaria
Republicana, es válida para cumplir con el requisito de posgrado exigido para el cargo de
Consejero Seccional de la Judicatura y si es considerada como un posgrado en el área de
las Ciencias Administrativas, y ii) le sean remitidos los documentos técnicos y de
contratación que sirven de soporte y hacen parte integral de la Convocatoria 28,
específicamente con lo relacionado a la entidad pública o privada que fue contratada para
el diseño, administración y aplicación de las pruebas de conocimientos, competencias,
aptitudes y/o habilidades de la Fase II, me permito dar respuesta en los siguientes
términos:
Es preciso señalar que los parámetros bajo los cuales el Consejo Superior de la Judicatura,
debe ejercer las atribuciones relacionadas con la carrera judicial, el legislador estatutario
se ocupó de reglamentarlos en el Capítulo II, artículos 156 a 175, del Título VI de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, por lo que se encuentra facultado para
reglamentar la forma, clase, contenido, alcances y demás aspectos de los concursos de
méritos, así como los procedimientos de cada una de las etapas.
En desarrollo de ello, fue expedido el Acuerdo PCSJA25-12348 de 13 de noviembre de
20251, mediante el cual se reglamentó la Convocatoria 28 destinada a proveer los cargos
de funcionarios y consejeros seccionales de la Rama Judicial, en ejercicio de sus
facultades constitucionales y legales, en el cual se fijan las reglas generales, los requisitos
específicos y mínimos para cada uno de los cargos de aspiración, su forma de acreditación
valoración y puntuación para los factores de experiencia y capacitación, de conformidad
con lo establecido en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
En el numeral 1.2 del artículo 6° del Acuerdo de convocatoria, se estableció que para el
cargo de Consejero Seccional de la Judicatura, como requisito mínimo debe contar con
“Título profesional en derecho, ciencias económicas, financieras o administrativas. Los
abogados deberán, además, contar con especialización en ciencias económicas,
financieras o administrativas, expedidos por una universidad reconocida oficialmente o
convalidados mediante resolución del Ministerio de Educación Nacional conforme a la ley.
(Subrayado fuera del texto).
Adicionalmente, se señala que el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES) utilizó categorías como área del conocimiento y núcleo básico del
conocimiento (NBC) para agrupar los programas académicos según su afinidad temática
y disciplinaria. Sin embargo, a partir de 2020, el país adoptó la Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación – CINE-F 2013 A.C., alineándose con los estándares de la
UNESCO y permitiendo una mayor comparabilidad internacional de los datos educativos;
clasificación que se considera pertinente tener en consideración en la valoración de los
títulos de posgrado que aporten los abogados interesados en el cargo de consejero

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00564-00
Demandante: Amparo Botello Valderrama

seccional en el marco de los requisitos establecidos por la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia.
Esta nueva estructura se basa en tres niveles jerárquicos: campo amplio, campo específico
y campo detallado, ofreciendo una forma más precisa y flexible de categorizar los
programas educativos.
Campos amplios, Campos específicos y Campos detallados.
Dentro de su estructura jerárquica, la CINE-F contempla dentro de los once campos
amplios de educación citados, siendo el Campo Amplio 04 el correspondiente a
“Administración de Empresas y Derecho”. Este campo agrupa las disciplinas relacionadas
con la gestión organizacional, la administración financiera y contable, el mercadeo, así
como el estudio del derecho nacional e internacional.
Esta categorización no solo permite una mejor identificación de la oferta académica
nacional, sino que la adopción de esta clasificación brinda un marco técnico que permite
analizar con mayor rigurosidad la evolución y características de los programas académicos
en las áreas de administración y derecho, dos de los campos más representativos de la
educación superior en Colombia.
Establecido lo anterior, resulta importante indicar que la valoración que usted solicita, se
efectuará en la etapa de verificación de requisitos mínimos, de conformidad con el campo
amplio precitado y si tiene una relación directa con la naturaleza y funciones del cargo de
consejero seccional de la judicatura, el análisis en detalle de cada uno de los documentos
aportados por el aspirante en cada caso concreto, para el cumplimiento del requisito
mínimo exigido.
De otro lado, respecto de la solicitud de los documentos técnicos y de contratación, de la
Fase II, se precisa que, de conformidad con el acuerdo de convocatoria, el concurso de
ingreso y ascenso comprende la Fase I - Verificación de requisitos, la Fase II – Prueba de
conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y la Fase III – Curso de Formación
Judicial Inicial, las cuales ostentan carácter eliminatorio. Resaltando que en la actualidad
la convocatoria en mención, se encuentra en la Fase I - Verificación de requisitos,
información que puede consultar en página del SECOP, a través del siguiente link
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.
PPI.42436162&isFromPublicArea=True&isModal=False, allí se encuentra la información
del proceso adjudicado y celebrado para “Realizar la revisión, verificación y validación de
información y documentación relacionada con el cumplimiento de requisitos mínimos
habilitantes para las modalidades de ascenso e ingreso de los aspirantes para proveer los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial, así como la atención y trámite de las
solicitudes de revisión y acciones legales que se presenten por parte de los mismos
respecto de su admisión o rechazo en desarrollo de las convocatorias.”
En cuanto al desarrollo de la Fase II – Prueba de conocimientos, competencias, aptitudes
y/o habilidades, se informa que se encuentra en fase precontractual, por lo que una vez,
se cuente con los documentos técnicos y de contratación, serán publicados para su
consulta en el SECOP.»

De manera que, la Unidad de Administración de Carrera Judicial dio respuesta a
la solicitud presentada por la demandante el 9 de enero de 2026, en el sentido
de informarle que el Consejo Superior de la Judicatura regula la carrera judicial
conforme a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y que, en
desarrollo de esas facultades, expidió el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025,
mediante el cual se reglamentó la Convocatoria 28.

Además, explicó que en dicho acuerdo se fijaron los requisitos mínimos para el
cargo de Consejero Seccional de la Judicatura, entre ellos contar con título
profesional en áreas específicas y, en el caso de abogados, una especialización
en ciencias económicas, financieras o administrativas. Dijo que para la
valoración de los posgrados se tiene en cuenta la Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación – CINE-F 2013 A.C., que permite analizar la
afinidad del título dentro del campo amplio de «Administración de Empresas y
Derecho».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00564-00
Demandante: Amparo Botello Valderrama

En este sentido, la entidad aclaró que la determinación sobre si la especialización en
Gerencia de Instituciones Educativas cumple el requisito exigido se realizará en la
etapa de verificación de requisitos mínimos, a partir del análisis concreto de los
documentos aportados y su relación directa con las funciones del cargo.

Aunado a lo anterior, en relación con la afirmación de que la entidad eludió resolver si
su especialización en Gerencia de Instituciones Educativas cumple los requisitos del
cargo solicitado, limitándose a consideraciones normativas generales, debe
precisarse que la respuesta suministrada por la entidad fue acorde con el marco legal
y competencial aplicable. Tal como allí se indicó, la determinación de la idoneidad del
título académico exige la confrontación específica del plan de estudios
correspondiente con el manual de funciones y competencias del empleo, actuación
que únicamente puede adelantarse dentro de la etapa procedimental prevista para la
verificación de requisitos mínimos.

Respecto de la solicitud de documentos técnicos y contractuales de la Fase II de la
Convocatoria 28, se le informó que el proceso se encuentra actualmente en la Fase I
(Verificación de requisitos) y que la Fase II (Prueba de conocimientos) está en etapa
precontractual, razón por la cual dichos documentos aún no están disponibles, pero
serán publicados oportunamente en el SECOP una vez se cuente con ellos.

Asimismo, en el expediente se observa que la respuesta fue debidamente notificada,
el 18 de diciembre de 2025, al correo suministrado por la señora Botello Valderrama,
así:

En lo que aquí interesa, hay que decir que la carencia de objeto exige que la pretensión
de tutela se supere sin que medie orden judicial, tal como sucede en el caso objeto
de estudio, pues con ocasión a la solicitud de amparo la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura respondió la petición que
radicó la signataria.

Ahora bien, en relación con los argumentos esbozados por la tutelante en el escrito
del 3 de marzo de 20268, se observa que, como ya se dijo, el derecho fundamental de
petición garantiza al ciudadano recibir una respuesta de fondo, clara y motivada dentro
del ámbito de competencia de la autoridad, sin que sea relevante que dicha respuesta
resulte favorable o desfavorable a sus intereses. La jurisprudencia ha sido reiterativa
en señalar que el núcleo esencial de este derecho no comprende el resultado de lo
solicitado, dado que existe una diferencia clara entre el derecho a pedir y el derecho
a obtener lo pedido; por ello, una respuesta negativa debidamente explicada no
configura, por sí misma, una vulneración. En ese sentido, la satisfacción del derecho
de petición se entiende cumplida incluso cuando la autoridad niega lo solicitado,
siempre que exponga las razones jurídicas que sustentan su decisión.

8
Índice 16 Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00564-00
Demandante: Amparo Botello Valderrama

Así, la inconformidad de la tutelante frente al contenido de la respuesta recibida,
fundada únicamente en que no coincide con sus expectativas o intereses, no puede
equipararse a una afectación del derecho fundamental, pues se trata de un
desacuerdo material con la decisión adoptada y no de la ausencia de respuesta o de
una contestación arbitraria o inmotivada.

De igual manera, la sola afirmación de la tutelante sobre un supuesto uso de
inteligencia artificial en la respuesta emitida no permite concluir la vulneración de
derecho fundamental alguno, dado que no se acredita que la respuesta haya sido
generada de manera autónoma por un sistema de inteligencia artificial ni que se haya
prescindido del análisis humano exigido por la Constitución y la ley, por lo que no se
vislumbra irregularidad alguna.

En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en el presente caso.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.